Rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela
Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, dialogó con Eduardo Feinmann
en A24, a quien le aseguró que la «desvinculación fue en
buenos términos» y explicó que en el Gobierno «no era
razonable» cambiar la metodología con la cual se mide la
inflación.
«Si venimos haciendo un trabajo
enorme contra la inflación, nos parece justo tener un Indec con un
índice comparable a estos dos años», indicó y agregó que el
Ejecutivo pretende «mostrarle a la gente una comparativa donde
pueda ver si la inflación, baja, sube, o se mantiene constante».
En contraste a la postura del Gobierno, Adorni planteó que Lavagna «creía que había que empezar el año con una nueva metodología» y sostuvo que se trata de «posiciones». «En el Gobierno puede haber distintas posiciones, son diferencias de criterio», acotó.
«La inflación va a tender a cero y en algún momento va a
llegar a ese cero», anticipó sobre el índice de precios.
La
nueva metodología del INDEC para medir la inflación
La
nueva metodología traía consigo ciertos cambios metodológicos. En
primer lugar, el nuevo IPC se basaba en la Encuesta de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, reemplazando la que estaba
en uso (2004–2005).
Además, se adoptarán estándares internacionales de clasificación (COICOP 2018), con 13 divisiones de consumo, frente a las 12 previas.
Un cambio fundamental con esta nueva medición es el reflejo de hábitos de consumo más actuales. En ese sentido, la canasta de bienes y servicios se amplía y gana peso en el índice; alimentos y bebidas pierden participación relativa, y transporte y comunicación aumentan su incidencia en la medición.
El rubro de comunicaciones gana lugar y suma consumos que antes tenían poco peso o directamente no existían. También se implementaron cambios en el uso de telefonía e internet. Por ejemplo, se incorporan gastos como plataformas de streaming de películas y música, un componente que hoy forma parte del presupuesto mensual de muchos hogares.
El volumen de datos relevados crece significativamente -de unos
320.000 a unos 500.000 precios mensuales, y la recolección pasa a
ser 100% digital, eliminando el papel. Esto permite un procesamiento
más rápido y mayor trazabilidad.
La inflación
hubiera sido 40 puntos mayor desde que asumió Milei
La
suspensión del nuevo IPC y la salida de Marco Lavagna revelan una
estrategia oficial para minimizar la medición de la inflación ,
desactualizar ingresos indexados y reforzar el ajuste sobre
trabajadores y jubilados. Según un informe del CEPA, mientras el
INDEC informó una inflación acumulada del 249,5% desde la asunción
de Javier Milei, la aplicación de ponderadores actualizados elevaría
ese registro al 288,2% , con impacto directo sobre salarios,
jubilaciones y pobreza.
La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del INDEC, a escasos días de la puesta en marcha de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) más representativo, fue mucho más que un recambio de nombres. Funcionó como señal política: el gobierno de Javier Milei decidió congelar mejoras metodológicas clave en las estadísticas oficiales para sostener un relato de desinflación que no resiste el contraste con la realidad cotidiana de millones de trabajadores y jubilados.
La confirmación pública del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de que la actualización del IPC quedará suspendida sin plazo dejó al descubierto una decisión consciente. El Gobierno optó por mantener una canasta de consumo basada en patrones de gasto de comienzos de los años 2000, a pesar de que el propio INDEC cuenta desde hace tiempo con una estructura de ponderadores elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. No se trata de un detalle técnico: de esa elección dependen los números de inflación que se informan y, en consecuencia, la actualización de salarios, jubilaciones, planes sociales, alquileres y contratos indexados.
La canasta vigente subestima el peso que hoy tienen los servicios,
el transporte y la energía en los presupuestos familiares,
justamente los rubros que más aumentaron desde el inicio del ajuste
libertario. Con ponderadores actualizados, la inflación acumulada
desde la asunción de Milei hasta noviembre de 2025 sería de 288,2%,
frente al 249,5% que surge de la metodología actual. La diferencia
—38,7 puntos porcentuales— se concentra en los meses de mayores
tarifazos cuando los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y
otros combustibles y transporte encabezaron las subas.
La
medida afecta la credibilidad del INDEC por razones políticas
El
delegado de ATE en el INDEC, Raúl Llaneza, cuestionó este lunes la
decisión del Gobierno nacional de no aplicar las nuevas
ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y advirtió
que la medida afecta la independencia y la credibilidad del organismo
estadístico, en declaraciones radiales.
Llaneza afirmó que la decisión oficial generó un fuerte malestar entre los trabajadores del organismo. “La verdad, estoy consternado y con un grado de estupor frente a la decisión del Gobierno”.
En ese marco, sostuvo que las propias declaraciones de los funcionarios dejan al descubierto el trasfondo de la medida. “Nada más oportuno que los dichos del ministro que desnudó una decisión política que le da la espalda a la independencia de un Instituto que claramente no la tiene”.
El referente sindical recordó que desde ATE vienen reclamando desde hace años que el INDEC sea autónomo del poder político. “No solamente ATE en el INDEC reclama la independencia de nuestro instituto del gobierno de turno; hoy, y después del 2008, depende directamente del ministro de Economía nuestro organismo”.
Según advirtió, la decisión de frenar la actualización metodológica impacta de lleno en la credibilidad del Instituto. “Una decisión del ministro, avalada por el actual presidente Javier Milei, da por tierra la confiabilidad o credibilidad que nuestro organismo venía recuperando desde la salida de Guillermo Moreno”.
Como ejemplo, mencionó las proyecciones privadas y otras mediciones oficiales. “Ayer emitieron un informe, una proyección de la Universidad Di Tella. Nadie hace suponer que la Universidad Di Tella sea un conglomerado de ‘cucas’ y comunistas, todo lo contrario”.
También recordó que el propio ministro de Economía anticipó públicamente el nivel del dato. “Lo dijo el ministro: el dato va a rondar el 2,5%”.
El dirigente señaló que el Gobierno ya había anunciado que iba a avanzar con el nuevo esquema. “Guillermo Francos dijo en noviembre del año pasado que se iban a utilizar las nuevas ponderaciones. Después, Marco Lavagna dijo que en enero se arranca porque tenemos el año 2025 como año base. Ahora, nada de eso pasó”.
Y agregó: “Ayer te dicen desde el Gobierno: ‘no era el momento para utilizar el nuevo IPC, las nuevas ponderaciones’”. En ese sentido, fue categórico: “No hay un argumento técnico, acá hay un argumento político”.
Finalmente, insistió en que el problema de fondo es
institucional. “Nuestro organismo debería ser independiente, no
solamente del ministro de Economía, sino independiente de todos los
gobiernos”.
El milagro estadístico
La
manipulación estadística no se limita al IPC. Otro de los
indicadores que el Gobierno exhibe como prueba de una supuesta
recomposición es el salario del empleo no registrado. Según los
datos oficiales, este habría crecido un 27,2% real entre la asunción
del actual gobierno y mayo de 2025, mostrando un desacople notorio
respecto del resto de los asalariados. Ese resultado, sin embargo, no
expresa una mejora real de las condiciones de vida de quienes
trabajan en la informalidad.
El “milagro” estadístico se explica por cambios introducidos en la Encuesta Permanente de Hogares, que comenzaron a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados, como transferencias sociales y programas estatales. Al incorporarse esos ingresos, sube el ingreso medido por la encuesta, pero no el salario que se obtiene por el trabajo. En los papeles, los ingresos parecen mejorar; en la realidad, el empleo informal sigue marcado por la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo.
Este corrimiento tiene efectos directos sobre la medición de la pobreza. En la última medición, la Canasta Básica Alimentaria representó cerca del 45% de la Canasta Básica Total, un peso significativamente mayor al registrado en encuestas previas de gastos de los hogares. Esto implica una subestimación del componente no alimentario en un contexto de fuertes aumentos de tarifas y transporte. Combinada con ingresos medidos de forma no homogénea, esta metodología vuelve cada vez menos confiables los datos oficiales sobre pobreza.
La intervención sobre las estadísticas se extiende a otros sectores sensibles. En turismo, la discontinuidad de encuestas clave se produjo en un contexto de deterioro evidente: en octubre, el ingreso de turistas internacionales cayó 5,9% interanual, mientras que la salida de residentes al exterior aumentó 10,8%. Como resultado, el gasto de argentinos en el exterior alcanzó los USD 597 millones, frente a ingresos por apenas USD 232 millones del turismo receptivo, generando un déficit cercano a los USD 365 millones. A esto se suma el cierre de aproximadamente 450 empresas hoteleras y la pérdida de 7.257 puestos de trabajo registrados desde la asunción de Milei.
También la medición de la actividad económica muestra señales preocupantes. En septiembre de 2025, el EMAE fue objeto de ajustes retrospectivos de una magnitud inusual, que permitieron construir un relato de recuperación. Ese crecimiento se explicó casi exclusivamente por la intermediación financiera y por el aumento del componente impuestos netos de subsidios, que creció 10,5% interanual y explicó 1,87 puntos porcentuales de un crecimiento total de 5,01%. En el trimestre julio–septiembre de 2025, este componente alcanzó una incidencia récord del 23,1%, muy por encima del promedio histórico.
Al excluir la intermediación financiera y el efecto de los impuestos netos de subsidios, el nivel de actividad a septiembre de 2025 se ubica prácticamente en los valores de noviembre de 2023, relativizando de manera significativa la narrativa oficial de repunte económico.
En este escenario, la salida de Lavagna y la suspensión indefinida del nuevo IPC configuran una segunda intervención de hecho del INDEC . Como ya ocurrió durante los gobiernos kirchneristas, cuando el organismo fue intervenido políticamente bajo la órbita de Guillermo Moreno, el instituto vuelve a quedar subordinado a las necesidades coyunturales del Poder Ejecutivo. La inflación deja así de funcionar como una herramienta para comprender la dinámica económica y social, y pasa a ser una variable administrada, funcional a la licuación de los ingresos populares y al sostenimiento del superávit fiscal.
La “batalla contra la inflación” que Milei prometió librar se juega cada vez más en el terreno narrativo y estadístico. Pero los precios, las tarifas, los alquileres y los alimentos no se corrigen con discursos ni con canastas desactualizadas. Se pagan todos los días. Y ahí, lejos de los gráficos oficiales, el ajuste se siente con toda crudeza en los hogares de la clase trabajadora.
Fuente: La Izquierda Diario
Aumentos de luz y gas
A partir del primero de febrero regirán nuevos valores de tarifas de luz y gas. El gobierno modificó al inicio de año el esquema de tarifas de los hogares, que ahora en lugar de estar segmentados en tres niveles según ingresos y patrimonios pasarán a estar regidos en dos grupos, con y sin subsidios.
El aumento promedio en el gas será de 16,8% en febrero. Mientras
que en el caso de la luz -sólo para AMBA, zona de concesión de
Edenor y Edesur- el incremento es de 28%, pero como se aplicará una
bonificación resultará en un aumento promedio de 3,6%, con subas
que llegarán hasta casi 14% en los hogares de la ex categoría N1 de
«ingresos altos».
Al mismo tiempo, para la segunda
quincena de enero se aplicará una baja retroactiva en las boletas de
electricidad será sólo para los usuarios que entran en la categoría
que les permite mantener los subsidios del Estado Nacional. Esta baja
de hasta 30% tendrá vigencia solamente durante la segunda mitad de
enero, lo que terminará en una suba promedio de 3% en enero.
Con el nuevo esquema de reducción de subsidios las actualizaciones se realizarán en forma mensual por inflación. Así, desde el 1º de febrero el Gobierno autorizó una suba promedio de 3,6% en las tarifas de Edenor y Edesur.
El impacto de la suba de febrero será más fuerte en los usuarios de «ingresos altos» que cobran más de $ 3.926.139 por hogar, ya que al quitar todos los subsidios verán alzas superiores al 10%, desde el segundo mes del año.
Los usuarios con subsidio de consumo medio (300 kWh/mes) (ex N2) tendrán aumentos del 5,2% respecto del promedio del mes de enero 2026.
Por último, los ex N3 (ingresos medios) verán reducidas sus facturas en febrero un 10,9% respecto del promedio del mes de enero 2026.
El cambio en los subsidios es para todo el país, pero la Nación regula exclusivamente el AMBA. En el Interior, las modificaciones tarifarias dependen de cada regulador ya sean las provincias o los municipios.
Hay que destacar que las bonificaciones retroactivas de enero no son casuales, sino que impactarían de haberse aplicado el nuevo índice de inflación, que al cambiar la metodología y comenzar a ponderar más los gastos de los hogares en servicios públicos, ante cualquier aumento tarifario sería más afectado. Por ello, el gobierno disminuye el efecto de enero que hubiese sido un salto muy importante en la segunda quincena, lo que se reflejaba en un menor índice de inflación mensual que elabora el Indec. Ahora esta posibilidad no se cumplirá por la decisión gubernamental de seguir manejando los datos inflacionarios en base a los índices del 2000.
El gobierno sostiene que es un salto muy grande en las tarifas y «por única vez», pero que es » un mes de muy bajo consumo de gas», según matizaron fuentes oficiales. Es decir, no se reflejará tanto en la boleta de gas porque consumimos menos, pero el salto en el costo que pagarán los usuarios está igual.
Los subsidios a la energía fueron recortados del equivalente a
1,41% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 a 1,01% en 2024 y a
aproximadamente 0,6% en 2025. El Gobierno buscará que este año el
porcentaje descienda a en torno al 0,5% PIB, lo que equivale a una
transferencia de entre U$S 650 y U$S 1.000 millones desde los
usuarios residenciales a la cuenta del Tesoro, que se utilizará para
los pagos de intereses de deuda externa.
Aumentos de
febrero: agua, gas, prepagas, transporte, expensas y más
Febrero
llega con una agenda cargada de ajustes que impactarán directamente
en el presupuesto de las familias argentinas. Tras un inicio de año
marcado por el reordenamiento de precios relativos, el segundo mes de
2026 se perfila como un período de definiciones en sectores clave
como el transporte público, la energía y los servicios de salud,
con incrementos que en algunos casos superan el promedio
inflacionario.
Este escenario de subas programadas responde, en gran medida, a la quita de subsidios y a las actualizaciones automáticas pactadas en diversos contratos. Desde el lunes, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los inquilinos de todo el país afrontan nuevos valores que pondrán a prueba la capacidad de consumo y el ahorro en un contexto de alta sensibilidad económica.
El transporte público vuelve a estar en el centro de la escena con ajustes diferenciados según la jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el boleto de colectivo tendrá un incremento del 2,8%, lo que llevará la tarifa mínima para el tramo de 0 a 3 kilómetros a los $650,11 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el impacto será mayor: se aplicará una suba del 4,5%, elevando el pasaje básico a $721,08.
Por su parte, el subte porteño también sentirá el ajuste. El valor del viaje pasará de $1.259 a $1.336 para usuarios con tarjeta nominada, mientras que el Premetro fijará su tarifa en $467,60. Es importante recordar que quienes no tengan sus datos validados en el sistema SUBE deberán afrontar costos significativamente superiores, que en el caso del colectivo pueden superar los $1.000 por viaje.
Los alquileres presentan una situación mixta dependiendo de la legislación bajo la cual se firmó el contrato. Para aquellos que todavía se rigen por la ley derogada (ajuste anual por ICL), el incremento en febrero será del 34,6%, reflejando una leve desaceleración respecto a meses previos. En cambio, los contratos nuevos bajo el régimen de libre pactación (DNU) verán actualizaciones trimestrales que rondan el 7,86% o cuatrimestrales cercanas al 8,22%, según el índice acordado entre las partes.
En cuanto a los servicios del hogar, febrero marca la entrada en vigencia del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Para el gas, se estima un aumento promedio nacional en la factura del 16,86%, aunque el impacto final dependerá del nivel de consumo y la situación patrimonial del usuario. El agua no se queda atrás: AySA aplicará un incremento del 4% en la región metropolitana, llevando la factura promedio a niveles cercanos a los $26.900 para zonas medias.
La medicina prepaga autorizó una suba del 2,8% en sus cuotas, monto que también se trasladará a los valores de los copagos. El sector de telecomunicaciones también notificó ajustes que oscilarán entre el 2,8% y el 3,5% para los servicios de cable, internet y telefonía móvil, completando un combo de aumentos que exigirá, en muchos casos, un reajuste minucioso de las finanzas personales.
Por el último, acuerdo alcanzado por el gremio de encargados de edificios (SUTERH) se confirmó el pago de un bono remunerativo de $120.000 para los encargados, el cual se abonará de manera íntegra e impactará directamente en las expensas que los consorcistas recibirán en febrero. Además, a este monto fijo se le suma un incremento salarial del 2%, lo que eleva el piso de los costos operativos fijos de cada inmueble.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el ministerio de Movilidad e Infraestructura, ya comunicó un aumento del 4,8% en los peajes que comenzó a regir desde el 1º de febrero. El ajuste contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor más un 2% adicional aplicado sobre la tarifa vigente.
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