Cada inicio de año es común ver imágenes del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocurrido el 1 de enero de 1994 en distintas localidades del estado de Chiapas, y escuchar que en aquel entonces el gobierno federal depuso las armas, dio amnistía a los alzados y brindó la atención necesaria para resolver […]
Cada inicio de año es común ver imágenes del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocurrido el 1 de enero de 1994 en distintas localidades del estado de Chiapas, y escuchar que en aquel entonces el gobierno federal depuso las armas, dio amnistía a los alzados y brindó la atención necesaria para resolver los problemas sociales de las zonas marginadas de Chiapas. Desde aquel entonces para la clase política del país, Chiapas dejó de tener reclamos sociales y se convirtió en el paraíso de la paz y la reconciliación de México; o por otro lado, para algunos, Chiapas era la muestra más evidente de la desigualdad y la injusticia que reinaba en México y que por ello habría que dar una apariencia de preocupación o que habría de dársele mayores muestras de lástima y compasión.
La clase política mexicana continúa en la actualidad en la misma situación que se encontraba aquel 1 de enero de 1994, permanece hoy sumida en el desinterés, la apatía, la indiferencia, la pereza, el desanimo y la ociosidad con la que vieron sus antecesores aquel alzamiento armado ocurrido en el estado de Chiapas. Siguen a pesar de que dicen todo lo contrario, repitiendo las mismas actitudes de los políticos de hace más de una década. El estado de Chiapas es ahora una de tantas muestras de que la desigualdad y la injusticia reinan en la mayoría de las regiones indígenas y campesinas de México. Hasta ahora miles de políticos continúan ocultando y consintiendo esta situación a cambio de sus mezquinos intereses partidistas y empresariales, que destruyen cada vez más el tejido social de las comunidades indígenas y campesinas del país.
Las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y miles de comunidades indígenas y campesinas de México continúan siendo sometidas, ignoradas y engañadas por los gobiernos de distintos partidos políticos, al viejo PRI se suman ahora el PAN y el PRD y muchos otros. Los habitantes de estas comunidades se enfrentan diariamente a la indiferencia y al desinterés, cuando no a la violencia y la intimidación de las distintas instituciones de los gobiernos municipales, estatales y federales. Los que no tienen como sobrevivir se ven forzados a dejar de lado sus demandas y derechos a cambio de unos cuantos pesos para poder dar de comer a sus familias, los que no están dispuestos a dejar de lado sus demandas y derechos tienen que sobrevivir con lo poco que les queda y mantenerse alejados del desprecio y el maltrato de las autoridades que se encuentran en contubernio con intereses mezquinos de partidos, empresas privadas y agrupaciones corporativistas.
Sólo unas cuantas comunidades en Chiapas y en la república mexicana logran obtener apoyos de instituciones gubernamentales o de organismos internacionales y de instituciones académicas que en la mayoría de las veces se enfrentan a las trabas burocráticas de las instituciones o de los conflictos partidistas al interior de la comunidad. Millones de pesos de programas o proyectos para estas regiones son repartidos entre burócratas y empresas ficticias que supuestamente brindan miles de bienes y servicios para mitigar la pobreza en estas comunidades. Cuando los habitantes demandan respuesta de la supuesta inversión de estos recursos en sus comunidades, inmediatamente son enredados con irresolubles trámites legales y presionados por el aparato gubernamental a través de la lentitud, si no es que con la negligencia, en la atención a necesidades urgentes como la salud y la educación.
El principal sustento de estas comunidades es la labor agraria, que ningún interés tienen en ella los políticos y empresarios de este país. Los habitantes de estas regiones jamás son escuchados por las múltiples secretarías gubernamentales, por lo que jamás son atendidas sus necesidades, la única opción que les queda es recibir lo poco que les envían desde la cerrazón de las oficinas gubernamentales. Cuando se esfuerzan por hacer producir sus tierras, los habitantes de las comunidades tienen que soportar y resistir la vileza de los compradores y acaparadores quienes cuentan con la anuencia y el consentimiento de autoridades viles y corruptas. En algunos casos logran vender sus productos a precios convenientes, pero en la mayoría de ellos únicamente logran hacerlo a precios irrisorios o son obligados a realizar lentos y costosos trámites ante las secretarías, lo que hace que se disminuyan a nada sus ganancias.
Ante esta situación tan inmejorable miles de habitantes de estas comunidades no tienen otra alternativa que migrar a las ciudades donde su futuro será un poco más halagador que el de sus comunidades. Sin embargo la mayoría tienen que soportar los abusos de sus empleadores que se aprovechan de la necesidad de los trabajadores y la negligencia de las autoridades. A muchos de ellos no se les paga el sueldo que por ley deberían de recibir y mucho menos se les brinda las prestaciones y los servicios que como trabajador tienen derecho a recibir tanto éstos como su familia. En las ciudades se enfrentan a la negligencia y al desinterés de las autoridades que reprimen sus derechos por la corrupción y el egoísmo que alimentan los empresarios con sus alianzas estratégicas para obtener mayores ganancias y prerrogativas de las autoridades.
El folclor más no así la identidad de las culturas indígenas y campesinas de México es puesta en aparadores de centros turísticos de toda la república mexicana, como si estas comunidades sólo pudieran verse ante los ojos de los demás como presas que no tuvieran vida, que sólo pueden ser vistas sin que puedan ser actores de las dinámicas sociales de este país. Únicamente el folclor es presentado y valorado por las autoridades gubernamentales y empresariales; sus derechos, sus demandas, sus necesidades y sus carencias jamás aparecen en las reuniones y en los festejos de los encargados de las instituciones gubernamentales y en los aparadores de los comerciantes y empresarios.
La cultura de las comunidades indígenas y campesinas tienen que soportar el desprecio y el desinterés de todo el aparato gubernamental del Estado mexicano y de los empresarios nacionales y extranjeros, y de miles de habitantes en este país, al mismo tiempo su territorio y todo lo que vive en él está siendo destruido y desperdiciado por empresas privadas que complacen a las autoridades mexicanas con dineros para sus frivolidades y sus deseos de aferrarse en el poder. Continúan envilecidos por el poder y la frivolidad de sus nombramientos partidistas, en lugar de hacerse responsables y comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de la cultura y del territorio de la población indígena y campesina de este país.
A más de una década del 1 de enero de 1994, las nuevas generaciones de políticos y empresarios de este país continúan repitiendo, o aún peor, consintiendo y acrecentando las mismas vilezas, infamias y servilismos que hace más de 14 años hacían sus antecesores en los encargos y servicios que hoy ocupan. Se dicen ser la nueva generación de políticos y empresarios que va a llevar a buen rumbo a México, hasta hoy parece ser que no lo quieren hacer, y a pesar de los problemas que hoy enfrenta este país, no quieren dejar de repetir los mismos errores que han mantenido durante muchos años a los mexicanos sumidos en la desigualdad y la injusticia. Parece ser que el conformismo y el egoísmo han hecho presa de ustedes ¿o no es así?
Henry Moguel Villatoro
Historiador y Comunicólogo