El pasado miércoles la Cámara de Diputados de la Nación trató el proyecto de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), que ya cuenta con media sanción del Senado Nacional. La propuesta fue presentada por la senadora y abogada Cristina Fernández -esposa del presidente Néstor Carlos Kirchner- y ya […]
El pasado miércoles la Cámara de Diputados de la Nación trató el proyecto de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), que ya cuenta con media sanción del Senado Nacional. La propuesta fue presentada por la senadora y abogada Cristina Fernández -esposa del presidente Néstor Carlos Kirchner- y ya a nadie sorprende de que se trata de violentar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, jueces, abogados, científicos y académicos que ordena la Constitución Nacional en su artículo 114. Sin más otro nuevo y reiterado atropello institucional.
Es imposible, y por lo tanto muy poco creíble, que los legisladores no conozcan la forma en que ex gobernador Kirchner manejó a su gusto y antojo la justicia en la provincia patagónica de Santa Cruz desde el año 1991 hasta el 2003, y por eso intentaré recordarlo. Sin más que con un poco de memoria y verdad.
Entre el año 1991 y la actualidad cualquier denuncia contra el poder provincial y sus excesos de todo tipo que se realizó ante los tribunales santacruceños, y los que llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJSC), tuvieron el destino obligado de su archivo, sin investigación ni condenas. Sin más la siempre presente falta de mérito, la consabida prescripción del caso y la revocación de los fallos de los tribunales inferiores.
Desde 1991 hasta el año 1995 Kirchner demoró todos y cada uno de los procesos judiciales iniciados a instancias del Procurador General o de las denuncias que encontraron eco en la justicia todavía no «adquirida» como propia en temas de corrupción, ilícitos de funcionarios en organismos y empresas públicas provinciales, reducción de sueldos y reclamos de deudas de los empleados públicos, pagos de honorarios por el juicio de regalías y otros muchos más. No se cubrían las vacantes en los juzgados, lo que obligaba a los jueces a atender varios a la vez, el TSJSC funcionaba con dos miembros de los tres que establecía la Constitución Provincial (CPSC) y todo lo que era necesario desestimar y revocar lo hacían las Cámaras. Sin más se iniciaba el camino hacia el control total de la justicia provincial.
En el año 1994 se reformó la CPSC posibilitando aumentar el número de jueces supremos -como correspondía a las imitaciones y seguimientos que efectuaba Kirchner de la impronta de su «mejor presidente» Carlos Saúl Menem-, además de establecer su reelección como gobernador y luego en el año 1998 establecer que la misma sería indefinida. Por supuesto que designó a miembros de su riñón político y confianza como ministros, funcionarios, candidatos, sus esposas, convencionales y apoderados del Frente para la Victoria Santacruceña; además de abogados con comprobada actuación judicial durante la dictadura genocida. El artículo 126 de la CPSC no establece la cantidad de miembros del TSJSC sino simplemente que sea un número impar superior a tres, siendo actualmente 4 jueces y 5 conjueces y para comprobar lo sostenido basta ver el historial de los mismos y sus inexistentes carreras judiciales anteriores. Sin más muchos de aquellos altruistas convencionales hoy son altos funcionarios, legisladores y gobernador.
En el año 1995 el Procurador General de la provincia, fue separado del cargo en un artilugio posterior a la reforma constitucional, habiendo dicha arbitraria decisión merecido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya ordenado la reposición en el cargo del ex Jefe de los Ministerios Públicos en cinco oportunidades, la última en abril del 2005. Obviamente que el TSJSC hizo oídos sordos, o sea, hizo todo conforme a las instrucciones recibidas del poder político institucional kirchnerista estableciendo que no había partida presupuestaria para su cargo, aunque sí para pagarle 1.200.000 pesos como indemnización. Además estableció «que de cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocaría en Santa Cruz una grave situación de trastorno en el orden público». Sin más justificación que el orden público.
Con respecto al Consejo de la Magistratura de Santa Cruz (CMSC), cuyo funcionamiento se rige por la Ley 2.552 del año 2000, cabe mencionar que está integrado por 7 miembros en su mayoría directamente relacionados con el Poder Ejecutivo, salvo dos que son representantes de los abogados de la matrícula y de los empleados de la justicia. El artículo 128 bis de la CPSC establece que su integración deberá hacerse «preservando la pluralidad, la diversidad y el equilibrio entre sectores evitando hegemonías». Sin más, una traición del subconsciente político reformista al mencionar a la hegemonía.
Podríamos seguir escribiendo páginas enteras sobre los atropellos de la justicia santacruceña, de quienes son sus miembros, sus relaciones y compromisos con el poder político, de la forma que se han manejado cada uno de los procesos en los cuales estaban involucrados quienes se oponían al hegemonismo y autoritarismo de Kirchner en la provincia, las persecuciones ideológicas contra ciudadanos -con querellas millonarias incluidas-, las presiones sufridas por los magistrados independientes, la falta de investigación de los negociados y enriquecimientos ilícitos, la fuga de ahorros públicos al exterior, la incorrecta y parcial investigación sobre los abusos de los personeros del poder contra los ciudadanos amedrentados y golpeados, las cuestiones relacionadas con la judialización de los conflictos sociales, la falta de investigaciones correctas sobre el tráfico de drogas, entre otros temas. Sin más, poca justicia y mucha complacencia y dependencia.
Lo que no podríamos escribir es sobre la actividad desarrollada por el CMSC ya que su función «única y solamente» se circunscribe en la selección vinculante de los postulantes a las magistraturas realizada, supuestamente, en concursos públicos de oposición y antecedentes que conforman la terna de la cual el ejecutivo nombra a los nuevos magistrados. Es justamente ahí donde está el problema y la advertencia de que la modificación propiciada en el orden nacional nos preocupa y a nuestros legisladores nacionales les debería alarmar. Sin más ni más.
Porque la disminución del número de miembros -de 20 a 13- es una trampa más del matrimonio presidencial que es avalado por sus secuaces políticos, porque las funciones del CMN tiene muchas más atribuciones que el CMSC que tiene 7 miembros solamente para su función de proponer jueces en un estado provincial con pocos juzgados y escasa densidad de población. El Consejo que se propone modificar tiene su ámbito de actuación sobre toda la administración de justicia nacional, las de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, ordenar la suspensión y formular la acusación en su caso, además de la administración y ejecución del presupuesto de la justicia. Sin más, los motivos de la modificación son falsos y demuestran una malicia institucional demasiado grave.
Pero claro, la mayoría de los diputados votará a libro cerrado y como producto de las presiones del kirchnerismo que están al orden del día en las prebendas políticas, fondos y obras públicas para las provincias y municipios, las amenazas solapadas y directas que le son propias al poder, la entrega de cargos ejecutivos en el Gobierno Nacional; como la obediencia tan debida como repugnante. Sin más, la politiquería misma.
Como ciudadano he podido comprobar, luego de tres intentos por conseguir la opinión de los diputados nacionales sobre la modificación del CMN efectuadas los días 25 de enero, 9 y 16 de febrero pasados, que solamente 10 legisladores se tomaron la molestia de contestarme que se oponen a la modificación propuesta por el matrimonio presidencial. Sin más, menos del 4% de nuestros representantes entendieron de nuestros derechos a peticionar dispuestos constitucionalmente.
Pobre justicia. Pobre Nación. Pobres los ciudadanos de buena voluntad si los diputados insisten en el error cometido por los senadores. Aunque sabemos el cuento de la disciplina partidaria, que después vendrán los arrepentimientos y la negación de las pertenencias políticas de ayer cuando el poder sea cedido a otros, y seguramente en muchos casos los motivos «económicos» que nunca serán revelados sobre el porqué votaron cómo votaron; de eso ya lo sabemos muy bien.
Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura.