A pesar de la derrota electoral aplastante en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei ratifica el rumbo y endurece con los vetos a los proyectos “que afecten su objetivo de déficit cero”. Ayer vetó un Proyecto de ley ampliamente aprobado dos veces en el Congreso para financiar las universidades. El Frente Sindical Universitario, junto a las y los estudiantes y el conjunto de la comunidad universitaria llevarán adelante una tercera Marcha Federal Universitaria y realizarán un paro este viernes por 24 horas.
Milei vetó el Proyecto de ley de financiamiento universitario. Este había sido aprobado en el Congreso, aunque el oficialismo intentó evitar su tratamiento, la iniciativa obtuvo un amplio respaldo, incluso de sectores aliados.
La respuesta desde el Ejecutivo fue tajante: vetar. Lo mismo ocurrirá con otras dos iniciativas que avanzan en el Parlamento: el financiamiento al Hospital Garrahan y los Aportes del Tesoro Nacional, dejando en evidencia que el llamado al “diálogo” político es ficticio, sin margen real para modificar la línea fiscal impuesta por el gobierno.
El presidente Milei y su entorno más cercano aseguran que “no negociarán con una pistola en la cabeza”. La frase, lanzada como justificación del veto, revela el núcleo ideológico que sostiene al gobierno: no hay espacio para políticas que contradigan su plan económico, aún si cuentan con amplio respaldo político y social. Pero esta testarudez fiscal aparece cada vez más como un peligro a su gobernabilidad cuando las internas en el gobierno florecen y los mercados comienzan a bajarse del proyecto libertario. Es un escenario adverso, la dura derrota en las elecciones bonaerenses, perdió aliados parlamentarios clave, y ya no logra imponer su agenda con la frescura de los primeros meses.
La amenaza del veto múltiple, a tres proyectos con alto conflicto social y político, confirma que el Ejecutivo no está dispuesto a abrir instancias de diálogo reales. Hoy, en una maniobra, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó sin éxito postergar el tratamiento del financiamiento universitario, lo que demuestra que ni siquiera el oficialismo logra ya controlar los tiempos del Congreso.
En este contexto, el sector educativo ya reaccionó. El Frente Sindical Universitario, junto a las y los estudiantes y el conjunto de la comunidad universitaria llevarán adelante una tercera Marcha Federal Universitaria a realizarse el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso, para defender la Ley.
Este miércoles se realizó en la Plaza de Mayo una jornada de clases públicas impulsada por AGD-UBA, ante la amenaza del inminente dictado de la medida. “Al gobierno le decimos: si hay veto, habrá paro y movilización”, advirtieron.
“Lamentablemente, el gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública. Luego del apoyo multitudinario a las dos marchas federales y a pesar de los recientes resultados electorales adversos, en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno Nacional sufrió una derrota contundente, Milei no rectifica su rumbo”, plantearon desde la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), una de las organizaciones que integra el Frente Sindical Universitario.
El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, expresó que “hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la Universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”
Además, alertó sobre la situación salarial actual: “lo que vemos es alarmante: el año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”.
Y anunció la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria: “haremos una movilización nacional cuando se trate el rechazo al veto en el Congreso, para pedirle a los diputados y las diputadas que insistan con la Ley”.
“Desde la FEDUN reiteramos que es fundamental que los diputados y las diputadas sí escuchen al pueblo que representan, rechacen el veto e insistan con la aprobación de la Ley”, plantearon desde la organización gremial, y agregaron: “La educación universitaria es un derecho humano fundamental y pilar estructural del desarrollo de nuestra Patria. Seguiremos luchando en unidad, defendiendo la Universidad Pública, gratuita, de calidad y al servicio de los pueblos.
Clases públicas en Plaza de Mayo por financiamiento universitario
El miércoles 10 de septiembre gremios docentes, Centros de estudiantes y organizaciones convocaron a una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo exigiendo la plena vigencia e implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de los salarios, ante el anunciado veto de Milei. De 9:30 a 18:30 hubo más de 40 clases públicas.
Será en el marco de la semana de lucha por el salario convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). También convoca a clases públicas el gremio Feduba y Centros de Estudiantes, así como organizaciones estudiantiles, docentes y no docentes de la UBA.
Del 8 al 13 de septiembre AGD impulsa la semana de lucha con paro activo, clases públicas, actividades de visibilización, asambleas inter gremiales e inter claustro. Estas acciones incluyen la jornada del miércoles 10/9, de 9:30 a 18:30 con clases públicas en Plaza de Mayo y «una movilización el viernes 12 con lxs trabajadorxs del Garrahan, organizaciones de jubiladxs en lucha y piqueteras, Comisiones internas y sindicatos combativos de Congreso a Plaza de Mayo».
En el marco de un plan de lucha desde el inicio del segundo cuatrimestre, bajo el lema «Los salarios, las becas y el boleto educativo no pueden esperar», se vienen desarrollando paros docentes y distintas actividades en reclamo de recomposición salarial e incremento presupuestario. Los docentes y no docentes requieren un incremento de casi 50% para recuperar el poder de compra desde el 2023.
En varias facultades continúan desde la semana pasada distintas actividades organizadas por los docentes y estudiantes, con clases públicas como en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras y CBC, jornadas de visibilización en rechazo al nuevo veto anunciado por Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, al igual que a la Ley de Emergencia Pediátrica. El gobierno ya sufrió un traspié en su intento por vetar la Ley de emergencia en discapacidad y casi sufre otra derrota con la Ley de Incremento de las Jubilaciones por sólo dos votos.
Asimismo, el gremio AGD-UBA deliberó en asamblea que frente al anuncio del veto a la Ley de Financiamiento, de inmediato, al día siguiente que se concrete se convocará a paro con cortes, ruidazos, etc. Y el día que se debata en el Parlamento un paro con movilización al Congreso, por una tercera marcha federal universitaria.
Actividades previstas para el miércoles 10/9 en Plaza de Mayo
La AGD-UBA anunció que están organizadas clases públicas de 9:30 a 18:30 de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras. Entre algunas de las actividades previstas se destacan:
11:00: Charla sobre jubilaciones con el abogado previsionalista Luciano González Etkin.
13:00: Asamblea abierta convocada por no docentes de la facultad de Ciencias Sociales,
14:00: Clase “Garrahan, Universidad, Ciencia y Tecnología. Su defensa” con dirigentes de la lucha del Garrahan; Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del Conicet; Valeria Edelsztein, investigadora y divulgadora científica; Gonzalo Sanz Cerbino, secretario adjunto de ATE Conicet y Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.
16:00: Reunión abierta convocada por AGD CBC
17:00: Taller de primeros auxilios en contexto de represión. Posta de Salud y Cuidado
También habrá una muestra fotográfica y archivística: «El Maestrazo: genealogía de luchas y resistencias en la huelga docente de 1988». Equipo: Auzmendi Andrea, Mariana Trembinsky, Gastón Muñoz, Marcela Dubini, Abril Orofino y Javier Dietrich. Coordinación: Josefina Ramos Gonzáles.
Por una tercera marcha federal: No al veto
Este mes los docentes comenzaron a cobrar los nuevos ‘aumentos’ unilaterales del gobierno de Milei (que no convocó a paritarias), todos fueron a la baja de la inflación mensual. Así también se depositó esta semana el irrisorio bono que aplica a los meses de junio, julio y agosto. Una miseria, alcanza a $ 6.250 por mes para los cargos simples que tiene el 70% de la docencia, el equivalente a 3 alfajores triples o un kilo de yerba.
La situación salarial es dramática. Un informe de la Asociación Gremial Docente de Económicas de la UBA calcula que para recuperar lo perdido desde 2023 se requiere un 45,8% de aumento, y para volver a los niveles de 2015, un 84,3%.
La caída del salario docente universitario llega al 31,4% desde noviembre de 2023 hasta julio de 2025, y casi la mitad respecto a los valores de hace una década. La asfixia presupuestaria y la falta de paritarias desde hace un año generaron un éxodo de al menos 10.000 docentes en todo el país, afectando la calidad educativa y la investigación pública. Muchos docentes se ven obligados al pluriempleo o a buscar otros horizontes ante la miseria salarial y el desprecio del gobierno, que los acusa de ser responsables del “déficit fiscal”.
La derrota electoral que sufrió el gobierno de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires representa un masivo rechazo a su política de ajustes, reformas reaccionarias y agravios contra toda la población trabajadora: los jubilados, las personas con discapacidad, los profesionales de la salud y la educación. Por eso, «con más fuerza vuelve a ocupar un lugar central el conjunto de las reivindicaciones populares», explica AGD-UBA, señalando que es momento de profundizar la lucha.
Más que nunca, es necesaria una tercera Marcha Federal Universitaria, uniendo el reclamo de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, el movimiento de discapacidad, jubilados y trabajadoras de la salud. Convocan en este sentido a la realización de asambleas inter claustro y clases públicas para preparar la movilización y terminar de torcerle el brazo al gobierno. La exigencia incluye un financiamiento real de la Universidad pública, salario digno, salario para los ad honorem y aumento de las becas estudiantiles.
El Senado aprobó la ley de financiamiento para las universidades
Tras un año de lucha, con paros y movilizaciones en las universidades y en los organismos de Ciencia y Técnica, el Congreso volvió a tratar el financiamiento para las universidades. En una nueva derrota para el gobierno, el Senado volvió a transformar el Proyecto en ley por una cantidad de votos abrumadora (58 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones), poniendo en evidencia que si hasta ahora pudo aplicar su plan de ajuste fue gracias a la complicidad de los partidos del Congreso.
La nueva ley propone una recomposición del presupuesto universitario que cubra la pérdida inflacionaria acumulada desde mayo-diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales durante 2025 según el IPC del INDEC. Exige que los salarios docentes y no docentes se actualicen periódicamente (no más de cada tres meses) y que no sean inferiores a la inflación. Además, prevé partidas especiales para investigadores, becas postdoctorales, atención de obras sociales universitarias, y también incluye recursos para el CONICET.
A mediados de agosto, los gremios universitarios (como AGD-UBA, CONADU Histórica) comenzaron un paro prolongado, denunciando que para recuperar la pérdida salarial desde 2023 se requeriría un 45,8%, y un enorme 84,3% para volver a niveles de 2015. Frente a eso, el gobierno ofrece un aumento inercial de 7,5% en cuotas y un bono de miseria frente a una agonía salarial que expulsa docentes, degrada la enseñanza y el derecho a la educación pública. El ataque es tan brutal que un docente ayudante de primera hoy en día cobra $280.000.
Cabe recordar que el gobierno vetó este mismo proyecto el año pasado, pese a la movilización masiva en universidades en todo el país y las tomas que se desencadenaron tras el veto.
El sistema universitario y científico: el blanco de la ultraderecha
El 78 % de los 2,7 millones de estudiantes del nivel superior elige las universidades públicas, las cuales representan dos tercios de la inversión educativa nacional. Lo que para muchos es un orgullo y una promesa de futuro, para el oficialismo es un enemigo a combatir. El ajuste en el presupuesto ejecutado durante el primer semestre de este año fue del 33% en comparación con el mismo período de 2023.
El reciente aumento salarial docente de 7,5 % hasta noviembre que comunicó el Ministerio de Capital Humano no revierte el escenario, y está lejos de los 44 puntos porcentuales que perdieron desde diciembre de 2023.
“Lamentamos que, una vez más, el Gobierno nacional optó por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que las universidades públicas del país atravesamos”, expresaron rectores y rectoras nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El sistema científico y tecnológico enfrenta una pérdida presupuestaria equivalente al 44 % en comparación con los primeros seis meses del 2023. La reducción se explica, en gran medida, por los recortes que recayeron sobre cuatro organismos centrales: CONICET (-35 %), INTA (-41 %), CNEA (-43 %) e INTI (-39 %). Los ajustes comprometen el financiamiento de becas, proyectos tecnológicos estratégicos y de investigación.
El desprecio por el eslabón más sofisticado de la Ciencia y la Tecnología tiene su correlato en la educación técnica, donde se forman 1,4 millones de estudiantes del nivel secundario, terciario y de formación profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional está en uno de sus mínimos históricos desde su creación en 2005. El presupuesto de esta modalidad cayó un 76 % en estos 18 meses y programas de nuevas tecnologías y articulación con el sistema productivo no tienen recursos asignados.
Universitarios necesitan un 46% de aumento, pero el Gobierno anunció 7,5% y en cuotas
Por Lucía Ortega
En una importante semana de paro de trabajadores universitarios al comenzar el segundo cuatrimestre en agosto, un informe elaborado por el gremio docente AGD Económicas de la UBA alertó que para recuperar la pérdida salarial desde 2023 es necesario un incremento del 45,8%, y el 84,3% para volver a niveles de 2015. Sin convocar a paritarias, el Gobierno difundió un incremento que ya había otorgado.
La segunda semana de agosto se llevó adelante una importante medida de fuerza impulsada por gremios docentes universitarios y no docentes, que continuó bajo distintas modalidades las siguientes semanas. Es para visibilizar una situación insostenible, en la que los niveles salariales se encuentran en pisos históricos, prácticamente de indigencia. La universidad pública y gratuita está en peligro.
En ese marco, se difundió un informe elaborado por la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en la que se grafica la gravedad de la situación, comparable con el brutal desplome salarial posterior a la crisis de 2001, «es decir, uno de los peores niveles históricos».
Desde hace tres meses el salario se encuentra paralizado y desde hace seis meses consecutivos se viene actualizando por debajo del incremento general de precios, perforando el piso de enero de 2024. La respuesta provocadora del Ministerio de Capital Humano (que desde hace un año no convoca a paritarias) mediante un comunicado en sus redes sociales es que se otorgará un incremento total de 7,5% en cuotas hasta noviembre y un bono por única vez de 25.000 pesos. Los sindicatos respondieron que «es humo» porque es incluso menor a lo que acordó con UPCN para la Administración pública, que de por sí implicaba un deterioro.
El informe de AGD Económicas destaca que la caída del poder adquisitivo del salario docente universitario fue de 31,4% entre noviembre de 2023 y julio de 2025, y si se compara con el nivel promedio de marzo-diciembre de 2015, la caída actual es aún mayor (45,7%). «En ambos declives, el retroceso salarial fue ampliamente superior al del promedio del sector privado registrado», se destaca.
De esta forma, «1) para volver al nivel de poder adquisitivo de noviembre de 2023 sería necesario un incremento sobre el salario bruto de julio 2025 del 45,8%; y 2) para retornar a niveles de poder adquisitivo del promedio marzo-diciembre de 2015 sería necesario un incremento del 84,3%».
A raíz de este brutal golpe a los salarios y a la universidad pública, se estima que unos 10.000 docentes de todo el país ya han renunciado a sus cargos. Es muy preocupante la estrategia gubernamental de destruir la universidad pública por medio de la asfixia salarial de sus trabajadores, lo que los expulsa al pluriempleo, jornadas extenuantes, o directamente la migración a otras actividades. Esto a su vez perjudica los equipos de enseñanza e investigación que tardaron años en conformarse.
«No sólo resulta necesaria la organización docente para la recuperación salarial, sino también para defender el rol de la Universidad Pública. Entre otras conquistas, dicha organización fue fundamental para la obtención de la media canasta familiar para el cargo testigo en 1986, el freno del ajuste en 1999, la recuperación salarial y el salario para ad honorem en 2005, la lucha junto a los estudiantes por el boleto educativo y la cláusula gatillo en 2018 y las movilizaciones multitudinarias de 2024», sentencia el informe.
Frente a la burla del Gobierno, se ratifican las medidas de lucha
A través de la cuenta del ministerio de Capital Humano de la red social X, el gobierno nacional anunció un aumento del 7,5%, a cobrar entre septiembre y noviembre, y una suma fija excepcional –no remunerativa ni bonificable– que varían según la dedicación:
40 horas: $ 25.000
20 horas: $ 12.500
10 horas: $ 6.250
Cabe destacar que el 70% de la docencia de las universidades tiene cargos de dedicación simple y cobrarán el monto mínimo de esta suma excepcional.
El anuncio se da en el marco del paro nacional de una semana que sostienen dos de las tres federaciones (CONADU y CONADUH) de trabajadores de la universidad y luego del paro de 24 horas que sostuvieron el conjunto de las organizaciones que representan a los trabajadores universitarios.
El gremio AGD-UBA respondió al Ministerio de Capital Humano en sus redes sociales «¿De qué aumento hablan?». «Aún con estos anuncios, siguen los salarios de pobreza y, en algunos casos, de indigencia, toda vez que un cargo simple no supera los $250.000. Además, los docentes con menos de 10 años de antigüedad no recibirán ningún aumento, producto de la garantía salarial».
El plan de lucha anunciado por Conadu Histórica continúa las próximas tres semanas con paros rotativos de 48 horas: 21 y 22, 26 y 27 de agosto, 1 y 2 de septiembre, es decir, al menos durante todo el primer mes de cursada. Asimismo, convocan a preparar una tercera marcha nacional para ser miles en las calles en todo el país y torcerle el brazo a Milei. En el caso del gremio Conadu, se convocó a una semana de paro pero sin continuidad, y en el caso de los gremios de la CGT (Fedun y Fatun), la convocatoria fue sólo para el lunes pasado.
La Ley de Financiamiento Universitario consiguió media sanción en Diputados a pesar de la firme oposición del oficialismo, que ya anunció, en el caso de aprobarse en el Senado, el veto de la misma. Para el Gobierno nacional, son los trabajadores universitarios, los jubilados, las familias y personas con discapacidad quienes producen “déficit fiscal».
No es solo un reclamo salarial, sino la defensa de la universidad pública y la necesidad del conjunto del pueblo trabajador de ponerle un freno al plan de ajuste de Milei.
Para eso se necesita construir una tercera marcha en contra de todos los vetos, uniendo el reclamo universitario con el colectivo de discapacidad, los jubilados, y los trabajadores de salud que vienen enfrentando al Ministro Lugones y al Gobierno nacional. Así es como lo hace el Hospital Garrahan, o quienes se organizan contra los despidos discriminatorios en Secco y Georgalos en la Provincia de Buenos Aires y en defensa de la Ciencia y Técnica como el CONICET. Y también lograr la más amplia unidad con los estudiantes cuyas becas estudiantiles se encuentran congeladas y no pueden acceder al boleto estudiantil.
«La destrucción del salario nos obliga a autoexplotarnos»
Los docentes del Colegio Nacional Buenos Aires -dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- denuncian que cobran un 30% menos que sus pares en otras escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El salario está destruido. El 0% de aumento que tuvimos el último mes, mientras las mediciones de inflación vuelven a subir, profundizó el malestar del cuerpo docente», denunciaron.
El gobierno nacional no los recibe desde octubre de 2024, según indicaron. «La destrucción del salario nos obliga a autoexplotarnos acumulando más y más horas de clases, con efectos negativos tanto en nuestra salud física y mental como en nuestro desempeño laboral», argumentó la gremial.
Esta gremial decidió mediante asamblea interna una medida de fuerza de paro y clases públicas. Néstor Di Milia, secretario de la gremial a nivel universidad (AGD-UBA) validó los motivos para hacer el paro de una semana y agregó que todavía no han cobrado el aguinaldo, cuya fecha límite estipulada para recibirlo sería el día que finaliza la medida de fuerza, convocada desde el sindicato docente bajo el lema «con 40% de recorte salarial no se puede seguir».
El ajuste universitario en números: la inversión por estudiante, en mínimos históricos
Por Eugenia Rodríguez
Mientras el oficialismo trata de frenar la discusión en el Congreso, la universidad pública enfrenta una crisis sin precedentes: los recursos asignados caen en términos reales un 32% respecto del 2023 y la inversión por alumno es la más baja en dos décadas.
Las universidades argentinas siguen a merced del fuerte ajuste de recursos impuesto por el gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Así lo grafican datos actualizados del sector: el presupuesto universitario es el más bajo de las últimas dos décadas al punto de que, de mantenerse este rumbo hasta fin de año, pasaría de representar el 0,72%del PBI (2023) a caer al 0,43%. Así las cosas, el conflicto universitario se mantiene a la orden del día y con consecuencias concretas para toda la comunidad educativa: la inversión por estudiante es la menor desde 2005 y los salarios docentes se encuentran por debajo del nivel de 2002 (-39 puntos del pico de 2011).
Pese al reciente decreto nacional (425/25) que aumentó discrecionalmente las partidas económicas de este año, lo cierto es que para ciencia, tecnología y universidades la ampliación es marginal: “El presupuesto universitario para este año -en términos reales- es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023”, señaló un informe de especialistas tributarios que alertaron que “este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad” a la vez que deja de manifiesto el cambio en las prioridades de un Estado que relega cada vez más el desarrollo educativo y científico del país.
Mientras tanto, autoridades universitarias, gremios y espacios estudiantiles, alerta Asimismo, mantienen acciones de protesta vía clases públicas, marchas, y paros para reclamar un mayor financiamiento, recomposición salarial y reasignación de partidas para educación en general y para la formación superior en particular. Este miércoles, la Cámara de Diputados emplazó el
Recorte de partidas e incertidumbre
Sin recursos para el funcionamiento básico y con una situación salarial cada vez más crítica, el segundo semestre universitario se presenta no sin problemas para un sector que quedó en el epicentro del recorte de partidas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
En los primeros cinco meses del ese año las transferencias a universidades fueron 22,5% más bajas en términos reales (considerando el impacto de la inflación) que en el mismo período de 2023. De igual manera, la inversión en capital (infraestructura, equipamiento) fue cero en 2024 y en lo que va de este año fue de apenas un 4% de lo que se había invertido en 2023. Los datos se desprenden de un informe presentado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) – Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Advirtieron también que, desde una mirada global, el presupuesto de Ciencia y Tecnología cayó un 30% contra el mismo período en 2023, en tanto que el golpe es aún más fuerte en el caso del presupuesto de Ciencia y Tecnología en las universidades que se contrajo 87,5%.
De hecho, si bien el Poder Ejecutivo que -en un hecho inédito prorrogó a comienzos del año el Presupuesto 2023 por segunda vez consecutiva- decidió ahora ajustar discrecionalmente las partidas económicas para este 2025 (Decreto 425/25) lo cierto es que para ciencia, tecnología y universidades la ampliación es marginal. “Se amplió el presupuesto total de la Administración Pública Nacional (APN) en 31,4 billones de pesos, lo que establece el horizonte prácticamente definitivo de gasto para el año”, analizaron desde el grupo EPC en el Centro Iberoamericano de Investigación (Ciicti) y explicaron que “la ampliación en tiene la finalidad de cubrir la diferencia entre el presupuesto prorrogado y la variación inflacionaria del 2025 que excede largamente la proyectada por el gobierno (42% promedio efectivo vs. 30% proyectado)».
En el caso de las universidades nacionales, se estipuló un incremento del presupuesto en 941 mil millones de pesos. “Con este horizonte casi definitivo esto implica que el gobierno proyecta una caída del 8,6% de la masa salarial universitaria en el año”, alertaron desde el centro de investigación.
Tras caer más de 20 puntos en 2024, la situación actual presupuestaria evidencia “un descenso de 29 puntos en dos años en la inversión en universidades, y de casi 48 puntos en el mismo período en la inversión educativa nacional total, aún si se lograra ejecutar todo el crédito vigente ampliado”, precisaron los especialistas. Hay que recordar que según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en 2024 los gastos corrientes del Presupuesto nacional correspondientes a “Transferencias a universidades” cerraron con una ejecución presupuestaria que cayó 25,1% interanual en términos reales.
Si se compara desde el año 2023, el presupuesto universitario acumula una caída del 32%, un recorte que compromete el funcionamiento de las casas de estudio y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. En este escenario, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005. “Es de $2,1 millones en 2025 cuando, en promedio, entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones, y ajustada por inflación, esta cifra es 53% menor que la registrada hace una década”, señaló un documento presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Desde dicho espacio advirtieron que la baja pronunciada en el presupuesto asignado a las universidades públicas lo ubica “en su nivel más bajo desde 2006” lo que “compromete su rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades, y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico”.
De igual manera, las becas Progresar sufrieron un congelamiento en sus montos y más restricciones en el acceso o renovación. En términos reales “entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, la beca sufrió una fuerte caída en su poder adquisitivo, llegando a representar sólo el 40,9% de su valor real al finalizar el anterior gobierno”. Luego del aumento definido en septiembre de 2024 (pasó de $20.000 a $35.000) se recuperó parcialmente, llegando al 69,2% del valor de noviembre de 2023, para luego seguir erosionando su poder de compra. Actualmente “perdió el 43,5% de poder adquisitivo llegando a representar el 56,5% del valor que tenía 18 meses antes”, según indicaron desde el IEC-CONADU.
En esta coyuntura, si se cumplen las previsiones de presupuesto y PBI, la inversión en educación universitaria se reducirá de 0,72% a 0,43% del Producto anual.
Derrotero a la baja en salarios
La caída salarial de los docentes universitarios durante la gestión libertaria llega al 28%. En retrospectiva, se observa que la devaluación de diciembre de 2023 (118%) generó una pérdida en torno al 30% en el poder adquisitivo del salario universitario solo en los dos primeros meses. Si bien luego se observó una recuperación parcial, entre febrero de 2024 a noviembre de 2024, cuando el salario llegó a estar “sólo” 22,1% por debajo del poder adquisitivo alcanzado antes del cambio de gobierno, a partir de allí, se produjo otra fuerte disminución.
Para mayo “las y los docentes cobraron un 28,1% menos que en noviembre de 2023 y un 44,7% menos que en noviembre de 2015, último mes completo de Cristina Kirchner”, según relevó el IEC. En complemento, datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación indican que los salarios del personal con dedicación a la investigación en Universidades (cargo testigo de Prof. Adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad), descendieron un 1,5% en mayo y 29% real respecto de noviembre de 2023. A su vez están 36,3 puntos reales debajo de diciembre de 2015.
Por último, se alertó que el ajuste sostenido en la política salarial hacia los docentes universitarios revierte plenamente la recuperación que había tenido este sector entre 2003 y 2011 (+81,4% real) y acelera, por el contrario, el deterioro que habían sufrido entre 2011 y 2021 y que apenas había comenzado a revertirse en 2022. Actualmente los salarios en las universidades del país se encuentran -en sintonía con el presupuesto asignado- por debajo del nivel de 2002.
Fuente: El Destape
Fuente: Informe de Evolución salarial N°1 AGD-UBA Económicas
«El Gobierno y la Justicia secuestraron la Universidad de las Madres»
La justicia federal reconoció como autoridad de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) al interventor designado por el gobierno de Javier Milei, Eduardo Maurizzio, y confirmó una nueva arremetida contra la casa de altos estudios que es atacada desde que La Libertad Avanza asumió. «El Gobierno y la justicia secuestraron la universidad», indicaron desde la Asociación en un duro comunicado en el que también advierten que se violó la autonomía universitaria al desconocer «el derecho de la comunidad universitaria a litigar a través de la rectora que eligió democráticamente». Además, anticiparon que apelarán ante la Corte Suprema.
En octubre del año pasado, la UNMa presentó una medida cautelar solicitada, que fue contra dos resoluciones con las que el ministerio encabezado por Sandra Pettovello desconoció la creación de la universidad y ordenó su intervención, designando interventor a Eduardo Maurizzio. Resoluciones que el fallo había reconocido como «irrazonables a la luz del marco normativo vigente en materia de universidades nacionales».
«Es un fallo con saña», dijo la rectora Caamaño y anticipó que irán a la Corte Suprema. «No vamos a dejar que esto quede así por este gobierno negacionista seguramente lo único que quiere es destruirla», indicó. Y recordó la lucha de Hebe de Bonafini: «No vamos a dejar que esto pase tranquilamente porque es la Universidad popular de las Madres, que creó Hebe, y después pasó a ser Instituto Universitario, dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos, y recién en el 2023 terminó siendo universidad nacional».
Desde Madres agregaron que, en términos políticos, esto tiene una sola lectura: «Milei se apropió de la Universidad que creamos las Madres y tanto soñó Hebe». Pero advirtieron que continuarán reclamando. «Las Madres seguiremos apostando por la formación, el estudio, el compromiso político, la solidaridad y la ética del esfuerzo individual para los logros colectivos», señalaron.
La universidad nacional lleva más de un año resistiendo los embates del gobierno de Javier Milei, no solo a través de los recortes presupuestarios sino también por medio de ataques e intimaciones. A eso se suma, que el Gobierno no deposita dinero para el funcionamiento de la universidad, justificando esta decisión sin precedentes con que el ajuste tiene su razón de ser en la cantidad de alumnos de la institución. Incluso, en noviembre del 2024 un grupo de personas «no identificadas» ingresó al edificio y «sustrajo documentación digital y en papel, además de generar rotura de muebles y computadoras, incluso en la biblioteca».
UNCo: «Nos persiguen con el presupuesto pero también por la construcción intercultural»
“Nos persiguen con el ajuste presupuestario pero también por el camino de construcción intercultural que transitamos”, dijo el vicerrector Paúl Osovnikar en la celebración oficial del Wiñoy Xipantu que organizó la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) junto a la Confederación Mapuche de Neuquén y a la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro en el Bosque de la Vida, ubicado en la sede central de la universidad.
“Como Universidad hemos comprendido de dónde venimos y por esa razón hemos incorporado en el Estatuto la interculturalidad como eje de trabajo”, expresó Osovnikar al recordar la decisión de la Asamblea Universitaria reunida en marzo del 2024 que incorporó la perspectiva intercultural en la UNCo.
En la ceremonia intercultural realizada esta mañana se celebró el renacimiento de la vida y se impartió enseñanza de un vínculo respetuoso con la naturaleza.
Por la Confederación habló Lefxaru Nawel. Destacó el valor de la ceremonia intercultural porque es “un mensaje de tolerancia en este momento tan hostil para la diversidad, una palabra que hoy está tan estigmatizada”.
Agradeció a la UNCo el camino que inició de la interculturalidad al igual que Claudia Drujera, la referente del Parlamento que también dio un mensaje en la ceremonia.
El vicerrector recordó que antes de tomar la decisión de transformar a la UNCo en la primera universidad intercultural del país “había un camino recorrido», pero advirtió que «falta mucho por hacer hacia delante” porque, recordó, «la interculturalidad es una construcción».
“Nadie está por encima del otro sino que debemos caminar a la par” construyendo “una sinergia cada vez más fuerte”, agregó Osovnikar en su intervención y agradeció a las comunidades mapuche “la oportunidad que nos brindan de aprender».
Fuentes: Página/12, Anred, argentina.indymedia, Resumen Latinoamericano
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.