Desapariciones y asesinatos de obreros; detenciones masivas; secuestros y torturas; bloqueos a plantas industriales con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros; el sitio de ciudades completas; la cesión de los predios de las fábricas para el funcionamiento de centros clandestinos de detención provisoria; la confección de listados del personal «marcado»; la provisión de […]
Desapariciones y asesinatos de obreros; detenciones masivas; secuestros y torturas; bloqueos a plantas industriales con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros; el sitio de ciudades completas; la cesión de los predios de las fábricas para el funcionamiento de centros clandestinos de detención provisoria; la confección de listados del personal «marcado»; la provisión de equipamiento y vehículos para facilitar los operativos; las donaciones, los «pagos extras» y la contratación de integrantes de las fuerzas represivas; la facilitación del acceso a «infiltrados»; la intervención de los propios ejecutivos en los interrogatorios a los trabajadores secuestrados. Así fueron las diversas formas de complicidad que tuvieron distintas empresas con el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina entre 1975 y 1983. El objetivo era uno y claro: el desmantelamiento de cuerpos de delegados y comisiones internas, la destrucción de los lazos de solidaridad de las clases populares y el disciplinamiento de la organización sindical. Ese andamiaje represivo protegió y dio sustento a la implementación de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado en la Argentina a mediados de la década de 1930.
El llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma, el principal productor de azúcar y papel obra del país, volvió a poner el tema en el centro de la agenda pública. El empresario fue citado por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón, que investiga el juez subrogante Fernando Poviña, en los tribunales federales de Jujuy. A fines de abril, en un allanamiento en un inmueble de la empresa localizado en el barrio Los Perales, de San Salvador de Jujuy, se había encontrado documentación relacionada con los hechos que se investigan y que también dan cuenta de una red de espionaje vigente en plena democracia.
De viaje por el Uruguay, Blaquier logró diferir «por razones de salud» la presentación prevista para el último viernes 18, aunque se espera que sea indagado en las próximas semanas. En la causa también está involucrado el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, a quien las querellas denuncian como el brazo ejecutor de los secuestros.
En 1973, el médico Luis Arédez fue electo intendente de la localidad jujeña de Libertador San Martín, en la que está radicada la empresa. Por primera vez en la historia de la ciudad, Arédez comenzó a reclamar el pago de impuestos que la empresa adeudaba al municipio. El 24 de marzo de 1976, el intendente fue detenido en su casa. Permaneció un mes desaparecido y luego debió pasar casi un año en la cárcel. Tras un breve período en libertad, en mayo de 1977 desapareció y, según testimonios de un sobreviviente, estuvo en el campo de concentración de Guerrero, en la provincia de Jujuy.
En ese marco, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, se registraron «apagones», en los que se cortaba el suministro eléctrico en todo San Martín y pueblos aledaños entre las diez de la noche y las seis de la mañana, y durante los que se secuestró a decenas de trabajadores, estudiantes, militantes políticos y sindicales y amas de casa, con la colaboración de Ledesma.
LOS CASOS Y LAS CAUSAS
«Hay que juzgar todos los delitos, no se pueden hacer diferencias según las características que tenga la persona acusada», explica ante la consulta de Debate Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. El funcionario del Ministerio Público Fiscal señala que el límite de las imputaciones sólo puede estar dado por las pruebas y las normas penales. Por tanto, si aparecen sospechas fundadas de la comisión de un delito, se debe investigar, sea una persona militar o civil. «Y eso es lo que se está haciendo», remarca. Luego agrega: «No hay una decisión sobre quiénes son los acusados, sino que son las mismas investigaciones las que van determinando los posibles acusados. Y el Estado tiene la obligación de juzgar todos los delitos».
Un ejemplo de ese avance está representado por la causa en la que se investigó el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que culminó en marzo último en la ciudad bonaerense de Tandil. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y dispuso una pena de 15 y 11 años, respectivamente, a los civiles Felipe y Julio Méndez. Pero los jueces también pidieron que se investigue el rol de ex integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, de dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del ex ministro de gobierno, James Smart.
«La causa que investiga a Blaquier y a Ledesma en Jujuy se enmarca en un contexto más amplio y que involucra también a otras empresas», sostiene Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del Conicet. Especialista en el estudio de las transformaciones en la organización sindical en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, Basualdo reunió en su trabajo «Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina», publicado en 2006 por Fetia-CTA, las denuncias de trabajadores, las investigaciones independientes y las acciones judiciales sobre seis casos emblemáticos, que involucran a Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Mercedes Benz y la propia Ledesma.
«En muchos casos de grandes empresas hay evidencias de que las patronales proporcionaron listas y direcciones de delegados, activistas y trabajadores a las fuerzas militares, y además algunas empresas proveyeron financiamiento; otras, equipamiento; y, en los casos más dramáticos, incluso existieron centros clandestinos transitorios ubicados en los propios predios de las fábricas, como sucedió en Ford y Acindar», explica.
En el caso de Ford, por ejemplo, hubo 25 delegados secuestrados entre marzo y mayo de 1976. La mitad de ellos fue detenida en la planta de General Pacheco, con camionetas F100 proporcionadas por la empresa. Y diversos testigos señalan la participación de personal de la empresa durante el interrogatorio a los delegados secuestrados. En los últimos años, también se comenzaron a investigar otros casos en los que hubo trabajadores desaparecidos, como Propulsora Siderúrgica, del grupo Techint, también propietario de Dálmine Siderca. Además, hay denuncias registradas por el accionar de Yelmo, Alpargatas, La Hidrófila, La Cantábrica, Terrabusi y Molinos Río de la Plata, entre otras compañías.
REVERTIBLES
«A mediados de los setenta se observan distintas iniciativas que buscan reformular drásticamente lo que la clase trabajadora había logrado durante el peronismo en términos de organización, poder y participación en el ingreso», señala Basualdo. La principal preocupación de la clase dominante se hallaba, entonces, en la radicalización de la tarea sindical, que para las patronales significaba tener trabajadores organizados en la planta, estar obligados a escuchar sus demandas salariales y por mejores condiciones de trabajo y tener que reconocer una estructura de representación sindical que, de algún modo, ponía límites, cuestionaba y enfrentaba a la elite empresaria. «Entonces, cuando uno analiza el involucramiento de las empresas en la represión comprende que se vincula, en realidad, con una enorme preocupación empresaria por esta creciente radicalización, organización y militancia obrera», resume Basualdo.
En la entrevista que realizó el periodista Ezequiel Burgo para el libro 7 Ministros, que editó Sudamericana el año pasado, José Alfredo Martínez de Hoz reconocía: «Un lustro, pensábamos, era el tiempo necesario para revertir los treinta años de atraso a los que el peronismo nos había sometido». Era la voz del ideólogo y ejecutor del programa económico implementado a partir de 1976 y de quien, actualmente, se encuentra imputado judicialmente por la privación ilegal de la libertad del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto.
Las estadísticas revelan la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social de la Argentina que provocó el Proceso de Reorganización Nacional. El nivel de ocupación se redujo un 34 por ciento entre 1974 y 1983; se produjo una brusca caída del salario real; y los índices de pobreza pasaron del 5,8 por ciento en 1974 al 37,4 por ciento en 1982. Al mismo tiempo, la deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 en 1983.
Entre esas cifras, Basualdo subraya una que considera fundamental. En 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. En 1983, se redujo a menos de treinta puntos. «Comprender esto es central para entender el proyecto de las Fuerzas Armadas y el involucramiento de la elite empresaria, ya que había enormes intereses en juego», concluye.
EL LARGO APAGÓN DE LEDESMA
Mientras el Ingenio sigue en la mira de la Justicia, surgen nuevos elementos sobre la represión en Jujuy. La red de espionaje de la empresa.
Por Adrián Pérez
Julio Gutiérrez (39 años) llegó el lunes a Buenos Aires, desde Libertador General San Martín, para participar en una conferencia de prensa por los secuestros y desapariciones en esa localidad y en Calilegua durante la Noche del Apagón. El dueño de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, está en la mira de la Justicia por su complicidad con esos crímenes. Gutiérrez, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), fue mencionado en el Informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de la XXII Jornada de Derechos Humanos y Cultura que se organizó en 2005, en su ciudad, con motivo de la 29º Marcha del Apagón. El reporte de World Division Psicología Industrial fue encontrado el 26 de abril en oficinas del ingenio y constituye una prueba del seguimiento que se hizo a militantes de derechos humanos en plena democracia. A partir del allanamiento, el juez federal Fernando Poviña -subrogante del ex magistrado Carlos Olivera Pastor en la causa judicial por la Noche del Apagón- abrió un expediente por violación de la Ley 25.250, que protege datos personales.
El informe de inteligencia siguió los pasos de Jorge Osvaldo Weisz, vicepresidente del Sindicato de Obreros del Azúcar, desaparecido en diciembre de 1976. «World Division Psicología Industrial es la misma empresa que viene trabajando desde 1974, cuando fue contratada por Ledesma», asegura Gutiérrez desde la mesa de un bar ubicado en el barrio porteño de Constitución. El integrante de Capoma señala que en el dossier de 300 páginas, hallado en el barrio Los Perales, se menciona la filiación política de sindicalistas, periodistas y Madres de Plaza de Mayo. Y añade que también se hizo espionaje con los vehículos que llegaron en 2005 a la marcha, identificados por su color, patente y procedencia. A su vez, advierte que el documento alude a reuniones organizadas «a puertas cerradas», de las que él mismo participó, con detalles de conversaciones y convocados. Según el militante jujeño, el informe reza: «También estuvo Julio Gutiérrez, alias ‘El Gitano’, referente de derechos humanos».
En 1997 Gutiérrez buscó empleo en el ingenio mientras los piquetes sembrados por las privatizaciones florecían en el Norte del país. Lo rechazaron a pesar de que su padre trabajaba allí. El empleado administrativo Darío Ledesma le aclaró que tenía restringido el ingreso y le devolvió la documentación presentada: todos los papeles estaban tachados con una cruz roja. A su padre le dijeron que su hijo era un subversivo. Además de su militancia política, Gutiérrez realiza montajes eléctricos industriales en San Juan o Catamarca porque en Jujuy no consigue trabajo. Recuerda que la policía de Jujuy lo detuvo, paradójicamente, cuando el albañil Luis Gerez era liberado. Primero lo acusaron de haber insultado a un agente, luego de ebriedad, «cosa que es mentira porque no bebo», y, más tarde, le dijeron que había sido demorado por averiguación de antecedentes. «Me cagaron a palos y me tuvieron encerrado en una celda como delincuente», confía.
Entre las cajas secuestradas en el allanamiento aparecieron fotos de la esposa de Jorge Rafael Videla visitando Ledesma junto a Fernando Vicente Urdapilleta, interventor de Jujuy durante la dictadura, el por entonces administrador Alberto Lemos y Mario Paz. Días antes del pedido de indagatoria a Blaquier y a Lemos, vecinos del ingenio advirtieron sobre movimientos extraños. Por la noche, empleados de la empresa sacaban en una camioneta blanca cajas de la Lechería, espacio de acopio de leche en polvo que se reparte a los trabajadores. También funcionó como lugar donde «se archivaba mucha información». Gutiérrez subraya que la empresa siempre hizo espionaje, tratando de controlar los movimientos de la gente de Libertador General San Martín.
«Ledesma salió a decir que no tenía nada que ver (con la Noche del Apagón) y que nosotros buscábamos que se fueran del pueblo. Así empujó a los trabajadores a que tuvieran miedo de quedarse sin trabajo», afirma. Por otra parte, sugiere que si en algún momento al juez Poviña «le bajan línea, va a tener que quedarse en el molde. Ojalá que no cumpla con eso y avance», anhela Gutiérrez y espera que el magistrado libre un pedido de captura internacional para que Blaquier rinda cuentas ante Madres y familiares. «Blaquier adquirió gran parte de las tierras ayudando a la dictadura, así acrecentó su poder económico», asegura el militante de derechos humanos. «Vamos a seguir en la calle pidiendo Memoria, Verdad y Justicia», sentencia. En Jujuy esperan que el juicio por la Noche del Apagón y los 33 desaparecidos en Libertador y Calilegua comience el 12 de julio.
VICTORIA BASUALDO, HISTORIADORA
«Las comisiones internas fueron un objetivo central de la represión»
Por Manuel Barrientos
Hacia 1974, la clase trabajadora argentina tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. «Comprender este dato es central para entender el proyecto de las Fuerzas Armadas y el involucramiento de la elite empresaria, ya que había enormes intereses en juego», explica Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del Conicet. Integrante del Área de Economía y Tecnología de Flacso, en su tesis de doctorado por la Universidad de Columbia (Nueva York) analiza los cambios en la organización y la militancia sindical en las grandes fábricas industriales argentinas entre 1960 y 2001.
¿Cómo se pueden dimensionar los cambios introducidos en la relación entre capital y trabajo a partir de 1975?
En primer lugar, es ineludible referirse a la política represiva, de la cual los delegados y las comisiones internas fueron uno de los objetivos centrales. Por otra parte, también hubo modificaciones radicales en la legislación y las relaciones laborales. A partir de marzo de 1976, se desarrolló una gran ofensiva legal, que implicó la prohibición total de la negociación colectiva, la intervención de los sindicatos y la CGT, y la prohibición de toda forma de organización, incluyendo huelgas, y toda otra forma colectiva de protesta. Así se interrumpió un proceso de organización sindical que tenía varias décadas.
¿Y el tercer eje?
Es la política económica, que afectó el corazón del poder de la clase trabajadora. La reforma financiera de 1977 y el proceso de apertura económica y de desregulación de 1979 cambiaron los precios relativos de la economía y alteraron el rumbo de industrialización que venía experimentando la Argentina desde la década de 1930. Estas políticas generaron un proceso profundo de desindustrialización y de concentración económica. Y estos cambios son claves en la relación entre capital y trabajo, porque es mucho más difícil enfrentar a las patronales en un proceso de concentración. Pero también se genera un proceso de endeudamiento externo, vinculado al proceso de valorización financiera, que cambia los ejes centrales de la economía argentina y tiene un enorme impacto sobre la clase trabajadora, porque la consolidación y expansión de la estructura sindical estuvieron estrechamente ligadas históricamente a la industrialización por sustitución de importaciones. Y ese proceso cambia radicalmente las condiciones de organización y las posibilidades de lucha.
¿Qué nudos gordianos de la política económica de la última dictadura lograron desanudarse en estos casi treinta años de democracia?
La dictadura se debe entender como la primera etapa de un proceso de reformas radicales, que se profundizan muchísimo en los años noventa. Entonces, si bien hay que celebrar el cuestionamiento que hizo la democracia del legado de violaciones a los derechos humanos de la dictadura, también hay que señalar que no introdujo alteraciones significativas en su herencia en materia de transformaciones estructurales y sociales, sino que incluso, en algunas etapas, lo retomó y profundizó. La etapa actual modificó un dato central que es el nivel de desocupación, que en los noventa operó como un disciplinador muy fuerte. Al mismo tiempo, en esta etapa de posconvertibilidad se reactivaron las negociaciones colectivas y se observa un renacimiento del conflicto sindical, que en general está asociado a procesos de organización y disputa muy importantes. También hay cambios en materia de política de ingresos, que apuntalaron a algunos sectores de la clase trabajadora.
¿Y cuáles aún están vigentes?
Hoy, hay empleo y eso nos permite levantar la cabeza y mirar para adelante. Pero el legado en términos de la calidad del trabajo es la principal asignatura pendiente. Me refiero a fenómenos como la flexibilización y la precarización laboral, la tercerización y las subcontrataciones y los altos porcentajes de trabajo en negro, aun después de un proceso de reducción. Creo que se trata, en la etapa actual, de reformular legados de largo plazo y de mucho impacto, y que, lejos de estar presentes sólo en nuestro país, afectaron a la clase trabajadora a nivel global y regional. Entonces, una vez recuperados los niveles de empleo y la capacidad de negociación, la gran lucha es avanzar sobre la calidad del trabajo. Pero implica un enorme desafío, porque representa ir al corazón de muchas de las reformas neoliberales que transformaron la situación de la clase trabajadora en la Argentina.
Fuente: http://www.revistadebate.com.