“Fortalecer el paro general con movilización para voltear el DNU y el paquetazo contra el pueblo”
Comunicado de la Coordinadora por el Cambio Social:
En
poco más de dos semanas el gobierno ultraderechista de Milei está
tratando de arrasar con todas las conquistas sociales
y apuntando en esa escalada a todos los sectores por igual. Cuando
dijimos que venían por todo, no se trataba de un discurso exagerado,
sino de una constatación de la realidad. El DNU por un lado y el
proyecto “ómnibus” de leyes, enviados al Congreso, atestiguan
que Milei necesita poner en marcha y a gran velocidad esas herramientas
para intentar refundar “un nuevo país”, ostensiblemente volcado a la
ultraderecha. En realidad, se trata de una dictadura institucional no
menos nociva que las que vienen acompañadas por
las armas de los milicos.
Pero también es verdad que nuestro pueblo no se duerme y rápidamente
puso sobre la superficie sus anticuerpos. También en poco más de dos
semanas, ya se produjeron dos grandes movilizaciones de masas, el 20 y
el 27 de diciembre, desafiando a todo el aparato
represivo de la Bullrich, y pasando por encima de un protocolo
represivo digno de los años de plomo. Pero no es todo, las cacerolas
comenzaron a llamar a alistarse contra el mal gobierno y se reproducen
por todos los rincones del país. Frente a tal determinación
popular y la consigna surgida desde abajo, llamando al paro general,
apuró a la conducción de la CGT, quien tuvo que convocar a la medida de
fuerza nacional con movilización para el 24 de enero.
Por otro lado, distintas declaraciones de la camarilla gobernante dejan traslucir que no tienen todas consigo, y comienzan a contradecirse y retroceder en algunos aspectos. Eso es, sin duda, el resultado de la presión que nuestro pueblo hace en las calles, y desde ya anima a reafirmar la línea de pelea en ese terreno y en todos los que haga falta para acorralar a quienes creían que nos iban a amedrentar.
Todas y todos sabemos que, si volteamos el DNU cuanto antes, no solo debilitamos fuertemente al gobierno neofascista, sino que nos autoprotegemos como país. Por eso, desde la Coordinadora por el Cambio Social, convocamos a FORTALECER EL PARO NACIONAL ACTIVO del 24/1, y desde ahora mismo trabajaremos la medida de lucha en nuestros barrios y en todos los sitios donde desarrollamos la militancia. El 24 de enero seremos cientos de miles en las calles del país para decirles en la cara que NO PASARÁN.
Solo el pueblo salvará al pueblo
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR – MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA LXS QUE LUCHAN
Somos Barrios de Pie protestó con ollas vacías
Militantes y dirigentes del Movimiento Somos Barrios de Pie realizaron en la mañana del viernes pasado una protesta, con una larga «ronda de ollas vacías» y una caminata en los alrededores del edificio del Ministerio de Capital Humano, en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios, entre otras demandas.
En la protesta de las «ollas vacías», los militantes de Somos Barrios de Pie reclamaban la «falta de alimentos y la creciente demanda de los comedores comunitarios», informaron voceros de esa organización.
La protesta se desarrolló en el edificio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, donde los manifestantes caminaban por las veredas laterales de la cartera social, portando varias ollas vacías de alimentos y carteles de cartón con leyendas alusivas a los reclamos del sector.
«Estamos denunciando el delicado momento que estamos atravesando para poder dar alimentos a los vecinos», remarcaron desde la organización que conduce Daniel Menéndez.
Argumentaron que «ante la compleja situación social y económica agravada por la devaluación de (el ministro de Economía Luis) Caputo y el aumento desmedido de los precios, nos estamos movilizando con una nueva ronda de ollas vacías en el Ministerio de Capital Humano».
Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP y dirigente de Barrios de pie, señaló que «desde el Gobierno hablan mucho de libertad, pero los pibes en los barrios populares cada vez comen menos ¿qué hay de libertad en eso?».
«La devaluación y la desregulación de los precios que lleva adelante (Javier) Milei sólo trajo más hambre en los barrios, tenemos las ollas vacías y cada vez más gente pidiendo un plato de comida», advirtió, y consignó que, si bien se presentó un petitorio a la ministra de esa cartera, Sandra Petovello, «aún no hubo respuestas más que la Policía Federal enfrentado a cocineras con cucharones en los comedores comunitarios».
Y concluyó: «La situación que estamos viviendo es vergonzosa. Parece que quieren ignorar la realidad de miles de familias que están viviendo unas fiestas muy tristes, sin un pan dulce para compartir. Está claro que están muy ocupados en darle beneficios a la casta y empresarios que en dar alimentos para que las infancias puedan tener todas sus comidas al día».
Cortan la Ruta nacional 3 en La Matanza contra el DNU de Milei
Organizaciones sociales lideradas por los dirigentes Luis D´Elía y Juan Carlos Alderete cortaron el jueves pasado la Ruta nacional 3, a la altura de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, en oposición al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.
La protesta fue programada entre las 10:00 y las 14:00 en el tramo de la ruta llamado Brigadier General Juan Manuel de Rosas, en el cruce con las vías del tren Belgrano Sur, y entre otras organizaciones se encontraban la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), que tiene al frente a D´Elía y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Alderete.
También participaron de la protesta el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas y agrupaciones de jubilados y pensionados de La Matanza.
«Vamos a cortar la ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de (el presidente Javier) Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina», sostuvo D’ Elía.
En este sentido, afirmó que «el modelo económico y social de (Javier) Milei consiste en un altísimo grado a la consagración de la entrega del país a los sectores concentrados de la economía y del privilegio, tanto de los poderosos locales como extranjeros».
«Anunciamos esta nueva movilización y recordamos que la Gendarmería tiene solo jurisdicción sobre la ruta 3 y que nuestro acto cuenta con autorización municipal sobre la calle Germán Abdala», remarcó.
Fábricas recuperadas y cooperativas de trabajo en alerta y movilización contra el DNU
En un documento, firmado por más de 40 cooperativas, expresan su total oposición a las medidas del nuevo gobierno y el DNU anunciado por Milei “que intenta retrotraer al Estado y la sociedad argentina a las épocas de la República oligárquica y fraudulenta y al plan económico de la dictadura cívico -militar” y exigen su inmediata derogación.
En el mismo denuncian el avance antidemocrático de las medidas tomadas por el nuevo gobierno que pasa sobre demandas que han sido “conseguidas con la lucha del pueblo durante generaciones” y que, de lograr imponerse, “representaría un golpe de gracia a los derechos laborales y sociales conquistados por el movimiento obrero”.
También plantean que las medidas que incluye este decreto “autoritario y arbitrario junto con el plan de ajuste” atentan de lleno a las cooperativas de trabajo, fábricas y empresas recuperadas, emprendimientos populares, que vienen sosteniendo sus gestiones con mucho esfuerzo y creatividad por parte de sus trabajadores, denunciando también que muchas de las condiciones a las que se enfrentan en lo cotidiano (jurídicas, acceso a créditos y financiamiento, entre otras) “lejos están de haber sido resueltas por gobiernos anteriores”.
Ahora con la implementación del DNU la sobrevivencia de todos estos sectores se ve en peligro debido a que ya la misma estaba íntimamente relacionada a la “imposición de límites estatales a la voracidad del capital, a la existencia de una política industrial, de protecciones y regulaciones de la actividad económica frente a la importación indiscriminada, al suministro energético a precios acordes a los costos de producción en el país y muchas otras cuestiones, que este decretazo elimina de un plumazo para instaurar la ley del más fuerte.”
Realizan un llamado a la organización y “unidad del sector autogestionado para enfrentar este modelo” junto con el movimiento obrero y sus organizaciones, así como a la “movilización y a la toma de las medidas de lucha que derroten a Milei y sus mandantes corporativos, nacionales e internacionales” planteando una exigencia a las centrales sindicales de “convocatoria urgente de un paro nacional y plan de lucha para enfrentar el ajuste y el protocolo represivo.”
Derecho al aborto: pañuelazo en Congreso
Con un pañuelazo frente al Congreso, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto conmemoró los tres años de la legalización de ese derecho para las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Diputados del PTS-FITU donan parte de sus dietas para reconstruir INCOB
El 16 de diciembre un temporal azotó la ciudad de Bahía Blanca, produciendo el derrumbe de un paredón, la rotura de los techos y la caída de decenas de árboles en el predio de INCOB, frigorífico recuperado y puesto a producir por sus trabajadores en el 2006, que viene dando una lucha ininterrumpida por conquistar la expropiación definitiva de la fábrica, hoy judicializada contra Paloni, su anterior propietario. Orlando, trabajador del frigorífico, contó que no recibieron ni siquiera un llamado por parte de los organismos estatales.
Los trabajadores narraron cómo desde el comienzo de la gestión obrera sintieron la presión de las grandes industrias de la carne que consideraban la eximición del pago de ganancias que corresponde a las cooperativas de trabajo una suerte de “competencia desleal”, lo que implicó el incremento de otras tasas impositivas.
Tras conocer la situación que estaba atravesando INCOB, estudiantes de Activarte, conducción del Centro de Estudiantes de Teatro y de Tesis XI, de las secretarías de DD HH y Cultura del Centro de Estudiantes de Humanidades, no dudaron en organizar una campaña solidaria para reunir donaciones y voluntarios e ir a ayudar a reconstruir el predio. Asimismo, se pusieron en contacto con las bancas del PTS en el Frente de Izquierda, que realizaron una donación de parte de sus sueldos para ayudar a las familias de los trabajadores también afectadas por la catástrofe climática.
Apoyar las gestiones obreras es también mostrar que es posible producir poniendo en el centro las necesidades sociales y no las ganancias de unos pocos, y que incluso resulta superador a las gestiones tradicionales, como es el caso de tratamiento de residuos que se realiza en INCOB convirtiendo los desechos líquidos en agua en condiciones para retornar a las napas.
Además, el 26 de diciembre se constituyó una nutrida asamblea para movilizar al día siguiente exigiendo el retroceso del DNU, la Ley Ómnibus y el protocolo anti-piquetes de Bullrich, así como un plan de reconstrucción de la ciudad sostenido en tasas extraordinarias permanentes a las empresas del Polo Petroquímico y el Puerto. Sus participantes continuaban coordinando la lucha hacia una asamblea el 2 de enero junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales.
El gobierno porteño desalojó el acampe del Malón de la Paz en Congreso
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó el acampe que el movimiento Tercer Malón de la Paz mantenía desde hace tres meses en la esquina del Congreso nacional, en rechazo a la reforma constitucional en la provincia de Jujuy.
Según informó el gobierno porteño, el grupo «ocupaba ilegalmente el espacio público» y explicó que la «construcción precaria se había levantado hace tres meses como parte del movimiento Tercer Malón de la Paz que había sido desalojado pacíficamente de la Plaza Lavalle, a mediados de este mes».
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad con el apoyo de personal de la Agencia Gubernamental de Control y de Higiene Urbana, se precisó en un comunicado de prensa.
«Los ocupantes de la edificación precaria accedieron voluntariamente a retirarse y personal del Gobierno de la Ciudad trabajó en el desarme y limpieza del lugar», se informó.
En tanto, se indicó que este operativo es «una continuación del trabajo de recuperación del espacio público que viene realizando el Gobierno de la Ciudad y que tuvo el 16 de diciembre una acción importante con el desalojo del asentamiento del Tercer Malón por la Paz frente a los Tribunales y el jueves, del acampe de la Comunidad QOM en Plaza de Mayo».
Por su parte, integrantes del Tercer Malón de la Paz confirmaron que «el desalojo se produjo sobre un grupo de autoconvocados que aún se mantenían en el lugar».
«La mayoría levantamos el acampe y solo quedaba un grupo muy reducido de no más de 10 personas en el Congreso. El grueso volvimos a Jujuy y ellos entendieron que se tenían que quedar en el Congreso, pero -tras el operativo- de la madrugada, los hermanos accedieron a irse», dijo Desiderio Olmos, integrante del Malón.
Macri y la protesta social
Macri precisó que utilizará la fuerza policial para desarticular movilizaciones y cortes. «Trataré de terminar con el caos y recuperar la chance de circular con libertad. Creo en las libertades, hay libertad para manifestarse, pero no puede imponerse por sobre la libertad de ir al colegio, a trabajar, a circular», afirmó el alcalde porteño.
En la misma línea, destacó el rol del gobierno de Javier Milei: «El Estado tiene un rol en eso, el Ejecutivo, pero también la Justicia. Por suerte vamos a poder trabajar con un gobierno que está en sintonía».
El exintendente de Vicente López estimó que «lo que van a ver es una decisión política mía de vencer a eso de que el caos se impone. Quiero una Ciudad ordenada, voy a dar esa batalla. Es una discusión de orden, que si hace falta será de fuerzas policiales».
En esa línea, sostuvo que dará la orden para que la Policía libere las principales avenidas de la Ciudad y diferenció dos tipos de marchas: las que asisten menores y las que no. En el primer caso, procederá a demandar a las organizaciones por violar los derechos de los niños y en los segundos casos ordenará el desalojo. «Vamos a empezar con un nivel de conflictividad social alto, pero va a haber un gobierno que enfrentará los conflictos», anticipó Macri.
Aprobaron la reforma de la Ley de tierras en medio de las protestas del pueblo mapuche
En Río Negro se aprobó la reforma de la ley de tierras en medio de la protesta del pueblo mapuche que se manifestaba en contra de la ley impulsada por el gobierno provincial que permite la venta de tierras fiscales a privados y el desarrollo de actividades como la minera y la petrolera.
Las comunidades de toda la provincia marcharon a Viedma para oponerse y desde ayer sostienen un acampe frente a la Legislatura que sesionó a puertas cerradas. Tras la aprobación por 33 votos a favor y 12 en contra, el referente mapuche, Hugo Aranea, aseguró que la aprobación significa “ceder ante las exigencias de las grandes mineras, inmobiliarias, grupos petroleros, para darles garantía total y absoluta para que vengan a producir el saqueo”.
“Acá hay una decisión que es la que han expresado durante estos dos días las comunidades de lucha, resistencia, y que más tarde o más temprano esto se revertirá”, agregó.
Además, repudió y rechazó la ley aprobada por la Legislatura rionegrina de espaldas al pueblo. “Era un final anunciado, por los números que tenían para votar esto y la forma en que se hizo. Estaba todo preparado para que fuera así”, señaló.
Por último, aseguró que la decisión de las comunidades mapuches es continuar la lucha y resistencia. “Más tarde o más temprano, esto se revertirá”, concluyó.
Mientras tanto, la legisladora María Eugenia Martini, del Frente de Todos, que votó contra la reforma, aseguró que la ley aprobada busca “desterrar los derechos de las comunidades originarias, los antiguos pobladores, productores rurales, sin darles ningún respaldo ni garantías”.
Además, la diputada criticó que se haya suspendido la aplicación de la Ley de propiedad comunitaria indígena. “Hoy no sabemos cuáles son las propiedades comunitarias de las comunidades originarias y cuáles son las que le corresponden al Estado rionegrino para poder vender a distintos desarrollos privados”.
“Es una jornada triste, digo, porque ha sido además de espaldas a la comunidad, y creo que eso es lo triste”, remarcó.
Jornada de resistencia cultural en Espacio Ruka ante un inminente desalojo
Espacio Ruka está ubicado en Juan de Dios Correa 7130 (Barrio San José, Argüello), en la ex residencia de Félix Tomás Garzón, exintendente de la ciudad de Córdoba, luego vicegobernador y finalmente gobernador de la Provincia. Garzón fue quien ocupó el predio y ordenó la construcción de la casona a principios del siglo XX.
La familia Garzón estuvo en el sitio hasta la década de 1960. Tiempo después funcionó un instituto de menores judicializados. Desde la década del 80, en el lugar había una granja-hogar para la atención de multidiscapacidades.
Con el paso de los años, la casona fue abandonada, desmantelada y saqueada.
En el año 2015, aproximadamente, el edificio fue ocupado por un grupo de personas que comenzaron a recuperar el espacio para constituir un centro cultural, para luego dar lugar al actual Espacio Ruka con el proyecto de huerta agroecológica.
“Quienes somos Espacio Ruka recuperamos el sitio teniendo en cuenta su valor como patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, así como también su valor como reserva ecológica. Para lograrlo se ha desmalezado, se han sacado infinidad de contenedores de basura, se ha preservado la flora”.
“En el edificio se han reconstruido aberturas que fueron saqueadas o vandalizadas, se ha reparado el techo y las paredes, se han hecho instalaciones de agua y electricidad y donde existía un cañaveral invasivo e incontrolable se creó la huerta urbana más grande de la ciudad de Córdoba”, explicaron.
Espacio Ruka funciona como una cooperativa de trabajo, donde participan familias cordobesas produciendo alimentos agroecológicos. “Es un centro cultural comunitario, una reserva natural urbana, es patrimonio histórico y cultural”.
Hace cinco años -en 2018- quisieron subastar y vender el espacio y no pudieron a causa de la resistencia de vecinos y vecinas. No obstante, actualmente quieren ceder esta casona a la Policía Federal -con el apoyo de la Administración de Bienes del Estado- y con el aval legal del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
En este marco, están impulsando el desalojo del Espacio. “Volveremos a resistir, defender y velar por que el espacio recuperado sea para la comunidad de Argüello y el pueblo de Córdoba”.
La actividad para frenar la medida fue el viernes 29 de diciembre a las 17:00 con una jornada de resistencia abierta a todo público.
En la programación del evento destacaron:
Los músicos Aji Rivarola, el grupo Les Amigues de Vera.
Las Warminakas, grupo de mujeres que tocan sikus.
La Manza Payasa, de Bialet Massé y Payaso Pampero, desde Cuesta Blanca.
Juli Sol (baile urbano, break dance)
La murga uruguaya “Obligades con el pie”.
Nuevo ataque al bachillerato popular Chilavert
Los Bachilleratos Populares que integran la CEIP denunciaron y repudiaron un nuevo ataque a la fábrica recuperada y al bachillerato popular Chilavert.
Ambos espacios vienen siendo objeto de agresiones y amenazas por grupos fascistas que estimulan el odio político a través de estas acciones anónimas, señalaron. “Éste ya no es un hecho aislado, viene sucediendo de forma sistemática lo cual rechazamos enfáticamente”.
“El accionar de estas bandas se ve envalentonado por la política de odio que promueve el actual gobierno de Milei”, denunciaron.
En este sentido, llamaron al pueblo, a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos a repudiar estos hechos y “a seguir organizándonos contra el fascismo y todo tipo de violencia”.
“Toda nuestra solidaridad con lxs compañerxs ¡¡¡Fuera fachos fuera!!!”, cerraron el comunicado.
Gobierno denuncia a integrantes de organizaciones sociales
El gobierno argentino denunció ante la justicia a una treintena de integrantes de organizaciones que intermedian en el reparto de planes de ayuda social por presunta defraudación al Estado y extorsión a los beneficiarios de esos fondos.
Así lo anunció el viernes pasado el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al explicar que el gobierno presentó la denuncia luego de haber recibido miles de llamadas a una línea telefónica que habilitó para recibir las denuncias de personas que habrían sido presionadas por miembros de esas organizaciones para participar en protestas callejeras a cambio de cobrar las ayudas.
“El número de denuncias que ha recibido la línea 134, canal que hemos utilizado para que de manera anónima quienes se sientan extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150, de las cuales hay 1.200 que encuadraban dentro de la tipología (delictiva) señalada”, indicó Adorni.
Explicó que 32 personas de distintas organizaciones fueron señaladas por las personas que llamaron como los supuestos autores de irregularidades y han sido denunciadas ante la justicia, sin detallar sus identidades.
Días atrás las autoridades advirtieron que retirarán la ayuda a quienes interrumpan las vías de circulación al anunciar un severo y polémico protocolo de seguridad que ha comenzado a aplicar durante las protestas.
El gobierno también realizará auditorías en esas agrupaciones, lo que se ha leído como un intento de acotar su poder de fuego en las calles.
Adorni dijo además que 14 organizaciones que participaron en la protesta del miércoles en contra de las recientes medidas de ajuste impulsadas por Milei serán intimadas a pagar los 60 millones de pesos (unos 72.000 dólares) que costó el operativo de seguridad desplegado.
“Será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”, apuntó el portavoz presidencial sobre la medida que está contemplada en el protocolo.
En respuesta, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) contestó en un mensaje de tono irónico pidiendo cierto margen de tiempo para poder reunir dinero para pagar la multa.
«Deseábamos rogar al gobierno si por favor nos puede esperar unos días para acercarles el efectivo, dado que con la miseria que se está pasando ahora en diciembre, sin aguinaldo, sin salario y sin comida, porque en el nuevo ministerio es todo para el capital y nada para los humanos, entonces nos llevará unos días que compañerxs de familias tan humildes de toda la Argentina salgan a vender algún mueble de la casa, o conseguir alguna changa, como para hacer la colecta que nos permita juntar la plata de operativo policial”, indicó el FOL.
Además, precisó que aún desconocían “el vencimiento de la multa”.
Buenos Aires era otra vez el viernes epicentro de varias protestas en contra de las medidas de ajuste con las que Milei busca reducir el déficit fiscal y combatir la inflación de casi 161% anual. Una de ellas fue protagonizada por la organización social Barrios de Pie ante el ministerio de Capital Humano en reclamo de más alimentos para los comedores populares que asisten a personas sin recursos y en contra de las políticas neoliberales del gobierno.
En el extranjero el malestar se hizo notar en el consulado argentino en la Ciudad de México, donde unas decenas de personas, cacerola en mano, protagonizaron una pequeña protesta al grito de “La patria no se vende”.
Milei, que asumió la presidencia hace 12 días, ha señalado que las primeras medidas que aplicó de recorte del gasto y un decreto que contempla una drástica desregulación de la economía lograrán combatir la suba de precios y revertir la recesión.
En un breve encuentro el viernes con periodistas en la Casa de Gobierno para desearles una feliz Navidad dijo confiar plenamente en su plan ortodoxo. “Esperamos que el 2024 sea un año en el que podamos reconstruir la Argentina… Lo vamos a lograr, vamos a salir adelante; le estamos poniendo toda la fuerza y estamos haciendo todo lo necesario para que salgamos lo más rápidamente posible”.
Los Movimientos Sociales ante el ascenso de Milei
Por Nicolás Salas*
El triunfo de Milei terminó por cristalizar un quiebre en el proceso de acumulación de poder que los movimientos sociales venimos asumiendo desde hace una década. La precipitación del fenómeno “libertario” en las urnas aceleró los tiempos del debate dentro del campo popular, y en el caso de las organizaciones territoriales nos puso a discutir las estrategias de intervención que demanda esta nueva etapa que quedó inaugurada formalmente el 10 de diciembre con el arribo de un ultraderechista a la Casa Rosada. El escenario que se perfila a futuro se vuelve por demás complejo y augura turbulencias varias, lo que hace más necesaria la tarea de problematizar de dónde venimos para entender, al menos parcialmente, a dónde vamos.
Los distintos momentos de la acumulación
Los movimientos sociales han experimentado diferentes etapas en lo que hace a la acumulación de fuerzas. En sus inicios y hasta finales de los noventa, fueron construyéndose a partir de estructuras muy incipientes, en un escenario con represiones focalizadas y con logros reivindicativos que demandaban extensos planes de lucha que iban desde cortes de ruta hasta acampes que podían durar varios días y hasta semanas.
Si bien se lograba arrebatar recursos al Estado que permitían poner de pie la organización en los territorios, estos eran por demás escasos si se los compara con los actuales y se remitían centralmente a programas sociales temporales.
Tras la caída del gobierno de De la Rúa, el fin de la convertibilidad y la asunción de Eduardo Duhalde, se inició un período breve pero particular que se caracterizó por la masificación abrupta de los movimientos a partir del lanzamiento del plan “Jefes y jefas de Hogar”. Este proceso estuvo signado por una serie de represiones focalizadas a opositores, aunque sería un error reducir la política de ese entonces a tal aspecto (ver apartado siguiente). Existieron dos perspectivas de acumulación. Por un lado, la de las organizaciones opositoras al gobierno que se centró en la confrontación directa con el Estado, intentando desbordar los consejos consultivos creados por el duhaldismo para correr a los movimientos de la administración de los planes y los recursos en general. Y, por otro lado, la estrategia de los “dialoguistas” que se integraron a la institucionalidad ofrecida, garantizándose una serie de acuerdos generales con el oficialismo.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, la política hacia el sector se basó en la incorporación de una fracción de los movimientos al gobierno, al tiempo que la recuperación económica y una política de baja intensidad represiva generaron las condiciones de posibilidad para el aislamiento y reflujo de las organizaciones llamadas “combativas”. Tras un impasse de cinco años y con la crisis económica mundial de 2008, el gobierno lanzó el plan “Argentina Trabaja” (2009), dando lugar a la jornada de lucha “cooperativas sin punteros” que logró torcer el brazo a los intendentes y gobernadores que pugnaban por hacerse del control total del programa.
Este proceso de recuperación de las luchas sociales, si bien fue gradual, constituyó el empuje para adelante con el que las organizaciones contaron al momento de adentrarse en un período sin precedentes en lo que hace al crecimiento masivo y que tuvo lugar durante el gobierno de Macri (2015-2019). La aprobación en noviembre de 2016 de la ley de “Emergencia Social, Economía Popular y Salario Social Complementario” vino a contener la conflictividad en una sociedad golpeada por el “achicamiento” del Estado, los despidos masivos y el quiebre de fábricas. De esta manera, se abrió la canilla de los planes, así como millonarios giros para entes ejecutores y subsidios alimentarios, que fueron aprovechados por el grueso de las organizaciones para amplificar su influencia en términos nacionales y mostrar niveles de movilización callejera nunca antes vistos en el sector.
En ese contexto se fue moldeando un tipo de militancia y de intervención en el territorio distinta a la antecedida. Se lograban desarrollar asambleas y hasta regionales enteras en base a los recursos de los que se disponía, logrando construir en pocos meses lo que antes demandaba años. Fueron tiempos donde se alcanzaron una serie de reivindicaciones sin necesidad de grandes acciones o planes de lucha extensos, generándose un acartonamiento de los procesos formativos e ideológicos de la militancia, llevando al grueso del activismo a sumergirse en la puesta en funcionamiento del “aparato” y el desarrollo de las acciones callejeras que iba demandando la coyuntura. De esta manera, los aspectos disruptivos y políticos de las intervenciones fueron formateados por otros de tinte gremialista. Si bien este proceso permitió un importante despliegue territorial, también marcó los límites de una intervención que mostró los primeros signos de agotamiento en los últimos años.
Los libros duhaldistas
La vuelta al FMI de la mano de Macri y el co-gobierno que el organismo internacional emplazó con el peronismo en el poder determinó otro punto de inflexión en el proceso de acumulación de nuestras organizaciones.
Tal proceso no se cristalizó hasta dos años después de iniciada la gestión del Frente de Todos, principalmente a partir del corrimiento de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para mediados del 2021 y con una profundización de la crisis tras la pandemia, se dio un acercamiento entre intendentes, gobernadores y dirigentes del kirchnerismo puro con el objetivo de neutralizar el crecimiento tanto de los movimientos oficialistas como de los opositores. Para sorpresa de muchos, se empezó a enarbolar un acuerdo a mediano plazo respecto a qué política social impulsar en un contexto que, de acrecentarse, amenazaba con resquebrajar la hegemonía gobernante. Los acampes en la 9 de Julio, cortes de ruta y movilizaciones casi semanales eran una postal que no cerraba por arriba.
Un primer paso se dio con la llegada del entonces intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, a la cartera de Desarrollo en 2021, decisión impulsada directamente por La Cámpora que logró ganarle la pulseada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Cuando Andrés “el Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense y entonces referente de La Cámpora, veía como “dificultad” y no como potencial organizativo, que los movimientos sociales determinen los “beneficiarios” de los programas de empleo lo que estaba planteando era la necesidad de que el Estado asumiera dicho rol como en su momento supo hacerlo Duhalde con los consejos consultivos. Se trataba de romper la potestad de las asambleas barriales, atender al problema de la desocupación, por lo general negada por los municipios; y, golpear en el corazón del desarrollo de los movimientos, allí donde se da la interacción de la organización popular con las familias desocupadas a partir de un eje reivindicativo y ordenador como es el trabajo.
Para ello, gran parte de la dirigencia kirchnerista no dudó en recurrir a los “libros duhaldistas” como material de consulta. Algunos indicios ya habían sido públicos, como la foto de Larroque con Hilda “Chiche” Duhalde o el recibimiento en la gobernación bonaerense que Kicillof hizo con quien fuera jefe de Estado tras la caída de la Alianza. ¿Qué reivindican los kirchneristas de los Duhalde, dirigencia con la que mantuvieron, y mantienen, una histórica confrontación? En principio una táctica de intervención para un escenario de conflictividad social de alto calibre.
En su época presidencial, Duhalde trabajó sobre una fórmula basada en el consenso y la coerción, ampliando los recursos hacia las masas y focalizando los golpes hacia las organizaciones opositoras. El mismo Estado que por un lado volcaba una exponencial cantidad de recursos para contener al estrato más golpeado de la clase trabajadora, por otro lado, reprimía a los sectores que mayor nivel de conciencia y predisposición a la lucha mostraban.
En los primeros días de su gobierno buscó conformar una nueva representación del sector desocupado poniendo en funcionamiento la mesa de Diálogo Argentino, la cual en poco tiempo pasó a ocupar un rol casi simbólico, dejando paso a gobernadores e intendentes, quienes se harán del manejo de los planes y tendrán el designio de quitar poder a las organizaciones territoriales.
Ahora bien, la paradoja que se dio en los últimos cuatro años es que estas iniciativas no fueron impulsadas por la “derecha peronista” sino por el llamado progresismo. Fue Cristina Fernández quien en su disputa con el Movimiento Evita habilitó una nueva guerra contra los movimientos sociales, los cuales venían sufriendo persecuciones judiciales con epicentro en Jujuy. No fueron pocas las veces que la vicepresidenta utilizó los medios de comunicación para reivindicar públicamente la contribución de Duhalde a las políticas sociales y para atacar a las expresiones territoriales: “Digo que el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas (…) El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas”.
En continuidad con estos planteos, Tolosa Paz, ya asumida al frente del ministerio de Desarrollo Social, anunció en julio de 2022 que producto de denuncias por irregularidades y otras yerbas, habían decidido trasladar unos 180.000 planes sociales a la órbita de intendentes y gobernadores, quienes de un zarpazo lograban hacerse con el 15% de la caja total del Potenciar Trabajo (PT), principal programa de empleo que albergaba en ese entonces a 1.300.000 personas.
Esta iniciativa y otras se dieron en un marco de judicialización y allanamientos contra la militancia territorial. Por esos días, tomó estado público la denuncia del fiscal Marijuan contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por los presuntos delitos de amenaza y extorsión, fundamentados en los aportes voluntarios que los integrantes de la organización realizaban para mantener los alquileres de los comedores comunitarios, la compra de verduras y carnes para las ollas, fletes, entre otros gastos.
Ya al mando del país, y en su rol de ministro de Economía, Massa también metió cuchara con diferentes líneas de acción que iban desde el decreto 565/2023 que congelaba los ingresos al PT o el lanzamiento del fracasado “Plan empalme” por el que se pretendía transformar los programas en trabajo registrado.
Más allá de hechos puntuales o declaraciones cruzadas, lo cierto es que gran parte del peronismo terminó hegemonizado por una visión anti movimientos sociales, legitimando cualquier decisión que diezmara el poder territorial de las organizaciones en favor de las estructuras punteriles de intendentes y gobernadores. Aunque se reniegue de Duhalde, a Duhalde se vuelve.
La llegada de Milei al gobierno
La reconstrucción de esta orientación nos permite conocer el piso con el que cuenta el nuevo gobierno para enfrentar las luchas de los movimientos sociales. La historia reciente generó mejores condiciones de posibilidad para el desarrollo del plan que se propone Milei en un mediano o largo plazo.
Partiendo de una concepción represiva, expresada en el reaccionario, antidemocrático y bochornoso protocolo “antipiquetes” presentado por la ministra Bullrich, la Libertad Avanza (LLA) complementará su intervención con una serie de políticas sociales que busquen horadar el poder territorial de las organizaciones.
Más allá de conocerse la designación de Sandra Pettovello al frente del ministerio de Capital Humano, el segundo dato está contenido en la plataforma electoral de LLA donde aseguraban que en una segunda etapa de achicamiento del Estado “comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajos en el sector privado, liquidación del Banco Central de la República Argentina, estableciendo un sistema de banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista”.
Durante un panel organizado por el grupo Clarín en septiembre del 2023, Darío Epstein, del equipo económico de LLA, se refirió al debate en cuestión: “Este sistema, así como está, no está funcionando. Hay gente que se acostumbró durante muchos años a recibir ayuda del Estado (…) Es imposible entrenar a 1,3 millones de personas si no hay inversión para hacerlo”. Asimismo, adelantó que se encontraban trabajando en “un plan que puede tardar dos años en ir incorporando a los que cobran los planes sociales al empleo”. Una especie de “plan empalme libertario” que buscará acoplarse a una nueva reforma laboral con base en una mayor precarización laboral, baja de sueldos e impunidad empresarial. “Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso”, sentenció el dirigente “libertario”.
En la misma línea, Diana Mondino, flamante canciller, adelantó otros aspectos: “Se mantienen los planes sociales con obligación de capacitación, con obligación de preparación para determinadas tareas, la intención sería que si una persona a la tercera o cuarta vez que se le ofrece un trabajo lo rechazara tendría un castigo que sería perder el plan. Esto no está definido todavía y lo que tendríamos por el lado de la empresa es que haya incentivos para que pueda contratar gente, hay que hacer modificaciones con respecto a la parte impositiva con respecto a la perdurabilidad que puedan tener los contratos de trabajo”.
La alianza con Macri amplió las perspectivas de las potenciales políticas. De la disertación organizada por Clarín también había participado Joaquín de la Torre, hombre de confianza de la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dicho dirigente, de origen peronista, planteó retomar la propuesta de temporalidad de los planes: “Patricia está pensando en que sea un derecho igual al cobro de desempleo. Que todas las personas tengan esa posibilidad, pero no para toda la vida”. Sus declaraciones no son menores si se tiene en cuenta que su hermano y subordinado político en San Miguel, Pablo De la Torre, resultó ser el elegido de Petovello para que se encargue de la política social.
La iniciativa del seguro de desempleo con temporalidad planteado por De La Torre junto a una caída del poder adquisitivo del plan vía inflación como quedó ratificado en los anuncios del ministro Caputo, podría representar un mazazo a la base organizada en los movimientos, principalmente en lo que hace al sostenimiento de las experiencias cooperativas y productivas.
Las potenciales iniciativas de la ultraderecha poseen continuidad respecto a las políticas imprimidas para el sector en los últimos años. La diferencia reside en los condicionamientos que tenía el Frente de Todos a partir del rol jugado por los movimientos sociales oficialistas. Con un gobierno de ultraderecha la situación se vuelve muy regresiva a partir de la homogeneidad interna respecto a este tema. Para peor, hay una simbiosis casi total en la dirigencia (oficialista y opositora) para avanzar sobre las organizaciones.
Si bien se abre un escenario de negociación entre las partes, hay algo que Milei y sus séquitos no están dispuestos a negociar. “Los planes sociales no se tocan porque los que están recibiendo los planes sociales son víctimas del sistema, no victimarios. Los victimarios son los malditos políticos que esclavizan a la gente, ese es el problema. Se tiene que terminar con los intermediarios y estamos trabajando en un sistema para eliminar la intermediación”.
Otra cuestión a atender en la nueva coyuntura tiene que ver con la estrategia de enfrentamiento con grupos de choque fogueados por el gobierno. El próximo Jefe de Asesores, Ramiro Marra, fue quien puso el tema en agenda cuando llamó a construir un movimiento antipiquetero. El guante fue tomado por varios, entre ellos Joaquín de la Torre que aseguró que “la gente le va a pegar una paliza a los que se dedican a joder a Milei” o Mauricio Macri, quien hizo un llamado indirecto a los ataques: “Los jóvenes no se van a quedar en casa y los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes en la calle”.
Cambio de chip
Los distintos embates desde el Estado y las empresas mediáticas, sumado a los límites que hemos mostrado los movimientos para trascender de los ejes reivindicativos a los políticos, han construido un aislamiento de nuestras construcciones en relación a una importante fracción de la sociedad que hoy nos mira con recelo y bronca. El ascenso de la ultraderecha no hizo otra cosa que empoderar esta tendencia y ampliar el cerco mediático y judicial.
El devenir netamente reivindicativo ha forjado una militancia con anteojeras sectoriales y con poca vocación “hacia el afuera”. Se vuelve imperioso salir del micromundo piquetero para proyectarnos hacia territorios más extensos y disputas más amplias.
El escenario que se abre con el ascenso de Milei se torna complejo y preocupante, donde podemos aventurar una estrategia represiva intensa conjugada con políticas de desestructuración de los principales ejes reivindicativos de nuestro sector.
El principal desafío que se nos presenta es cómo atravesar este escenario de aislamiento al tiempo en que transicionamos hacia otra forma de acumulación de fuerzas. Cómo ejecutamos el “cambio de chip” asumiendo que en los tiempos venideros el peso de “lo político” cumplirá un rol más protagónico que el que venía teniendo hasta ahora.
Deberemos quemar neuronas para llevar a cabo una praxis que nos oriente a romper el cerco mediático/cultural, siendo punta de lanza de una unidad de acción que forje la más amplia resistencia con vistas a interrumpir la primavera ultraderechista y que en ese reflejo defensivo se empiecen a vislumbrar los primeros pasos de una alternativa independiente que pugne por la emancipación definitiva de nuestra clase.
*Licenciado en Periodismo y Comunicación Social. Trabajador de prensa. Integrante de Marabunta y militante del Frente de Organizaciones en Lucha
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Ar, Télam, Perfil, El Resaltador, Indymedia Derechos Humanos, Agencia FARCO
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