Sin represión el ajuste no cierra

Santa Fe

Cinco dirigentes sindicales habían sido detenidos durante la mañana del miércoles, en el marco de varios operativos y allanamientos, por haber participado en septiembre pasado de las protestas contra la reforma previsional frente a la Legislatura de Santa Fe. El jueves se confirmó la liberación de Maximiliano Molina de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTAA) de Rosario; Román González, Franco Casassola y Diego del Castillo de Curbelo, dirigentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), y Daniel Vázquez, un trabajador precarizado del área de Niñez despedido recientemente.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado afirmaron, que según pudieron averiguar, se los imputaría por daño calificado e impedimento de funcionamiento del Congreso, aunque aún no se transmitieron especificaciones personales de los cargos.

Desde el sindicato, denunciaron que esta investigación es impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y tiene como objetivo “un acto intimidatorio, antidemocrático y de amedrentamiento sobre el derecho a la protesta que se impone desde el Gobierno provincial en consonancia con la política del Ejecutivo Nacional”.

En este marco, aseguraron que se continuará con el reclamo para exigir que se levanten todas las causas judiciales ilegítimamente armadas con el objetivo de perseguir a los trabajadores que luchen.

Aceiteros de Rosario paró contra el allanamiento y detención de dirigentes por protestar

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) paró sus plantas el jueves 17 de octubre desde 6:00 hasta las 18:00 en repudio al violento allanamiento de las viviendas particulares y detención de dirigentes sindicales y referentes de AMSAFE Rosario, ATE Rosario y la CTA Autónoma Rosario por participar de las protestas del pasado 12 de septiembre, cuando la Legislatura Provincial aprobó de manera irregular la reforma previsional. Asimismo, señalaron «la criminalización de la protesta encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, cuyo gobierno avanza contra el derecho a la protesta, legalmente estipulado en la Constitución, al tiempo que pretende disciplinar a la clase trabajadora organizada». Y agregan: «no permitiremos bajo ningún punto de vista la arremetida contra el derecho al libre ejercicio sindical». 

En la misma línea, agrega: «se prenden todas las alarmas ante los hechos de público conocimiento, relativos al violento allanamiento de las viviendas particulares y detención de los dirigentes sindicales y referentes de AMSAFE Rosario, ATE Rosario y la CTA Autónoma Rosario. Este acto de persecución sindical tiene por objetivo amedrentar al movimiento obrero en su conjunto y, en particular, a cuyas organizaciones vienen resistiendo de múltiples maneras los embates contra la clase trabajadora que encabezan el gobierno nacional y el gobierno provincial».

«Nuestro sindicato no puede quedarse de brazos cruzados frente a semejante atropello y ataque a los trabajadores y dirigentes que luchan – continúa el comunicado – Por eso, seguiremos ejercitando el músculo de la huelga, en este caso, con un paro activo en los lugares de trabajo, en solidaridad con las organizaciones gremiales atacadas y los compañeros perseguidos y detenidos. Al mismo tiempo, reafirmamos que no permitiremos bajo ningún punto de vista la arremetida contra el derecho al libre ejercicio sindical. Exigimos la inmediata liberación de los compañeros detenidos, la garantía del pleno resguardo de su integridad y el respeto del debido proceso. Por último, exigimos también el esclarecimiento de los hechos», finaliza el comunicado del SOEAR.

Por su parte, la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) también sumó su repudio y expresó: «la causa por la que se llevaron adelante las detenciones está ligada a las protestas del pasado 12 de septiembre, cuando la Legislatura Provincial aprobó de manera irregular una reforma previsional cuestionada en forma y contenido por los sindicatos mencionados, por afectar regresivamente los derechos de las y los trabajadores tanto activos como jubilados. Además, los operativos, de una violencia desmedida, se desplegaron a menos de 24 horas de que el gobierno de Maximiliano Pullaro cerrara de forma unilateral la paritaria estatal provincial, que fue rechazada por estas mismas organizaciones. Uno de los domicilios afectados fue el de la madre de Lorena Almirón, la secretaria general de ATE Rosario».

Allanamientos y detenciones de sindicalistas

A partir de las protestas contra la reforma previsional en la Legislatura de Santa Fe del pasado 12 de septiembre, que se aprobó en un trámite ilegal pero que el oficialismo

procuró blindar con un operativo represivo como no se veía hace muchos años en la provincia, se lanzó una persecución judicial también inédita en años recientes.

Dos fiscales de la capital santafesina ordenaron allanamientos en las ciudades de Rosario, Teodelina y Venado Tuerto que terminaron con la detención de al menos cuatro referentes sindicales y sociales, entre ellos, dos integrantes de la Comisión Directiva del sindicato docente Amsafe Rosario.

“Este miércoles a las 17:00 llamamos a concentrar en Gobernación de Rosario para repudiar las brutales e injustificadas detenciones de referentes docentes y de CTAA Rosario realizadas esta mañana. Habrá cese de actividades desde las 16:00 de estatales y docentes”, informaron en un comunicado conjunto desde ATE Rosario, Amsafe Rosario y la CTA Autónoma Rosario.

“A menos de 24 horas de haber decretado el cierre de las paritarias, el gobierno de Pullaro ataca a las organizaciones que protestaron en la Legislatura Provincial contra la reforma previsional, denunciaron, y apuntaron que “la casa de la madre de la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, fue allanada con violencia en busca de Maximiliano Molina, referente de la Fenat –CTAA”.

“En los operativos desplegados con violencia, se buscaban remeras, pecheras, gorras y pancartas de las entidades sindicales”, marcaron. “Quienes fueron privados de su libertad serían llevados a la ciudad de Santa Fe y las detenciones están vinculadas con la protesta en la Legislatura provincial hace un mes, en el marco de la votación totalmente irregular de la reforma previsional”.

“A menos de 24 horas de cerrar de forma unilateral la paritaria provincial, que fue contundentemente rechazada por los sindicatos locales y a un mes de la votación trucha de la reforma previsional, está claro que Maximiliano Pullaro apunta a doblegar a los sindicatos que se oponen a su ajuste”, afirmaron desde las organizaciones gremiales, que reclamaron:
Inmediata libertad a los detenidos.
Garantía de su integridad psico física.
Basta de persecución y amedrentamientos

Jujuy

Por Johana Arce. El 14 de octubre el juez Rodolfo Fernández decidió llevar a juicio a 20 manifestantes acusados de cometer delitos durante las protestas contra la reforma provincial en junio del 2023 cuando miles de personas participaron de jornadas históricas en el marco de las represiones durante el Jujeñazo. Las imputaciones se caratulan como lesión, daños y resistencia a la autoridad. Pero las acusaciones no tienen sustento. Se apoyan en imágenes que no muestran nada. Las jornadas del Jujeñazo que también incluyeron una serie de protestas en toda la provincia estuvieron colmadas de brutales abusos policiales. Pero más peligrosa aún fue la participación de grupos parapoliciales con la utilización de camionetas sin patentes. No es casual que estas acusaciones caigan sobre referentes sociales conocidos y hostigados en varias oportunidades por el gobierno provincial. Como señalan los abogados hay un conjunto de ilegalidades que evidencian en este hecho prácticas de persecución política a luchadores populares.

La abogada defensora, Mariana Vargas explicó esta mañana en conferencia de prensa que la causa es claramente una venganza política: “Ninguno que quemó autos ni que entró a la Legislatura fue identificado y culpado. Como si no pudieran individualizar a esas personas. Fue una provocación del gobierno para intentar justificar una represión ilegal”. Según la abogada no se puede acusar de resistencia a la autoridad porque no hubo una autoridad que actuará legítimamente y a partir de ahí se tendrían que negar todas las pruebas.

La letrada señaló que: “el juez Fernández arregló todo para llegar al juicio: negando pruebas, no admitiendo impugnaciones contra nulidades que son brutales porque se han anulado los derechos de defensa de todos” (…) “Es una ilegalidad absurda. Se vulneran el principio de inocencia por eso ayer recusamos al juez Fernández por esta parcialidad objetiva y está claro que esta causa es una vergüenza en la que se está utilizando a la justicia como venganza por las protestas contra Morales”.

El juez Fernández rechazó las pruebas para impugnar y decidió avanzar con el juicio. El hecho demuestra que toda marcha a judicializar a los manifestantes. Hace unos días, el juez había decidido postergar las audiencias del pasado finde semana para evitar la concentración de participantes al 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias que se desarrolló con miles de personas en la provincia y que podía culminar en un escrache al juzgado.

Las imputaciones se dan en el marco del Jujeñazo. En aquel momento, como denunció Amnistía Internacional tras una investigación publicada meses después, la policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social. “Tanto los testimonios compartidos con la delegación como los registros audiovisuales analizados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional demuestran que la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban”.

Gran parte de los testimonios recabados por la organización dan cuenta de la presencia de funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o que se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que se manifestaban. Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras.

También el informe de la Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la Provincia de Jujuy en donde se hace un recuento minucioso de la represión a la protesta y se evidencia la violencia institucional, sistemática y generalizada, contra la sociedad civil el día 20 de junio de 2023. Algunas particularidades fueron la arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales, la violencia de género ejercida contra las mujeres, las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes son algunos de los puntos que también expone el informe.

«Walter Puca, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una de las organizaciones sociales más grandes de la provincia, está acusado de instigar a la violencia a partir de un vídeo con imágenes de una persona que no es él. Es decir, el juzgado mantiene su imputación a pesar de estar confirmado que las imágenes no tiene relación con su persona. Por ello la defensa plateó su sobreseimiento. “La respuesta del juez Fernández para mantener la acusación fue que Puca no negó o ni declaró que participó de la movilización», explicó la abogada Mariana Vargas.

Otro ejemplo es el de Santiago Zamora que lo imputan por daños, cuando en un vídeo se ve a Santiago guardar objetos en un auto para resguardarlas mientras se desataba la represión. Incluso Zamora padeció que personas no identificadas incendiaran su auto mientras estallaban las protestas el 20 de junio. «Esto fue una provocación de Morales que mandó a prender autos y mando a dañar la Legislatura para atribuírselo a quienes ellos quieren perseguir, pero no sé individualiza a nadie quemando autos ni entrando a la Legislatura», continuó la abogada.

Miguel Coya Ramos es otro de los imputados, referente de la organización AJI 20 y responsable de la Biblioteca Niñxs Pájaros, institución a la cual dos de sus bibliotecarias, Marisol Velásquez y Ana Julia Ramos, fueron acusadas de amenaza de muerte al gobernador Gerardo Morales adjudicándoles grafitis anónimos que aparecieron en la ciudad. Ramos, habla desde el banquillo de los acusados. Ya ha padecido dos juicios contravencionales por activista social, “vengo de dos juicios contravencionales el año pasado, uno me hacen un juicio por protestar en contra de los planes sociales a favor del trabajo genuino. Fue un mes antes del llamado a Jujeñazo. Ahí tuve una contravención, con una multa de 654.000 pesos. Luego pasados unos días del Jujeñazo también me imputan otra causa por protestar. Y también voy a juicio con una multa esta vez de 2.700.000 pesos. Por eso no nos equivocamos cuando afirmamos que en Jujuy no existe los derechos constitucionales, no hay garantía de ningún tipo en los procesos que nos llevan adelante. En Jujuy no existe la división de poderes, es por eso, digamos, que esta situación represiva instalada de hace mucho tiempo”.

Como explica Anmistía en el informe sobre la manipulación del uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes. La utilización de este instrumento, que regula faltas menores y cuya aplicación se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según el organismo internacional diversas personas entrevistadas relataron haber recibido notificaciones de supuestas contravenciones en sus casas o en las calles por el simple hecho de haber participado de forma pacífica en una manifestación o haber brindado alimentos o bebidas a quienes se manifestaban. “Estos procesos contravencionales son iniciados y procesados por personal del Ministerio de Seguridad, muchas veces en ausencia de la persona acusada, pese a que pueden resultar en multas onerosas o incluso la privación de la libertad. En muchos casos se ha documentado que por los mismos hechos se investiga a la misma persona penalmente también, afectando la garantía de prohibición de doble juzgamiento”.

Sobre los días de las protestas en el Jujeñazo, Ramos explica: «Esa situación nos llevó a las calles a los jujeños y un puñado somos juzgados para justificar esa salvaje represión armada con ellos, la quema de autos, un armado para justicia la represión. Nosotros veníamos marchando pacíficamente, con marcha de antorchas y meses diciendo no».

Otro de los imputados es Iván Blacutt docente universitario que fue detenido también por movilizar, Lautaro Miranda abogado del CEPRODH, aseguró «Nuestro objetivo es que haga lugar a las nulidades planteadas por las defensas y caiga la causa».

Desalojaron a la comunidad indígena de Guerrero

Actuaron agentes policiales y Gendarmería por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal, a pesar de que las comunidades habían presentado todos los papeles para defender su territorio, como las carpetas de relevamiento territorial. Durante el operativo, golpearon y forcejearon a mujeres y hombres y se llevaron a una abuela de cien años. También detuvieron a otros miembros de la comunidad como Máxima Bustamante, Jorge Cruz, Pablo Quipildor, Cruz Santiago, Bustamante Nélida y Cruz Ivana.

Compartimos nota del sitio originarios.ar:
Los pueblos indígenas de Jujuy, nuevamente vivieron momentos dolorosos y de despojo territorial por decisión de una jueza. Esta vez desalojaron a familias de la Comunidad de Guerrero, que habitan a cincuenta kilómetros de la capital jujeña, fueron desalojadas violentamente por efectivos policiales y Gendarmería. No respetaron ni a las infancias, y sacaron a una abuela de cien años integrante de la Comunidad Indígena de Guerrero. Este desalojo favorece a Juan Jenefes, hijo del exgobernador Guillermo Jenefes.

No hay justicia para las comunidades indígenas en Jujuy, ya que la Comunidad Aborígen de Guerrero presentó todos sus papeles para defender su territorio, como las Carpetas de relevamiento territorial del RETECI, y todo esto fue ignorado por la Jueza Valdecanto Bernal. En el desalojo que se cometió esta mañana, golpearon y forcejearon a mujeres, hombres y lo más violento se llevaron a una Abuela de cien años, dejando a las infancias y adolescencia en llanto. También detuvieron a miembros de la comunidad como Máxima Bustamante, Jorge Cruz, Pablo Quipildor, Cruz Santiago, Bustamante Nélida y Cruz Ivana (Secretaria de la Comunidad).

Desde la noche los policías fueron cercando el lugar para que no pudieran ingresar a ayudar más integrantes de comunidades indígenas. El exgobernador Jenefes, logró obtener el multimedio Canal 7 y radio LW8 AM y sostienen un cerco mediático en temática de Derechos Humanos y pueblos indígenas. Fue funcionario, diputado nacional y senador. Su familia es una de las que tienen poder y se cuestiona la decisión de la jueza Liz Valdecanto, ya que nuevamente su sentencia fue a favor de los poderosos empresarios, de poder político y terrateniente. Jenefes también en contra de sus electores, aprobó la reforma Constitucional. Y fue cómplice de la quita de derechos de los pueblos originarios.

A pesar del desalojo, la comunidad aborigen de Guerrero seguirá en la defensa por sus territorios, tienen un cementerio, sitios sagrados, como pueblos originarios, están antes que el Estado jujeño. Son pueblos preexistentes y harán valer la Constitución Nacional que expresa en su artículo 75 inciso 17, donde se obliga a los estados nacionales y provinciales de respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios.

Entrevista a Alviso Cazón uno de los abogados defensores de la comunidad

Desde originarios.ar se entrevistó a uno de los representantes legales de la Comunidad el abogado Alviso Cazon:

Originarios.ar: Bueno, vamos a dialogar con Alviso Cazón para que nos pueda comentar un poco más sobre la situación que se está viviendo acá en la comunidad indígena de Guerrero, provincia de Jujuy.

Abogado Cazón: Bueno, primero transmitirle a toda la ciudadanía que lo que está sucediendo al día de hoy no solamente cuenta con vicios procesales, por cuanto no se podría haber ejecutado esta sentencia que fue ordenada por el Dr. Guillermo Jenefes, ex vicegobernador de la provincia de Jujuy, que es parte actuante en la causa, y que pidió, disponga la señora jueza Liz Valdecantos Bernal, jueza del juzgado número 7, de primera instancia en lo civil y comercial de la provincia de Jujuy, pueda arbitrar este desalojo en una sentencia que no se halla firme, en una sentencia que cuenta con un recurso de apelación y además en un expediente que cuenta aún con un recurso no resuelto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este conflicto que se suscita ya desde hace años deviene en hallarse en un conflicto entre dos particulares, ¿por qué digo esto? Por cuanto se le obstaculizó a la comunidad de origen de Guerrero, constituida en 2008, con resolución número 485 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, participar del expediente a hoy en curso. ¿Por qué es importante este dato de valor? Por cuanto, a la jueza, la doctora Liz Valdecantos Bernal, al obstaculizar la participación de la comunidad como parte actora, impidió la aplicación de la ley 26.160, que hoy sería una de las normas base que debiera de impedir que este desalojo se esté ejecutando hoy en la provincia de Jujuy.

En este término, la comunidad de origen de Guerrero cuenta con la carpeta técnica (RETECI) elaborada por un equipo multidisciplinario que da fe de su posesión real en estas tierras, real e histórica. Por fuera de ello, tenemos que hablar, además de una serie de vicios que se han presentado en el día de la fecha, cuando yo me apersonó a las 8:45 de la mañana, llego a la localidad de Guerrero, estacionó mi vehículo particular, descendió ante un gran tumulto de vehículos de distintas fuerzas, por cuanto hay diversos grupos especiales participando en este operativo, y me topo con un bloqueo de un cordón policial que obstaculizaba el ingreso de la representación técnico legal de la comunidad Aborigen de Guerrero. Sus dos letrados eran impedidos de ingresar a las 8:45, luego de nosotros peticionar que se pueda expresar quién es el jefe del operativo, se nos niega la respuesta, ante la reiteración se nos niega por segunda vez, y ante la tercera vez ya se nos expresa que quien se hallaba a cargo no era un jefe de operativo circunstancial situado a los efectos, sino el jefe de la provincia de Jujuy, que es el comisario Javier Tejerina. En estos términos, luego de 15 minutos se garantiza el ingreso de la representación técnico legal, pero con bloqueo en el segundo portón. A todos los que nos escuchan, transmitirles, hay tres portones para el ingreso a la comunidad. El primer portón fue una construcción del doctor Guillermo Jenefes que bloquea un paso público, que es el paso del Obispo, de la localidad de Guerrero, donde allí se hizo un primer bloqueo. Se garantiza ese paso luego de las 9:00 a la representación técnico legal, bloqueándole no obstante el ingreso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Una vez ingresada, a la representación técnico legal se hace un bloqueo en el segundo portón donde no se los deja ingresar hasta pasadas las 11:00, cuando me apersono con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que nos hemos encontrado circunstancialmente a la vera de la ruta, buscando nuestro ingreso, y con intervención del jefe de la policía, se nos garantiza el ingreso del primer portón, y en el segundo se nos bloquea, debiendo a nosotros, a pedido de los oficiales, retirarnos para pedir que el jefe de la policía personalmente ascienda y exprese que teníamos derecho de ingresar. Una vez buscado el jefe de la policía, recién se nos garantiza el ingreso del segundo portón, llega a hallarnos a la puerta de lo que es el ingreso a la construcción de la comunidad, que en fotografía es una construcción básica, una construcción que no es opulenta, que no es una construcción que pudiésemos decir es para algún otro fin, más que para la habitacional de una comunidad que se dedica al ganado, que hoy peligra por cuanto sólo está por retirar.

Al día de hoy, lo que estamos bregando es, en este instante que ya son pasadas las 12:30, en primer término, el debido proceso para los detenidos, que son cinco detenidos, que se hallan en brigada al día, al momento, para una revisación médica y para una demora eventual, sin embargo, posterior a ello, si no se expresó, se los dejaría en libertad. Asimismo, estamos con la preocupación de saber qué va a pasar con un difunto que se encuentra en copropiedad comunitaria, que se halla en el santuario, que ha dispuesto la comunidad a los efectos por cuanto se les ha negado enterrar a sus muertos en el cementerio de Guerrero en los últimos años, por lo cual una de las metas focales es garantizar que el cuerpo pueda hacerse resguardado y, por otra parte, controlar todos los bienes y el ganado. El ganado se desconoce a dónde va a ser situado, no obstante, los bienes van a hacerse en la comisaría seccional 34 de Reyes, bajo depósito judicial, pero eventualmente se ha expresado que se podrán retirar los bienes de forma inmediata. Al día de hoy esto no muestra más que la impunidad del poder, la impunidad de un poder que no se sacia con nada y que busca solamente dañar a los más vulnerables.

Lo más atroz de todo esto es la connivencia, la connivencia de diversos poderes de Estado, la connivencia en este caso de la doctora Liz Valdecantos Bernal, que interviene de forma viciosa en este procedimiento, que vuelvo a reiterar, alteró todo principio procesal básico, que no debiera haberse dictado como se ha dictado y además ¿saben qué es lo que duele? la burla y la risa de quienes han venido de parte del doctor Guillermo Jenefes, bajo un temple soberbio, poder alegrarse frente a la desgracia de una comunidad aborigen que no hace absolutamente daño a nadie, es pacífica, convive de forma pacífica y verán, no es esto ni un emprendimiento hotelero, no es un emprendimiento inmobiliario, únicamente se verá ganado y se verá una construcción precaria de una comunidad que habitó aquí durante muchos años y que ello es comprobado conforme su carpeta técnica.

Origunarios.ar: Tenemos entre el miembro una mujer mayor de edad, aproximadamente de 100 años, ¿dónde se la han podido llevar? Porque estaba en muy muy mal estado en momentos donde fue el violento desalojo, ¿no?

Lamentablemente ella estuvo presente durante todo el procedimiento inicial, vivenciando todo lo que pasaba frente a sus ojos, en un momento se retira para poder acompañar a su difunto esposo en el santuario de la comunidad, posterior a ello es retirada a un domicilio particular para que pueda descansar, detectándose que no se hallaba descompensada pero sí presentando signos de depresión baja, pero ahora ya se halla resguardada como así los demás niños que se llevan eventualmente presente. Cuando uno habla de los niños presentes no es porque uno quisiese blindarse bajo los niños, sino porque no hay con quién dejar a los niños muchas veces y ellos han vivido aquí, han vivido, han nacido, crecido y vivido aquí, es su casa. Los mismos niños decían, por favor que no toquen a mis animales. Entonces, frente a esto se ha retirado a los intereses superiores que son los niños y adultos mayores y quedamos adultos, jóvenes y adultos, a la vera del camino para poder controlar qué se está llevando y hacia dónde se lo está llevando y procurando a que la comunidad se encuentre acompañada, que creo que es lo más importante en estos momentos. Lo que debe primar siempre también es el interés colectivo y lamentamos que esto sea ya un recurrente en la provincia de Jujuy, cuando todos los meses nos enteramos de nuevos desalojos, de nuevos vicios procedimentales, como en su momento pasó con la comunidad de Los Yalas, donde en la comunidad de Los Yalas se inició y abrió un operativo que ha roto candados de la comunidad, cuando en realidad el operativo se había dado de baja y la misma policía desconoció que eso hubiese sucedido. Por lo cual hay que estar alertas e invitar a la ciudadanía a poder convocarse cada vez que sucedan este tipo de hechos y no tenerle temor al poder, que creo que es lo peor que uno puede hacer. Creo que es el momento de poder pensar en una historia mejor y a los efectos de ello, hallarnos todos en la defensa de los intereses colectivos y de los más desprotegidos al hoy, porque esto es una pelea David y Goliat. De repente nos topamos con más de 50 gentes, con diversos grupos especiales, más de 8 vehículos de la policía de la provincia de Jujuy, ya van 5 camiones, tenemos caballería, infantería, por lo cual imagínense, somos no más que personas pacíficas que estamos aquí buscando garantizar el debido proceso y garantizando que todo sea justo y derecho.

Chubut

La denuncia contra seis vecinos y vecinas militantes socioambientales y comunicadores sociales de FM Radio Sudaca 103.3 fue realizada por el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y los diputados Luis Juncos y María Aguilera (acompañados por la fiscal general Florencia Gómez, que desde el 2023 asumió la Jefatura de la Fiscalía de Rawson) luego de que el pasado 15 de agosto la Legislatura provincial aprobara la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Los delitos con los que son acusados serían los de supuestas agresiones contra a una menor, amenazas, coerción ideológica e incitación cometer delitos.

En ese marco, la audiencia de apertura de investigación comenzó martes 15 de octubre desde las 9 en la Oficina Judicial de Rawson (Don Bosco 141).

«Nuevamente, el Estado, a través de la Fiscalía de Rawson, vuelve a intentar incriminar a vecinos por el solo hecho de pedir explicaciones a los Diputados que entregaron todo el territorio a las multinacionales por 30 años, excediendo por más de siete veces sus mandatos. Además, sin realizar la consulta previa libre e informada a las comunidades y sin participación de expertos en la materia», expresaron en un comunicado conjunto desde el espacio No al RIGI.

«Los diputados aprobaron la adhesión con menos de una hora de debate en comisiones, y con una discusión que dio pena por el nivel de ignorancia de los diputados, que decidieron nuestro futuro y el de nuestros hijos en un tratamiento pobrísimo y en tiempo récord – agregan – Además, esto se hizo con una Legislatura rodeada de más de 200 efectivos policiales, entre los que se encontraba también la infantería, lista para reprimir», remarcan.

En cuanto a la acusación en sí contra los/as vecinos/as ambientalistas y los comunicadores populares, detallan: «la denuncia falsa la llevó adelante el vicegobernador, que ni siquiera estuvo en el lugar. Aun así, la Fiscal Florencia Gómez decidió abrir imputaciones, aun sabiendo que no hubo delito alguno, demostrando una vez más la falta de objetividad de la fiscal y la voluntad explícita de perseguir y criminalizar la protesta social. Además de todo esto, libraron una restricción contra nosotros seis por tres meses, en decir, no podemos acercarnos a la Legislatura o el colegio de la menor que, según ellos, fue agredida (lo que es falso), violentando nuestro derecho constitucional a presenciar sesiones y obstruyendo, así, nuestra labor periodística con el solo fin de censurar a los medios no oficialistas».

En la misma línea, agregan: «de los cinco delitos que intentaron enrostrarnos, sólo avanzaron con la figura de amenazas. Lo que evidencia aún más la falta de pruebas sobre los delitos que anteriormente denunciaron y ventilaron por todos los medios, en una campaña de persecución de la que ni la propia Jueza se salvó, ya que incluso el propio Gobernador, el Vice y diputados comenzaron un apriete mediático contra la Jueza, y también legislativo, para que ‘haga justicia’, es decir, que dictamine como el Poder Ejecutivo desea, aunque no haya delito alguno. Incluso, amenazando con remover a la Jueza de la ciudad de Rawson». «Por todo esto, solicitamos acompañamiento y repudio a estas prácticas evidentemente persecutorias contra quienes defendemos los derechos y el ambiente», finaliza el comunicado.

Ya a fines de agosto de este año esta agencia informaba sobre la imputación, que resultaba en una causa judicial armada contra ambientalistas y periodistas acusados de ser violentos tras aprobar el RIGI en Chubut. En aquel momento detallábamos que las circunstancias del hecho arrojan que las y los manifestantes solamente habían interpelado a dos legisladores que se encontraban tomando un café, mientras que las acusaciones hablaban de violencia física y de la retención de una menor.

En tanto, en ninguno de los videos e imágenes tomadas por testigos se observa la acusación que presentó el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna y la diputada Aguilera con el apoyo del arco oficialista. Desde el ambientalismo, en tanto, denuncian que se trataba de una «maniobra para cambiar el eje de la discusión» y que no se discuta «que se están abriendo las puertas a la megaminería», en un claro caso de criminalización de la protesta social, con el fantasma del no tan lejano «Chubutazo» pisando los talones de la historia provincial reciente.

Liberan a uno de los asesinos de Darío y Maxi

Familiares y Compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki repudiaron la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martin Andrea García Díaz, que le otorgó la libertad condicional al ex cabo de policía bonaerense Alejandro Acosta, condenado a perpetua por el crimen de Darío y Maxi. “El poder Político y Judicial garantiza la impunidad de los asesinos de Darío y Maxi”, afirman.

“Mientras, se despliega una feroz persecución política y judicial contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, se gastan millones de dólares en operativos de Inseguridad que buscan reprimir las diferentes expresiones de rebeldía que se vienen llevando adelante a lo largo y ancho del país. Saludamos las medidas tomadas en las últimas semanas por el movimiento estudiantil con un centenar de Facultades tomadas, con vigilias, ollas populares, cortes de calles, clases públicas y marchas de antorchas en donde la masividad y los cruces por abajo fueron los protagonistas, logrando que todos los sectores en lucha pudieran unirse con el objetivo de defender la universidad al servicio del pueblo”, señalan los familiares y compañeres de Darío y Maxi a través de un comunicado.

“En este contexto, el Poder Judicial avanza con la libertad de Alejandro Acosta para de esta manera dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto donde nadie saque los pies del plato con aires a obediencia debida y punto final. Exigimos que se lo mantenga en prisión y que el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Paloma Ochoa avancen con la investigación de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, para lograr una condena como ha sucedido con la sentencia a Enrique Mathov en el caso de la represión desatada el 19 y 20 de diciembre de 2001”, agregan.

Expulsión de delegados disidentes en Atucha y amenaza de expulsión masiva

Los trabajadores nucleares no fueron la excepción de la mayoría de los trabajadores del país con la pérdida de poder adquisitivo real superior al 40% desde la asunción de Javier Milei. Esto, sumado a la intención del Poder Ejecutivo de privatizar la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), genera una preocupación extrema en los trabajadores que hicieron sentir su descontento participando activa y masivamente de los paros convocados por la CGT.

En ese contexto, la directiva del Sindicato Zona del Paraná impuso a los trabajadores de Atucha un aumento del 2% en la cuota sindical, lo que generó un amplio repudio en la base de los trabajadores que vieron perjudicados sus salarios con la inflación y devaluación. En una asamblea masiva en la puerta, de la que participó la directiva del sindicato encabezado por Sergio Vergara de la central se votó en contra. Hubo decenas de intervenciones contra el aumento y expresando el malestar de los trabajadores por no haber defendido los salarios y luchado contra la privatización.

A esto, el sindicato respondió con la expulsión de tres compañeros que hablaron en la asamblea, entre ellos un delegado, como forma de amedrentamiento para todos aquellos que digan una opinión contraria a la directiva.

Esta situación se agrava cuando la empresa demora el descuento a los afiliados. El sindicato comienza a enviar mails directamente a los afiliados avisando que se les negaría el derecho a acceder al beneficio de turismo en los hoteles del sindicato y amenazando con desafiliar masivamente a los casi 1.000 afiliados que posee en las centrales nucleares de Lima, poniendo como fecha límite el 10 de noviembre para depositar el 2% del salario correspondiente al aumento de cuota sindical en un CBU del sindicato. Algo sumamente irregular que debería realizar la empresa el descuento como corresponde por ley y que la mayoría de los trabajadores votaron en asamblea no realizar.

La actitud de estos sindicatos, idéntica a la de la CGT, es de colaboración abierta con el brutal ajuste de Milei, aceptando las migajas de aumento salarial que ofrece el gobierno sin luchar y permitiendo que se avance sobre los derechos de los trabajadores. Es tan desvergonzado que el propio líder de la federación de trabajadores de Luz Y Fuerza, Guillermo Moser, lo admite abiertamente acá.

Es necesario sacarse de encima a estas conducciones burocráticas que se enquistaron hace décadas en nuestros sindicatos, para ponerlos en pie de lucha contra los ataques del gobierno y las empresas que quieren precarizar aún más nuestras condiciones de trabajo. Tenemos que discutir en asambleas de base un plan de lucha exigiendo a las centrales sindicales un plan de lucha y paro general. Hay que seguir el ejemplo de los estudiantes y trabajadores universitarios, uniendo las luchas junto a los jubilados y el pueblo pobre para parar el plan de Milei.

CABA

El 09/10, luego de que un youtuber partidario de las ideologías de odio llegara a provocar a la ya desconcentrada movilización universitaria, se produjeron una serie de corridas en repudio a su presencia.

De esta forma, varios policías de civil fueron descubiertos entre los manifestantes cuando fueron corrieron tras dicho creador de contenido. Él como los oficiales de civil, se escondieron en un local de empanadas donde comenzaron a tirar gas pimienta a los manifestantes.

Allí, se detuvieron a 7 personas. Todos varones y uno menor de edad. Al menor lo liberaron el mismo miércoles.

Los otros seis detenidos pasaron la noche a la intemperie en el patio de la alcaldía 4, esposados y sin comer. A cinco de ellos, les hicieron firmar sin testigos.

La situación de mantuvo así hasta el jueves por la mañana que se acercó la solidaridad de integrantes de organismos de Derechos Humanos y Centros de estudiantes del Alicia M. de Justo y del Joaquín V. González. Hasta ese entonces, no se les había informado qué delitos se les imputaban y seguían esposados y con las manos moretoneadas.

Cinco de los detenidos salieron en el transcurso del jueves. Dos de ellos defendidos por abogados de CORREPI, uno de ellos defendidos por la secretaria de DD HH de Avellaneda y dos por defensores oficiales.

El último detenido fue liberado alrededor de las 18:30 del viernes, defendido por la APDH.

El delito que se les imputó fue en casi todos los casos «resistencia a la autoridad» y figuras similares comúnmente utilizadas para criminalizar la protesta social.

Fuentes: Anred, Indymedia Trabajadoras/es, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano

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