El sistema político nacido del catálogo de renuncias que supuso la Constitución de 1978 nunca le agradeció suficientemente a Pilar Miró los servicios prestados. Años antes de contribuir a la consolidación del prestigio de la monarquía en el imaginario colectivo -mediante efectistas retransmisiones de bodas de infantas- la directora de cine tuvo un papel estelar […]
El sistema político nacido del catálogo de renuncias que supuso la Constitución de 1978 nunca le agradeció suficientemente a Pilar Miró los servicios prestados. Años antes de contribuir a la consolidación del prestigio de la monarquía en el imaginario colectivo -mediante efectistas retransmisiones de bodas de infantas- la directora de cine tuvo un papel estelar en el posicionamiento geoestratégico de nuestro país. Suya fue la escenografía que permitió a Felipe González conseguir la victoria en el trascendental referéndum sobre la permanencia de España en la estructura militar de la OTAN, y con ella, la subordinación definitiva de nuestro país al imperio norteamericano.
Veintitrés años después, de nuevo una guionista y directora de cine, Ángeles González-Sinde Reig, fue llamada a filas para cumplir con una misión trascendental: conseguir el control efectivo de la Internet española por parte de un estado satélite de Estados Unidos, la antigua nación soberana llamada España. Ella debía poner el rostro amable, el cartel cinematográfico, a una coproducción de propaganda que había sido diseñada lejos de nuestras fronteras, con el declarado objetivo de poner límites a la libertad de expresión en la Red. El gran error de los estrategas fue limitarse a utilizarla de carátula: hubiese sido mucho más inteligente dejarle escribir el guión. Si algo le sobra a Ángeles González-Sinde es talento literario.
Mutilar el ingenio creativo del director es un error común en las producciones norteamericanas, y la Ley Sinde no fue una excepción. Su estreno fue desastroso, y a ello contribuyó la filtración en Internet de copias de mala calidad, lo que obligó en reiteradas ocasiones a reescribir el montaje. La impostada sobreactuación de sus protagonistas -muy especialmente los histriónicos Tourné, Farré y Guisasola- acabó convirtiendo el film en la peor coproducción legislativa de la historia.
La Ley Sinde fue una imposición extranjera, una obra de encargo, y como consecuencia de ello, una producción mediocre. Pero el estiércol es fértil, y hasta la peor de las películas puede encerrar una feliz metáfora: si algo nos ha enseñado la Disposición Final Segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible es cómo se hacen las leyes en España. El prisma narrativo de la Ley Sinde puede extrapolarse a todas y cada una de las actuaciones legislativas de nuestro Gobierno, dirigidas a blindar a la oligarquía financiera que ha sumido al país en la peor crisis de su historia.
No he citado el referéndum de la OTAN en vano: la humillación del Gobierno Zapatero por el gigante norteamericano pasa en todo momento por encima de la voluntad popular, que un 12 de marzo de 1986 votó por la reducción de las bases militares norteamericanas en España, por la no incorporación a la estructura militar de la Alianza Atlántica, y por la prohibición de introducir armas nucleares en territorio español. La cáustica comicidad de la Ley Sinde no puede competir en los Goya frente al terror global en el que nos ha sumido este Gobierno.
No diré aquí determinadas cosas. Tanto este letrado como uno de sus clientes, elrincondejesus.com, aparecen en los cables de la embajada norteamericana en Madrid. Declino ahora contestar por alusiones: lo que tengo que decir al respecto, lo diré ante unos tribunales que me merecen mucha más confianza que los políticos que han de votar la Ley Sinde.
En próximos días volveré para hablar de WikiLeaks, muy especialmente sobre lo que todavía no se ha revelado acerca del papel estratégico de un determinado tipo de prensa. Pero hoy Surfer’s Lawyer tenía que hacer justicia a una dama, cuya dignidad quedará completamente a salvo el día en que decida presentar la dimisión.