Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, a la Presidencia de la República, en sus poco más de 100 días de gobierno en materia de instrumentación de políticas de seguridad pública y lucha frontal contra la categorizada penalmente delincuencia Organizada se ha hecho lo que no se hizo en el pasado histórico presidencial pasado reciente.
En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, su artículo 2 la define como aquella que “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: (que incluye por ley misma entre otros terrorismo, acopia y trasiego de armas, tráfico de personas y órganos humanos, trata de personas)- se ha hecho lo que no se hizo en el pasado histórico presidencial pasado reciente.
Eso habla de que el esquema de atención del problema va, por así decirlo por buen camino, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, debería de publicar un resumen ejecutivo de las acciones emprendidas y sobre todo los resultados –que son muchas nacionalmente- para que la sociedad mexicana siga fortaleciendo su confianza en este binomio Presidenta-Secretario que sin duda alguna es el colaborador más cercano y de confianza de la Presidenta de México, situación que saben los adversarios dentro y fuera de su gobierno, plenamente identificados, sobre todo los internos que no dudan en poner piedras en el camino para debilitar la figura presidencial, la que día a día se solidifica, pero eso en otra entrega.
Lo que deseamos dar a conocer es que, diariamente se están dando acciones legales y jurídicas en materia de seguridad pública y combate a delitos federales, que no son del todo replicados –en el fuero común- por las y los ejecutivos de los Estados, a pesar de que, ya la Presidenta de México en una reunión pasada les dijo a todos prácticamente «asuman su responsabilidad y pónganse a trabajar, sobre todo los que no acaban de llegar con ella misma a la administración pública.
Y es que es común ver en redes sociales miles o millones de videos y reproducciones que dan cuenta de que el ciudadano de a pie, el que va en su carro, caminando, en moto, en bicicleta, paseando sus mascotas, comiendo una paleta, saliendo o llegando a su casa de sus actividades diarias, con menores de edad, son literalmente extorsionados o pretenden ser extorsionados por policías de todo tipo, estatales, municipales, policías auxiliares o privados con permiso de funcionamiento oficial, agentes de tránsito, grulleros y, en menor escala policías federales de todo tipo.
En efecto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 4º trimestre 2024 publicada por INEGI https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9587 , consideró que el 61.7 % de la población mayor de 18 años, se siente inseguro vivir en su ciudad, refiriéndose no a la inseguridad que propician irónicamente los policías del país, sino de presuntos delincuentes. El informe también califica de las autoridades de seguridad pública su desempeño de mayor a menor confianza: Marina, 87.6; Ejército, 83.4; Fuerza Aérea Mexicana, 83.3; Guardia Nacional, 74.0; policía estatal, 53.9, y policía preventiva municipal, 47.5. Es decir, no confían mayoritariamente en el actuar de sus policías municipales y estatales incluyendo agentes de Tránsito/grúas y si, por el contrario, desconfían de ellos, porque 47.2 % declaró sufrir al menos, un acto de corrupción por parte de policías estatales y municipales.
Lo anterior confirma las cientos de miles de denuncias nacionales en redes, contra lo que consideran un atraco total proveniente de quienes deberías cuidarlos, aunque creemos son más los buenos que los malos, como el caso de oficiales de seguridad pública que han muerto en el cumplimiento de su deber y que, de 2018 a la fecha son 1,294. Nuestro respeto y admiración para ellas y ellos.
Para este caso al corte, hay 168, 689 policías estatales y 125, 188 policías municipales, haciendo un total de 293, 877, (SESNSP-2024), equivaliendo a 1.8 policías por cada 1000 habitantes contra 2.8 policías que demandan estudios de la ONU en el rubro. Pero el sentido es que quien debe cuidarnos de los malos son los que hoy muchas veces nos extorsionan o violan nuestros derechos. Lo cierto es que los estados y municipios y sus ejecutivos en poco ayudan a la Presidenta Sheinbaum, si como ella les dijo no asumen su responsabilidad. Un fósforo puede iniciar un incendio y varios gobernantes no lo entienden o lo hacen a propósito. Y en Palacio Nacional nos dicen ya lo saben.
Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
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