Se creará una comisión que investigue la deuda pública argentina

La creación de la Comisión Especial Investigadora fue aprobada el pasado martes en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados de la Nación e investigará la deuda pública externa que la Argentina tiene con los organismos de crédito internacionales.

Según el proyecto de resolución elaborado, la Comisión investigará «el origen de las acreencias financieras del Estado; los traspasos de pasivos privados al tesoro nacional; las operaciones de venta de activos del Estado con títulos públicos, en especial en relación a las privatizaciones de las empresas del Estado y/o a las estatizaciones de empresas privadas y la responsabilidad de los funcionarios involucrados en las negociaciones de la deuda pública.»

La Comisión tendrá la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la suspensión de pagos de la deuda pública externa mientras dure su accionar y su vez trabajará en «las distintas refinanciaciones y reestructuraciones de la deuda pública, los contratos de asesoramiento, las designación de abogados externos y la actuación de la Procuración del Tesoro en los contratos», entre otros.

Estará integrada por doce diputados y doce senadores, que serán designados por los diferentes bloques. Su actividad se extenderá por el plazo de un año, período que podrá prorrogarse por 120 días.

Podrá recibir denuncias y pruebas, así como declaraciones testimoniales; efectuar careos y solicitar informes a los demás poderes del Estado. En este sentido, vale destacar que la Comisión podrá solicitar «toda la documentación y antecedentes obrantes en el Ministerio de Economía y en el Banco Central de la República Argentina.»

Una vez realizada la investigación pertinente, la Comisión Especial Investigadora deberá presentar un informe final donde se detallen las responsabilidades políticas y los cambios que deberán efectuarse en la legislación nacional, instando a la sanción de nuevas leyes o a la modificación de la normativa vigente.

Por otro lado, si en esa investigación se descubren elementos que son considerados infracciones o delitos, la Comisión deberá presentar los elementos de prueba necesarios ante la justicia.

El nuevo órgano investigador podrá solicitar la colaboración y el asesoramiento de personas, comunidades y organismos especializados en la materia, conformando así un equipo técnico interdisciplinario de especialistas con reconocida trayectoria en el campo. A su vez, podrá ordenar la realización de pericias y solicitar judicialmente la retención de documentación y papeles privados que hagan al mejor desarrollo de la tarea investigativa.