«Se trata de la primera presa política de la era Macri»

La situación jurídico-política de Milagro Sala, 52, detenida desde el 16 de enero del año en curso en Jujuy, trasciende ya las fronteras de Argentina. Su detención constituye un peligroso precedente para todo el movimiento social según analiza en entrevista exclusiva Luis Paz, su abogado defensor. De origen humilde, Milagro Sala inició en la década pasada su militancia en el movimiento piquetero, que ocupaba calles y rutas para promover sus reivindicaciones a favor de techo, educación, salud y planes sociales. Fue luego cofundadora en Jujuy de la organización barrial Tupac Amaru, que adhiere a la Central de Trabajadores de Argentina. Sala fue elegida en el 2013 diputada provincial por un frente popular aliado del kirchnerismo, cargo al que renunció luego de ser electa en octubre del 2015 diputada argentina del PARLASUR (Parlamento Suramericano).  

P: ¿Cuál es la situación jurídica de Milagro Sala a más de cuatro meses de cárcel?

R: Se encuentra ilegalmente privada de su libertad desde el 16 de enero por orden del Gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Fue detenida en la puerta de su domicilio por el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, motivo por el cual las organizaciones sociales plantean que se encuentra a disposición del Poder Ejecutivo. El primer motivo para detenerla fue en relación a una protesta social pacífica que se desarrolló frente a la Casa de Gobierno a partir de 14 de diciembre ante la falta de respuestas al reclamo de 20 mil trabajadores cooperativistas que solicitaban la apertura de una instancia de diálogo. De los cuatro imputados en aquella causa Milagro Sala fue la única detenida.

P: ¿Y cómo siguió el proceso jurídico?

R: Recién 15 días después, el 29 de enero, se le notificó el cese de detención en ese proceso. Pero apenas unas horas más tarde se le informó que continuaría detenida por otro expediente caratulado como asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado. Esta segunda causa fue iniciada el 15 de enero por la tarde, en plena feria judicial, habilitada para atender casos de urgencia. Ese día, 9 personas se «presentaron espontáneamente» a declarar sobre hechos de 2012, 2013, 2014 y 2015. A más de 4 meses de su detención no existe en el expediente ningún elemento en contra de la diputada del PARLASUR más que las declaraciones de otros dirigentes sociales que, cooptados por el Gobierno provincial, la denunciaron. En este tiempo, el Gobierno promovió en contra de Sala otras cuatro causas. En ninguna de ellas hay elementos que prueben ningún tipo de responsabilidad de su parte. A no ser declaraciones de otras personas en su contra.

«Violación del Estado de Derecho y la inmunidad parlamentaria»

P: ¿Es decir, no hay pruebas sustanciales como para mantenerla en prisión?  

R: En efecto. ¡Varios de los que declaran contra la dirigente son beneficiados directos por tal proceso! Quisiera insistir en que, en definitiva, en el caso de Milagro Sala, se ha violado sistemáticamente el Estado de Derecho, la legítima defensa, la presunción de inocencia, entre otra gran cantidad de irregularidades que hemos denunciado a lo largo del proceso.

P: ¿El hecho que su defendida sea diputada de un poder legislativo regional-internacional, como el PARLASUR, no debería asegurarle la inmunidad?  

R: ¡Sí, en efecto! En tanto que diputada del PARLASUR, goza de inmunidad de arresto y se debería haber iniciado un proceso de desafuero antes de detenerla. La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) determinó que Milagro Sala está privada ilegalmente de su libertad y que «se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad». El Fiscal General Miguel Ángel Palazzani a cargo de la PROCUVIN y el fiscal ad hoc, José Alberto Nebbia, determinaron que el artículo 16 de la ley 27120 que reconoce la inmunidad de arresto para los legisladores del PARLASUR goza de plena vigencia. Y que se aplica plenamente al caso de Milagro Sala: «desde que fue electa el 25 de octubre de 2015 -Milagro Sala- posee inmunidad de arresto. No hay razones jurídicas ni fácticas para que la norma no sea aplicada estando vigente. Es obligación de los jueces y fiscales aplicarla», señalaron los fiscales en su resolución.

P: ¿Eso significa que deberían liberarla?

R: Sin duda alguna. Los fiscales aseguraron que «Milagro Sala, diputada del PARLASUR se encuentra privada ilegítimamente de su libertad» y que «está siendo víctima de la peor violencia: la violencia institucional. Violencia institucional -agregan- que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce la violencia el desamparo es absoluto». Ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del PARLASUR amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad», indicaron en la resolución.

P: ¿Ha podido desarrollar sin presiones el derecho de defensa?

R: No. Fui imputado por amenazas coactivas contra una testigo con quien nunca había hablado. Solicité una pericia psicológica y presenté las pruebas correspondientes para demostrar mi inocencia. Apenas conocido el hecho, colectivos de abogados vinculados con los derechos humanos, 23 colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales, sindicales y políticas me respaldaron y denunciaron la persecución feroz que se vive en la Provincia de Jujuy en donde ni siquiera se respeta el legítimo derecho a la defensa.

«Buscan criminalizar al movimiento social»  

P: Por lo señala se trataría de una detención y un proceso jurídico con fuertes condimentos políticos…

R: Sin duda. Se trata de la primer presa política de la era Macri. El Centro de Estudios Legales y Sociales junto a Amnesty Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales presentaron denuncias al respecto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que ya realizaron los requerimientos correspondientes al gobierno argentino que aún sigue sin dar respuestas.

P: ¿Un caso con repercusiones políticas más amplias?

R: Absolutamente. La criminalización de Milagro Sala busca disciplinar a todos los movimientos populares en la Argentina. Es una prueba piloto. De lograr consolidar este proceso contra la dirigente social, todos los argentinos corren riesgo de ser detenidos y acusados sin respetarse las garantías constitucionales. Mal presagio que hace recordar lo que sucedió en el país en sus épocas más oscuras de la dictadura.

Sergio Ferrari en colaboración con el periódico suizo Le Courrier.