La tienda colapsa de público comprador. A su turno, cada cliente sigue al vendedor a una de las múltiples cabinas para la venta de un nuevo teléfono móvil y recibe abundante información sobre el aparato. Pero nadie informa qué hacer con el que se descarta. La escena se repite cada día en una tienda de […]
La tienda colapsa de público comprador. A su turno, cada cliente sigue al vendedor a una de las múltiples cabinas para la venta de un nuevo teléfono móvil y recibe abundante información sobre el aparato. Pero nadie informa qué hacer con el que se descarta.
La escena se repite cada día en una tienda de dos pisos de la empresa Personal de telefonía celular del municipio de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y en otros de toda Argentina, que vive un «boom» de consumo de aparatos electrónicos.
Los teléfonos ya reemplazables tienen, en promedio, solo dos años de antigüedad.
Con 40 millones de habitantes, Argentina tiene 34,3 millones de abonados a la telefonía móvil, que llegan a 56 millones si se cuentan los números que no se usan pero no fueron dados de baja, según datos de la organización ambientalista Greenpeace.
La magnitud del consumo de los últimos cinco años movilizó la preocupación por el volumen de sustancias contaminantes que se liberan cuando los aparatos se arrojan junto con la basura domiciliaria.
«¿Qué hago con el viejo aparato?», preguntó Tierramérica a una vendedora de la tienda de San Isidro. «Guárdelo de repuesto, por las dudas que se le rompa el nuevo», aconsejó.
«Pero es que el viejo ya no funciona», explicó esta cronista. La respuesta, acompañada de hombros alzados, fue: «No sé. Nosotros no recibimos aparatos viejos».
«Alrededor de 40 por ciento del público tiene conciencia de que estos residuos contaminan, y los almacena en su casa, y otro 30 por ciento» los arroja a «rellenos sanitarios o basurales», dijo a Tierramérica la activista Yanina Rullo, de Greenpeace Argentina.
Esta organización es una de las que más impulsa el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ya aprobado en el Senado.
La iniciativa hace responsables a los actores que colocan aparatos electrónicos en el mercado de su reciclado o disposición final segura. Pero de momento la iniciativa está trabada en la cámara baja.
Según Greenpeace Argentina, en 2010 se vendieron 12 millones de celulares, 2,6 millones de computadoras, un millón de televisores y 1,2 millones de impresoras.
Así como se compra, se tira. En un año se descartaron 10 millones de teléfonos móviles que, al romperse emanan sustancias muy tóxicas y metales pesados que contaminan el aire, la tierra y las napas de agua.
Cada habitante genera tres kilogramos de basura electrónica por año, lo que da un total de 120.000 toneladas de residuos contaminantes, de los cuales se recicla menos de dos por ciento.
En América Latina, que acumula unas 800.000 toneladas de desechos electrónicos, hay experiencias incipientes de disposición final segura a estos residuos.
El dato aparece en el libro «Los residuos electrónicos: Un desafío para la sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe», publicado en 2010 por la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de Montevideo.
Para llegar a esa estimación se tomaron informes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, donde se produce más de 80 por ciento de la basura electrónica regional.
Pero a pesar de ese volumen, no hay en la región una legislación integral para darle respuesta, sino experiencias aisladas de gestión o reutilización de productos.
Con el crecimiento económico del último decenio y los esfuerzos por reducir la brecha digital en países como Argentina, Colombia o Uruguay, donde se masifica el uso de ordenadores portátiles, la sanción de una norma parece clave.
La iniciativa argentina, que sigue el modelo de la Unión Europea, establece la responsabilidad individual del productor en la disposición final del residuo y la reutilización y reciclado de componentes.
También incentiva al fabricante a diseñar artefactos fácilmente reciclables, libres de sustancias tóxicas y con la mayor durabilidad posible, y propone un sistema de gestión nacional segura de los residuos. Además, prevé crear centros de acopio en todos los municipios de más de 10.000 habitantes.
Algunas empresas tienen programas voluntarios para retirar del mercado productos obsoletos, pero no hay difusión, y ni siquiera sus empleados saben asesorar a los clientes.
La empresa Escrap gestiona desechos de grandes compañías, originados en fallas de producción o cambios de tecnología, pero no se ocupa de residuos de usuarios particulares.
«Trabajamos con un porcentaje muy pequeño que incluye productos dañados en el proceso de manufactura o que fallaron durante el tiempo de garantía, pero para el grueso del descarte hace falta la ley», dijo a Tierramérica su propietario, Gustavo Fernández, un biólogo especializado en gestión ambiental.
Fernández, que colaboró en la elaboración del proyecto, sostuvo que hay desechos con valor económico, como los componentes de hierro, acero, aluminio, cobre, metales preciosos y plástico, y otros que no lo tienen, como las pilas recargables.
Para algunos residuos muy contaminantes, como las baterías recargables o las plaquetas electrónicas -para las que no existe tecnología de recupero en Argentina- la salida es la exportación a plantas especializadas en el exterior.
Casi 30 por ciento del peso de las baterías está formado por materiales tóxicos como cadmio, níquel y litio. Una computadora personal puede contener más de 50 compuestos dañinos.
Pero, según el experto, de toda la basura electrónica, los celulares están entre los productos más peligrosos, pues liberan sustancias cancerígenas y contaminantes orgánicos persistentes. «Es como una bomba atómica, no puede ir a basurales», advirtió.
Marcela Valente es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 19 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.