Se ha dicho que el gobierno que encabezaría Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería, ideológicamente, un gobierno de centro-izquierda. Él mismo ha manifestado en reiteradas ocasiones que el movimiento que encabeza constituye la cuarta transformación nacional a través de la cual se construiría la Cuarta República o Estado, cuya definición se irá configurando durante los […]
Se ha dicho que el gobierno que encabezaría Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería, ideológicamente, un gobierno de centro-izquierda. Él mismo ha manifestado en reiteradas ocasiones que el movimiento que encabeza constituye la cuarta transformación nacional a través de la cual se construiría la Cuarta República o Estado, cuya definición se irá configurando durante los próximos seis meses. Aunque, con la crisis teórica-política estatal acontecida con la caída de la paradigmática Unión de Repúblicas Socialistas (URSS) en los años ochenta, resulta previsible que el Estado en construcción será de corte liberal, reduciéndose el debate más bien en el carácter multicultural o plurinacional de la próxima República.
En lo personal, opino que el Estado en construcción debe ser, en cuanto a su composición plurinacional, en cuanto a sus principios, instituciones y políticas públicas debe ser intercultural, en el entendido de que distintos conceptos afines al multiculturalismo, tales como el de «tolerancia», «discriminación», acciones y políticas públicas han sido más próximos y funcionales al capitalismo y, perpetuado las condiciones de colonialismo, racismo y explotación en el México indígena actual. En fin, dejo el debate para más adelante, por ahora solo me quiero ocupar de algunas cuestiones prácticas que servirían para manejar una «ruta crítica» de gobierno de AMLO con resultados visibles para los pueblos indígenas durante los primeros años de su gobierno.
En el discurso indígena, sobre todo, han predominado conceptos como el de una «nueva relación» entre el Estado y los pueblos indígenas, o bien la necesidad de volver a reformar el artículo segundo constitucional en el sentido de reconocer como entidades de derecho público a los pueblos indígenas, y otros conceptos devenidos de la intelectualidad indígena y no indígena, de los cuales siempre he tenido la impresión de ser demasiados abstractos, si no es que glorifican el pasado indígena pero desconocen a los indígenas de hoy, o bien reducen la cuestión indígena a contexto culturales, dejando de lado los aspectos epistémicos, políticos, económicos y sociales.
Precisamente, quiero partir de estos últimos, el económico. De acuerdo con el estudio realizado por Marcos Matías Alonso, profesor investigador del CIESAS, el presupuesto de egresos total para pueblos indígenas 2017, transversal y el de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), tuvo una disminución real del 12.86% en relación con el presupuesto fiscal de 2016. En el caso de la CDI, la reducción fue del 51.21%, siendo de los más afectados dentro de este rubro los recursos destinados a obras de infraestructura con el 70.17% y proyectos de producción con el 50.87%, equivalentes al presupuesto de la CDI, a una reducción de 5.5 de 11.5 mil millones de pesos con relación al ejercicio presupuestal de 2016.
Asimismo, si bien la asignación presupuestal de la última década ha crecido en un poco más del 120%, no así el presupuesto asignado a la entidad no sectorizado (CDI), quien como vimos, tuvo un significativo retroceso en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto. En efecto, en el paquete económico de 2008, la asignación presupuestal transversal indígena, es decir, el presupuesto asignado a distintas secretarías del Estado como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) era de 31 mil millones, en tanto que a la CDI se le había asignado 7 mil millones de pesos. Hoy día, si bien el presupuesto transversal llega a los 78 mil millones de pesos, el de la CDI se redujo a 6 mil millones de pesos. Como puede observarse, en 2008 el presupuesto recibido por la entidad no sectorizada (CDI) con relación a ejercicio transversal era un poco más de una cuarta parte. Así, de cara a la Nueva República, a la conformación del Estado Plurinacional, el gobierno de AMLO y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) el cual tendrá la mayoría en el Congreso de la Unión, deberán proponer y aprobar un presupuesto mayor a los 20 mil millones de pesos para la CDI, considerando que el presupuesto transversal será superior a los 80 mil millones de pesos en el próximo PE2019. Esta sería la «ruta crítica» de gobierno de AMLO en el primer año, por tanto, será una medida temporal, en lo que se resuelve si la CDI se mantiene como una dependencia no sectorizada o se erige como una Secretaría de Estado y se redefinen criterios demográficos, programas y acciones orientadas a los pueblos indígenas, que constituyen, por cierto, el 21% de la población total y se corresponden con las poblaciones con el más alto índice de pobreza en nuestro país.
Solo con este incremento en el presupuesto de egresos 2019, se podrán hacer visibles y medibles en el corto plazo, obras de infraestructuras de impacto como carreteras y caminos, centros de salud, proyectos de producción y vivienda que nos permitan pensar que hemos iniciado con la cuarta transformación y la fundación de la Cuarta República o Estado Plurinacional.
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