Luego de la represión y posterior pueblada del pasado lunes en la ciudad de Andalgalá, el juez Electoral y de Minas de la provincia, Raúl Guillermo Cerda, ordenó paralizar los trabajos en el emprendimiento minero de Agua Rica. Ya no quedan detenidos tras la brutal represión policial a los asambleístas de El Algarrobo. «Ahora tenemos […]
Luego de la represión y posterior pueblada del pasado lunes en la ciudad de Andalgalá, el juez Electoral y de Minas de la provincia, Raúl Guillermo Cerda, ordenó paralizar los trabajos en el emprendimiento minero de Agua Rica. Ya no quedan detenidos tras la brutal represión policial a los asambleístas de El Algarrobo. «Ahora tenemos que concentrarnos en nuestras actividades productivas», aseguró a InfoSUR un asambleísta.
La medida del gobierno catamarqueño fue resuelta como consecuencia de los graves incidentes que se registraron en Andalgalá. InfoSUR se comunicó con Sergio Martínez, vecino andalgalense, quien explicó que «ahora nos tenemos que poner a pensar con la otras altenarivas de fuentes laborales».
Según relata Martínez, ya no quedan detenidos y están averiguando la situación de un herido de apellido Paz que estaría en el Hospital Juan Bautista de la capital provincial. Asimismo, informó que el asambleístas Aldo Flores se encuentra bien.
Desde diciembre pasado, cuando comenzó el corte sobre el camino comunero que lleva al yacimiento donde la minera Agua Rica intentaba instalar su base operativa para comenzar la explotación en 2012, la concientización de los distritos afectados se expandió notablemente, gracias a la actividad de difusión y militancia de los vecinos, en lucha por el agua y la vida.
«La gente se cansó de tanta corrupción y tanto saqueo y estaba muy dolida por la represión, entonces destruyeron la oficina de Agua Rica, rompieron la fiscalía, el juzgado de control de garantía, la municipalidad», relató Martínez sobre los sucesos del pasado lunes, donde una verdadera pueblada siguió a la represión.
«Era necesario frenar el emprendimiento y pensar en otra cosa», contó Martínez, quien asegura que en la asamblea realizada este martes por la mañana, se decidió exigir la renuncia del intendente local, José Perea, quien había asegurado que el emprendimiento minero se iba a realizar cueste lo que cueste.
«Las empresas se dieron cuenta que se tienen que ir», lanzó Martínez.