En junio sigue la lucha por salarios, jubilaciones y demás ingresos de los trabajadores, contra la política de superexplotación, hambre, endeudamiento, entrega y represión del gobierno macrista. El mes de junio se anuncia tensado por las discusiones de paritarias en importantes gremios. Las patronales y el gobierno pretenden que no superen el 22% de […]
En junio sigue la lucha por salarios, jubilaciones y demás ingresos de los trabajadores, contra la política de superexplotación, hambre, endeudamiento, entrega y represión del gobierno macrista.
El mes de junio se anuncia tensado por las discusiones de paritarias en importantes gremios. Las patronales y el gobierno pretenden que no superen el 22% de aumento en los salarios, con cláusulas de presentismo y productividad y la zanahoria de las «cláusulas gatillo» si la inflación se dispara por sobre lo pactado.
Los funcionarios argumentan que con ese aumento se recuperaría el salario real de los trabajadores, pues siguen sosteniendo que la inflación este año será de 17%. Al mismo tiempo se mantiene el impuesto a las Ganancias -cuando el salario no es ganancia-, que encima se acrecienta con los aumentos de paritarias.
El gobierno macrista viene imponiendo que las paritarias no se discutan sobre la base de la pérdida de los salarios reales en 2016, sino que los trabajadores acepten que se mantenga en el tiempo lo que ya se les robó con la inflación. De esta manera, el gobierno y las patronales buscan que se consolide la distribución del ingreso principalmente a favor de la renta terrateniente y de los superbeneficios de los grandes bancos y monopolios imperialistas que, con su política de mayor explotación de los trabajadores, «lograron» en 2016.
Esto es lo que ya «arreglaron» con jerarcas sindicales como Martínez (Construcción) y Cavalieri (Comercio), incluso en algunos casos pagando el aumento en tramos. En tanto los precios sigan corriendo, esto hace que se pierda lo que se sacó con la inflación producida en el medio. Lo mismo sucede con las cláusulas de ajuste que, al referirse a la inflación futura van siempre detrás de ella. Las contadas excepciones fueron Bancarios que, con la lucha, obtuvieron la homologación del Ministerio de Trabajo de una compensación por 2016, que elevó el aumento al 24,3%, y Aceiteros que acaba de acordar un 31,6%, pero que el gobierno se resiste a homologar.
Actualmente están en curso las discusiones paritarias en Metalúrgicos y Alimentación, ambas en conciliación obligatoria que vencen en estos días. Los Metalúrgicos piden un 27% y las patronales ofrecen 22%.
Mayor es la diferencia en Alimentación, donde el gremio pide 30% y en fábricas como Mondelez Pacheco los obreros un 40%, mientras las patronales ofrecen apenas 17%. Otras paritarias importantes son Químicos -donde la Federación enrolada en la CGT reclama 32% y el sector aliado del gobierno sólo el 22%- y Camioneros que reclama entre 30 y 34%.
Así sigue la lucha entre la necesidad de los trabajadores de recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016 que, en este caso de los trabajadores privados en convenios (unas 8 millones de personas) resulta en promedio un 8%, y la política de ingresos del gobierno de mantener la reducción del poder adquisitivo, con cláusulas de presentismo y productividad para asegurar una mayor explotación de los trabajadores.
En una situación mucho peor quedan los trabajadores no registrados («en negro»), que constituyen un 35% de la fuerza laboral (unas 4,5 millones de personas). Pues además de ser en su mayoría trabajos temporarios y precarios, sus salarios se rigen por el salario mínimo. Este salario mínimo aumentó apenas un 25% en el 2016, pasando de $6.060 a $7.560, con lo que podemos decir que los salarios de este sector perdieron un 16% en el año. Este año el salario mínimo fue «elevado» a $8.060, apenas un 7% de aumento. Sólo con el 9,5% de inflación del primer cuatrimestre de 2017 los trabajadores no registrados están perdiendo más que antes.
Un deterioro semejante sufren los trabajadores de las administraciones provinciales y municipales (unas 2,8 millones de personas), para cuyos salarios en general también es pauta el salario mínimo. En el caso de los docentes que por ley tendrían que tener una paritaria nacional, el gobierno macrista no sólo se las negó, sino que apela a sus alfiles en las provincias, como Vidal en la de Buenos Aires, para sostener su pauta del 18%. En cuanto a la pérdida de los trabajadores estatales nacionales (unas 700 mil personas), la Junta Interna de ATE en el Indec, el 16 de mayo de 2017, dio a conocer un ejercicio en el que concluye que «el poder adquisitivo del salario de abril de 2017 resulta un 15,1% inferior al de noviembre de 2015».
No muy distinta es la situación de deterioro de los ingresos de la gran mayoría de los más de 7,2 millones de jubilados y pensionados -a los que no alcanzó siquiera el retaceado aumento de la pregonada «Reparación Histórica» -, cuya «actualización» en promedio no llegó al 32%, 9% por debajo de la inflación del 41%, como sucede también con la Asignación Universal por Hijo o los distintos planes de empleo.
Todo esto es lo que explica que el consumo haya caído en 2016 mucho más que la caída del salario real en los sectores privados con convenios, y que siga cayendo en 2017. En el caso de alimentos y otros bienes básicos que las familias trabajadoras no pueden dejar de comprar -encima con los aumentos de tarifas y teniendo que pagar con el recargo del 21% del IVA incluso en los mismos-, las ventas vienen cayendo en términos reales en más de un 10%.
El ministro Nicolás Dujovne miente cuando, con su mejor sonrisa, dice descaradamente que los salarios, «en 2017 van a ganarle a la inflación, pero depende mucho de algunos acuerdos que todavía se están cerrando y de cómo cierre la inflación a fin de año. Los acuerdos paritarios en general tienen cláusula gatillo y algunos se han cerrado más cerca del 20%. Y como la inflación seguramente va a estar por debajo (¿?), vamos a tener un aumento del salario real durante este año» (Clarín, 14/5/2017).
Para recuperar el salario real, aunque sea a los ya bajos niveles de 2015, es preciso exigir que los aumentos salariales de paritarias sean por lo menos de un 30%, por supuesto que tomando también el recaudo de una actualización trimestral automática si el índice de inflación supera el techo del 17% anual pautado por el gobierno, lo que ni los enamorados de su política creen que se pueda lograr. La lucha de las paritarias no sólo es económica sino principalmente política, y exige unificar las luchas en un paro nacional activo de 36 horas a la vez que empujar frentes electorales que enfrenten el ajuste sin volver atrás, ya que el robo a los salarios es parte de la política del gobierno, de mayor superexplotación de los trabajadores, hambre del pueblo, endeudamiento y entrega nacional, para mayor beneficio de los grandes terratenientes, usureros y monopolios imperialistas.