La matriz neoliberal del sistema financiero continúa amparada por un marco regulatorio heredado de la última dictadura. Los tímidos debates para reformar la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica de Central duermen ahora en los cajones. El amplio triunfo del kirchnerismo en las presidenciales pasadas desempolvó algunas temáticas sensibles de la agenda económica […]
La matriz neoliberal del sistema financiero continúa amparada por un marco regulatorio heredado de la última dictadura. Los tímidos debates para reformar la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica de Central duermen ahora en los cajones.
El amplio triunfo del kirchnerismo en las presidenciales pasadas desempolvó algunas temáticas sensibles de la agenda económica heterodoxa, que habían sido -si no cajoneadas- por lo menos corridas del debate público. La asignatura pendiente principal de esta agenda continúa siendo la necesidad de renovar el marco regulatorio de las entidades financieras, heredado de la dictadura militar, y también la Carta Orgánica que rige al Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada en pleno neoliberalismo menemista.
Este esquema regulatorio fue concentrando la actividad sistemáticamente, hasta disponer hoy de apenas el 11% de la cantidad de entidades financieras que existían antes de la sanción de la ley de 1977. La banca nacional fue la más perjudicada, especialmente las dependencias estatales.
En el marco de esta discusión, uno de los centros de estudios que más impulso genera es el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR), una organización patrocinada por la banca pública y cooperativa, y conducida por el economista Guillermo Wierzba, referente de la heterodoxia y hombre clave de la Comisión de Economía del grupo de intelectuales de Carta Abierta.
Fue justamente el Cefid-Ar quien difundió recientemente un extenso informe entre la prensa titulado «La regulación de la banca en la Argentina» que dedica las últimas treinta páginas a empujar por una nueva regulación en las finanzas, que reemplace la Ley 21.526 de Entidades Financieras ideada por el reo José Alfredo Martínez de Hoz. En rigor, el informe continúa la línea de otros estudios de este mismo Centro, que también abarcaban la temática, todavía con mayor precisión histórica.
El trabajo remarca como conclusión la «incompatibilidad» del régimen financiero vigente (Ley de Entidades Financiera, Carta Orgánica del Central y complementos regulatorios) «respecto del despliegue de crédito para un proyecto de desarrollo, transformador y democrático».
En contraposición, otras posturas, cercanas también al kirchnerismo, sostienen que con modificar la actual Carta Orgánica ya sería suficiente para imprimir sobre el sistema financiero un cambio sustancial, más acorde con el actual modelo económico.
Efectos
A 34 años de vigencia de la actual Ley de Entidades Financieras y 19 años de la Carta Orgánica del Central, hay una serie de variables económicas que pintan de cuerpo entero el sello neoliberal del sistema.
La primera de estas características es la concentración: Cuando Martínez de Hoz impuso esta ley, en 1977, operaban en el país exactamente unas 725 entidades financieras. De acuerdo a los datos oficiales, en 2010 ese conglomerado se había achicado a apenas 80 entidades.
Como es sabido, fue la banca pública una de las más perjudicadas. En 1992, antes de la nueva Carta Orgánica, había 36 bancos del Estado, mientras que actualmente apenas si alcanza a una docena. Según el Cefid-Ar, el sistema fue «especialmente perjudicial y discriminatoria» para las entidades cooperativas, generando una «violenta reducción» de 38 bancos a sólo 1 (el Credicoop).
El siguiente rasgo característico que impulsó este régimen financiero fue la extranjerización del sistema. El Cefid-Ar comprueba que en 1975 los bancos públicos recibían el 56% de los depósitos totales del sistema bancario, siguiéndole en importancia los bancos privados de capital nacional con el 30% y finalmente los privados extranjeros con el 14%. Para 2001 la relación se había invertido plenamente y los extranjeros pasaron a recibir el 52%.
Los bancos extranjeros aumentaron no sólo en número sino también en participación dentro del volumen del sistema. Según el informe, en 1999, 1 de cada 2 préstamos era otorgado por una entidad de capital extranjero (contra el 18% en 1994), con seis bancos dentro de los diez principales.
En términos de depósitos la situación fue bastante similar, dado que la banca nacional absorbía en 1995 el 83% y la extranjera el 17 restante; mientras que al estallar la crisis de diciembre de 2001 los depósitos en bancos extranjeros eran de más del 50% sobre el total del sistema.
El listado de consecuencias es todavía mucho más extenso, por lo que la necesidad de actualizar el sistema regulatorio, para que responda a un modelo más productivista y no de valorización financiera es una asignatura que, tarde o temprano, la democracia deberá afrontar. Es ahora cuestión de aguardar a ver si el nuevo Congreso se atreve a encarar el debate.
Blog del autor: http://relatosdetierra.blogspot.com/2011/11/reforma-financiera-cuando-llegara.html
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