A Luis Armando Espinoza, trabajador rural desaparecido y asesinado por la policía tucumana
El Estado está usando fondos del ANSES, la plata de los jubilados y de la seguridad social, para “ayudar” a pagar los sueldos de numerosas grandes empresas y multinacionales. Es decir, se saca plata de los que menos tienen -los fondos de los jubilados que aportamos todos los trabajadores- para que no pierdan dinero los que más tienen: patronales que durante muchos años han ganado millones de dólares y ahora dicen que no pueden bancar la crisis.
Mientras tanto, el gobierno decretó un ajuste del 6,12 % para junio, julio y agosto a todos los haberes de jubilados y pensionados. Con este porcentaje el haber mínimo será de 16.359 pesos de bolsillo mientras que la Canasta Básica de un Adulto Mayor asciende a 45.000 pesos.
En 2018 y 2019, el poder adquisitivo de los jubilados perdió 19 puntos. El ombusman de la Tercera Edad explicó que este semestre, que tenían la posibilidad de recuperar algo –porque el acumulado del aumento en marzo y junio de este año, si se hubiese aplicado la fórmula vigente, daba 23.72 %– el gobierno suspendió la fórmula de ajuste.
“Decretaron un primer reajuste de marzo, discrecional, achatando la pirámide, cambiando los índices, distorsionando el sistema. Y luego con el decreto reciente dieron un 6.12 % para todos. Y vemos que ese 23.72 % que debían reajustar se convierte en una pérdida que es de casi 4% para el haber mínimo y para el resto de entre 8 y 10 puntos. Es decir, se le baja la jubilación”, agregó Semino.
“El criterio discrecional y anticonstitucional del Poder Ejecutivo para reajustar por decreto los haberes jubilatorios inevitablemente nos conduce a reemplazar el sistema previsional público, de reparto, asistido, inter generacional, por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno”, plantea, en tanto, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados.
Según la denuncia de abogados laboralistas las empresas estarían imputando jornadas laborales mayores para que el Estado, con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, les cubra una porción mayor de los salarios.
La ayuda estatal contempla el pago de hasta el 50% de los salarios del sector privado con un máximo de dos salarios mínimos. Primero se descubrió el caso de los CEOs, dueños, Presidentes y gerentes que se inscribieron en las nóminas de personal para autofinanciar una porción de sus haberes.
Ahora un grupo de abogados laboralistas detectó varios casos en los que las empresas declaran jornadas laborales mayores a las reales. Por el momento lo pudieron comprobar en firmas metalúrgicas que logran recibir en las transferencias de la ANSeS sumas que cubren, en algunos casos, el 100% de los salarios de las suspensiones y más. Sospechan que la metodología se repite en otros sectores.
El hecho de que directivos de la gigante metalúrgica Techint, entre otras empresas, hayan sido beneficiados por el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que otorga el Gobierno para paliar la crisis causada por la cuarentena generó la reacción crítica de dirigentes gremiales.
El canillita y senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, y el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, cuestionaron que el beneficio llegue a gerentes. En ese contexto reclamaron que el beneficio solo sea para los trabajadores. En el Consejo Directivo de la CGT no hay, al menos por ahora, una posición unificada pero en general respaldan esta herramienta que implementó la Casa Rosada para auxiliar a las empresas en el marco de la crisis que se profundizó por la pandemia de coronavirus.
Plaini fue el primero en hacer público su malestar. El actual senador provincial aseguró que los trabajadores canillitas están viviendo “una situación desesperante. Estamos reclamando, hicimos varias notas al ministro de Trabajo pidiendo una asistencia económica. Necesitamos esos 10.000 pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para parar la olla”, indicó. Pero aseguró que todavía “no hay respuestas”. Es por ello que Plaini dijo sentirse con “impotencia y bronca” cuando trasciende que el gobierno nacional ayudó, a través de las ATP, a empresas más que importantes. En ese sentido dijo que va a “seguir peticionando que la clase trabajadora sea el eje central de todo el desarrollo humano”.
En tanto, Micheli primero criticó que hubiera “importantes directivos” de grandes empresas beneficiados con el ATP y consideró que pagarles a estas personas “es una burla”. Luego le apuntó a Moroni: “Pareciera el ministro de Trabajo de otro gobierno, porque no tiene nada que ver con lo que plantea el presidente Alberto Fernández. Tiene mucho más interés de que les vaya bien a los empresarios en detrimento de los trabajadores”, aseguró.
En un principio el beneficio sólo incluía a las empresas que tuvieran 100 empleados, pero ese número quedó rápidamente corto por presión de las grandes empresas. Entonces se amplió a todas aquellas que eran consideradas actividades esenciales. Según informaron desde la AFIP, se presentaron 450.000 empresas que representan 8 de cada 10 de las que existen en la Argentina. De este universo sólo accedieron al beneficio unas 258.000 firmas, algo así como 5,5 de cada 10. A partir de eso, la ATP llega a unos 2,2 millones de trabajadores que, en dinero, representan unos 35.000 millones de pesos. Cada ATP puede representar hasta dos salarios mínimos o la mitad del sueldo del empleado. Las que todavía no pueden acceder a este auxilio son las cooperativas pero para ellas el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa está elaborando un abordaje especial.
En cuanto a la polémica que desató el hecho de que los gerentes de Techint accedieran al beneficio, desde las oficinas de la AFIP sostienen que la responsabilidad es de la empresa que al entregar la nómina de beneficiados, tal como lo exige la resolución que implementa las ATP, deben incluir el CUIT, CUIL y CBU de sus empleados y ahí fueron los de su plantilla gerencial. Pero Techint no es la única, también está la empresa Vicentín que recibió el beneficio pese a que sus autoridades están imputadas penalmente en una denuncia por préstamos irregulares recibidos del Banco Nación durante la gestión del macrista Javier González Fraga. Otra de las grandes empresas que recibe la ATP es La Nación.
Otro problema que generó este beneficio fue que al mismo tiempo que se implementó se produjo un peligroso incremento del valor del dólar disparando la brecha entre el oficial y el paralelo. Por ese motivo, el gobierno determinó que aquellas empresas que reciben auxilio para pagar los sueldos no podrán operar con ninguno de los mecanismos que existen para hacerse de dólares como el contado con liquidación, distribuir utilidades y comprar sus propias acciones. Esto lo definió el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa que otorga la ATP. En caso de que quisieran continuar jugando con el dólar deberán renunciar al beneficio y devolver el dinero que recibieron del Estado en concepto de ayuda.
Para esto la AFIP habilitó un sistema para que se concreten las devoluciones. Hasta ahora hubo muy pocas empresas que renunciaron al beneficio en tanto que otras pymes continúan esperando poder acceder al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción.
Jorge Alberto Fontevecchia, dueño de Editorial Perfil cobró personalmente una parte de sus ingresos por parte de la ANSES. Unos días antes, más precisamente el 7 de Mayo de 2020 percibió la ayuda estatal su hijo, Agostino Fontevecchia, quien se encuentra a cargo de “Contenidos Digitales”. Es el director de la web de Perfil.
Perfil es una de las empresas periodísticas consideradas grandes por su volumen, heredada por Jorge Alberto Fontevecchia, e integrante de la Asociación de Empresas Periodísticas de la Argentina (ADEPA) la cámara que nuclea a Clarín, La Nación e Infobae, entre otros.
Jorge Fontevecchia a lo largo de su actividad profesional ha tenido profundas convicciones ideológicas. Jamás se ha privado de reconocer la perspectiva liberal desde la que analiza la realidad. Sus editoriales han abordado la problemática del excesivo gasto público que asfixia el desarrollo económico del país. Ha cuestionado las dinámicas de subsidios y en las páginas de sus revistas, ha fomentado una diatriba incesante contra los ingresos populares que garantiza el Estado Nacional.
Tampoco escatimó esfuerzos en flexibilizar las condiciones salariales de trabajadoras y trabajadores de prensa de la editorial.
Los despidos sobre una mesa de negociación salarial, han caracterizado la gestión empresarial de Perfil. Incluso, ha sido quien en reiteradas oportunidades desconoció la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional.
Si Jorge Fontevecchia cobró los dos salarios mínimos que autoriza el programa a asignarse para complementar el sueldo, ha cobrado mucha más plata del Estado de lo que cobran sus trabajadores de los estados contables de la Editorial Perfil.
También la gigante aerolíneas trasnacional, LATAM, logró calificar al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado.
La firma, principal competidora de Aerolíneas Argentinas, había reducido unilateralmente al 50% los salarios de sus empleados y además abrió un programa de retiros voluntarios para reducir personal.
Rosario Altgelt, la CEO de la compañía, recibió el salario complementario por del Estado. La cabeza de la firma, responsable de haber recortado los salarios e impulsora de los retiros, recibió algo más de 33.000 pesos de «ayuda estatal». Es decir, cobró más de 3 IFE.
El caso se suma al de Martín Berardi, el Presidente Ejecutivo de Ternium, una de las empresas del Grupo Techint, la empresa más grande del país y la firma argentina de mayor proyección internacional, que también recibió el salario complementario. El Grupo Clarín también integra la lista de las empresas que recibieron ayuda.
Al respecto, el abogado laboralista y ex diputado nacional del FpV, Héctor Recalde, habló de los despidos y suspensiones de trabajadores en medio de la pandemia y criticó el rol de la cartera laboral de Claudio Moroni.
Para Recalde, «el Ministerio de Trabajo está homologando algunas cuestiones que no puede homologar. Si hay prohibición de despidos, hay prohibición de despidos. Ningún trabajador quiere perder su empleo», y agregó que «la Constitución obliga a proteger al trabajador. Estas cuestiones hay que profundizarlas. Hay despidos socialmente injustos y lo hicieron las grandes corporaciones, con Techint a la cabeza, y después las subsidiamos».
Además, apuntó contra los dirigentes gremiales: «Algunos dirigentes sindicales son extremadamente dialoguistas porque no se animan a pelear por los derechos de los trabajadores».
«Hay que encontrar una manera de regular que el dinero del Estado vaya a la cuenta de los trabajadores y no a los cargos gerenciales de las empresas», opinó en otro tramo.
El CEO de su empresa Techint Construcciones, Carlos Eduardo Bacher, quien no solo es un alto directivo de esa mega empresa sino también el ejecutor de los 1.450 despidos con los que el grupo empresario sorprendió a la opinión pública en los primeros días de la cuarentena, cobró de esos fondos. Otros diez altos directivos de la empresa fueron beneficiados por cobros de la Anses.
Impuesto a las grandes fortunas
Diferentes movimientos sociales anunciaron que el lunes 25 de mayo realizarán ollas populares y locros en todo el país para que «los que menos tienen puedan tener un plato de comida» y, en forma paralela, dar impulso al Proyecto de ley con el que el oficialismo busca crear un impuesto o aporte por única vez de las grandes fortunas, informaron los organizadores.
«El 25 de Mayo, con locros en todo el país y otras actividades, Barrios de Pie-Somos impulsamos la Ley de Impuesto a las grandes fortunas», anunció en un comunicado de prensa Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Barrios de Pie-Somos.
«En los barrios humildes se viven momentos de mucha angustia y ya son muchas las muertes que debemos lamentar por Covid-19», sostuvo el funcionario.
En tanto, el responsable de Barrios de Pie-Somos consideró que las medidas de prevención «son imposibles de llevar adelante sin agua en muchos barrios y sostener la cuarentena tampoco es fácil, cuando no están cubiertas ni las necesidades básicas de las familias».
En tanto, sobre la iniciativa del oficialismo que busca crear un impuesto o un aporte por única vez de las grandes fortunas para atender la emergencia sanitaria, Menéndez dijo que «hace rato que aquellos que perciben las ganancias más grandes en nuestro país deberían pagar un impuesto y este es un momento más que oportuno para que ese impuesto se implemente”.
También, a partir de una solicitada, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires se manifestaron a favor de la creación de un impuesto a las grandes fortunas para enfrentar la crisis económica y los problemas derivados del combate al COVID-19 que vive nuestro país.
El texto, firmado por más de 150 personalidades, afirma que “La situación excepcional que atraviesa nuestro país a partir de la pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa la discusión sobre quién debe financiar el combate contra el virus.”
La misiva fue firmada y acompañada tanto por agrupaciones estudiantiles y docentes, como por autoridades y personalidades de la mayoría de las facultades, entre las que se destacan Américo Cristófalo y Carolina Mera, decanos de las facultades de Filosofía y Letras y Sociales respectivamente, y algunas personalidades como Dora Barrancos, Rubén Dri, Nora Cortiñas, Alberto Kornblith, Alejandro Alagia y Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
Además de la solicitada, en las próximas semanas se realizará una actividad con diputados nacionales para explicar el proyecto y discutir los horizontes posibles para salir de la crisis económica.
Para finalizar, la solicitada deja un mensaje contundente sobre la posible aprobación de este proyecto: “Quienes formamos parte de la UBA no queremos permanecer ajenos a la discusión sobre cómo construir un sistema tributario más progresivo, donde quienes más recursos tengan sean los que más contribuyan a paliar la crisis. En este caso, apoyamos que el Congreso sancione una ley por la cual se cree un aporte extraordinario a las grandes riquezas de la Argentina”.
La CTA Autónoma (CTA-A) que lidera Ricardo Peidro aseguró que «se impone distribuir la riqueza para combatir la pandemia de coronavirus», luego de su segundo encuentro virtual desde el inicio del período de emergencia sanitaria, y solicitó «la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil»
Una declaración de la central obrera ratificó su rechazo al pago de «la ilegítima deuda externa» y exigió «una investigación sobre su origen», a la vez remarcó que «el endeudamiento provocado por Mauricio Macri no fue en beneficio de las mayorías populares sino un mero instrumento de enriquecimiento y fuga de capitales para ganancia de las corporaciones y las multinacionales»
«La CTA Autónoma celebra la iniciativa del gobierno de imponer un cobro por única vez a las grandes fortunas, pero esa acción debería convertirse en un impuesto que grave de forma permanente los ingresos extraordinarios de los sectores más poderosos, porque la riqueza es generada por los trabajadores», subrayó la Central.
Peidro y los secretarios adjuntos de la central, Hugo «Cachorro» Godoy y Claudia Baigorria, añadieron que es preciso aplicar «un ingreso universal familiar equivalente al salario mínimo, vital y móvil, a fin de atender la grave crisis nacional», y propusieron extender «la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las familias que aún no los reciben», remarcaron.
También realzó la constitución del Comité de Emergencia y la aprobación del Plan Nacional de Protección de Trabajadores de la Salud, que integrarán la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), y saludó la eximición del impuesto a las ganancias para el sector, aunque exigió que se extienda a todos los trabajadores.
Deuda externa
El ministerio de Economía prorrogó la invitación a los tenedores de títulos para dialogar hasta el 2 de junio y anunció que “continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores”.
El gobierno prepara una nueva “oferta” de reestructuración de deuda. Al mismo tiempo continúa pagando los intereses al FMI y otros prestamistas institucionales y locales, y se prepara para negociar nuevos acuerdos con el FMI y el Club de París.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), mientras el Gobierno ofrece abonar intereses por U$S 334 millones hasta 2023, los bonistas pretenden cobrar entre U$S 5.400 millones y U$S 6.100 millones en ese lapso. “Las contrapropuestas tienen menor quita de principal, cupones de interés más altos, menor período de gracia y todas incluyen el pago en efectivo de los cupones vencidos y devengados al momento de la liquidación”, afirma el estudio de la OPC.
Además de mejorar el valor presente neto (VPN) de los nuevos títulos. La propuesta argentina es de 45 centavos por cada dólar y los acreedores quieren 55. Una diferencia de 10 puntos que representan U$S 6.000 millones.
Más de 600 organizaciones y referentes populares del país y del mundo expresaron nuevamente la convicción que existen otros caminos, en la declaración emitida por la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda: El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, para no pagar lo que no debe. “No aceptamos que sólo exista la opción de pagar”, subraya, para exigir hoy, como hace más de 200 años, que el pueblo sea protagonista de una lucha que es contra el colonialismo actual y la dominación ejercida a través de una deuda ilegítima.
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de Diálogo 2000 insistió el miércoles pasado en una conferencia, en la urgencia de la suspensión de pagos e investigación de toda la deuda, así como en la repatriación de los fondos fugados y la sanción de los responsables.
Cheeky pagará el 100% de los salarios
Tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y el reclamo gremial, la firma Cheeky de Juliana Awada, la ex primera dama, cambió su posición original. Pagará el 100% de los salarios de abril y debatirá cómo continúa.
Eso quedó plasmado en un acta que se formalizó en una nueva audiencia a la que asistieron, además, referentes del Sindicato de Empleados Textiles (Setia), del Sindicato de Cortadores (UCI) y del Sindicato del Vestido (Soiva).
La empresa, que además recibió ayuda estatal por intermedio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, originalmente quería pagar el 75% como acordaron la UIA y la CGT.
Vale recordar que Cheeky Sociedad Anónima es una de las empresas de mayor facturación a nivel nacional en su rubro, con cientos de locales y franquicias no sólo a lo largo y ancho de la Argentina, sino también en varios países limítrofes.
Neuquén: Triunfo minero
Luego de un mes de reuniones y distintos métodos de reclamo se firmó el jueves pasado el acta acuerdo entre los mineros de Andacollo (Neuquén) y los representantes del gobierno. Javier Montañez, Secretario Adjunto del Sindicato Minero, valoró como positivo lo obtenido. Entre los puntos más importantes constan “una ayuda de 30.000 pesos, continuidad laboral e indemnizaciones en el caso de que la nueva empresa no absorba a todos y todas las trabajadoras; ganamos todo lo que veníamos reclamando”, expresó el sindicalista en medio de los gritos y canciones de alegría de los trabajadores y trabajadoras de Trident, que recibieron la noticia mientras mantenían el acampe en la Legislatura Neuquina.
Las redes sociales estallaron en la zona, uniéndose a la celebración de los mineros. En los textos se resalta la “unidad como bandera”. Cabe recordar que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) tuvo a los trabajadores yendo y viniendo desde la capital neuquina a Andacollo por promesas incumplidas. Durante ese tiempo se celebraron innumerables cantidades de reuniones en Legislatura, en iglesias y en la Ciudad Judicial con el gobierno.
Los 12 trabajadores de la empresa de logística y transporte, Expreso Argentino, ubicada en San Martín 2425 de Neuquén capital, continúan reclamando por sus derechos. Exigen el pago de los salarios de marzo y abril, y el cese de las suspensiones.
Se quedarán en el lugar hasta que haya solución al conflicto, también expresan que el gobierno provincial se haga cargo de la situación que están pasando.
Reciben muestras de solidaridad y el apoyo de los vecinos, y de las organizaciones políticas; los acompañó el diputado provincial del PTS-FIT Andrés Blanco y la concejala Natalia Hormazabal.
Reprimen manifestaciones obreras
Luego de la multitudinaria marcha que se realizó durante el mediodía del viernes, con más de 500 personas que acompañaban a los familiares, compañeros y compañeras de los 17 trabajadores que se encontraban detenidos e incomunicados, se quedaron en vigilia frente a la Seccional Primera de la Policía de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz. Exigían la liberación de quienes quedaron detenidos durante la brutal represión policial que ocurrió el jueves 22 de mayo en el Municipio de Pico Truncado.
El reclamo tuvo su origen en el despido de 208 trabajadoras y trabajadores municipales de la localidad.
Hay que agregar que hubo una nueva represión cerca de las 15:00, por parte de la Infantería de la Policía de Santa Cruz contra quienes estaban esperando la liberación de los detenidos en la comisaría.
El miércoles 20 se habían encadenado un grupo de despedidos en las rejas del municipio y el jueves, uno de ellos decidió rociarse con nafta, mientras amenazaba con prenderse fuego de manera desesperada. Cuando anochecía, un grupo se subió a las antenas telefónicas del municipio para quedarse allí hasta que el Intendente accediera a un diálogo. Pero nunca llegó la respuesta, mientras el Juez Leonardo Pablo Cimini ordenaba el violento desalojo de los despedidos y sus familias que terminó en los 17 detenidos y cerca de 15 heridos por las balas de goma y gases lacrimógenos.
Techint ataca de nuevo
En una audiencia citada por la cartera laboral provincial, la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de Techint discutieron por la cesantía de 30 operarios de una contratista exclusiva de la fábrica de tubos sin costura Tenaris-Siderca, de Campana.
Los metalúrgicos temen que el ajuste se profundice y sean en total 600 los puestos de trabajo destruidos por Tenaris Siderca.
Sin acuerdo de partes la cartera laboral dictó conciliación obligatoria por el lapso de 15 días hábiles. La medida implica, en la práctica, que se retrotraiga el conflicto a foja cero, por lo que la empresa deberá reincorporar a los despedidos.
El conflicto comenzó el viernes 15 cuando los trabajadores fueron notificados que la empresa Tenaris Scrap dedicada al procesamiento de la chatarra, rompía el contrato con Ferrúa Srl. dejando así sin fuente laboral a 30 familias. Los trabajadores respondieron con un piquete en la entrada de camiones ya que ellos se dedican al transporte de chatarra desde las automotrices como Toyota y Volkswagen hasta la acería de Siderca. En el bloqueo se hicieron presentes trabajadores de Scrap y Siderca así como referentes de varias organizaciones sociales y políticas.
Petroleros temen perder 3.000 empleos en refinerías
La Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) se declaró en alerta ante el nuevo «barril criollo» que, según advierte, aumentaría el desempleo en el sector con el recorte de unos 3.000 puestos de trabajo.
El debate por la instalación del barril criollo concluyó con la fijación del precio sostén de 45 dólares hasta diciembre de este año, valor que posiciona al barril del crudo 10 dólares arriba que el valor Brent.
Con el establecimiento de ese barril criollo las refinerías que no producen petróleo -ubicadas principalmente en Provincia de Buenos Aires y Salta- deberán adquirir el producto a un nivel más caro que el internacional.
De esta forma, el decreto beneficia solamente a las productoras que venderán a un precio más alto y a las provincias petroleras ya que su recaudación se incrementa con las regalías, advirtió el sindicato.
Por otra parte, dijo el sindicalista, este decreto no resuelve uno de los problemas más grandes que existe en el sector y que tiene que ver con «la enorme cantidad de trabajadores que están suspendidos».
Según el sindicato, las empresas que recibirán «el peor golpe» son las refinerías Shell y Trafigura, ubicadas en la provincia de Buenos Aires; y Refinor, en Salta, perdiendo competitividad en el mercado.
«Protegiendo los puestos de trabajo hemos dejado la cláusula de revisión de las paritarias del 2019, que explica que estamos en un 15% abajo con respecto a la actualización salarial que debieran haber hecho y no hicieron», concluyó Milla.
Según un informe del portal Surtidores.com, las petroleras recibirán un subsidio de los consumidores de U$S 3.000 millones anuales por el valor del “barril criollo”, que impone un precio interno que está U$S 10 por arriba del internacional.
El Observatorio Petrolero Sur (OPSur) señala que según “Andrés Repar del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz y en base a lo que han declarado YPF y la petrolera de Miguel Galuccio, Vista Oil, un buen precio para el barril sería U$S 26; 19 por debajo del fijado. Durante este año el precio promedio al que se vendió el crudo en el país fue de 54 dólares en enero, 51 en febrero y 42 en marzo. En abril esa cifra se derrumbó pero todavía no fue publicada por la Secretaría de Energía.
El freno de la economía y la reducción del consumo derivado del aislamiento social preventivo y obligatorio generaron un sobre stock. El mismo fenómeno en el mundo ocasionó la caída del precio internacional del petróleo. Ambos procesos pusieron en jaque al sector petrolero en Argentina, particularmente en Vaca Muerta, que demanda precios altos para extraer hidrocarburos. El decreto 488/2020 es un salvataje a las empresas pero lo que está de fondo es la importancia del sector como dinamizador de economías locales.
Uno de los determinantes para la implementación de la medida fue la situación crítica en las provincias donde se extrae crudo. Por regalías, estas reciben el 12% de la producción, por eso siempre reclaman un precio alto: en marzo habían pedido un barril a 54 dólares. Se espera que con una paulatina recomposición de la demanda y el barril criollo se reactive el sector extractivo y que, además de incrementarse la recaudación provincial, las diversas actividades asociadas revitalicen esas economías. Con ese horizonte, el decreto 488/2020 demanda a las operadoras que sostengan la inversión para mantener “los niveles de actividad y/o de producción registrados durante el año 2019”, además de “los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales” y del personal empleado al 31 de diciembre de 2019. Pero esa meta podría quedar en una declaración de buenas intenciones y bajo alcance en vista de las dificultades que plantean las compañías y la inacción gubernamental ante los despidos registrados en diferentes sectores de la economía, incluso a pesar de haber sido prohibidos al inicio de la cuarentena.
Una política soberana sobre la energía implica un desacople de los precios internacionales, tanto cuando estos suben como cuando bajan. El sector (y sus provincias amigas) reclama aumentos cuando el precio internacional se sube y ayudas cuando el precio internacional cae, liberales en las alzas, estatistas en las bajas, la historia misma del empresariado. El desacople, en tanto, debería estar pautado en base a precios de producción que hoy solo podemos estimar por las declaraciones empresariales. Por otra parte, la captación de renta petrolera por parte de las “provincias productoras” a través del cobro de regalías derivó en una perniciosa asociación que funciona en pos de beneficios de las empresas, en las que sectores de las clases dirigentes locales intervienen como voceras de las compañías. Se crea así un espiral de dependencia, al tiempo que logran mejoras en la cotización interna del barril o se incrementa la extracción, aumenta la subordinación de las economías provinciales a los ingresos por regalías. Mientras que por otro lado, quienes sufren la afectación directa por las explotaciones, así como las y los consumidores de combustible, quedan marginados del debate.
Una política soberana implica hoy apostar a una profunda diversificación productiva de las regiones donde se extraen hidrocarburos. Diversificación productiva que debe ir de la mano de la transición energética. La crisis sanitaria y económica que atravesamos debe impulsarnos a no demorar más esa decisión”, concluye OPSur.
Los trabajadores de la Rama Petróleo del sindicato camionero de Neuquén iniciaron una huelga en la provincia, que paralizó de forma total la actividad petrolera y de los yacimientos, ante «el incumplimiento patronal del pago de los salarios de abril» último, confirmó el secretario general de la filial, Carlos Rojas.
Por una cuarentena sin hambre marcharon otra vez movimientos sociales
Movimientos sociales nucleados en el Frente de Lucha Territorial marcharon el jueves pasado al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires con la consigna «una cuarentena sin hambre» en reclamo de asistencia alimentaria y aplicación de la Ley de Abastecimiento, y luego concurrieron al ministerio de Desarrollo Social, donde fueron recibidos por funcionarios de esa cartera.
Los referentes sociales y funcionarios de la cartera que encabeza Daniel Arroyo, acordaron una próxima reunión para el viernes para abordar con mayor profundidad los planteos de las organizaciones.
«Estamos exigiendo que el Estado cumpla con los kilos históricos que reciben las organizaciones para garantizar el funcionamiento de los comedores» precisó Marianela Navarro, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y aclaró que «estamos muy lejos de discutir el incremento, cuando la gente que se acerca se ha triplicado».
Los militantes de los movimientos sociales que se movilizaron pertenecen al FOL, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, FOB Autónoma, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, MULCS, Izquierda Latinoamericana Socialista, OLP-Resistir y Luchar, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social, Movimiento de los Pueblos, FAR, COPA en Marabunta, MTR por Democracia Directa, FOB La Libertaria, Movimiento de Resistencia Popular. Todos ellos se concentraron en el Obelisco porteño, manteniendo el distanciamiento social y con tapabocas, y desde allí se trasladaron a la sede del Grupo Lusardi, -uno de los señalados por vender con sobreprecios al Estado Nacional en el medio de la pandemia del coronavirus- ubicado en San Martín 66.
Luego, llevaron los mismos reclamos a la Secretaría de Comercio Interior, ubicada en Julio A. Roca al 600, y después de las 14:00 llegaron al ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Semana de lucha en Salud
El
miércoles 20 APROSCA-FESPROSA junto al conjunto de los gremios de
salud, movilizó a la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de
Catamarca, rechazando las medidas del gobierno de recorte salarial a
los trabajadores y el reclamo de pase a planta de los trabajadores
precarizados.
En tanto, las y los profesionales de la salud de Santa Fe, nucleados en
SIPRUS-FESPROSA, luego de una votación que superó los 1.000
trabajadores, decidieron un paro en toda la provincia para el pasado
jueves 21 de mayo reclamando aumento salarial, des-precarización
laboral y apertura de paritarias. Los salarios en la provincia de Santa
Fe están congelados desde 2019.
Luego de la caravana realizada el domingo pasado en la ciudad de Trelew, acompañada por movilizaciones en el resto de la provincia de Chubut por la falta de pago de los sueldos, el sector salud volvió a movilizarse para exigir el pago del bono para todos los trabajadores, el lanzamiento inmediato del plan de protección, la apertura de paritarias, la des-precarización laboral y un aumento salarial de emergencia.
El viernes pasado, la Coordinadora Nacional de Residentes y Concurrentes presentó un petitorio en una conferencia de prensa realizada frente al Ministerio de Salud de la Nación, en el que reclaman recomposición salarial, condiciones de trabajo, cobertura de ART y otras reivindicaciones.
El martes 26 de mayo, la jornada de lucha tendrá epicentro en la Ciudad Autónoma, donde se exigirá la provisión de equipos de protección personal para todos los trabajadores, el cuidado de los y las mismas afectadas a la atención de la pandemia que se extiende, sobre todo en los barrios populares de la CABA, apertura de paritarias y cobro del bono estimulo. Está prevista una concentración frente al ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:00.
Trabajadorxs del Hospital Piñero y Area programática, junto a vecinxs y organizaciones del Bajo Flores, realizarán un corte en Curapaligüe y Cobo, de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 26 de mayo, a las 12:00.
Por último, la jornada de lucha pasará el miércoles 27 a la provincia de La Rioja, con un pliego de similares características.
Será con barbijos y distanciamiento social para exigir equipos de protección y basta de precarización, protocolos acordes a la realidad de los barrios, acceso universal al agua potable, alimentos y elementos de higiene, medidas para terminar con el hacinamiento, fuera el Ejército de los barrios.
Conflicto en Plusmar
El martes, los choferes de micros de media y larga distancia contratados para las temporadas altas siguen en la lucha para que la empresa Plusmar les pague lo que les debe. Luego de dos meses de promesas incumplidas, trabajadores autoconvocados de la empresa líder, decidieron llevar su reclamo al Ministerio de Trabajo.
La empresa adeuda parte de los salarios de marzo y la totalidad de los sueldos de abril de casi 600 trabajadores efectivos. A esto se suma la decisión no renovar más de 150 contratos que finalizaron el 15 de abril, correspondientes a choferes precarizados. A ellos la empresa les abonó apenas un 40% del sueldo de marzo y se desentendió de lo adeudado del mes de marzo, la primera quincena de abril, proporcional de vacaciones, aguinaldo y el bono de 4.000 pesos por mes que otorgó el gobierno nacional en enero como piso de aumento salarial.
La estrategia solía ser obligarlos a renunciar con la promesa de volver a convocarlos para otra temporada, incluso pudiendo quedar efectivizados como choferes de planta permanente. Pero con la pandemia, el sistema de precarización laboral se vio interrumpido forzosamente y las empresas de transporte de pasajeros no están haciendo viajes.
Habían logrado un acuerdo de pago en cuotas por los salarios atrasados homologado por el Ministerio de Trabajo pero la empresa no lo respetó y volvió a incumplir. «Una vez más, la cuarentena es utilizada por las patronales para no abonar sueldos, suspender y despedir», denunciaron.
También llueven las críticas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA): «Nuestros representantes, los delegados no nos dan explicaciones y desde marzo que no cobramos. Hay compañeros que deben tres meses de alquiler, compañeros con hijos discapacitados» y denunciaron que «su única intervención fue para empezar a diagramar una rebaja salarial del conjunto de sus representados en acuerdo con las Cámaras del transporte».
Otro blanco de la empresa son los choferes que están próximos a jubilarse, que sufren presiones para arreglar el retiro: «Los aprietan para que vayan a firmar a la empresa porque si no dicen que no les van a pagar».
Los trabajadores del sector están denunciando falta de pago de salarios en distintos puntos del país. Hubo manifestaciones en:
- Entre Ríos, frente a la sede de la UTA regional de autoconvocados reclamando por 600 afectados.
- Jujuy, donde la regional moviliza por los 800 choferes alcanzados.
- Misiones. Autoconvocados protestaron frente al galpón de la empresa M. Horianski y denunciaron que fuerongolpeados por integrantes de la seccional de la UTA (sic).
- San Juan, donde una veintena de choferes protestaron frente a la sede de la UTA.
- Neuquén. Convocó la UTA regional y amenazó con ir al paro.
- Mar del Plata, la UTA regional se manifiesta en estado de alerta y amenaza con no reanudar el servicio.
- La Pampa, la seccional de la UTA también en alerta.
Este martes 26 de mayo, a las 10:00, Choferes Autoconvocados de Plusmar realizarán una olla popular en reclamos de salarios adeudados en la puerta del predio de Avenida Pedro de Mendoza al 3400 del barrio porteño de Barracas, frente al Riachuelo.
Se convoca a choferes, mecánicos y personal de transporte de pasajeros de Plusmar y empresas del grupo. Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos para las familias de los trabajadores y trabajadoras que están pasando un mal momento.
La Red de precarizados votaron en asambleas virtuales movilizar el viernes 29
Concentrarán a las 10:00 y confluirán a las 11:00 con la convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto para multiplicar las fuerzas y la coordinación.
Se reunieron en asambleas virtuales el sábado en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Jujuy. También el martes pasado en La Plata con resoluciones en el mismo sentido. Los jóvenes de Neuquén al igual que los de Tucumán se reunieron este lunes.
Lxs precarizadxs e informales de La Red convocan a la movilización como continuidad de la que ya se había realizado la semana pasada para visibilizar los reclamos de las trabajadoras y trabajadores precarizados contra los despidos, las rebajas salariales, por el pago de la IFE para todos ya y un salario de emergencia. A su vez proponen confluir con los trabajadores de las aplicaciones y sumar fuerzas a la convocatoria a movilización votada por la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto por sus condiciones de trabajo.
En las asambleas pibes y pibas de todas partes del país se conectaron y empezaron a hacer lo que nunca habían hecho: encontrarse con cientos de pibes que están en la misma, tener asambleas juntos para empezar a organizarse para terminar con la precarización de los trabajos y las vidas. Entre varios rubros y sectores se destacaron los pibes y pibas repartidores de aplicaciones, de casas de comidas rápidas, docentes reemplazantes, gastronómicos, comercio, call centers, de limpieza, desocupados, de la industria, entre otros.
Cada uno, en decenas de intervenciones, contó cómo empeoraron sus condiciones de trabajo con la pandemia pero todos y todas están de acuerdo con una misma idea: la necesidad de no resignarse, unir sus fuerzas y salir a la calle el 29 para que los escuchen y coordinar con nuevos sectores. Las reuniones finalizaban unos minutos antes de que Alberto Fernández extendiera la cuarentena sin proponer ninguna medida para los trabajadores más precarios.
Todos coincidían en que mientras las conducciones de los sindicatos miran para otro lado y son cómplices de las suspensiones y recortes salariales, los empresarios avanzan cada vez más con la precarización laboral como contaban en las asambleas casi calcadas: Mc Donalds, Burguer Kings, Rappi, Glovo, Pedidos Ya y tantas otras cadenas que son símbolos de la precarización.
Se destacan ejemplos como los de Mc Donalds donde nuevamente muchos trabajadores tuvieron recibos de sueldos en cero pese a que el gobierno destine la plata de los jubilados para estas multinacionales. Miles de trabajadores de call center contaron que continúan suspendidos. Los trabajadores de las aplicaciones plantearon sus reclamos por derechos laborales ya que no cuentan con cuestiones elementales como jubilación, obra social o ART. También denunciaron que la precarización mata, como contaron en la asamblea de GBA donde hablo Bárbara, la hermana de Franco Almada, joven repartidor de Pedidos Ya que murió atropellado entregando un pedido.
No solo hubo denuncias, sino también ejemplos de resistencia y protagonizado por las que más la padecen: las mujeres. Como en la asamblea de Rosario donde las trabajadoras de call contaron cómo se organizaron para conseguir las licencias para las madres sin reducción salarial y lo pudieron conquistar.
En todas las asambleas de la Red se votó pelear para que todos cobren la IFE, porque en el medio de esta crisis el gobierno tiene que dar respuestas. Este reclamo se escuchó con fuerza en la asamblea de La Plata, quienes este viernes se movilizaron para presentar un reclamo al Ministerio de Trabajo para que se abone de forma urgente el IFE a todos los trabajadores y trabajadoras que fueron rechazados en el pago.
En la asamblea de la ciudad de Córdoba, también se sumaron y votaron el llamado a la movilización el 29 de mayo para poner en pie una nueva jornada nacional de los trabajadores y trabajadoras precarizadas e informales, a pesar de los intentos de represión por parte de la policía de Schiaretti. La semana pasada el gobierno cordobés salió con fuerza a atacar a los trabajadores implementando una nueva reforma jubilatoria, rebajas salariales y judicializando la protesta, pero desde esta semana se va a expresar la respuesta de los trabajadores. Con una gran caravana el lunes de los trabajadores de la salud, el martes los choferes de UTA y el miércoles los trabajadores municipales. El viernes, en otro aniversario del Cordobazo, desde la juventud precarizada de La Red le rendirán homenaje saliendo por sus reclamos.
Automotrices
Una de las primeras que retomó el trabajo fue Volkswagen, que puso en marcha su planta de cajas de cambio en Córdoba. Y el lunes 18 retomó la producción la planta de Pacheco, en el norte del GBA, con un turno único para continuar con la producción del modelo Amarok.
Según un informe de la Cámara que agrupa a los autopartistas, el 79% de las firmas del sector consiguió ingresar al programa ATP. Rige un pacto social sectorial del cual el Gobierno es considerado un garante central. En líneas generales el gremio admitió en el marco de ese acuerdo diferentes maneras de flexibilidad laboral. Y recorta considerablemente las posibilidades de conflicto gremial.
Un ejemplo de flexibilidad fue la ocupación de personal de General Motors en la empresa Unilever. Fueron 15 vacantes mediante contratos temporales en el marco de la categoría “pluriempleo”. Mientras dure el vínculo los contratados no perderán si empleo en GM.
Fuentes: Télam, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, Página12, Anred, APU, Red Eco Alternativo, Infogremiales, Infobae, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, OPSur, ACTA- CTA