El estado tomó deuda para disponer de dólares para la fuga, de parte de un pequeño sector de ricos y grandes empresas; no hay razón para que la carga de su pago recaiga sobre los hombros de toda la sociedad.
El presidente presentó en el Congreso sobrados argumentos sobre lo fraudulento del acuerdo con el FMI y ordenó iniciar una investigación penal de las responsabilidades políticas locales. Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, exigimos en consecuencia que, mientras se investiga el préstamo, se suspenda cualquier pago y nuevo compromiso en relación a la misma. Reclamamos, asimismo, la ampliación de la suspensión e investigaciones a toda la deuda pública contraída por el Estado nacional.
En su mensaje de apertura del año parlamentario, el presidente describió el carácter fraudulento y odioso de ese préstamo entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI, tal como ha sido denunciado, reiteradamente, en sede judicial, desde el momento mismo de su firma en 2018. Definió la comisión de graves delitos que impactan a diario en la vida de las y los argentinos, rememorando el monto descomunal del préstamo a un país ya en situación de default; la confesión de parte de su claro objetivo político partidario; la anuencia absoluta con su fuga total; y la ausencia completa de la más mínima intervención jurídica y técnica previa.
No obstante, mientras enfocó su denuncia en las responsabilidades del ex presidente Mauricio Macri, el presidente ratificó la voluntad de su gobierno de que el pueblo y la naturaleza sigamos pagando el desfalco: “No elegimos el camino de incumplir”, en palabras textuales.
Desde la Autoconvocatoria, sostenemos que el único camino coherente con las denuncias hechas es la suspensión de los pagos, de cara a la impugnación total de la deuda con el FMI por sus múltiples ilegitimidades e ilegalidades.
El día de ayer el Banco Central ha hecho público un comunicado poniendo a disposición de la justicia esas mismas consideraciones. Ese mismo Banco Central ha hecho público el año pasado un informe sobre la fuga de capitales que fue alimentada por ese mismo crédito. Se trata de un proceso íntimamente relacionado: el estado tomó deuda para disponer de dólares para la fuga, de parte de un pequeño sector de ricos y grandes empresas. No hay razón para que la carga de su pago recaiga sobre los hombros de toda la sociedad.
Distintos ex funcionarios han tratado de lavar sus culpas. Por un lado, intentan echarle la culpa del endeudamiento en dólares al gasto social en jubilaciones y salarios, que son en pesos y no requieren de endeudamiento externo. Por otro, buscan señalar que el dinero se derivó al pago de la deuda de gestiones estatales previas. Son maniobras para tratar de ocultar el proceso de endeudamiento gigantesco (que superó los requerimientos de endeudamiento previo) y de silenciar que cada dólar de ese pago implicó un ajuste brutal sobre servicios sociales, hundiendo la actividad económica y atacando las condiciones de vida del pueblo.
Es imposible compatibilizar la implacable denuncia de tales desfalcos al país con el cumplimiento de acuerdos con los delincuentes que los llevaron adelante, tanto locales como del extranjero. Las estafas no se pagan: se investigan y se anulan, suspensión de pagos mediante.
A su vez, reiteramos la exigencia de investigar de manera integral y con participación social, todo el sistema de la deuda perpetua y su usufructo ilegítimo y odioso. Negociar para pagar más adelante, como se hizo con la deuda reclamada en divisas por privados, con el Club de París y ahora con el FMI, no resuelve el problema sino más bien profundiza la dependencia, el sometimiento, la explotación y el saqueo.
Ante los intentos de justificar la voluntad de pago con argumentos pragmáticos, sostenemos que las consecuencias de sujetar el país al cumplimiento de acuerdos con el Fondo (así sea que se estire de 4 a 10 años la fecha de pago), traerá graves impactos sobre nuestras condiciones de vida. Serán limitaciones de cualquier esfuerzo de transitar hacia un modelo productivo sustentable y alcanzar nuestra soberanía y autodeterminación.
La vinculación entre deuda y ataque a los derechos humanos ha quedado más que clara a lo largo del Juicio Popular a la Deuda y al FMI que impulsamos desde la Autoconvocatoria a lo largo de todo el 2020.
El Fallo al que llegó este Tribunal Popular calificó, unánimemente, a estas deudas y acuerdos económicos como verdaderos crímenes de lesa humanidad económica y de lesa naturaleza, inaceptables bajo cualquier punto de vista y nulos de nulidad absoluta. Afirmó el derecho del pueblo a no pagar una deuda que no le fue consultada y que nunca lo benefició. La reciente decisión del gobierno de Bolivia de devolver un préstamo del FMI al constatarse la irregularidad de su otorgamiento, es un indicio más de que hay otras actitudes diferentes a la pretensión de cumplir con lo incumplible.
Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión de Pago e Investigación de la Deuda reafirmamos que la única deuda es con el Pueblo y con la naturaleza, no con el FMI ni los prestamistas y usureros, e instamos a unir fuerzas entre todas aquellas personas y espacios colectivos dispuestos a movilizarse para evitar que se siga pagando la estafa de la deuda.