Incluso antes de que la solicitud de asilo presentada por Edward Snowden al gobierno de Nicaragua fuera difundida ayer en varios medios de ese país centroamericano, su presidente, Daniel Ortega, había señalado ya que con todo gusto recibiría al ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) si las […]
Incluso antes de que la solicitud de asilo presentada por Edward Snowden al gobierno de Nicaragua fuera difundida ayer en varios medios de ese país centroamericano, su presidente, Daniel Ortega, había señalado ya que con todo gusto recibiría al ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) si las circunstancias lo permiten. Similares pronunciamientos han sido formulados en días recientes por los gobiernos de Bolivia, en voz de su presidente, Evo Morales, y de Venezuela, por medio de su canciller, Elías Jaua.
En contraste, legisladores demócratas y republicanos del Congreso estadunidense advirtieron ayer mismo que cualquier país que acepte dar asilo político a Snowden se pondría en contra de Estados Unidos.
Lo que en principio debiera ser un mero trámite de aplicación del derecho internacional -particularmente, de las convenciones de Viena y de Caracas- puede convertirse, a juzgar por el tono amenazante empleado en días recientes por algunos integrantes del Capitolio y por la Casa Blanca, en un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y los países mencionados, de por sí distanciados a consecuencia del giro soberanista experimentado por los segundos en los últimos años y el proverbial espíritu injerencista, tanto en lo político como en lo económico, de la superpotencia.
Tal perspectiva ocurriría con el telón de fondo de una política internacional de suyo enrarecida, luego del maltrato de que fue objeto Evo Morales por los gobiernos de Francia, España, Portugal e Italia, los cuales negaron el ingreso del avión presidencial boliviano a sus respectivos espacios aéreos ante el rumor de que transportaba a Edward Snowden, lo que ha configurado una crisis diplomática entre buena parte de los gobiernos latinoamericanos y el viejo continente.
Con el referente inmediato de lo que ocurre con Julian Assange, quien está refugiado desde hace más de un año en la embajada de Ecuador en Reino Unido a la espera de un salvoconducto para poder viajar al país andino, y así fuera sólo con el propósito de evitar un nuevo e innecesario ciclo de hostilidad entre Washington y los regímenes progresistas de América Latina, sería deseable que el gobierno estadunidense se abstuviera de obstaculizar la salida de Snowden de la capital rusa y su llegada al país en el que finalmente decida asilarse. Es igualmente deseable que la clase política de Washington modere la belicosidad mostrada en las últimas horas y entienda que el eventual otorgamiento de asilo político a Snowden por Managua, Caracas, La Paz o algún otro gobierno no constituye una acción hostil hacia Washington, sino una decisión soberana y un cumplimiento de los tratados internacionales aplicables que deben ser respetados.
Por último, es claro que en estas condiciones la suerte de Snowden, como ocurre con Assange, depende en buena medida del grado en que la opinión pública internacional sea capaz de valorar las aportaciones de ambos a la causa de la transparencia en el mundo y se manifieste, en consecuencia, por el cese de la criminalización y el hostigamiento en contra de ellos y en contra del soldado Bradley Manning. En lo inmediato, sería deseable que ello se traduzca en un respaldo internacional pleno -particularmente del conjunto de países latinoamericanos, incluido México- a la determinación de cualquier gobierno de la región de asilar a Snowden en su territorio.