Las dos caras del presidente quedaron expuestas en la Asamblea Legislativa. El antagonismo entre lo proclamado y lo realizado abarca desde el debate sobre el aborto hasta la calidad educativa, pasando por la reforma del Código Procesal Penal, y la educación sexual, entre otros temas.
«La muerte es ocultar la verdad/el vacío es dejarse mentir», cantaba Ricardo Iorio durante la década del 90, y hacía su pequeño aporte para despabilar a una sociedad que estaba adormecida bajo los supuestos encantos de la Convertibilidad.
Veinte años después, la canción parece tener plena vigencia. Las contradicciones entre las acciones de gobierno y la agenda desplegada por el presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa en la apertura del 126° período de sesiones ordinarias parecen ser parte del contrato entre dirigentes que optan por ocultar la verdad y un sector de la sociedad que se deja mentir.
Al margen de los datos parciales (ya chequeados en las redes sociales) sobre empleo e inversiones que fueron presentados como verdades y la alusión a la transparencia dentro un gobierno que convive con los Panamá Pappers, el blanqueo familiar, y los casos de Gustavo Arribas, Luis Caputo, Valentín Díaz Gilligan y Jorge Triaca; la contradicción entre los anuncios y la gestión sugiere: que Mauricio Macri decidió hacer un culto del pragmatismo volviendo si es necesario sobre sus propios antecedentes, o utilizará la instalación determinados debates en la sociedad como una forma de fugar hacia adelante.
Tiempo relevó especialmente los anuncios de la agenda social con la que el gobierno buscó cambiar el clima tras la multitudinaria manifestación sindical del 21 de febrero, y los cruzó con las acciones realizadas por el mismo Mauricio Macri, ya sea en su gestión como jefe de Gobierno porteño como al frente del Ejecutivo Nacional. El resultado es el siguiente:
Aborto
En el tramo final de su discurso, el presidente dijo: «Hace 35 años que se viene postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como más de una vez dije, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos.Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas».
La decisión del presidente de utilizar el término «a favor de la vida» para definir su posición en contra de la despenalización del aborto abre la puerta a múltiples especulaciones acerca de qué sucederá en el caso de que la ley sea sancionada. Más allá de lo discursivo, en los hechos el archivo es duro con el presidente. En 2012, la Legislatura porteña aprobó un ley para regular el aborto no punible. Si bien el PRO votó en contra, la norma fue aprobada debido a que la oposición contó en aquel entonces con el apoyo de la Coalición Cívica. Macri no dudó, ejerció su facultad como jefe de Gobierno porteño y vetó la ley.
En esta última semana ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni el titular del bloque oficialista en el Senado, Federico Pinedo se animaron a descartar un veto para el caso en que la despenalización del aborto sea aprobada en el Congreso.
Igualdad de género
«Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Y, según el Indec, estas diferencias llegan hasta el 30 por ciento. Y esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad», dijo el presidente.
Sin embargo, con la reforma previsional sancionada en diciembre de 2017 las más perjudicadas fueron las mujeres, debido a que eran las grandes beneficiarias del régimen de la moratoria previsional que estuvo vigente desde 2004 hasta el 2016.
La moratoria funcionaba, entre otras cosas, como una jubilación para las amas de casa. Mientras duró, el 86% de los beneficiarios fueron mujeres. Si bien la igualdad está consagrada en la Constitución y en las leyes que regulan el mercado laboral, la brecha existe y es perjudicial para la mujer. Más allá de lo declamativo, el Poder Ejecutivo no instruirá al Ministerio de Trabajo para que avance con controles o sanciones, tan sólo presentará a través de uno de sus diputados una norma que le permitirá a la mujer hacer la denuncia. De esta manera la carga seguirá estando sobre la mujer trabajadora como sucede hasta ahora, y en el contexto de una relación históricamente desigual entre empleador y empleado.
Educación sexual
«La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes. Los ayuda a tomar decisiones informados. Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y Educación en una iniciativa integral para que, en las escuelas, en los centros de salud y en las comunidades, haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en educación sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Sólo con información van a tener la libertad de elegir qué quieren para su vida», detalló Macri.
En este caso, el desfinanciamiento sufrido por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) marca la contradicción entre los supuestos objetivos planteados en el discurso y la realidad. Los recursos asignados al Programa en 2015 fueron $ 55.755.738, en tanto que en 2016 bajaron a $ 27.662.623. En 2017 la suma subió a $ 43.211.136, pero no alcanzó ni siquiera el monto nominal de 2015, sin tener en cuenta el 80% de inflación acumulada en poco más de dos años.
En ese marco, distintos colectivos feministas denuncian que la inversión se redujo un 65% en términos reales, lo que se tradujo en el cierre de cursos y reducción de personal, entre otras medidas de ajuste.
Reforma del Código Procesal Penal
«Otra reforma importante es la del Código Procesal Penal. El centro de la reforma es pasar del modelo actual, donde los jueces son los que investigan y deciden, a uno más rápido y oral en el que los fiscales tengan más protagonismo. Les pido a los legisladores que les den a estos temas la importancia que merecen para cuidar a todos los argentinos», sostuvo el presidente.
La reforma del Código Procesal Penal fue aprobada en junio de 2015. La modificación sustantiva era que la investigación quedaba en manos de los fiscales y dejaba de ser una potestad de los jueces. El nuevo Código Procesal Penal debía entrar en vigencia el 1 de marzo de 2016, sin embargo, 19 días después de asumir el gobierno, Cambiemos frenó su instrumentación.
La excusa del macrismo para no avanzar con la reforma, que había sido debatida en profundidad por el Congreso de la Nación, fue que la nueva metodología le otorgaría más poder a Alejandra Gils Carbó, que en ese entonces se desempeñaba como la jefa de los fiscales.
Educación de calidad
«Tenemos que trabajar por la igualdad educativa para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad», aseguró Macri.
Más allá de los deseos presidenciales, la Ciudad de Buenos Aires que administra Cambiemos hace una década, y que estuvo bajo su tutela durante ocho años, muestra índices de desigualdad alarmantes.
Las pruebas Aprender que fueron mencionadas por el jefe de Estado advierten no sólo sobre la baja calidad de la educación de la ciudad más rica del país, sino que también marcan la desigualdad, tanto entre norte y sur, como entre los colegios de gestión privada y los de gestión pública.
En la Ciudad de Buenos Aires, el 30,28% de los estudiantes secundarios se encuentra, según los resultados de Aprender, por debajo del «nivel básico de conocimiento». La brecha de desigualdad entre los que asisten a colegios de gestión privada y colegios de gestión estatal es superior al 15 por ciento.
La brecha entre norte y sur es aún más grande. De la totalidad de los alumnos que asisten a secundarias ubicadas en la comuna 14 (Palermo), tan sólo el 9,2% se encuentra por debajo de los «conocimientos básicos», en tanto que en la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios) el porcentaje se eleva hasta el 40,8 por ciento.