El gobierno y la justicia han dado, al fin, algunos signos de recuperación que pueden revitalizar la búsqueda de Julio López, testigo del juicio contra el genocida Etchecolatz. Más vale tarde que nunca. Pero que es tarde, es tarde.Dos horas después de producirse el secuestro de López, sus abogados presentaron la denuncia ante la justicia […]
El gobierno y la justicia han dado, al fin, algunos signos de recuperación que pueden revitalizar la búsqueda de Julio López, testigo del juicio contra el genocida Etchecolatz. Más vale tarde que nunca. Pero que es tarde, es tarde.
Dos horas después de producirse el secuestro de López, sus abogados presentaron la denuncia ante la justicia federal platense. Desde ese momento reclamaron que la causa fuera caratulada por desaparición de persona, en tanto se dirimían las competencias entre un juzgado provincial y el federal.
Pero ninguno de éstos quiso esa carátula: disputaban la competencia pero coincidían en torno a la «averiguación de paradero». Este enfoque legal correspondía a las peregrinas teorías del ministro del Interior, Aníbal Fernández, de que la víctima podía estar tomando mate con su tía. Textual.
Se cunplen tres meses del hecho, claramente motivado por el círculo de genocidas que rodea a Miguel Etchecolatz y otros ex represores que pueden estar aún incrustados en la «maldita Policía» y las fuerzas de seguridad.
Pasado este lapso imperdonable, la Corte Suprema de la Nación ordenó al juez federal Arnaldo Corazza que tome el caso y lo investigue en sintonía con las causas de derechos humanos. En otras palabras, el alto tribunal considera que López es un desaparecido.
Tarde piaste, justicia.
¿Qué dirá Corazza ahora a los defensores que infructuosamente le pidieron eso mismo el 18 de setiembre? Y sobre todo, ¿qué dirá el gobierno nacional, que sobre el caso López empezó negando lo evidente y terminó deshojando la margarita en un eclecticismo tarado, de que podía ser un secuestro y podía no serlo?
Esta semana en Río Cuarto, donde compartió tribuna con el impresentable José M. De la Sota, Néstor Kirchner planteó bien que había que seguir buscando sin desmayos a López. Y por primera vez puntualizó que éste había desaparecido por decir la verdad sobre lo ocurrido en la dictadura. El presidente reiteró esos conceptos en un acto en la Casa Rosada donde entregó las distinciones «Azucena Villaflor» (la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, desaparecida) a personalidades de derechos humanos.
Es saludable que finalmente el gobierno hable sin medias tintas sobre la naturaleza del delito cometido contra López. Tardíamente, el jefe de Estado vuelve de sus primeras opiniones pues debe recordarse que tiempo atrás regañó a Felipe Solá por utilizar la expresión «desaparecido» para referirse al testigo platense. Solá recibió un segundo tirón de orejas desde el palco levantado en Río Cuarto, cuando Kirchner dijo que nunca hay que decir que se ha fracasado (el bonaerense había admitido que hasta ahora la investigación fracasó, lo cual es estrictamente cierto).
Pero más allá de las precisiones políticas en el discurso oficial y de la justicia, la familia de López, los organismos de derechos humanos y muchos otros argentinos, quieren que el Estado tome medidas concretas para resolver el caso. Más que aumentar la recompensa o incrementar los patrulleros que lo buscan, reclaman disolver los bolsones ligados al terrorismo de Estado que aún existen. Y no advierten la suficiente voluntad gubernamental: eso no es tan fácil e indoloro como bajar dos cuadros de genocidas del Colegio Militar.