Javier Milei anunció la reducción de las retenciones a los grandes productores y exportadores en La Rural, al mismo tiempo que ratificó el veto a los recursos para jubilaciones y discapacidad. Los grandes del campo saludan la medida para dicen que es insuficiente y quieren la eliminación lisa y llana. La discusión no es solo fiscal y se orienta en un debate más profundo sobre beneficiarios y perjudicados de las políticas públicas.
No hubo sorpresas en los anuncios presidenciales en la exposición de La Sociedad Rural, efectivizados como reducción permanente en las retenciones, en distintos niveles para distintos rubros. Los terratenientes, los principales dueños del campo, los grandes productores y exportadores, los recibieron con aplausos, con beneplácito, pero pidieron más. Demandan la eliminación total de las retenciones. Pretenden precio limpio de retenciones y no contribuir con sus aportes al financiamiento público y así disminuir el costo fiscal para acrecentar la rentabilidad de sus inversiones.
Está claro que al poder económico no le alcanza la disminución de las retenciones. Quieren la eliminación de las mismas para tener libre disponibilidad de los recursos derivados de la producción y exportación de los distintos productos del campo, especialmente la soja.
La crítica opositora fue unánime: “no hay plata para los pueblos, para los que demandan los jubilados o los familiares por discapacidad”, en alusión a los vetos anunciados a la legislación reciente que actualiza jubilaciones y retoma presupuesto para las discapacidades.
Cae de maduro que hay recursos públicos para los poderosos y no para los sectores más perjudicados, más vulnerables de la sociedad argentina. Acontece igual con la suba de intereses que favorece a banqueros y especuladores, vía endeudamiento y utilización de fondos públicos por intermedio de la renta del dinero. La discusión es por el financiamiento del Estado y el destino de los recursos públicos.
La réplica del gobierno a los argumentos de la crítica fue que las bajas de las retenciones suponen aumento de la recaudación porque los beneficiados del campo orientaran esos recursos a la inversión productiva y con eso se reactiva la economía. Si así fuera, ¿por qué no lo hicieron desde antes? O, directamente, ¿por qué no eliminan ya las retenciones que es la demanda de los poderosos del campo, los grandes productores y exportadores?
En rigor, es una cuestión de poder, de la presión de los poderosos del sector del agro negocio de exportación en el país. Por otra parte, no se puede asegurar que la mayor rentabilidad tenga destino en la inversión, cuando lo más probable es que se oriente en gasto suntuario, incluido turismo al exterior, o a fuga de capitales, tal como ocurre regularmente con clases dominantes que acumulan más en el mercado mundial que en el local.
Del otro lado se les contesta que, si se aumentan las jubilaciones, como por ejemplo acaba de anunciar el propio gobernador de la Provincia de Córdoba para las jubilaciones provinciales, que lleva la mínima a 800.000 pesos mensuales, financiado con devoluciones por deuda a la provincia por parte de ANSES. Córdoba estaría mostrando que se puede aumentar la mínima a más del doble de la mínima nacional.
El razonamiento es que, si se aumentan las jubilaciones, si hay recursos para familias de discapacitados, subsidios en ese sentido, habrá crecimiento del consumo y de la recaudación por IVA, que es la principal fuente de ingreso tributario en el país.
Beneficiarios y perjudicados de la política pública
Los argumentos del oficialismo y de la oposición se concentran en la reactivación de la economía, unos bajando cargas fiscales a los propietarios y otros asignando recursos a sectores vulnerables de bajos ingresos.
Pueden coincidirse con esos postulados según sea la concepción que se sustente, que en el fondo supone discutir el sentido de la política pública, el para qué del Estado, la política económica, en tanto curso deliberado de acción de un gobierno: ¿a favor de quién?
El gobierno de la ultra derecha y sus cómplices institucionales promueve una política que favorece la rentabilidad del capital. Se trata de una política de distribución del ingreso a favor de la apropiación de ganancia y la acumulación capitalista; por lo tanto disminuyendo las fuentes de ingresos populares.
La condición de posibilidad es el consenso electoral logrado, que se pretende consolidar en las elecciones de septiembre en la Provincia de Buenos Aires y en las legislativas de medio tiempo en octubre, anticipado el debate presidencial del 2027.
El gobierno privilegia en la disputa del consenso su política para eliminar el déficit fiscal como principal acción para disminuir la inflación, que sigue figurando al tope de la demanda social.
Curiosamente, la baja de las retenciones disminuye ingresos por lo que es previsible, más allá del discurso de la reactivación esperada, que se exacerbe el ajuste sobre otros sectores. Por eso el veto a las actualizaciones de las jubilaciones y a la satisfacción de otros derechos, caso de la discapacidad.
La realidad es que con estas acciones se favorece a los poderosos, a la concentración de ingresos y de riqueza, a la recuperación de la rentabilidad en desmedro de la mayoría empobrecida de la sociedad.
Es una conclusión que no necesariamente interviene en las opciones electorales que se presentan en la Argentina, lo que explica el crecimiento del ausentismo, la falta de entusiasmo con buena parte de la sociedad que no tiene expectativas en la política realmente existente, ni en el oficialismo ni en los principales candidatos de la oposición visible.
De ahí las expectativas por la emergencia de nuevas opciones, críticas a lo que hay y a lo que había, en una perspectiva de búsqueda de rumbos políticos alternativos favorables a un nuevo orden económico social que resuelva las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador.
La pretensión es otro rumbo económico para resolver las necesidades de la mayoría de la población y desandar el camino de políticas orientadas a una mayor concentración y extranjerización de la economía.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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