Desde el año 2016, un colectivo de trabajadores/as, estudiantes y usuarios/as de salud mental cercanos al Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba conformamos un grupo al que llamamos “La salud mental contra el terrorismo de Estado”. El objetivo fue conmemorar cada 24 de marzo el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Desde entonces, hemos llevado adelante diversas iniciativas: la inauguración del Paseo de los/as trabajadores de la salud mental, marcas de la memoria y actividades de visibilización de los equipos de salud mental que acompañaron a las víctimas y a los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Frente a los gobiernos dictatoriales, la salud mental ha tomado distintas posiciones. De un lado, están las concepciones que han servido de sustento ideológico para justificar decisiones de poderes crueles y autoritarios. Una versión más atenuada la encontramos en aquellas posiciones que han defendido privilegios corporativos. Son aquellos que sostuvieron el manicomio (o su eufemismo, centros especializados) como dispositivos de tortura y terror. Los/as que expresaron estas posturas las sustentaron desde posiciones más o menos cercanas al poder y al conocimiento científico. Entendieron que los sujetos como objeto de sus prácticas y que su conocimiento y especialización le arrogaban prerrogativas sobre cómo abordarlos.
La contradicción entre la ciencia y los derechos humanos, delimitando un “territorio” de atención al padecimiento mental donde los derechos y garantías de las personas quedan en suspenso, se utilizó para deslegitimar formas de vida diversas.
Del otro lado, están aquellos/as que creen que suprimir derechos, aislar, disciplinar y “normalizar” la vida cotidiana nada tiene que ver con prácticas de cuidado del otro/a. Para estos, la atención es hacia y con sujetos de derecho que deben ser atendidos bajo condiciones libertad y respeto de sus derechos.
Nos interesa en este escrito describir algunas de las experiencias que se afirman sobre estas dos visiones contrarias de la salud mental. Las más oscuras, la psiquiatría de la dictadura franquista y del nazismo, claramente del lado de los victimarios, y esas otras, las imprescindibles, las que acompañaron a las víctimas del terrorismo de Estado.
Del lado de los victimarios
Hadamar, el manicomio del exterminio nazi
Hadamar era un manicomio ubicado en el Estado de Hessen (Alemania). Allí, el nazismo ejecutó su concepción de la eutanasia. Tenía la misión de exterminar a los enfermos mentales siguiendo el criterio de los médicos nazis. Se calcula que alrededor de 300.000 personas ingresadas en manicomios fueron asesinadas. Estos métodos de matanza fueron aplicados después en el Holocausto judío. Las cámaras de gas y los hornos crematorios fueron diseñadas para matar a las personas con padecimiento psíquico, indefensas y necesitadas primero. Muchos historiadores consideran que Hadamar fue la antesala de Auschwitz.
Los enfermos llegaban desde otros hospitales psiquiátricos, en vagones de ganado como animales. No sabían cuál era su destino y los conducían al sótano dentro del manicomio sin darles agua ni comida. Allí, habían habilitado unas habitaciones con tubos por donde ingresaba el gas. Los enfermeros los obligaban a desnudarse.
Su exterminio formó parte de la política de purificación racial que comenzó en 1933 con la ley de esterilización forzosa. Hadamar simboliza la utilización criminal de la medicina para llevar adelante la “solución final” para los catalogados como enfermos mentales. Existen pocos relatos o testimonios de estas víctimas. Gran parte de la corporación médica guardó silencio.
Vallejo Nájera, la psiquiatría franquista
Antonio Vallejo Nájera fue una de las figuras clave de la represión franquista en la posguerra porque la revistió de un carácter “científico. Fue jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército de Franco y referente de la psiquiatría durante la dictadura. Realizó estudios sobre el psiquismo y el fanatismo marxista, y sobre mujeres prisioneras de guerra llegando a la conclusión de que el marxismo español se nutre de las personas menos inteligentes de la sociedad. De esta manera, con un discurso pseudocientífico, patologizó las ideas de izquierda, llegando incluso a sostener la idea de un “gen rojo”.
En el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, fue donde se realizaron la mayoría de las investigaciones dirigidas por Vallejo-Nájera (conocido como el Mengele español) a través del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra. Vallejo Nájera intentó “regenerar” a los marxistas, así como también se propuso “recuperar” a los homosexuales, entendiendo que la homosexualidad era una simple enfermedad para la que existían curas eficaces, desde la hipnosis hasta los electroshocks.
Su pensamiento fue racista y patriarcal, fomentando la idea de la superioridad de la hispanidad y de la inferioridad de las mujeres. Sostuvo una inquisición moderna contra los que consideraba que corrompían la raza española. Sus ideas justificaron el secuestro de niños/as republicanos/as. La “higienización” de España consistía en defender la salud nacional imbuida de valores castrenses y patrióticos. Si bien las ideas de Vallejo Nájera han sido desechadas, numerosas generaciones han sido formadas en su ideario.
Del lado de las víctimas
Un importante colectivo de trabajadores/as de la salud mental asumió durante la dictadura, y luego también en democracia, una actitud solidaria muy activa con el conjunto de los/as afectados/as por la represión, llevada adelante en el marco del terrorismo de Estado. Los equipos de asistencia a las víctimas que apoyaron el trabajo de los organismos de Derechos Humanos; los numerosos aportes realizados para conceptualizar y poner en palabras “lo indecible”, sobre todo, en torno a lo siniestro y a la figura del desaparecido; el aporte disciplinario específico para acompañar las políticas de reparación y el enorme esfuerzo de los equipos de acompañamiento a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad son y, deben seguir siendo, una referencia fundamental en nuestro campo.
Durante la dictadura, fueron vaciados los espacios de atención del sufrimiento psíquico y muchísimos trabajadores de la salud mental fueron obligados a abandonar los hospitales, los servicios hospitalarios o las universidades por las persecuciones, expulsiones, secuestros y asesinatos. A pesar de estas duras condiciones, algunos profesionales de la salud mental buscaron dar respuesta al daño sufrido por los sujetos afectados y, para ello, generaron un ámbito para prácticas y reflexiones que dio lugar al encuentro entre la salud mental y los derechos humanos. Se trabajó, se debatió y se produjo conocimiento sobre los efectos psicosociales del terror, sobre las consecuencias del trauma político, sobre las graves secuelas generadas en los vínculos comunitarios.
Esta práctica clínica, asistencial, política y de acompañamiento, en algunos momentos, se realizó bajos los efectos de la persecución de aquellas mismas situaciones que intentaban resolver, en otros, bajo el clima social de impotencia que produjeron las políticas de impunidad bajos las leyes y los indultos, y más recientemente, amparados por los sentidos de Memoria, Verdad y Justicia que abrieron los juicios y condenas a los imputados por delitos de lesa humanidad.
La lógica represiva logró imprimir sus rasgos en la sociedad y, sobre todo, en las fuerzas de seguridad. Cuando la sociedad tolera, justifica y naturaliza situaciones de violencia institucional, como hizo con el terrorismo de Estado, se expresan allí los daños en la subjetividad social que permearon a toda la población. El terror apela a destruir los lazos sociales y la solidaridad. Es por esto que los equipos de salud mental ligados a la lucha por los derechos humanos tomaron también la responsabilidad de asistir y acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos en contextos democráticos.
Estos trabajadores de la salud mental se organizaron en torno a los Organismos de Derechos Humanos, formando parte de sus “equipos psicoasistenciales”, organizados a partir de 1981.
Es preciso sostener el derecho a elaborar esa memoria “del horror”, como menciona Ulloa. Recuperar estas iniciativas, darlas a conocer y difundirlas intenta propiciar la reflexión sobre las consecuencias tanto en los/as afectados/as directos como en la sociedad hasta hoy y permitir una transmisión generacional necesaria para sostener la memoria y generar el debate.
Sin libertad, no hay salud mental
Conmemorar el 24 de marzo desde la salud mental es seguir sosteniendo y luchando por la idea de que autoritarismo y salud mental son incompatibles. Salud mental e ideologías totalitarias son una contradicción porque no hay salud mental sin libertad. La salud mental apoya toda resistencia a formas de captura y desaparición. Acompaña el derecho a ser cuidados/as y a la construcción de la mejor vida posible, con otras vidas, sin encierro ni exclusión.
Nos queda, como colectivo, la gran tarea de construir y disputar un campo donde nadie puede decidir sobre la vida de los/as otros/as utilizando un conocimiento “científico”. Una salud mental inclusiva, con plena vigencia de derechos implica oponerse a esta y a toda violencia institucional que tiene como propósito la destitución de la subjetividad.
Jaschele Burijovich. Miembro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y del Colectivo “La salud mental contra el terrorismo de Estado”.
Fuente: https://latinta.com.ar/2020/02/salud-mental-del-lado-de-las-victimas-o-de-los-victimarios/