M.H.: Se han producido una serie de hechos de gatillo fácil en los últimos días, Facundo Scalzo en Bajo Flores, el caso de Oscar Iturralde en Plátanos el pasado 14 de junio, Diego Nicolás Alzamendi en Berazategui, donde también fue asesinada Ana Maidana de 19 años por el policía federal Germán Bentos. Un agente de la Policía Federal mató a dos presuntos asaltantes en Tucumán. También nos enteramos del caso de Fernando Matías Leguizamón, un mecánico de 31 años de Quilmes que fue abordado por un grupo de personas, entre las que se encontraban de civil los policías bonaerenses Rodrigo Valdés y Natalia Zuleta, confundiéndolo con otra persona. Irrumpieron en un domicilio por error en Villa Albertina en Lomas de Zamora, hirieron gravemente en un ojo a Ignacio Ceijas de 17 años, etc., etc. Estos son solamente los casos contabilizados en los últimos días, porque ustedes han presentado un informe mucho más amplio sobre los 90 días de cuarentena.
M.C.V.: Lo que señalabas recién tiene que ver con el gatillo fácil, una práctica represiva que creíamos que iba a disminuir en este tiempo de cuarentena en función de una simple cuestión material, que no iba a haber tanta gente circulando en la calle y, por lo tanto, había menos blancos móviles para el gatillo fácil. Sin embargo queda claro que eso suma y sigue. Y hay que agregarle, más allá de los hechos que más conocemos, detenciones arbitrarias, humillaciones, vejaciones, imposiciones, tormentos, muertes en lugares de detención que se han incrementado, sobre todo en comisarías y llegando al extremo de una desaparición forzada de persona como el caso de Luis Espinoza en Tucumán.
Toda una serie de hechos que hemos venido relevando a lo largo de estos 91 días con 50 reportes, notas individuales sobre los hechos más trascendentes, el de la familia quom en el Chaco, además de los muchos de los casos de gatillo fácil que mencionabas, que dan cuenta de que una medida sanitariamente correcta como el aislamiento social, preventivo y obligatorio dejada en manos del aparato represivo para su implementación sólo podía tener este resultado.
M.H.: Ustedes están elaborando un informe de los tres primeros meses de pandemia.
M.C.V.: Estamos haciendo el trabajo que hacemos cotidianamente desde hace ya varias décadas, para el registro de los casos que terminan con la muerte de personas a manos del aparato represivo estatal. De hecho aclaramos en este informe presentado a 3 meses del aislamiento que hay muchísimos casos que no hemos podido incluir en el archivo porque no los podemos chequear, porque materialmente no podemos desplazarnos para encontrarnos con las familias, los amigos, las propias víctimas en los casos de las supervivencias de algunas, o para ir a tribunales a ver los expedientes y por eso solamente estamos dando a conocer aquellos casos que ya tenemos chequeados a pesar de la dificultad de esta etapa, por actividad o contacto propio o de compañeros o compañeras de otras organizaciones.
M.H.: Hay un dato de 380 intervenciones de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación en casos de violencia institucional. ¿Cómo evalúan ustedes esa actuación?
M.C.V.: No tengo conocimiento de que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Horacio Pietragalla haya tenido demasiada intervención en los hechos de los que hablamos.
M.H.: A mí me sorprendió esta información dada el domingo 21 de junio por Tiempo Argentino, porque tengo una evaluación bastante negativa respecto de la actividad de la Secretaría.
M.C.V.: En los casos en los que estamos interviniendo nosotros con Correpi no tenemos ningún tipo de conocimiento, más allá de que con Pietragalla, hijo de desaparecidos, nieto recuperado nos conocemos de manera que no tiene ninguna dificultad llegado el caso, para comunicarse con nosotros.
M.H.: Quiero preguntarte también por la actuación de la Ministra de Seguridad Sabrina Frederic.
M.C.V.: Como mínimo hay una situación contradictoria. Quiero dejar bien claro que la última vez que estuve en el estudio hablábamos de la reunión que tuvimos con Frederic. Apenas asumió la gestión convocó a Correpi para que le diéramos el diagnóstico de la situación represiva después de los cuatro años de gestión macrista, le entregamos la agenda de reclamos necesarios, urgentes que veníamos elaborando y difundiendo, dijimos que estaba muy bien que 4 o 5 de esos puntos ya habían sido cumplidos, como la derogación de los protocolos Bullrich, el de disparar por la espalda a personas desarmadas, el de ofensores de trenes, el de Gendarmería con el servicio cívico voluntario con valores, etc.
Pero llegó la pandemia y con ella una nueva situación de excepción, determinada esta vez normativamente a través del DNU 297 y ese proceso, en caso de que hubiese estado previsto profundizarlo y avanzar con nuevas reivindicaciones, se frenó y contrariamente lo que se hizo, como decía recién, fue dejar en manos del aparato represivo explícitamente el cumplimiento de la medida del aislamiento en vez de dar una respuesta desde lo sanitario, asistencial, los ingresos, el alimento, etc. Para poder garantizar que la totalidad de la población pueda quedarse en su casa y no solo aquellos que tienen lo suficiente como para mantenerse varios meses sin trabajar. Porque esa es la realidad que enfrentamos todos y todas.
En ese sentido hay un quiebre que se produce a partir del 20 de marzo que hay que tener en cuenta porque no es la misma situación la que teníamos en enero, febrero o los primeros días de marzo.
Pero además desde el primer momento hemos señalado esta incompatibilidad entre el discurso que inicialmente intentó instalar la ministra Frederic con señalamientos como que la policía no debe cometer delitos a la hora de cumplir sus funciones, etc. Y, por otro lado, tener a Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires que además se da el lujo de provocar masivamente apareciendo armado en los operativos, como se vio en el video que circuló hace unos días atrás; pero además teniendo todo tipo de iniciativas opuestas por el vértice a lo que se plantea por el otro lado y con un problema mucho más grande, la contradicción que esa tensión, que es evidente, porque todos y todas hemos escuchado lo que Berni dice de Frederic en los medios, que cada vez que se produce una de esas situaciones irritantes, la forma de resolverlo es que se junten, hagan un par de fotos para la prensa en una conferencia de prensa común y a continuación sale un protocolo de acción conjunta de fuerzas federales y provinciales. Y así estamos.
M.H.: De los reclamos que presentaron a la Ministra Frederic ¿cuáles serían los puntos fundamentales que estarían faltando?
M.C.V.: Primero y principal, y de esto venimos hablando hace años, es la cuestión de las detenciones arbitrarias. La existencia de facultades cada vez más ampliadas, incluso mucho más ampliadas ahora en el marco de la pandemia para que las fuerzas de seguridad puedan detener personas en cualquier momento y lugar por su propia discrecionalidad, no solamente son una amenaza constante para la libertad ambulatoria de las personas, sino un riesgo concreto para su integridad física y su vida, porque la puerta de entrada a la comisaría es también a la tortura y a la muerte.
Además es una cuestión de responsabilidad internacional del Estado Argentino porque desde el 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en la causa Bulacio, independientemente de los gobiernos que se sucedieran, a derogar todo el conjunto de normas que habilitan esas detenciones arbitrarias, la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones y a eliminar todas las prácticas no normadas. Y eso sigue pendiente desde hace ya casi 17 años. Ese es un punto central que cambiaría rotundamente la calidad de vida.
Después hay una serie de puntos que tienen que ver con la saturación policial en los barrios, el hostigamiento permanente sobre los más jóvenes, sobre las disidencias sexuales, sobre las personas obligadas a subsistir con tareas precarias en la vía pública, etc. Todo un paquete vinculado con la legislación penal y procesal tanto a nivel nacional como de las provincias y la Ciudad que en los últimos años por más de una década solo han sido de carácter represivo, en ningún momento ha habido reformas que fueran no represivas. No solamente con lo que nos dejan los cuatro años de macrismo, que es muy fuerte y que requiere ser inmediatamente revisado, sino también con cosas que venían de antes, como las modificaciones al Código Penal hechas por las siete leyes antiterroristas de entre 2004 y 2010.
Y como tercer punto lo que tiene que ver con la estructura tanto operacional como logística y protocolos de acción de las fuerzas de seguridad que incluyen, cosa que no incluía la agenda que teníamos el año pasado y lo hemos tenido que incluir en estos últimos días, la derogación inmediata de la resolución 144 del ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad lleven adelante las tareas de ciberpatrullaje.
M.H.: ¿Querés agregar algo más sobre estos temas?
M.C.V.: Solamente recordar que todo este material está disponible en nuestra página web correpi.org, no solamente los reportes, las notas durante estos 90 días, el informe de los 3 meses sino también algunas recomendaciones para tratar de cinturearla y manejarla mejor cuando nos para la policía en la calle.
M.H.: ¿Se ha dificultado la tarea jurídica?
M.C.V.: Estamos absolutamente paralizados por la feria judicial. La feria extraordinaria que se decretó el 16 de marzo sigue sin ningún tipo de variante tanto a nivel de la Ciudad como a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires con muy pocas excepciones. A pesar de que tanto a nivel nacional como de la provincia, no debería haber inconveniente para la tramitación electrónica de los expedientes, porque tanto los juzgados, fiscalías, como los abogados y abogadas tenemos herramientas, firma digital, etc., para poder acceder a distancia a las actuaciones y poder llevar adelante las causas, sin embargo, eso no está ocurriendo.
Para que te des una idea en marzo hubo uno de los primeros casos de gatillo fácil posteriores al dictado del decreto, el fusilamiento de Nahuel Gómez en Temperley y todavía estoy esperando que la fiscalía se digne a despachar la presentación electrónica que hicimos en representación de su hermana como querellante, con todos los documentos, pero cada vez que entro al sistema me dice “en proceso”.
M.H.: Te preguntaba esto porque se han conocido algunos fallos en torno a la justicia laboral.
M.C.V.: En muy pocos casos se ha habilitado, en el caso de la justicia laboral los colegas que se dedican a la materia están desesperados y desesperadas porque causas que podrían estar tramitando digitalmente no lo están haciendo y solo en muy pocos casos se ha habilitado y por lo general no para el lado de los trabajadores.