Si los argumentos del gobierno uruguayo para justificar la custodia militar en el perímetro donde se construye la pastera de Botnia parecieron un tanto disparatados, basta con leer las conjeturas del gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, para comprender que el conflicto argentino-uruguayo por la celulosa avanza sobre una delgada línea […]
Si los argumentos del gobierno uruguayo para justificar la custodia militar en el perímetro donde se construye la pastera de Botnia parecieron un tanto disparatados, basta con leer las conjeturas del gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, para comprender que el conflicto argentino-uruguayo por la celulosa avanza sobre una delgada línea que roza el sinsentido.
Cuando se supo la noticia de que efectivos del Ejército llegarían a Fray Bentos para sumarse a un fuerte control de seguridad, funcionarios cercanos al presidente Tabaré Vázquez aseguraron que la medida respondía a la preocupación frente a un posible atentado contra la planta de celulosa finlandesa. Las autoridades orientales se basaron en declaraciones de algunos vecinos de Gualeguaychú, donde se lleva a cabo el nuevo bloqueo del puente fronterizo General San Martín por tiempo indeterminado. «Del otro lado algunos representantes de la asamblea de Gualeguaychú han dicho que puede aparecer un Bin Laden», advirtió el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.
Más tarde, incluso, el senador del Frente Amplio, Jorge Saravia, habló de un eventual «copamiento» de la planta. Según el legislador, los servicios de inteligencia de su país, manejan información sobre «la posibilidad de alguna situación no deseada» como «puede ser algún atentado o algún copamiento».
La respuesta argentina no se hizo esperar. El propio presidente Néstor Kirchner se refirió directamente a la decisión de Tabaré Vázquez en un acto oficial, este jueves: «¿Por qué mandó a custodiar una papelera? No nos merecíamos semejante afrenta, le pedimos que rectifique ese error. Por Dios, no hay que perder la razón ni hay que buscar réditos internos en algo que nos conmueve, tratando de mostrar xenofobias del pasado».
En esta misma línea, los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, salieron a respaldar las declaraciones de Kirchner. Fernández calificó la medida uruguaya de «desmedida» y la interpretó como «una suerte de afrenta que hay que resolver», mientras que Taiana expresó la queja oficial a través de una carta entregada al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo.
Pero fue Jorge Busti quien se encargó de aportar la conjetura disparatada del día en una entrevista radial en la que cruzó opiniones con el intendente del departamento de Río Negro (Uruguay), Omar Lafluf. El gobernador entrerriano consideró que, con las versiones sobre un posible ataque contra Botnia, «se intenta crear un ambiente para hacerse una especie de autoatentado para acusar de violentos a vecinos pacíficos».
En medio de este cruce que parece no tener fin, el representante de Botnia en Uruguay, Carlos Faroppa, trató de desvincular a la transnacional de la presencia de efectivos militares en Fray Bentos, que por estas horas realizan tareas de reconocimiento y coordinación en la zona. «Fue una solicitud del Gobierno como medida precautoria y preventiva de protección del predio», aseguró Faroppa.
Sin embargo, no sería posible entender los movimientos del gobierno uruguayo en su defensa de la celulosa, sin saber que Botnia ejerce una enorme presión que determina cada una de las decisiones de Vázquez en cuanto al tema desde que asumió la presidencia, en marzo de 2005.
La transnacional finlandesa se aseguró este poder gracias al Tratado de Protección de Inversiones que pactó con el ex presidente Jorge Batlle y, que los legisladores de la derecha (Blancos y Colorados, por entonces con una mayoría significativa de bancas) se encargaron de aprobar en el Congreso Nacional. El acuerdo entre Batlle y Botnia fue suscripto el 21 de marzo de 2002, y unos meses después el Senado le dio media sanción. En la Cámara de Representantes, la aprobación se demoró un poco más, en el contexto de un largo debate, pero finalmente se concretó el 4 de mayo de 2004, a pesar de la oposición de todo el bloque frenteamplista.
El análisis del entonces diputado socialista, Ricardo Castromán, suena ahora como una verdad difícil de digerir, aunque los hechos confirmaron la justeza de cada una de sus palabras: «Creo que esto le va a traer muchos dolores de cabeza al Estado uruguayo, cualquiera sea la conducción política que a partir de octubre tome los destinos del país», dijo luego de que el acuerdo Batlle/Botnia se convirtiera en ley.
Castromán también aseguró en esa oportunidad que el tratado «no le da muchas salvaguardas, le da todas las salvaguardas» a la compañía. «Se habla de compensaciones, se habla de que si se concreta la construcción de la planta de celulosa por parte de Botnia, que pertenece al Estado finlandés, esa va a ser tierra finlandesa donde nadie va a tocar nada ni revisar nada. El tratado y fundamentalmente los artículos 5 y 9, están dándole todo tipo de prebendas al Estado finlandés y a esta empresa que piensa instalarse y de esta forma nos parece que estamos en condiciones prácticamente insalvables en este momento», aseguró.
Precisamente, los artículos señalados por el ex diputado, además del artículo 6, son los mismos que determinan la actual política uruguaya para asumir la protección de las inversiones finlandesas como si fueran propias.
¿Qué establecen esos puntos del Tratado? En primer lugar, que «las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas», en segundo término que el «Estado deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o revueltas» y, por último, que «en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según les parezca». Es decir, se trata de una ley que se coloca por encima del Estado uruguayo y que, a su vez, pone los intereses transnacionales por encima de los intereses nacionales. Tal es el legado del ex presidente Jorge Batlle sobre el gobierno del Frente Amplio y sobre las sucesivas administraciones durante un plazo de 20 años.
El cruce entre Argentina y Uruguay podría llegar a niveles de tensión aún más altos en los próximos días. Todavía cuesta creer que exista la posibilidad de algún «atentado» contra la planta de Botnia, como afirman las autoridades uruguayas, o un «autoatentado», como especula Busti; pero dadas las circunstancias es probable que, si el conflicto entre ambos países se agrava, la relación bilateral estalle por los aires y tenga serias consecuencias sobre el proceso de integración del Mercosur.
Se deberá poner especial atención a la visita a Montevideo que realizará el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, prevista para el 18 o 19 de diciembre. Tabaré Vázquez intentará lograr el apoyo del mandatario brasileño, en su papel de presidente pro-tempore del Mercosur, sobre todo para llevar el conflicto al ámbito del bloque. Tal vez no lo logre, pero, sin duda, Da Silva será un factor importante para calmar las aguas del Río Uruguay.