En los primeros días del mes de abril el cuestionado e intervenido Indek mostró un informe en que la canasta básica de alimentos habría trepado un 3,6%, para desmentirse, 2 días después, haciéndola bajar al 0,2. La distancia entre uno y otro índice es más que significativa y por supuesto despertó la ironía y el […]
En los primeros días del mes de abril el cuestionado e intervenido Indek mostró un informe en que la canasta básica de alimentos habría trepado un 3,6%, para desmentirse, 2 días después, haciéndola bajar al 0,2. La distancia entre uno y otro índice es más que significativa y por supuesto despertó la ironía y el descreimiento social.
La indecente manipulación de los índices de precios se justificaba en ese momento, ya que, el kirchnerismo y la burocracia sindical se encontraban cerrando acuerdos salariales en comisiones paritarias.
A la burocracia sindical, la escandalosa manipulación de los índices (IPC) no le produjo ninguna irritación, todo lo contrario; que el Indec demostrara una caída en los incrementos de los precios de la canasta básica adquiría, en el marco de una negociación con resultados tan raquíticos para la esperanza de los trabajadores, una importancia capital. Negociar en medio de versiones periodísticas que dan como aumento de precios de tan solo un 0,2 por ciento, serviría para exponer como un éxito su política de acuerdos que mejoraba el salario de los trabajadores en apenas 16,5 por todo el periodo 2007 y reforzar la expectativa de afianzar la paz social.
Los gremios, sean estatales o privados, vienen discutiendo acuerdos salariales con un ojo puesto en los ajustes presupuestarios que el kirchnerismo le reserva a los trabajadores y el otro en sus propios bolsillos que se hinchan descaradamente detrás de cada negociación. En esta política de «histórica concordancia», los burócratas han llegado al punto de establecer un discurso único con el Amo.
Es usual escuchar discursos sobre la «responsabilidad gremial» y el «esfuerzo que realizan los trabajadores argentinos en la lucha contra el flagelo inflacionario» como si los raquíticos salarios de los trabajadores fueran el factor determinante de la política de aumentos de precios.
El precio de la dignidad
La identificación de las direcciones de las centrales gremiales con las políticas oficiales, las ha llevado a todo tipo de despropósitos y al escandaloso regateo de consignas históricas.
La consigna de un «salario básico, mínimo y vital, acorde a la canasta familiar» está desaparecida desde hace años de los reclamos burocráticos. Tanto la burocracia de los gordos (CGT), como la de los «progresistas» (CTA) han tirado al tacho de la basura el reclamo de un salario que cubra integralmente la canasta familiar al haberla conmutado por toda una serie de eufemismos, tales como «salario digno» o, más recientemente; el «incremento de la masa salarial».
El pedido en general de un salario digno, sin una explicación objetiva y material de cual es el monto de tal dignidad, es un resorte que le sirve a la dirigencia gremial para acordar con las patronales todo tipo de trapisondas que constituyen una estafa a los trabajadores.
El «precio de la dignidad» es difícil de evaluar, cosa que no pasa con la canasta familiar, la cual hoy se encuentra rozando los 2900 pesos. Además, la burocracia establece conceptos caprichosos de «dignidad»; por ejemplo: no es la misma para un trabajador conveniado, que para uno en negro o con contratos pasantes.
La «histórica lucha por un salario digno» para el movimiento obrero argentino es la vuelta, que la dirigencia sindical, ha encontrado para evitar salir a la lucha con un objetivo claro, que coloque a los trabajadores en una acción determinada hasta lograr su reivindicación.
Los Moyano y los Yasky al no someter a la evaluación de asambleas obreras, las demandas que surgen de las necesidades concretas de sus bases, se arrogan el privilegio de determinar cuanto vale la «dignidad» de los trabajadores, o mejor, a cuanto está dispuesta a pagarla la patronal. Esto les ha traído una serie de consecuencias. Los trabajadores del subte han denunciado el acuerdo firmado por la burocracia de la UTA a espaldas del cuerpo de delegados de Metrovias; lo mismo pasa en la fabrica de neumáticos Fate y, por supuesto, en las ultimas autoconvocatorias de docentes en las provincias, que conmovieron con su lucha la escena nacional. A esto debemos sumarle los conflictos que desde hace meses recorren los hospitales públicos, los municipios, etc. El clima de conflictividad laboral ha crecido sustancialmente a partir del desbocamiento de la inflación, con lo cual los acuerdos paritarios, tan celosamente defendidos por burócratas y patrones, corren el riesgo de naufragar.
Cada arreglo salarial se transforma de está manera en un doble arreglo. Por un lado, se arregla miserablemente, la devaluada dignidad de los verdaderos productores de la riqueza, los trabajadores; por el otro, el «indigno» abultamiento de las billeteras burocráticas y toda la serie de prerrogativas que las acompañan.
¿Que significa hablar de «masa salarial»?
Ultimamente las direcciones sindicales de los empleados del estado, sin distinción, han puesto de moda discutir con la patronal estatal sobre «masas salariales». Esta disputa por la porción del presupuesto destinado a sueldos, es la manifestación más descarnada del funcionario sindical burocrático que se mueve como un apéndice de las políticas ajustadoras. Son regateos típicos de una operación de compra-venta y la declaración incondicional de quien se rinde a la concepción del poder, que presupuesta «masas salariales» en las legislaturas nacionales y provinciales acordes a las necesidades fiscales y subsidiarias de las burguesías industriales y agroganaderas, sean nacionales o multinacionales, abandonando definitivamente las necesidades vitales de los trabajadores.
Durante los últimos años, sin importar el color político del gobierno de turno, las direcciones gremiales «progresistas» vienen realizando acuerdos saláriales que consolidan la transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores rentísticos, que viven de la especulación y de la explotación del trabajo ajeno.
Las hinchadas reservas, de la cuales, el presidente Kirchner hace gala cada vez que puede, son el resultado de esta transferencia inmoral, que tuvo su punto máximo en la devaluación duhaldista de 2002, y que ya ha licuado en más de un 30% el poder de compra de los trabajadores del estado.
La famosa «distribución de la riqueza», que tan hondamente y con tanta pasión reclaman los «progres» argentinos, es un placebo destinado a adormecer la conciencia de las bases y del activismo de los trabajadores del estado. Mientras se hace la parodia del «como sí lucháramos», el trabajador estatal, sigue pagando con el desmejoramiento de sus condiciones de vida, el financiamiento de la fiesta kirchnerista cargada de subsidios y corruptela.
Pero conciencia y estómago tienen una relación directa y cada vez son más los sectores estatales (docentes, médicos, judiciales, etc.) que comprenden que las reservas, a las que el oficialismo se aferra ávidamente, surgen de su propia miseria lo que los vuelca a la lucha, aun sin el acompañamiento de sus propias direcciones sindicales.
Contra un salario acorde a la canasta familiar, las direcciones de la CTA, oponen un salario que cubra la línea de la pobreza porque, argumentan, «las provincias no podrían mejorar el sueldo de sus trabajadores por el ruinoso estado de sus cuentas». Las vergonzosas justificaciones de las dirigencias sindicales de los trabajadores del estado, son una copia de las argumentaciones de los gobiernos ajustadores provinciales. En el caso de «la celeste» docente (conducción en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras), la perversión raya lo insano, cuando evidenciando su parálisis y entrega al régimen, declara que: «los docentes no pueden pedir mayores aumentos de salarios dado que las escuelas están inmersas en un contexto de pobreza»; «¿acaso quieren que los padres, que viven con un plan o un salario de subsistencia, piensen mal de los docentes de sus hijos, que cobrarían sueldos exorbitantes por 4 horas de trabajo?». Esta apelación a la «culpa cristiana», no es más que un subterfugio destinado a paralizar la lucha mediante instrumentos retorcidos, es la que sirve a los Yasky y Baradel, para fundamentar a favor de un salario mínimo de pobreza.
La canasta de la pobreza es un conformado con los precios truchos de Moreno, en productos de existencia desconocida (donde un kilo es el equivalente a 800 gramos) Y con los índices aún más truchos del Indec, es decir, la línea de la pobreza, es una línea imaginaria, arbitrariamente fijada por la burguesía y prescrita para que el salario cumpla, apenas, con el objetivo histórico de reproducción de la fuerza laboral.
La adaptación de la burocracia sindical a esta línea retrata de cuerpo entero su «responsable» conciliación con el régimen social de explotación, acompañando incondicionalmente cada una de sus políticas.
Si el kirchnerismo fija la canasta de la pobreza en 900 pesos, la burocracia dispone que lucha por el salario se ubique a lo sumo en 940 pesos. Toda la política sindical, de estas direcciones, se basa en que las oposiciones antiburocráticas no puedan medrar denunciando que tranzan sueldos por debajo de los propios índices oficiales de pobreza.
Los acuerdos paritarios cerrados apresuradamente en medio de la rebelión salarial, no sólo alejan a los trabajadores de recomponer sus salarios del desquicio provocado por la devaluación duhaldo-lavagnista del 2002, si no, peor que eso, no tienen en cuenta el proceso inflacionario vigente.
El Indec trucho no sólo es un merito kirchnerista
Sabemos que los índices informados por el gobierno no resisten el menor análisis y que la política de estadísticas oficiales (Indek) está en terapia intensiva con diagnóstico irreversible. Pero en realidad, lo peor de todo esto, es que nadie sabe con exactitud a cuanto sube la canasta familiar día a día. El Indec (y esto no es mérito de Kirchner) nunca ha informado con claridad que clase de productos mide y que clase de alimentos lo integran. Un ejemplo típico es el de la carne. El Indec considera algo más de 6 kilos mensuales de carne por persona, pero nunca se sabe que cortes se tienen en cuenta para la medición: ¿es la picada de carnaza común o el lomo fiestero de la ministra Miceli?. No lo sabemos.
La falta de información acerca de cómo se desagregan los precios de los productos que integran la canasta básica de alimentos, hace que la misma se arme teniendo en cuenta los precios sugeridos por el gobierno, afectando a productos que escasean, o que directamente no existen, en los comercios. En definitiva los índices oficiales que son tenidos en cuenta por las centrales sindicales para negociar las pautas salariales, son puras maniobras.
Sin embargo, la versión de que el Indec falsea los índices para engañar a la sociedad, es puro macaneo. Sin duda, el bochorno que rodea la aparición pública de cada medición da cuenta que la sociedad no se deja engañar por estas maniobras. Las asimetrías entre los IPC y la realidad son tan enormes, que no hay virtualidad mediática posible que sirva para ocultarlas al ama de casa común. La compra de alimentos es una de las operaciones comerciales de las cuales el conjunto social está más informado. El problema lo tenemos ubicar en otro lado y es tan crucial que debería ser tenido en cuenta para juzgar al kirchnerismo como «los nuevos traidores a la patria».
A principios de su gestión, Kirchner plateó que las negociaciones en torno a las deudas públicas y privadas, representaba una de los más brillantes negocios destinados a la recuperación de la soberanía; esta «brillante» estrategia negociadora, nacional y popular, fue oportunamente saludada por el conjunto de los progresistas cooptados por el gobierno y por todo el arco de las burguesías mundiales que mocionaron en los foros económicos para que la Argentina kirchnerista «recuperara el estatus de país confiable».
En que se basó esta verdadera revelación de muñeca soberana por parte del pingüino, «para castigar a los acreedores, que como buitres se advienen sobre el esfuerzo y el sudor de millones de argentinos y argentinas». Simple, en atar el precio de las deudas al precio de la zanahoria.
Se calcula que cada incremento de un digito en la inflación interna, representa pagos por 1700 millones de pesos de intereses (CER) por los bonos de deuda lanzados al mercado, que son negociados por los mismos bancos acreedores del pasado (Santander Río, entre otros) elegidos «por el gobierno nacional y popular» para la negociación de los bonos. Para tener en cuenta que significan los 1700 millones de pesos que se dilapidan con cada digito del Indec, es necesario pensar que son el equivalente a todo el monto del superávit que el gobierno recoge mensualmente.
Sin duda una «brillante negociación soberana», que traspasa el producto del «esfuerzo y el sudor de millones de argentinos y argentinas» a los mercachifles internacionales que realizan pingüinos negociados en un país que se ha vuelto «confiable», pese a las truchadas del gobierno en el «indexador de capitales», el Indec. «Una avalancha de dólares que llegan del exterior y ayudan a revalorizar acciones y bonos locales (especialmente los nominados en pesos a despecho aún de la controversia no saldada respecto de las mediciones de la inflación que alimentan el indexador de capital de la mayoría de esos títulos) » (La Nación)
«Para Raúl Vázquez, del Santander Río, lo que está detrás del resurgimiento de la deuda indexada es la ‘codicia’. Las tasas de rendimiento implícitas ‘en los bonos Bogar 2018 y Discount son del 14,5% y 15,8% anual, respectivamente, considerando la variación del IPC esperada para los próximos doce meses’, reseñó ayer en un informe al señalar el efecto atracción que ejerce semejante promesa de retorno».
Sostener, en medio de esta especulación financiera que los promotores de la inflación son los miserables aumentos salariales acordados en comisiones paritarias truchas, coloca a las burocracias sindicales, aun las progresistas, en el campo de los intereses multinacionales. Alto precio, que más temprano que tarde, los trabajadores argentinos sabrán cobrar.