La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para terminar con el sistema previsional por capitalización demuestra el convencimiento del Gobierno argentino por recuperar las herramientas del Estado rematadas durante la década neoliberal de los `90. Ese recupero, de por sí, ya plantea como mínimo un avance ideológico en un proyecto de […]
La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para terminar con el sistema previsional por capitalización demuestra el convencimiento del Gobierno argentino por recuperar las herramientas del Estado rematadas durante la década neoliberal de los `90. Ese recupero, de por sí, ya plantea como mínimo un avance ideológico en un proyecto de país que no apuesta su futuro en la inestabilidad del juego financiero. Pero recuperar el Estado es una consigna que, por la amalgama de tantos sectores del espacio progresista, ofrece una tentación que este gobierno ha sabido esquivar, tal vez por vocación propia, quizás por imposición de correlación de fuerzas, lo más posible que por una mezcla de ambas. Esa tentación es saltearse las vías institucionales de llevar adelante un proyecto que, social y políticamente, cuenta con un espacio importante de legitimidad en vistas del fracaso mundial de las políticas aperturistas y privatizadoras. Pero el Gobierno, luego de la derrota en el Senado por la 125, aprendió la lección de no creerse los titulares de los diarios que lo afirmaban como hegemónico, y por ello la construcción silenciosa pero firme de la Cámara de Diputados. Los procesos del post-neoliberalismo que vive América Latina, como afirma Ezequiel Meler, «han debido avanzar en el marco de una tensión permanente con el marco institucional heredado, tensión que ha derivado en complejos equilibrios entre lo viejo y lo nuevo.
Vale afirmar, entonces, ya no sólo la importancia de recuperar herramientas políticas y económicas para el Estado Nacional, sino también el reavivamiento de las vías institucionales por las cuales se lleva a cabo dicho proceso. Argentina demuestra una capacidad de regresar del neoliberalismo, apegándose a las reglas democráticas y dando una señal muy clara en la medida en que fue, quizás, el país de la región donde el consenso ideológico neoliberal anti-estatista arraigó más fuerte entre la dirigencia política y la sociedad. De manera tal que resulta de vital importancia este redoblamiento de la apuesta: se lleva adelante un proceso de reafirmación de lo público, pero se lo hace desde la construcción democrática de consensos y los espacios institucionales determinados a tales fines.
Y no es un dato menor. No cuando fueron esos mismos espacios, el Congreso de la Nación por ejemplo, los que fueron violados para llevar adelante el plan menemista de entrega de la soberanía económica del país. Son inabarcables todos los ejemplos que podríamos dar acerca de la manera en la que las instituciones de la democracia fueron soslayadas por el plan económico del menemismo. Algunos casos ayudan a poner en perspectiva la importancia no sólo de recuperar el Estado, sino del grado de institucionalidad -tan requerido por la oposición, justamente, cuando es oposición- que este proceso está llevando a cabo. Las privatizaciones de los ferrocarriles y de Gas del Estado, son ejemplos más que elocuentes:
– Ferrocarriles. La utilización del decreto como forma de pasar por encima del Congreso en cuestiones vitales para el país fue uno de los mecanismos elegido por el menemismo para sortear los «obstáculos políticos» de la aplicación de la receta neoliberal. De esta manera, por ejemplo, el Poder Ejecutivo estableció por decreto las disposiciones legales aplicables a los contratos de concesión al mismo tiempo que sanciona el marco de regulación de los servicios suburbanos de pasajeros y subterráneos en vías de privatización. Así también fue creada por decreto la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario y la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria, un dato fundamental, en tanto y en cuanto esta Comisión queda burocráticamente ligada a la Secretaría de Transporte, soslayando cualquier tipo de control posible del Congreso Nacional (2).
– Gas del Estado. Quizás la más escandalosa de las privatizaciones, en marzo de 1992 el proyecto de ley ingresó a Diputados luego de haber sido aprobada con celeridad en Senadores. En la Cámara de Diputados la resistencia al proyecto era mayor. Tal es así que el oficialismo planteó una moción para recortar la lista de oradores, moción que, aprobada, generó disgusto en la oposición y un cuarto intermedio al otro día. El por entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo se encargó de asegurar que si el proyecto no salía por Congreso lo sacarían por decreto (de todas formas, los lobbys petroleros le habían exigido al gobierno de Menem sacar el proyecto por vía parlamentaria sí o sí). Retirados del recinto por el atropello del día anterior, los diputados radicales no se presentaron, y la votación se dio con un quórum estricto: 130 diputados. Los cronistas parlamentarios notaron que, contribuyendo a dar ese quórum, uno de las personas sentadas en Diputados no era, efectivamente, diputado. Juan Abraham Kenan votó una ley de privatizaciones, ejerciendo un rol para el que jamás fue electo. El escándalo del «diputrucho» tuvo repercusión en todos los medios: Gas del Estado pasó a manos privadas sin ningún cuestionamiento (3).
Si tuviésemos que resumir aún más la idea central del menemismo, podríamos utilizar una frase del ministro de Obras y Servicios Públicos de Menem, Roberto Dromi, quien aseguró ante el Senado de la Nación que «lo fundamental es hacer y realizar, y si no se hace por ley lo haremos por decreto». De esta manera se evidenciaba la necesidad de la receta neoliberal de dinamizar los mecanismos institucionales en vista a varios objetivos, entre los cuales se encontraba la necesidad de atraer inversiones extranjeras rápidas y, además, generar marcos regulatorios endebles y flexibles a los fines de aquél objetivo. Atraer las inversiones supuso, para el menemismo, asegurar la ganancia empresarial al precio que fuere, incluso subsidiándola, y esto está en estrecha vinculación con aquello de saltear los mecanismos institucionales. No se explica de otra manera cómo las privatizadas pudieron apropiarse de las rebajas de aportes patronales de 1994, sorteando el marco regulatorio que les imponía trasladar las reducciones impositivas a las tarifas.
De ahí, entonces, la importancia de que estos procesos de transformación de esa década neoliberal estén solventados en debates parlamentarios serios. La incorporación de los espacios progresistas, que aportaron mecanismos de regulación a un proyecto negociado y consensuado como el del sistema público de reparto, es un avance que va más allá, incluso, del propio sistema previsional. El número de diputados que acompañó el proyecto, 162, es la expresión de algo más que una victoria de un Gobierno: es un paso hacia la institucionalidad, una arista fundamental para la permanencia en el tiempo de las nuevas conquistas sociales.
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1. Ezequiel Meler. «Pensando la región desde Chile y Brasil». En Artepolitica.com. http://artepolitica.com/pensando-la-region-desde-chile-y-brasil/
2. Ruth Felder. «La privatización de ferrocarriles argentinos. Algunas reflexiones sobre la capacidad regulatoria del Estado».
http://www.clad.org.ve/fulltext/0029850.html
3. Thwaites Rey, Mabel. «La (des)ilusión privatista. El experimento neoliberal en la Argentina.» Eudeba.
4. Twhaites Rey, M. Op.citLa aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para terminar con el sistema previsional por capitalización demuestra el convencimiento del Gobierno argentino por recuperar las herramientas del Estado rematadas durante la década neoliberal de los `90. Ese recupero, de por sí, ya plantea como mínimo un avance ideológico en un proyecto de país que no apuesta su futuro en la inestabilidad del juego financiero. Pero recuperar el Estado es una consigna que, por la amalgama de tantos sectores del espacio progresista, ofrece una tentación que este gobierno ha sabido esquivar, tal vez por vocación propia, quizás por imposición de correlación de fuerzas, lo más posible que por una mezcla de ambas. Esa tentación es saltearse las vías institucionales de llevar adelante un proyecto que, social y políticamente, cuenta con un espacio importante de legitimidad en vistas del fracaso mundial de las políticas aperturistas y privatizadoras. Pero el Gobierno, luego de la derrota en el Senado por la 125, aprendió la lección de no creerse los titulares de los diarios que lo afirmaban como hegemónico, y por ello la construcción silenciosa pero firme de la Cámara de Diputados. Los procesos del post-neoliberalismo que vive América Latina, como afirma Ezequiel Meler, «han debido avanzar en el marco de una tensión permanente con el marco institucional heredado, tensión que ha derivado en complejos equilibrios entre lo viejo y lo nuevo.