Reformas estructurales y austeridad social

Los panegiristas del régimen político y del sector privado aseguran, contra viento y marea, que las «reformas estructurales» constituyen la panacea del crecimiento y del desarrollo económico del país. Abundan que sin ellas es prácticamente imposible que esto ocurra; que el país indefectiblemente declinará y entrará en bancarrota. Para evitarlo, dicen, es preciso tomar medidas, por demás dolorosas, pero «necesarias» para que ello no ocurra.

Las autoridades monetarias, en particular las del Banco de México, han encendido focos amarillos para «prevenir» repuntes inflacionarios, dada la actividad de aumento de precios de los productos de primera necesidad y otros como la gasolina, la vivienda y la educación que se viene registrando en los últimos meses. Advierten que si bien este estado de cosas todavía es «controlable», sin embargo, de no tomarse medidas «adecuadas» ello puede provocar, en el mediano plazo, un deterioro mayor de la economía nacional.

En este contexto se inscribe el documento Análisis Ejecutivo Económico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en el sentido de que con las reformas habrá mayor inversión que garantice un crecimiento sostenido del Producto Interno Producto de del orden del 6%. Debemos puntualizar que estas declaraciones se hacen en un contexto histórico estructural en que la economía mexicana acusa un promedio de crecimiento anual no mayor a 3% en el largo período de 1982-2012; es decir, justamente en las inmediaciones de la imposición y del despliegue del neoliberalismo en nuestro país (1982-2013).

Además, estas declaraciones se hacen una vez que se han aprobado sendas reformas de signo neoliberal en materia de educación y laboral cuyos resultados obviamente aún no se pueden evaluar, pero sí denunciar su carácter lesivo para la población en general, pero de manera particular, para el mundo del trabajo, ya que por ejemplo, la reforma laboral legaliza el contrato por horas y el pago fraccionado correspondiente por el tiempo efectivamente trabajado; introduce y legaliza la subcontratación (outsourcing) que atenta contra los derechos de los trabajadores y aumenta los períodos de prueba a que se ve sometido el trabajador para poder ser contratado en el futuro.

No satisfechos con estas reformas ya consumadas, los empresarios pugnan por extender y profundizar este tipo de políticas que benefician fundamentalmente a sus intereses de clase plasmados en sus negocios y en las altas cuotas de ganancia que perciben, de tal manera que lo social -empleo, salarios, educación, salud y bienestar social (que son categorías fundamentales de la reproducción de la fuerza de trabajo y -debería ser- del ser humano) queda completamente subordinado a la dinámica del ciclo del capital, en la perspectiva que éste y el gobierno vislumbren en relación con la tasa de rentabilidad y la marcha de los negocios empresariales.

Por otro lado, para que cristalicen y se hagan sentir los beneficios para la población, nos dice el CEESP, es necesario consolidar las reformas estructurales realizadas y avanzar en otras como la hacendaria, con el fin de preservar la «… estabilidad macroeconómica que se ha convertido en la envidia de muchas naciones».

Al respecto considera que «lo realmente importante es tener en cuenta que cada una de ellas [las reformas] depende en buena medida del resto» y que, en particular, la reforma hacendaria ha sido calificada como las más relevante, ya que busca obtener gran parte de los recursos que se requieren para «instrumentar los programas sociales que se han planteado y así mejorar la distribución del ingreso».

Según el organismo empresarial, con la reforma hacendaria se lograría:

1. Corregir la debilidad de las fuentes de recursos del sector público.

2. Incrementar la base de contribuyentes que aporten al fisco.

3. Evitar la evasión fiscal.

Puntos que han sido repetidos reiteradamente por los voceros empresariales y gubernamentales sistemáticamente.

El organismo empresarial considera que lo anterior garantiza «la transparencia y sencillez del sistema» que «estimularía la inversión y, por ende, un mayor crecimiento económico, convirtiéndose en un círculo virtuoso pues a mayor inversión mayor crecimiento y recaudación».

Pero aún dado lo anterior no es suficiente para garantizar el crecimiento sostenido, por lo que es necesario, además, completar la reforma mediante la implementación de ajustes y cambios en materia energética «que permitan la entrada al capital privado en sectores que hasta ahora son exclusivos del sector público», afianzando, de esta manera, el mecanismo estructural de la acumulación de capital por desposesión. Con esta medida se elevarían los montos de inversión privada y se «liberaría una cantidad importante de recursos públicos para programas sociales en salud, educación y seguridad».

Como podemos ver, se ha edificado el nuevo esquema neoliberal que se está imponiendo en el país para profundizar el patrón capitalista de acumulación dependiente sustentado en la privatización de los energéticos, en la flexibilización de la fuerza de trabajo y su precarización mediante la reforma laboral y en la entrada de los sistemas de evaluación desde arriba para los profesores de educación básica a través de la reforma educativa. Esta política se complementa con la reciente aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones.

También el organismo empresarial se preocupa por el tema de la seguridad pública, ya que de continuar el clima de inseguridad en el país puede «…inhibir la actividad productiva», puesto que eleva considerablemente los costos de las empresas y obstaculiza la sacrosanta inversión. Pero también este tema lo articula íntimamente con las reformas de marras al declarar que: «Dado el entorno que vive el país, es evidente que no podemos pensar en las reformas de manera aislada y menos aún sin un contexto en el que las reglas del juego sean lo más claras posible. El Estado de derecho es fundamental para el éxito de los cambios que se proponen…debemos contar con instituciones fuertes y confiables que se encarguen de hacer cumplir las leyes, de tal manera que no haya posibilidad alguna de actos de corrupción o de atentado a los derechos de propiedad. Llevar a cabo todo esto, nos permitiría elevar la inversión a los niveles necesarios para que el crecimiento de la economía sea superior a 6% de manera sostenida».

Argumenta que es fundamental preservar el clima de seguridad y de garantía por parte del Estado porque la inversión, «…incide directamente en la producción, el empleo y la productividad, y es por ello que la certeza jurídica, los derechos de propiedad y la fortaleza de las instituciones son tan relevantes». Con todo ello se «elevará la productividad» «reflejándose en un mejor nivel de vida de la población…No hay quien vaya en contra del objetivo de mayor crecimiento y bienestar», concluye el CEESP.

Obviamente que nadie en su sano juicio está en contra del crecimiento y del bienestar social; el problema no es este, por supuesto, sino que radica en los mecanismos y las políticas que se implementan, supuestamente, para alcanzar ese objetivo. Y es claro que después de prácticamente tres décadas de aplicación de políticas restrictivas neoliberales que han castigado severamente el gasto público, los salarios, el empleo, la educación, la salud y el bienestar social, y a pesar de que sin chistar todos y cada uno de los presidentes que han gobernado en ese período han expresado las mismas palabras que el organismo empresarial, sin embargo, la situación para las mayorías es cada día más alarmante y desesperada, más precaria y sin visos de solución en el mediano y largo plazos.

Las políticas en curso que está impulsando el nuevo gobierno sin duda van a resolver cuellos de botella para el libre desempeño del gran capital nacional y extranjero que opera en el país, por supuesto, en primer lugar, de las empresas transnacionales. Pero nuevamente, como al principio del neoliberalismo, las necesidades y demandas de la población quedan postergadas y sujetas al influjo y resultados de la aplicación de las políticas neoliberales y de la implementación de las reformas denominadas «estructurales».

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.