El escándalo Skanska se llevó puestos a dos funcionarios y amenaza a otros, superiores. El deficiente transporte ferroviario resaltó, al resplandor de las llamas de Constitución. Y volvió la pelea con la Iglesia. ¿La peor semana K?El presunto pago de coimas en la ampliación de gasoductos se cobró esta semana las dos primeras cabezas de […]
El escándalo Skanska se llevó puestos a dos funcionarios y amenaza a otros, superiores. El deficiente transporte ferroviario resaltó, al resplandor de las llamas de Constitución. Y volvió la pelea con la Iglesia. ¿La peor semana K?
El presunto pago de coimas en la ampliación de gasoductos se cobró esta semana las dos primeras cabezas de la administración. Fulvio Madaro dejó de ser el director del Enargas y Néstor Ulloa perdió la gerencia de Nación Fideicomisos, por decisión de Néstor Kirchner. El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete Alberto Fernández, luego que el ministro del Interior recibiera el aviso del fiscal Carlos Stornelli de que había pedido la imputación de Madaro y Ulloa.
Buscando presentar la necesidad como virtud, Fernández aseguró que el gobierno ‘daba una lucha clara para garantizar la transparencia’. Ante la imputación judicial, les soltaron la mano a esos dos funcionarios que a partir del 7 de junio tendrán que comparecer ante el juzgado de Guillermo Montenegro.
A simple vista parecería una ‘sobreactuación’ gubernamental pues aún los sospechosos no declararon ni el juzgado decidió procesarlos. ¿Por qué tanta celeridad si al ex secretario de Agricultura Miguel Campos se lo sostuvo, aún estando procesado por la presunta mala distribución de la apetitosa cuota cárnica Hilton de exportación?
El cambio de criterio oficial obedeció a que parece haber suficientes pruebas del delito en cuanto a coimas pagadas en los gasoductos. Al menos así se desprende de la transcripción de las conversaciones entre un gerente de la constructora sueca y un auditor interno, según la cinta obtenida por el juzgado tras un allanamiento a la sede empresarial.
En consecuencia, el jefe del Ejecutivo quiso operar de urgencia, como si la dupla sospechada fuera un pie gangrenado que había que cortar por lo sano. ¿Acaso quiere impedir que la infección suba por ese miembro? ¿Y si ya está gangrenado más arriba?
Desde el principio, la intención Elisa Carrió y Mauricio Macri, y de los diputados denunciantes del ARI y del PRO, de generosa llegada a ‘La Nación’, Perfil y Noticias, fue implicar en la maniobra al ministro Julio de Vido.
Aún no lo lograron pero hay que convenir que Madaro y Ulloa eran parte de su área de gestión, lo mismo que Daniel Cameron, de la secretaría de Energía, y José López, de la secretaría de Obras Públicas. Estos últimos pueden ser los próximos imputados por Stornelli. Que aún no lo hayan sido fue una de las sorpresas del periodista Carlos Russo, quien primero escribió sobre este asunto en Perfil, al comentar las novedades en un reportaje de Víctor Hugo Morales, el jueves por Continental.
Todo parece indicar que así será. Si Cameron y López deben concurrir a Comodoro Py a prestar declaración, querrá decir que el incendio se ha aproximado a De Vido. Kirchner y sus ministros están con los extintores en la mano, en vigilia y alerta roja.
Las empresas
La evolución del affaire en estos días pareció darle la razón a Carrió-Macri, en que se trataba de corrupción gubernamental. La oposición y los medios que comparten su visión se han burlado de la afirmación presidencial, hecha el 25 de abril último, de que era ‘un caso de corrupción entre privados’. Para esos críticos, la actitud de la multinacional sueca habría sido muy positiva, de colaboración con la justicia.
¿Fue así? No parece. El juez Montenegro pudo dar con los documentos en la sede de Skanska porque los especialistas informáticos policiales le permitieron rescatarlos de los servidores. Los gerentes los negaban y habían borrado de sus computadoras.
Siete de esos ex directivos (dos aún trabajan allí) fueron detenidos por orden del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart. Aunque fueron excarcelados, están imputados en una causa por evasión tributaria y presunta asociación ilícita. Además, si ellos aceptaron los pedidos de coimas y las pagaron, como surge de las conversaciones ventiladas en todos los diarios el viernes, fueron parte de un delito. Habrían obtenido un contrato, con las ganancias consiguientes, y logrado sobreprecios para oblar ‘comisiones indebidas’. ¿Todo el sobreprecio fue a esos pagos o algo quedó en sus cuentas particulares o de la empresa?
Los ex ejecutivos que dejaron Skanska luego que se destapara la olla podrida, percibieron 9,4 millones de pesos como indemnización. Aún yéndose obtuvieron beneficios extras.
Por otra parte, la denuncia original de la AFIP por presunta evasión impositiva y uso de facturas truchas, no apuntaba sólo contra la firma sueca. Un centenar más estaba en ese rubro sospechoso, entre ellas varios ‘pesos pesados’ como Banco Macro, Banco de Galicia, Easy, Aeropuertos Argentina 2000, Autopistas del Oeste, Aerolíneas Argentinas, etc. ¿También las van a defender la matrona de la Coalición Cívica y el dueño de PRO?
El fiscal Stornelli, antes de provocar revuelo político con el pedido de detenciones que afectaron al gobierno, también había solicitado a Montenegro extender las investigaciones por los gasoductos. Quiere hurgar en los manejos de Techint, controlante de TGN; Petrobrás, que tiene el comando de TGS; la brasileña Odebrecht que intervino en la ampliación del sur, etc.
Mirando las cosas desde este ángulo se puede concluir en que no era descabellado pensar que los privados eran responsables de ilícitos. En la cinta uno de los directivos de la firma sueca afirma que ‘Techint juntaba la guita’ de las coimas.
¿Podrían terminar teniendo razón tanto Carrió como Kirchner? Sí, en la siguiente hipótesis: que haya habido funcionarios corruptos que embolsaron coimas, y capitalistas corruptos que cobraron sobreprecios y pagaron retornos. Una combinación de ese tipo no es de ciencia ficción sino un paisaje recurrente en el país. Los usos y costumbres de la clase política y empresarial tienen esos códigos.
No la hicieron trabajando
Un aspecto positivo de aquel purulento negocio es que puede poner en debate los manejos de empresas que, pese a esas posibles irregularidades, suelen ser puestas por el establishment como el buen ejemplo a imitar. Ellas también ‘tienen un muerto en un placard’, como se afirma de las buenas familias británicas.
Si se analiza a Techint, que ejerce la gerencia de TGN -y ordenó las obras polémicas- se verá que no es oro (ni acero) todo lo que reluce. Hasta ayer su presidente Paolo Rocca estuvo en Caracas tratando de negociar con el gobierno venezolano para que no le nacionalice la siderúrgica Sidor. Hugo Chávez ha planteado esa posibilidad harto de que Sidor adquiera a bajo precio y con subsidio estatal el mineral de hierro a la estatal Ferrominera; y que venda al mercado venezolano a altos precios un poco de su producción, prefiriendo volcar todo lo demás a la más rentable exportación.
Una de las firmas de Techint, Siderar, que produce acero plano en Argentina, informó a la Bolsa de Comercio el 3 de mayo último que sus ganancias del primer trimestre del año habían pegado un salto del 44,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Ganó 322 millones de pesos en tres meses, frente a los 222 del otro lapso.
También a principios de este mes se publicó que Techint había comprado una metalúrgica mexicana, Imsa, por 3.000 millones de dólares. Según Rocca, con esa adquisición y otras dos anteriores en Estados Unidos (este año pagó 2.000 millones de dólares por Hydril y el año pasado 3.100 millones por Maverik), ‘expandirá las capacidades industriales en productos de acero de valor agregado en México y EEUU, donde tendrá un equipo de más de 13.000 empleados’.
Hasta este momento Techint explotaba a 50.000 empleados en Argentina y el mundo; ahora son 63.000, según los números oficializados por su mandamás.
La justicia dirá en su momento si Techint cobró o no sobreprecios en las obras de TGN, y si pagó o no retornos a funcionarios. Pero independientemente de ese proceso judicial, está a la vista que el imperio Rocca no hizo la plata trabajando, para parafrasear al filósofo gastronómico Luis Barrionuevo, que se incluía entre los ricos.
El pulpo siderúrgico monopolizó el acero en Argentina compartiendo cartel con Acindar; aprovechó la privatización menemista-duhaldista de Somisa; hizo otro tanto con las privatizaciones petroleras (Tecpetrol) y gasíferas (TGN); se benefició con la devaluación de 2002 para cobrar un dólar de tres pesos, siendo el segundo exportador; logró subsidios estatales con Kirchner-Lavagna-Miceli para las ampliaciones de sus plantas, etc.
Estos negocios ‘normales’ del pulpo del acero tendrían que ser objeto de discusión pública en Buenos Aires y no sólo en Caracas.
Esos monopolios están acostumbrados a imponer sus leyes en detrimento del público. Con ese mal ejemplo, otros que son peces menos gordos, como el empresario Sergio Taselli, también pescan en las aguas revueltas del Estado, lo que provoca ramalazos de furia como el de los usuarios del ferrocarril Roca, que reaccionaron hartos del mal servicio. Taselli es el concesionario de ese ramal y ni siquiera sabe cuántos pasajeros transporta: dijo que eran 600.000 diarios y las cifras oficiales hablan de 350.000.
El gobierno debería reestatizar esos servicios esenciales y dejar de pagarles a los concesionarios privados del transporte los 5.400 millones de pesos con que los subsidió en los últimos cinco años. Esa plata no se invierte en obras ni en mejoras. Como no están dispuestos a hacerlo, al menos por ahora, a los dos Fernández les resultó más fácil explicar el incendio en Constitución atribuyéndolo a infiltrados y activistas.