Muchas son las tensiones políticas que se procesan en estas horas. El momento más ríspido lo constituyó el “motín” policial de la policía bonaerense, una fuerza de seguridad con 90.000 efectivos. Con sus armas y móviles, incluido helicóptero, presionaron en varias locaciones, muy preocupadamente en la vivienda del gobernador y en la residencia presidencial.
Esto motivó especulaciones golpistas, aun cuando el móvil apuntaba a la mejora salarial y esencialmente a la impunidad policial, en el mismo momento que se investigan responsabilidades policiales en el asesinato de Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros casos de similar tenor.
El motín generó especulaciones diversas y se zanjó, transitoriamente, con asignaciones presupuestarias resueltas por decreto, revirtiendo otro decreto, de similar factura realizado por el Gobierno Macri. En aquella ocasión se favoreció al gobierno porteño y ahora a la provincia bonaerense y por eso surgen interrogantes diversos. ¿Es un debate en torno a la coparticipación? Puede entenderse de ese modo, pero es más complejo. ¿Es favoritismo desde el gobierno nacional a una provincia gobernada por el mismo frente en el orden nacional y en contra de la oposición gobernando la ciudad capital de la Argentina? Es un argumento simplista también.
Se trata de un tema de enorme complejidad, que no se resolvió con la asignación de nuevos recursos derivados desde un distrito a otro, más allá de cualquiera de las razones que se argumenten de un lado y del otro. Se trata de tensiones políticas en una Argentina con crisis política evidente, con una polarización calificada de grieta. Una polaridad sostenida por la novedad política emergente en el siglo XXI, el kirchnerismo y el macrismo, expresiones renovadas de viejas antinomias políticas en el país. Si durante décadas, más allá de las dictaduras, la confrontación fue entre peronismo y radicalismo, el presente muestra la fractura de ambas expresiones y la conformación de nuevas alianzas con liderazgo de Cristina Fernández en un caso y Mauricio Macri en otro.
Las tensiones se concentraron en la protesta policial, pero se manifiesta en todos los temas que se colocan en discusión y afecta las correlaciones de fuerzas en la sociedad, caso de la “reforma judicial”, disminuida en sus alcances por el oficialismo y agigantada por la oposición sistémica; pero también acontece la polémica en torno al gravamen sobre las grandes fortunas. Más grave aún, la discusión se manifiesta en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, con imposibilidad de acuerdo estratégico de las dos principales fuerzas políticas, en momentos en que ascienden peligrosamente los contagios y muertes en el país, especialmente en momentos de incertidumbre global sobre el tema. Una incerteza que incluye imprevisibilidad en el futuro económico.
Es muy posible que el problema sanitario se extienda durante el 2021, o buena parte del mismo. Además, ¿será esta la última pandemia?, ante una situación de descontrol en el modelo productivo mundial, con afectación de la naturaleza y la vida social en su conjunto. Es un interrogante de difícil respuesta.
Supuestos 2021
Por eso, suena hasta ilusoria la pretensión del ministro de Economía que pretende “tranquilizar” la economía con supuestos ilusorios, creo, que serán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2021.
El horizonte imaginado es la merma del gasto público incrementado en 2020 por la pandemia, como si fuera sencillo, en las condiciones económicas globales y locales, eliminar gasto social como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, incluso los ATP para compensar salarios de empresas con problemas para atender la nómina, entre otras muchas asignaciones presupuestarias para atender a la emergencia.
La incertidumbre de la economía mundial es relevante y, además, agudizada con incertezas derivadas de la elección estadounidense en noviembre próximo. A punto de terminar su gestión, Donald Trump impuso por primera vez un presidente estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El personaje al frente del BID expresa a la ultra derecha de EEUU, con una orientación claramente opuesta a la lógica socio política desplegada en la región en los primeros años del Siglo XXI.
Se trata de un militante enfático contra el proyecto cubano, venezolano, o cualquier intento de autonomía e independencia de la región latinoamericana y caribeña respecto de la política exterior de EEUU. Además, Argentina sostuvo candidato alternativo hasta último momento y fue clave para operar una elevada abstención en la votación.
A no dudar que eso constituye una tensión con el gobierno de Trump, más aún si este ratifica un segundo mandato. El tema no es menor, ya que EEUU es clave a la hora de la negociación en curso de la Argentina con el FMI. EEUU definió el impagable y odioso crédito a Macri en 2018 y ahora el gobierno de Alberto Fernández busca renegociar el acuerdo para liberar pagos durante el mandato que finaliza en diciembre del 2023.
El presupuesto económico financiero del 2021 está atravesado por esa negociación con el FMI, para terminare de definir el alcance de los compromisos financieros del Estado. La política es integral y se juega fronteras adentro y en el exterior. ¿Cuántos recursos se generarán para activar la economía y resolver empleos e ingresos populares que contengan el des-conformismo social ante la situación económica actual?
Sorprende aún que la caída de ingresos de la mayoría de la sociedad de más bajos ingresos, la consecuente suba de la pobreza y la indigencia no genere una explosión social. Los conflictos y movilizaciones existen, pero todavía contenidos ante la situación de la emergencia sanitaria y la extensión de una política compensatoria que puede terminarse en los supuestos presupuestarios.
Debates estratégicos
Las tensiones pueden superar la lógica de confrontación hegemónica de la política actual, solo si la demanda social se orienta en una perspectiva que ponga en discusión la lógica que preside la organización económica en la Argentina, y que se presenta claramente en el debate sobre la imposición a las grandes fortunas y en la toma de tierras. En ambos casos se afecta la sacrosanta “propiedad privada”, con resguardo constitucional desde el origen de la Nación Argentina.
El tema es que esa propiedad privada, altamente concentrada, es la razón de la fuerte desigualdad acumulada por siglos y exacerbada en tiempos de reestructuración reaccionaria desde 1975/6, cuestionada discursivamente, pero nunca enfrentada claramente. Una muestra está en el tratamiento del endeudamiento en todo el ciclo político desde 1983, con renegociaciones sucesivas que consolidan la subordinación local al orden del poder económico mundial del capitalismo.
Hace falta ir a fondo en el debate sobre los recursos que administra el Estado, especialmente su destino, pero también de dónde provienen. En ese marco hay que discutir la coparticipación impositiva. Primero hay que definir los problemas a resolver, caso de la pobreza, por ejemplo. Recién, luego de ello se podrán asignar escasos recursos existentes a otros fines, incluso, cuanto se dispone para coparticipar con los distritos provinciales.
Está claro que es una cuestión política que trasciende la coyuntura y se proyecta como un debate estratégico sobre el presente y el futuro, en rigor, no sólo válido para el país, sino para la región y el mundo.
Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP