La ex presidenta estuvo dos horas ante el juez Julián Ercolini, en el marco de la investigación por la adjudicación de la obra pública La ex presidenta Cristina Kirchner dijo el lunes que es víctima de una «persecución politica y mediática», negó ser «amiga ni socia comercial» del detenido empresario Lázaro Báez e insistió con […]
La ex presidenta estuvo dos horas ante el juez Julián Ercolini, en el marco de la investigación por la adjudicación de la obra pública
La ex presidenta Cristina Kirchner dijo el lunes que es víctima de una «persecución politica y mediática», negó ser «amiga ni socia comercial» del detenido empresario Lázaro Báez e insistió con plantear la nulidad de la acusación, al declarar -sin responder preguntas- por presunto fraude en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
«No soy amiga ni socia comercial» de Báez, dijo Cristina al juez federal Julián Ercolini, en una exposición que duró media hora y en la que además denunció supuestas irregularidades en la licitación y financiación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, adjudicado a una unión de empresas que integra IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Cristina llegó a las 10.15 a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro y de inmediato subió al cuarto piso, sede del juzgado de Ercolini, donde ya la esperaban los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Al arribar e ingresar por una puerta lateral que linda con la sede del Correo Argentino, la ex Presidenta fue recibida por su abogado Carlos Beraldi y por el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
Junto a ellos subió por un ascensor lateral al cuarto piso pero a la audiencia, en la que se negó a responder preguntas, ingresó junto a Beraldi, su abogado en la causa.
La ex presidenta se remitió a los argumentos dados cuando planteó la nulidad en un escrito entregado la semana pasada, en un planteo rechazado por Ercolini, quien dilató la decisión para el momento de la indagatoria concretada ahora.
Según fuentes judiciales presentes en la audiencia, la ex Presidenta hizo una defensa política en la que aludió a la reasignación de fondos, al mecanismo de asignación de obra pública a cargo del Congreso Nacional y aludió a la figura de asociación ilícita que, dijo, pretende imputársele con una manera «que tenía la dictadura para perseguir líderes políticos».
También reclamó que se ordene en la causa una «auditoría integral de la obra pública» para demostrar que no se favoreció a Báez por fuera de los parámetros legales.
Sobre IECSA y el soterramiento del Sarmiento, dijo -al igual que ya lo había planteado en su escrito la semana pasada- que el proyecto había sido aprobado en el gobierno anterior y que durante el macrismo se cambiaron los pliegos.
La ex Presidenta detalló que se preveía la intervención de fondos extranjeros en las obras pero que esto cambió y apareció el Estado Nacional con un aporte de 45 mil millones de pesos y con las obras adjudicadas a IECSA.
Ante esto los fiscales intervinieron para pedir al juez que abra una causa penal independiente para investigar los dichos de Kirchner.
Cristina se refirió durante su monóloco a una «persecución política mediática» como eje de la acusación en su contra, aludió a Juan Bautista Mahiques, en su condición del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y recordó que es hermano del fiscal Ignacio Mahiques, que lleva la causa Hotesur y estaba presente en el despacho de una secretaría del juzgado de Ercolini, donde se concretó el trámite.
También hizo referencia a la antigüedad de la denuncia en su contra desde que se presentó en el 2008 y a lo ocurrido durante dos gobiernos en ese lapso de tiempo.
La audiencia se realizó en una secretaría del juzgado, Cristina se sentó de frente al juez y a su secretaria, escritorio por medio, y junto a su defensor Beraldi y los fiscales y sus secretarios se ubicaron a un costado del despacho.
Al llegar hubo saludos formales y la ex Presidenta saludó a los fiscales cuando éstos le extendieron la mano, sin mirarlos ni dirigirles la palabra.
La ex Presidenta habló alrededor de media hora, tomó agua que había llevado con ella y luego se dedicó a leer y corregir ella misma el acta que fue firmada.
La audiencia se extendió durante dos horas, pero por lo extenso de la acusación en su contra que se le leyó antes del inicio de su exposición, donde se le detallaron todas las obras públicas otorgadas a Báez y sus empresas en Santa Cruz y que están cuestionadas.
También hubo demoras en la extracción de fotocopias de la declaración que se entregaron a todas las partes.
La llegada de la ex presidenta estuvo precedida por un estricto operativo de seguridad que blindó los tribunales con unos 300 efectivos de Gendarmería, Policías federal y metropolitana y Prefectura Naval.
El edificio amaneció vallado, hubo revisiones con la brigada antiexplosivos de la Federal y Gendarmería con camiones de esa fuerza se instaló sobre la calle Letonia en el cruce con la avenida Antártida Argentina, por donde ingresó la ex mandataria y la esperaron miles de manifestantes.
Para mañana se prevé la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal en el kirchnerismo Julio De Vido y para el miércoles la del detenido Báez. Los fiscales acusaron a Cristina de haber ideado un entramado criminal para enriquecerse a través de ilícitos con la adjudicación de obra pública, tras la llegada al Gobierno nacional del fallecido Néstor Kirchner primero y de ella después.
Para ello, sostuvieron, Báez renunció a su puesto en el Banco de Santa Cruz, fundó la empresa «Austral Construcciones», luego sumó otras, y comenzó a adjudicarse obra pública nacional en Santa Cruz, hasta alcanzar el 80 por ciento de ellas, según un informe de Vialidad Nacional.
EL GOBIERNO DE MACRI «SERÍA UNA ASOCIACIÓN ILICITA TERRORISTA PORQUE GENERAN TERROR ENTRE LA GENTE»
La expresidenta Cristina Kirchner calificó como «un disparate mayúsculo» la causa por supuestas irregularidades en la obra pública destinadas -según el juez Julián Ercolini- a enriquecer al empresario Lázaro Báez y aseguró que se trata de «una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» para «tapar el desastre económico y social» tras diez meses del gobierno de Mauricio Macri. La mandataria aseguró que si su gestión hubiese sido parte de una «asociación ilícita», el gobierno de Macri sería una «asociación ilícita terrorista porque generan terror entre la gente».
Cristina enumeró una serie de argumentos errados que sostienen la causa judicial en su contra por los que calificó «ridículo» el avance de la investigación. En primer lugar, la exmandataria señaló que se califica como «asociación ilícita» a «un gobierno elegido en las urnas» y luego aclaró que los fondos destinados a la obra pública fueron «votados por el Congreso Nacional», agregó que desde 1994 son «las provincias las que llaman a licitación» y subrayó que durante su gestión las obras públicas tuvieron el visto bueno de «la Auditoría General de la Nación y la comisión revisora de cuentas del Parlamento».
«Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas», ironizó la expresidenta sobre los diez meses de gestión de Cambiemos y aseguró que, con las causas judiciales, Mauricio Macri «busca tapar el sol con la mano y tratan de esconder lo que es un verdadero desastre».
Además, la exmandataria resaltó que en el escrito que presentó ante Ercolini se solicita la ampliación del objeto de la investigación: «No es que no queremos que se investigue. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública». En ese sentido, Cristina destacó que el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue uno de los que más fondos de obra pública recibió durante su gestión e indicó que en varias obras lo hizo asociado a Lázaro Báez.
«No puede ser que se revise sólo los fondos asignados en una provincia y a una empresas», apuntó la exmandataria, quien agregó que no es «amiga ni socia comercial de Lázaro Báez» y que durante su gobierno se «duplicaron las empresas de obra pública» para desarrollar un plan de obras en todo el país.
Respecto de Calcaterra, Cristina agregó que el pliego para el soterramiento de las vías del tren Sarmiento -obra asignada a Iecsa, empresa del primo de Macri- venía desde su gestión, pero la gestión de Cambiemos modificó el punto que indicaba que la obra se realizará con financiamiento internacional para que se el Estado el que financie la obra, «que, por supuesto, se cuidaron de que no lo firme Macri», aclaró. «Que se investigue el favorecimiento a Iecsa», reclamó.
Por último, la expresidenta aseguró que la causa judicial en su contra busca «la difamación, proscripción y estigmatización de un movimiento político» e indicó que «existe una «persecución judicial de todos aquellos candidatos que pueden poner en riesgo los resultados de la elección» legislativa de 2017.