Tras décadas de saqueo y empobrecimiento por las políticas aplicadas en nuestro país por gobiernos corruptos aliados a los organismos financieros internacionales, que impulsaron ajuste y recorte social, privatización, flexibilización laboral y vaciamiento del Estado, se inicia una crisis económica, que se acompaña de una crisis institucional producto de la movilización social. Como siempre, los […]
Tras décadas de saqueo y empobrecimiento por las políticas aplicadas en nuestro país por gobiernos corruptos aliados a los organismos financieros internacionales, que impulsaron ajuste y recorte social, privatización, flexibilización laboral y vaciamiento del Estado, se inicia una crisis económica, que se acompaña de una crisis institucional producto de la movilización social.
Como siempre, los más perjudicados fuimos los trabajadores y los sectores populares. De a poco comenzamos a organizarnos para reclamar mejores condiciones de vida, trabajo, alimentos, entre otras reivindicaciones. Fue cuando se generalizaron los piquetes, como forma de reclamo, como forma de hacer visible aquello que se vivía en los barrios: el hambre, la miseria, la desocupación, la salud precaria, la falta de alimentos en los comedores, única salida para que los pibes/as coman algo todos los días.
El 6 de febrero del 2002, se organizó un corte en la ruta 205, a la altura del Jaguel, en Esteban Echeverría. En este corte Jorge «Batata» Bogado, un puntero ligado a los intendentes de Ezeiza y Esteban Echeverría, abrió fuego contra la manifestación, asesinando impunemente a Javier Barrionuevo. Al momento del asesinato los policías que participaban del retén miraron para «otro lado».
Javier era un pibe de 31 años, que peleaba por salir en un contexto adverso, de exclusión y miseria. El día que lo mataron andaba en el piquete junto a muchos compañeros que reclamaban por planes sociales y alimentos para los comedores populares. Era su primera vez en una protesta, no militaba ni pertenecía a ninguna organización. En el 2003 se llevo adelante el juicio. Como en tantos otros casos, la justicia garantizo la impunidad. El Fiscal Pablo Pando, pese a tener las pruebas necesarias, no efectuó la acusación, y sin esta tampoco hubo condena. «Batata» Bogado salió libre y así continua.
La continuidad de la represión a la protesta como política de Estado. En el marco de la ley antiterrorista aprobada en el congreso nacional el 13 de junio de 2007, se hace manifiesta la criminalización de la protesta con la consigna clara de apaciguar y atemorizar a los movimientos sociales y las expresiones populares que luchan en un sentido justo por mejorar las condiciones de vida atacadas por el capitalismo.
De esta manera, el gobierno nacional importa una ley ideada por el imperio yanqui, que forma parte del plan de seguridad internacional que imponen a fuego y sangre, justificando represiones y asesinatos en gran parte del territorio latinoamericano.
El gobierno Kirchnerista aprueba esta ley mientras los casos de represión e injusticia se multiplican. Ejemplo de esto es el encarcelamiento de Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, por el incendio de un local del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba, la desaparición de Luciano Arruga a manos de la policía corrupta o la represión y asesinato del pueblo Qom que pelea por sus tierras ancestrales, de la misma manera que a los Mapuches en la región patagónica Chilena se les ocupan sus tierras de forma violenta.
Con esta ley, el gobierno puede acusar de ser terroristas a los y las luchadoras/es. El aparato represivo se arroga el derecho de encarcelar y suspender derechos constitucionales y de interrogar sin garantías a los y las acusadas/os. El ejemplo más extremo de esto es la posibilidad que tiene el estado de utilizar la tortura como método de interrogación.
Como ocurrió con Javier, la impunidad para matar y la injusticia continúan, aún en épocas distintas y con gobiernos distintos. El Kirchnerismo, pese a su «política de derechos humanos», continúa permitiendo, y haciendo la vista gorda frente a los miles de casos de gatillo fácil, de asesinatos y avanzadas de grupos armados en las comunidades indígenas, la trata y la desaparición de personas, la represión de las protestas contra la mega minería y el saqueo de los bienes comunes, la detención de luchadores sociales, los pibes y pibas muertos por el negocio del narcotráfico en complicidad con el poder político. En Argentina cada 28 horas un joven es asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Desde 1983 hasta la fecha son 3800 las personas asesinadas y/o desaparecidas por el aparato estatal. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales, el poder judicial y la policía son responsables.
La lucha de Javier y muchos otros continúa y se multiplica todos los días, en nuestros movimientos, en los comedores, en las fabricas, los talleres, las universidades.
Seguimos apostando por construir una sociedad diferente, sin injusticias, sin desigualdades, y creemos que esa es la mejor manera de honrar su memoria.
Continuamos exigiendo cárcel a los autores materiales y a los responsables políticos. Exigimos Justicia por Javier Barrionuevo, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Jere, Mono, Patom, Luciano Arruga, Carlos Fuentealba y todos los compañeros víctimas de la represión.
A once años del asesinato de Javier Barrionuevo continuamos luchando por el cambio social. Exigimos:
*JUICIO POLITICO AL FISCAL PABLO PANDO
*REAPERTURA DEL CASO
*CARCEL A JORGE BOGADO
FPDS – FOL – COMETE – CEDP – MTR PLDD – MIR – COMPA – MNCI – Represión a la Vista – Barrios de Pie.
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=9927&Itemid=99999999