Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos del 2012 se encuentra la cuestión salarial y la petrolera. En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por […]
Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos del 2012 se encuentra la cuestión salarial y la petrolera.
En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por el conflicto que puede resultar de la puja distributiva.
La cuestión petrolera se agudizó con la verificación del volumen de importaciones por energía (gas natural y licuado, gas oil, fuel oil y electricidad) del 2011 por 9.397 millones de dólares, equivalente en valores al monto del superávit comercial, que alcanzó el año pasado a 10.347 millones de dólares.
En ambos casos preocupa la evolución de las variables en consideración, sea por el conflicto social, los impactos en la macroeconomía, o por el sustento de provisión energética para el presente y futuro mediato.
Salarios, ingresos populares e inflación
Todos los pronósticos auguran un menor crecimiento económico para el 2012. Existen expectativas de menores compras desde el exterior, por compradores en recesión, o en desaceleración económica; por lo que preocupan las tendencias del consumo y la inversión, principalmente de quienes actúan en el mercado interno.
La política económica del gobierno pretende mantener los niveles de consumo privado logrados en estos años, afectados ahora por disminución de subsidios y un recurrente encarecimiento de precios, más allá de los indicadores oficiales de inflación.
Ello explica el nuevo intento de la Secretaría de Comercio por lograr reducciones de precios de algunos productos de consumo masivo, intentando promediar subas y bajas para mantener el nivel de actividad económica y el consumo.
En el mismo sentido apunta la intención de sustituir importaciones para la industria con producción local, lo que supone influir al mundo empresario para cambiar proveedores, sea por propia convicción o estableciendo restricciones a las compras al exterior. Todo indica que se terminan imponiendo las restricciones, más que el convencimiento de encarar una nueva sustitución de importaciones, y contrario a lo pensado, ante las restricciones al ingreso de algunos productos, la respuesta empresarial transita el aumento de precios, convalidados por un consumo de sectores de ingresos medios y altos no sujetos a presiones por el alza que supone atender su canasta de bienes y servicios.
Vale interrogarse si es posible reanudar la «industrialización sustitutiva de importaciones» en momentos de hegemonía capitalista de las empresas transnacionales. No se le puede hablar al poder económico con argumentos sentimentales, pues solo responden a la lógica de las ganancias, de la acumulación y de la dominación.
Se intenta bajar algunos precios, o por lo menos congelarlos en el corto plazo; al tiempo que se pretende estimular la producción local para un modelo de producción dominado por transnacionales, cuya lógica de obtención de ganancias y de inversiones se definen en el marco de la crisis mundial, especialmente grave en los países sede de esas firmas y por lo tanto, demandante de recursos para sortear los problemas.
En este marco vale considerar a los salarios y las condiciones de trabajo como un costo de producción, con unos precios que los trabajadores pretenden acrecentar y los patronos reducir. Aunque el gobierno pretende arbitrar con equidistancia, vale confirmar que sus objetivos explícitos apuntan a la reducción de los precios; y el salario es un precio, el de la fuerza de trabajo. Ese precio involucra el sueldo mensual y todos los complementos, sean las asignaciones familiares o la ayuda escolar que fueron perdiendo su carácter universal para ser restringidas desde un tope, no corregido en los últimos años y por lo tanto, en forma creciente una cantidad importante de trabajadores fue resignando ese beneficio.
Algo similar ocurre con las retenciones del impuesto a las ganancias a quienes perciben salario en situación regular. A medida que se incrementan los ingresos, crecientes masas de trabajadores se convierten en contribuyentes, sujetos de tributación.
Las limitaciones de la salud pública y de las propias obras sociales, especialmente en prestaciones de alta complejidad, obliga a los trabajadores y sus familias a destinar sumas importantes con ese fin, detrayendo capacidad de compra para otros consumos.
Modelos sindicales en disputa
Un elemento sustancial en la defensa del precio de la fuerza de trabajo es la organización sindical y de lucha, deteriorada recurrentemente bajo el terrorismo de estado primero y por la ofensiva contra el derecho protectorio del trabajo bajo gobiernos constitucionales.
El poder de los trabajadores fue atacado por el terror directo ejercido sobre los cuerpos y las mentes. Sobre esa base operó el terror a la hiperinflación y al desempleo o la precariedad. El modelo sindical de negociación opera sobre esas condiciones estructurales, determinadas por la impunidad empresaria y la dominación.
La subordinación de buena parte del movimiento sindical al proyecto político hegemónico contribuyó en estos años a limitar la protesta, aunque la coyuntura política de enfrentamiento del titular de la CGT con el gobierno alienta la potencialidad de una mayor conflictividad en unidad de acción con la CTA, más allá de modelos sindicales diferenciados.
En sentido general, la lucha de clases se manifiesta en materia económica en la disputa por la apropiación de la renta nacional. Los capitales más concentrados tienen en los mecanismos del mercado, especialmente en la suba de precios, la capacidad de apropiarse de una cuota mayor de esa riqueza social. Así, la inflación es un fenómeno redistributivo de la riqueza, a favor de aquellos que tienen condiciones para imponer los precios.
La inflación es un dato de la realidad y los trabajadores sufren el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos laborales. Ni hablar de aquellos que reciben «planes» a valores congelados y fuertemente afectados por el crecimiento de los precios de una canasta familiar crecientemente de subsistencia.
Un dato novedoso de la coyuntura es la tendencia creciente al reclamo y la protesta del movimiento de trabajadores, haciendo más complejo el escenario político y económico, pues ya no está sola la impunidad patronal y el rumbo unilateral de aliento a las ganancias empresarias. La constitución de subjetividad entre los trabajadores habilita el debate sobre modelo sindical y proyecto productivo y de desarrollo.
El petróleo y el debate por la soberanía
La cuestión es historia antigua y se remonta al fenómeno de la privatización petrolera, hace ya 20 años, cuando Menem y Cavallo iniciaron el proceso de entrega de la empresa pública nº1 de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que solo quedó la sigla de fantasía YPF bajo la propiedad de la española REPSOL y últimamente incorporado a la propiedad y gestión el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi.
Entre las primeras medidas luego de las elecciones de renovación presidencial se dispuso la obligatoriedad de liquidar el 100% de las ventas al exterior a empresas mineras y petroleras. Se argumentó la necesidad de ingresar divisas al país ante las limitaciones estructurales que se presentaban para sostener el equilibrio de la macroeconomía con superávit comercial y fiscal.
Se agudizó el conflicto con las petroleras en enero con la denuncia gubernamental por sobreprecios en la venta de gasoil al por mayor, lo que obligó a una disminución de precios de venta. Ahora se adiciona la quita de subsidios por 2.000 millones de pesos por los programas Refino Plus y Petróleo Plus, con el argumento de objetivos de inversión cumplidos. Está claro que mejora la ecuación fiscal y afecta ingresos de las petroleras, principalmente YPF.
La amenaza de la estatización apareció en escena con el objeto de presionar a la mayor petrolera a reinvertir sus excedentes y cooperar en resolver el déficit energético, agudizado por las condiciones de cambio climático que provoca el mayor uso de la capacidad instalada. La importación energética es ya una constante y de difícil solución en el corto plazo si no se modifica el modelo energético en curso desde la privatización petrolera, sellada con la reforma constitucional de 1994 con la provincialización de los recursos naturales.
El petróleo es insumo estratégico de la producción contemporánea y es parte de la crisis capitalista en curso. La crisis energética y medio ambiental son parte de la misma crisis mundial del capitalismo y convoca a discutir si el camino de soluciones debe transitar la profundización del modelo energético propiciado desde la privatización, o si se debe pensar en términos alternativos.
Ello supone ir más allá de la cuestión petrolera y energética, pues lo que se discutiría es el modelo productivo del cual el petróleo es insumo estratégico. Significa debatir en términos de soberanía energética, otro modelo productivo y otra integración, asentada en la articulación productiva regional para satisfacer necesidades populares y no una lógica de ganancias sustentadas por las transnacionales.
Ir más allá de la coyuntura
En rigor, la discusión salarial y petrolera pone de relieve la necesidad de analizar el trasfondo estructural del crecimiento económico de estos años, y más aún, la estructura económica social derivada de ello.
Es una cuestión que supone discutir beneficiarios y perjudicados del orden económico contemporáneo, exacerbado con la crisis en curso. Se trata de responder a la crisis capitalista desde otro orden social posible, eje de la argumentación emancipadora contemporánea.
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