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Actualización del conflicto jujeño al 31.7.2023

Tercer Malón de la Paz contra la Reforma constitucional jujeña

Fuentes: Rebelión

El lunes 31 de julio llegó a la Ciudad de Buenos Aires el Tercer Malón de Paz que desde hace una semana marcha por distintas localidades para dar a conocer los motivos del rechazo a la Reforma constitucional sancionada el 20 de junio en Jujuy. Tanto el lunes 31 como el martes 1° de agosto llevarán adelante varias acciones frente al Congreso y la Corte Suprema de la Nación.

Más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones, como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy. Solicitaron, además, una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de la reforma hasta que se dicte sentencia. Piden tener en cuenta “los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces”.

Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, por lo que organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación.

En tanto, el lunes llegó a la Ciudad de Buenos Aires, el Tercer Malón de Paz para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos.

Esta movilización es una continuidad de las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante, junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días.

El Tercer Malón de Paz inició su marcha el martes 25 y ya recorrió varias localidades difundiendo sus reclamos y los propios de cada comunidad local.

Según detallan desde Sisas, “el Primer Malón de La Paz se realizó en 1946, donde los Maloneros luego de llegar caminando a Buenos Aires fueron recibidos por Perón, alojados en el Hotel de Inmigrantes y enviados nuevamente a Jujuy con promesas vacías. El segundo Malón de La Paz fue en 2006 dentro de la provincia para reclamar por derechos territoriales”.

«Nosotros venimos a luchar a defender nuestros territorios (…) Es inconstitucional que nos quiten los derechos (…). Nos quieren quitar las riquezas de nuestras tierras», aseguran quienes integran este Tercer Malón que partió desde Jujuy y pasó por Salta, Catamarca y Tucumán.

En Salta se visibilizó y denunció además el “vaciamiento estructural” que sufren las comunidades, la falta de agua potable, salitas de hospitales sin recursos. En Catamarca, recorrieron Santa María y Las Mojarras, y fueron recibidos por las comunidades indígenas de la Nación Diaguita.

«Esta lucha es por los que vienen, por los que no han nacido», expresaron durante su encuentro con la Comunidad Diaguitas en Defensa de la Vida en Tucumán, en donde también se denunció la deforestación, la desertificación de los suelos, los desalojos de las Comunidades, la explotación minera de empresas transnacionales con complicidad de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros reclamos.

El Tercer Malón siguió su recorrido el sábado hacia Córdoba, donde se coordinó con los hermanos del pueblo Comechingón. El domingo 30 llegó a Rosario para encontrarse con el pueblo Qom y pueblos indígenas del Nea. Y desde allí partió hacia Buenos Aires donde el martes 1° se hará una actividad en el Día de la Pachamama y acampes en la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación.

Colecta nacional

Encontrarás los Números de Cuenta provistos ordenados por iniciativa: Cortes, en los que requieren urgentemente recursos para leña y alimentos, III Malón de la Paz (25 de Julio -1° de Agosto) y Comunidades, que requieren urgentemente transporte para viajar con el III Malón de la Paz en camino a Tribunales, Vigilia, para sostenerla al lado de la Casa de Jujuy, y toda otra iniciativa que esté orientada a apoyar esta batalla que es de todas y todos los ciudadanos de bien que habitamos en suelo argentino.

Colaborá con los Cortes

Requieren urgentemente recursos para leña y alimentos

CBU N° 0110324130032405435847
ASOMO.DELFIN.ZAPATO
Banco Nación
Caja de ahorro Héctor Lino Castro

Colaborá con el III Malón de la Paz

Requieren urgentemente transporte para viajar con el III Malón de la Paz

Para las comunidades Quechua, Chicha y Coya. Salieron del corte de La Quiaca el 25/ 07

CBU  0110324130032404595483 Irma Puca / Banco Nación

Abra Pampa

CBU N° 2850208540095170205098 / Octavio Colina

Purmamarca

CVU N° 0000003100090122123462 / Alias: el3-malondelapaz / CUIT/CUIL 20327066472. Eloy Mamani Bco: Citibank N.A.

Comunidades Quechuas (Sta. Catalina)

CVU N° 0000013000032125559420 / Carrillo Cardozo Aníbal Mercado Pago

PUEBLOS Y NACIONES INDIGENAS DEL III MALON DE LA PAZ

“ARRIBA LOS DERECHOS, ABAJO LA REFORMA INCONSTITUCIONAL”
JUJUY — BUENOS AIRES — 3.300 KM
OBJETIVOS:

1.       Exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida respecto de la Inconstitucionalidad de la Reforma provincial.

2.       Que el Congreso de la Nación trate y sancione Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

3.       Solicitar al Congreso de la Nación la intervención federal de la provincia de Jujuy.

CIRCUITO 25 DE JULIO — 01 DE AGOSTO 2023

Día 25: partida desde diferentes territorios (La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara y Maimará), parada en Purmamarca, AL MEDIODÍA encuentro con los hermanos de la columna de Susques y Salinas, breve acto y continuar viaje, caminata y caravana hasta Güemes con la Multisectorial de Jujuy. Nos Reciben los hermanos de Pueblos Originarios de Salta.

Día 26: Salida de Güemes, pasar Salta capital, acto con los hermanos de Pueblos Originarios, movimientos gremiales, sociales y de DD HH, almuerzo y continuar hasta Comunidad India Quilmes, prolongar hasta Santa María Catamarca. Nos reciben los hermanos Diaguitas de Catamarca y Asamblea Ambiental.

Día 27: Ceremonia y asamblea, Continuar de Santa María, hasta Tafí Del Valle, nos reciben los hermanos de la UPND de Tucumán, marcha y acto.

Día 28: Partida desde Tafí del Valle, pasamos por San Miguel de Tucumán donde nos recibe el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en lucha y la Comunidad Indígena Solco Yampa Pueblo Diaguita, breve acto y se continúa hasta Santiago del Estero, donde nos reciben los Hermanos del Consejo de la Nación Tonokote Llutky y otros.

Día 29: Salir desde Santiago del Estero rumbo a Córdoba con los hermanos del pueblo Comechingón, Comunidad Malonera Pueblos Originarios del Centro, Organismos de DD HH y organizaciones de Córdoba.

Día 30: Continuamos de Córdoba a Rosario, encuentro con el Pueblo Qom, Mogoit y Pueblos Indígenas del Nea.

Día 31: Rosario hasta la entrada a Buenos Aires, encuentro con los Pueblos Indígenas del Sur.

Día 01 de agosto: entrada a Buenos Aires y Ceremonia Espiritual a la Pachamama. Jornada de reivindicación en la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación.

Contactos: 3884777690/3885074612/3884977206/1167253513/3885237663

Colaborá con la Vigilia

Grupo de autoconvocados autogestivos. Gestionamos ayuda a toda la provincia de Jujuy.

¡¡¡JUJUY RESISTE Y LA VIGILIA TAMBIEN!!!

Alias 130579 / Nombre Gustavo

CBU 0000003100090722144777

Diputados aprobaron la Ley de tierras

En medio del conflicto con las comunidades originarias, la Legislatura debatió una ley enviada por el gobierno vinculada al sector.

Con la mayoría del oficialismo, se aprobó la normativa que según señalan “ratifica derechos de propiedad de sus tierras”.

Hubo críticas de la oposición marcando que no marca ningún cambio para los pueblos indígenas.

El miércoles se concretó la tercera sesión especial en la Legislatura de Jujuy.

En la misma, el único tema debatido fue una ley vinculada a las comunidades originarias justo en medio del conflicto con el sector que involucra cortes de ruta y la partida del Malón de la Paz a Buenos Aires. 

Según señalaron desde el oficialismo, la normativa está para “ratificar derechos de propiedad de sus tierras”. 

Se trata del Registro de Comunidades Aborígenes, el cual prevé el reconocimiento e inscripción de los pueblos indígenas. Resulta de importancia para el proceso de relevamiento técnico, jurídico y catastral y en caso de corresponder tierras ocupadas por las mismas, adjudicarlas mediante el Programa Nacional de Relevamiento Territorial.

El diputado opositor Juan Cardozo Traillou se refirió a este proyecto considerando que el mismo “no cambiará nada a las comunidades”.

Remarcó que es una muestra de la inoperancia del gobierno provincial ya que no tiene “ningún fundamento jurídico ni político y pretende ratificar escrituras de títulos de propiedad comunitaria que ya se entregaron”. 

Para Cardozo Traillou, el gobierno intenta “calmar las aguas de las comunidades”, con esta iniciativa, agregando que “las escrituras que ya fueron entregadas no pueden quitarse ni siquiera por ley”.

Adep decidió levantar el paro

El gremio Adep, del nivel inicial y primario, decidió levantar el paro de actividades. Lo hizo tras finalizar el Congreso Extraordinario donde se reunieron congresales y delegados zonales. Hubo 30 congresales a favor del levantamiento y 4 abstenciones.

En las afueras del salón ubicado en avenida 19 de Abril, se hicieron presentes maestros que expresaron no estar de acuerdo con volver nuevamente a clases ya que entienden que, hasta el momento, no se ha logrado aspirar a un básico de $100.000, sino que el Gobierno mejoró una cifra de $60.000.

CEDEMS confirmó que sigue el paro

Este sábado, CEDEMS concretó una nueva Asamblea Extraordinaria para determinar las medidas a adoptar, tras la falta de llamado a paritarias por parte del gobierno y repudiar las diferentes formas de amedrentamiento que se ejerce hacia los trabajadores.

En este marco los educadores resolvieron que el paro continuará el lunes 31 de julio y considerando el asueto del 1° de agosto por el Día de la Pachamama, la medida de fuerza se extenderá también al miércoles 2 de agosto. De este modo el nivel medio y superior no volverán a clases tras el receso invernal.

El gremio ratificó el pedido de paritaria de la asamblea del 13 de julio, presentado ante autoridades de gobierno. Asimismo, renovaron el pedido de una canasta básica de 235.000 pesos y una cláusula de actualización según el índice mensual de inflación de DIPEC.

Reclamaron además el cese de contravenciones y desprocesamiento de trabajadores encausados en el marco de la protesta que llevan adelante, entre otras medidas que refieren al hostigamiento y amedrentamiento que buscan disciplinar y disuadir el plan de lucha.

Por último, convocaron a una marcha para el miércoles 2 de agosto a las 10:00, partiendo del Sindicato en calle Balcarce 162.

Rechazan «Plan Piloto»

El «Programa Piloto de Fortalecimiento a las Trayectorias Escolares para estudiantes de Nivel Primario», creado por el ministerio de Educación de Jujuy, está destinado a docentes noveles o recién recibidos con título habilitante para cargos de maestro de grado. El martes 1° de agosto notificarán las designaciones a los docentes seleccionados, para que inicien sus actividades el miércoles 2.

Sobre el plan, la ministra de Educación de Jujuy, María Teresa Bovi explicó que “(los) maestros van a cumplir la función de apoyo y acompañamiento pedagógico (…). Estos docentes van a estar en los establecimientos y van a desempeñar la función pedagógica en el aula: si no está el docente, en cuenta del docente; y si está acompañando al estudiante que le esté costando más algún trayecto, porque como Estado tenemos que garantizar la educación».

Los distintos gremios que nuclean a los docentes, como Cedems y ADEP, ya manifestaron su rechazo y realizaron una marcha el último jueves y otra de antorchas el viernes. Consideran que el Plan Piloto es una medida antihuelga y de precarización laboral.

“El plan piloto que tiene el gobierno es para precarizar mucho más el trabajo docente, sin tener en cuenta el orden de mérito. Esto también es para romper la lucha docente que vienen manteniendo un paro por aumento salarial frente a la negativa del gobierno”, expresó un docente de nivel secundario.

Desde la Corriente Sindical Marina Vilte también manifestaron: “La sociedad toda debe entender que este plan piloto no está hecho ni pensando en función de los niños y niñas, sino que se trata solamente de una estrategia que va a poner a docentes en situación precarizada, sin respetar el Estatuto docente ni la entrega de cargos por orden de mérito. Dijo la ministra que ‘el rol de estos docentes será apoyo al docente titular del grado y que cubrirá los tiempos y espacios en los que éstos no se encuentren presentes’; eso, colegas y querida comunidad, es VIOLAR el estatuto del docente: No se respetará el LUOM (Listado único de orden de mérito), no habrá llamado público, harán entrevistas y contratos donde les limiten los derechos a aquellos trabajadores que pretendan ingresar a ese plan. ¿Buscarán personas militantes que instalen su discurso en las escuelas?”

Les docentes advierten además que el Ejecutivo no los ha vuelto a convocar para las negociaciones paritarias, luego de que se dictara un cuarto intermedio en las reuniones hace ya dos semanas.

“Si no hay un ofrecimiento salarial por parte del gobierno las paritarias cerrarían julio con un 0% de incremento cuando el mes pasado hubo una inflación de alrededor del 6%”, describió otra docente de nivel medio.

Las asambleas y movilizaciones de la docencia continúan. Los maestros y las maestras de primaria sostienen su presencialidad frente a la sede del Ministerio de Educación de la provincia, donde se realizan cortes de calle itinerantes en las proximidades de la sede de Adep.

Nueva marcha de antorchas

El viernes se reeditó la denominada “Marcha de antorchas”, medida de protesta que ha tenido gran adhesión cada vez que decidió realizarse.

Esta vez no fue la excepción y con gran participación de docentes, estatales y municipales se dio la movilización por calles céntricas para luego confluir en Plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno.

Entre los motivos del reclamo figura el urgente pedido de reapertura de paritarias. Solicitud que viene realizándose desde los distintos sectores desde hace semanas y la respuesta del ejecutivo fue que “este 28 de julio los iba a llamar” pero dicha citación nunca se concretó.

Además, los gremios siguen manifestándose en contra de la Reforma constitucional y las sanciones que ha recibido recientemente muchos dirigentes a través del cuestionado Código Contravencional.

Mercedes Sosa, secretaria general de CEDEMS indicó: “Nuevamente nos hemos congregado en una marcha de antorchas, la verdad que seguimos muy consternados e indignados. Anoche pobladores de Tilcara y Maimará recibieron nuevas contravenciones que lamentablemente no van a confiscar una relación contractual con el Estado. Consideramos que la Ley de la contravención en sus inicios era inconstitucional y ahora mucho más. Esa como motivación, pero también el acompañamiento a las comunidades originarias como así también la falta de paritarias, anoche nos decían que nos iban a notificar, pero hasta la fecha no tenemos citación”.

“La de contratar nuevos docentes es una política de precarización laboral porque seguramente la contratación sea con monotributo y fuera del listado de orden de mérito y sin contemplar el estatuto docente, entonces es cuestionable esta nueva metodología”.

Por su parte, Carmen Rosa quien es docente de Humahuaca y estuvo presente en la medida de fuerza dijo: “La lucha nuestra tiene que ser válida por nuestro sueldo, nuestro trabajo donde aportamos día a día. Sentimos que queremos ir a la escuela pero que nos paguen bien, un sueldo digno como corresponde”.

Proyecto de ley para la creación de una Comisión bicameral que investigue la violencia en Jujuy

La diputada nacional, Leila Susana Chaher, junto a otras legisladoras/es presentaron el jueves el Proyecto de ley para la creación de la Comisión Bicameral Especial Investigadora de los hechos de violencia ocurridos en el marco de la protesta social por la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Jujuy y el reclamo salarial.

La presentación del proyecto se llevó a cabo en el salón Marcos Paz del Poder legislativo provincial.

Junto a Chaher de Unión por la Patria (UXP), estarán Juan Marino (Buenos Aires), Paula Penacca (CABA), Mónica Macha (Buenos Aires), Natalia Souto (Buenos Aires), Mara Brawer (CABA) y Lía Caliva (Salta)

Esta comisión estará integrada tanto por miembros de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación para investigar si hay violaciones a los Derechos Humanos, en este contexto represivo que viene atravesando la provincia, desde hace más un mes con epicentro en los hechos ocurridos el pasado 17 de junio en Purmamarca y tres días después en San Salvador de Jujuy, como así también el 30 de junio en el Concejo Deliberante de Humahuaca.

En esas jornadas, se desató una brutal represión policial que posteriormente siguió con la persecución, detención y liberación de dirigentes sociales, gremiales, originarios y ciudadanos. Todos esos fueron acusados por el Ministerio Público de Acusación de diversos delitos, como sedición, instigación, atentado, etc.

El único que sigue detenido con prisión domiciliaria y con prisión preventiva es el abogado, Alberto Nallar.

“Morales usurpó la Justicia”

El abogado que asesora comunidades originarias continúa bajo prisión domiciliaria acusado de cometer delitos cuyas pruebas continúan sin aparecer. “Una medida de disciplinamiento”, para amedrentar a cualquier profesional de las leyes que pretenda asumir la defensa de ciudadanos que se expresen en contra del gobierno de turno.

Alberto Nallar habló desde su domicilio donde se encuentra bajo arresto.

Sostiene que la decisión del juez Fernández es la voluntad de Gerardo Morales, recordando las maniobras efectuadas para subordinar el Poder Judicial.

A fines de 2015, tras el cambio de gobierno y la modificación del Superior Tribunal de Justicia, Nallar ya había denunciado la “suma del poder público”.

Lleva más de dos semanas preso en su propio domicilio, luego de un breve paso por el servicio penitenciario, pero ese perjuicio no lo conmueve en lo más mínimo si de comparar su situación se trata con los ciudadanos que reclaman en las rutas contra “la abominación”, como llama a la vigente Constitución provincial, soportando “heladas, sin recursos y asediados por la policía”.

Alberto Nallar conoce bien las causas que sostienen la lucha de las comunidades, ha sido durante un buen tiempo abogado representante de, por ejemplo, los vecinos de Caspalá. También sabía que involucrarse en tales causas, es decir ir en contra de los intereses económico-gubernamentales, lo posicionaría como objetivo de un aparato judicial cooptado por el gobernador, según contó a “Sobremesa” (Canal 2), desde el día que asumió en 2015.

“Llego a la conclusión que Morales comenzó todos estos planes el primer día de gobierno, mediante una maniobra que consistió en capturar el Poder Judicial, lo publiqué en una solicitada cuando Rivarola todavía no era socio de Morales, en la cual dije precisamente que Morales había usurpado la justicia, en sentido metafórico, logrando la suma del poder público”, esa publicación mediática fue luego acompañada de un pedido de inconstitucionalidad y una denuncia penal, entendiendo que los legisladores provinciales habían arbitrado los medios necesarios para otorgarle facultades extraordinarias al flamante gobernador (Art. 227 del Código Penal).

La maniobra en cuestión se trató de la expansión del Superior Tribunal de Justicia en cuatro miembros, una de las primeras medidas de gobierno ejecutadas en diciembre de 2015, que requirió una convocatoria a sesión extraordinaria cuando las comisiones no estaban siquiera formadas. De hecho, los diputados radicales Pablo Baca y Elizabeth Altamirano votaron a favor de la iniciativa oficial, para ser designados horas después como nuevos vocales de la Corte.

No había transcurrido una semana de gobierno para Morales cuando la Legislatura, alegando “ineficacia, falta de transparencia necesidad de especialización”, sancionó la Ley Nº 5.878 el 15/12/2015, dando inicio a la denominada reforma judicial. Se emparejaba la balanza de poder en tiempo récord y al mismo tiempo quedaba plasmado el primer capítulo de la conveniente coexistencia entre radicales y justicialistas.

De esta manera la balanza del STJ quedaba inclinada a favor del Ejecutivo con más de la mitad de sus miembros (5 de 9) debiendo obediencia a quien los apadrinó, hecho ratificado con la incorporación de quien fuere ministro de Seguridad en 2020 y los tres jueces que entraron por la ventana en 2022 tras los intentos de juicios políticos contra sus predecesores. “Cuando la justicia se expresa es Morales… El grado de lealtad que le deben supera cualquier especulación”, expuso Alberto Nallar quien afirma no tener intereses o filiación partidaria alguna, simplemente el interés por defender su ámbito de trabajo, es decir el Poder Judicial, sosteniendo el equilibrio de poderes que sostienen el Estado de Derecho.

Estamos viviendo una gravísima violación al sistema republicano de gobierno, estamos fuera de la República, es un sistema de gobierno contrario a la monarquía.

Para el abogado especializado en Derechos Humanos la acusación que sostiene el fiscal Rondón y la resolución que adoptó el juez Rodolfo Fernández, solo ratifican “la ausencia de justicia en Jujuy… Un intento de disciplinamiento respecto del gremio de abogados”, una sentencia anticipada para aquellos letrados que osen representar a un ciudadano/s disconformes con el gobierno.

“Me acusan de haber cometido instigación al delito, sedición, motín por lo que yo manifesté en dos reuniones. Tienen el material fílmico que supuestamente sustenta la acusación y que salieron por las redes sociales, fui a asesorar jurídicamente en los mismos términos que hago ahora, estoy hablando como abogado, sería muy importante que, en vez de meterme preso, contestaran jurídicamente cual es mi error”.

Mi detención es consecuencia del manejo omnímodo sobre el poder judicial, si no han sabido identificar los hechos por los que me denuncian es porque no existen como tal.

Jujuy: Denuncian «doble persecución»

Mariana Vargas, defensora de los detenidos en Jujuy tras la represión policial ordenada por el gobierno de Gerardo Morales, denunció que existe «una doble persecución» sobre quienes protestaron el 20 de junio pasado contra la reforma constitucional jujeña porque, además del proceso penal, a algunos se les «imponen multas contravencionales”.

«Se intenta dar cierta legalidad a la quita de derechos, como el hecho de participar de una manifestación y recibir cárcel; muchos de los detenidos (ya liberados) tienen procesos contravencionales y eso implica que por la misma conducta se persigue tanto en la justicia (federal) como en la contravencional”, expresó la letrada jujeña en declaraciones radiales.

Los expedientes fueron iniciados por el Juzgado Contravencional de Jujuy e involucran «a todos los detenidos y a quienes no fueron detenidos» en los incidentes y represión policial del 20 de junio último en inmediaciones de la Legislatura provincial, entre ellos dirigentes sociales y gremiales, en un número aproximado a «90 personas».

“Sin haber sido filmados en ninguna situación complicada, por el simple hecho de ser dirigentes y haber convocado a la movilización ahora se los persigue con la contravencional”, indicó.

En tal sentido, Vargas sostuvo que “hay una doble persecución por la misma conducta lo que está prohibido por la Constitución Nacional” y, por esa razón, adelantó que presentará una «acción de inconstitucionalidad» ante el Superior Tribunal de Justicia la semana próxima.

«La provincia primero plantea cuestiones penales que son, en realidad, una cuestión reservada del Congreso de la Nación, por lo tanto, tenemos desde el vamos una inconstitucionalidad», enfatizó.

A modo de ejemplo, explicó: «Si hay una absolución o un sobreseimiento cómo puede ser que un juzgado administrativo de (Gerardo) Morales lo esté condenando por las conductas que fueron sobreseídas en fuero penal y que dicen que no existió el hecho o la conducta de tal persona».

«Hay un gran absurdo», advirtió.

A principios de julio, la Multisectorial contra la reforma constitucional denunció la aplicación de «sentencias exorbitantes e intimidatorias» por supuestos delitos contravencionales y que, por ejemplo, tuvo entre los condenados a una persona con retraso madurativo, a quien se le impuso 42 días de trabajo comunitario.

Al día siguiente, esa misma persona fue sobreseída por los incidentes ocurridos en inmediaciones de la Legislatura jujeña.

Comunicado de autoconvocados de Purmamarca

Ante los hechos de violencia del pasado viernes 21/07/2023, llevados a cabo por un grupo de personas que en ciertos medios fueron identificados como Autoconvocados de Purmamarca, se aclara: NINGUNA de estas personas forma parte de nuestra asamblea. Quienes formamos parte de Autoconvocados pertenecemos a diferentes sectores: comunidades indígenas, pobladores, residentes y comerciantes de distintos rubros.
Queremos resaltar que, desde nuestros inicios, participamos en las luchas en defensa del Agua, de los recursos naturales y el territorio. Hemos recibido a las Caminatas por El Agua y por La Vida; realizamos acciones legales necesarias para el resguardo de La Laguna “La Doncella” y el conocido Cerro “De Siete Colores”.
Asimismo, hemos formado parte de la manifestación en el cruce de Purmamarca, perteneciente al Tercer Malón de la Paz -que tiene a su vez diferentes puntos de la provincia donde la lucha se visibiliza.
Desde Autoconvocados, en ninguno de nuestros reclamos y manifestaciones se ha utilizado la violencia o la agresión física ni verbal.
Como se puede observar en los distintos registros audiovisuales que circulan, las personas que llevaron a cabo el hecho de violencia resultaron ser familiares, empleados municipales y simpatizantes del gobierno de turno.
Como es de público conocimiento, lo sucedido el pasado viernes ha sido orquestado por el gobierno provincial, articulando estos sectores afines con la policía de la provincia.
Esta intencionada y maliciosa reacción no ha hecho más que confundir. No dejemos que estos sectores cumplan con su cometido: debilitarnos y separarnos.
Desde Autoconvocados de Purmamarca continuaremos en pie de lucha, defendiendo nuestros derechos.
Reafirmamos contundentemente el RECHAZO de esta Reforma Inconstitucional que viola los derechos de la población jujeña.

Nulidad de la Reforma Inconstitucional.

Persisten reclamos y protestas

Cerca de terminar una nueva semana, se mantienen los cortes de ruta en Jujuy, la mayoría de ellos se concretan en regiones de Puna y Quebrada.
Pese al retiro de muchas comunidades originarias de las protestas, aún se mantienen firmes en al menos siete puntos de la provincia.

Rutas 9 y 52 Purmamarca: corte total con paso cada 3 horas, por el lapso de 1 hora aproximada
Ruta 9 acceso sur Tilcara: corte total con paso cada 1 hora
Ruta 9 Paraje San Roque: corte total con paso cada 1 hora
Ruta 9 acceso sur Abra Pampa: corte total con paso cada 3 horas
Ruta 9 La Quiaca: corte total con paso cada 4 horas
Ruta 40 Coranzulí: corte total con paso cada 12 horas
Ruta 52 Susques: corte total con paso cada 3 horas

La Pastoral aborigen se sumó a las presentaciones de inconstitucionalidad

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) se sumó a las presentaciones judiciales para pedir la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución en Jujuy, impulsada por el gobernador y precandidato Gerardo Morales, al considerar que «pone en peligro la democracia y criminaliza la protesta social». 

«Adherimos a la presentación de inconstitucionalidad de la reforma que fue impuesta entre gallos y medianoche, sin el conocimiento de las comunidades. Es un texto que viola todas las normas y ponen en peligro la democracia, no sólo en Jujuy, sino también en el resto del territorio argentino, al criminalizar la protesta social», señaló Rodolfo Paulino Fernández, coordinador de Endepa. La pastoral es un organismo que funciona en comunión y depende de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (Cepa), de la Iglesia Católica, y presentó el reclamo ante los jueces de la Suprema Corte de Jujuy con la firma del coordinador Fernández.

Directorio del Conicet pidió a Gerardo Morales que «se abstenga de promover acciones que atenten contra la libertad de investigación»

La escalada de violencia del gobierno de Jujuy, comandado por Gerardo Morales, hacia el sector universitario tuvo una respuesta institucional el viernes 21, cuando el Directorio del Conicet difundió un comunicado en el que le pide al Ejecutivo provincial que cese con las acciones que «atentan contra la libertad de investigación».

«Ante la situación de violencia institucional que se vive en la provincia de Jujuy, el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) solicita al Gobierno Provincial se abstenga de promover acciones que atenten contra la libertad de investigación y garantice el normal desarrollo de las tareas de investigación y docencia que realizan becarios/as, miembros de la Carrera de Personal de Apoyo e investigadores/as del CONICET, como así también las tareas habituales del personal administrativo del organismo», remarca el comunicado oficial.

«El Directorio se solidariza con las autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores/as de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y se suma al repudio por el ingreso de personal uniformado de la Policía de la Provincia al predio de la UNJu ubicado en Avenida Bolivia, en momentos en que se desarrollaba la sesión ordinaria del Consejo Superior, el pasado 12 de julio. También expresa su preocupación por el bienestar de la comunidad universitaria y científica con sede en Tilcara», acotan.

Y completan: «El Directorio hace un llamado al cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, en un marco de absoluto respeto por los Derechos Humanos, para la resolución pacífica de los conflictos sociales y políticos de la provincia de Jujuy».

La doctora Patricia Kandus narró otro suceso estremecedor del Estado de Excepción que se vive en Jujuy, que en los últimos días estuvo especialmente apuntado al sector universitario.

La docente, bióloga y ecóloga de la UNSAM (investigadora del Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental con posdoctorados en Canadá y EE UU) relata que el jueves, 20 de julio, por la mañana, estaban reunidos para trabajar de manera virtual con colegas de Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y Buenos Aires en el marco del proyecto “Observatorio Federal de Sostenibilidad Socioambiental de Humedales”, una iniciativa institucional que se enmarca en un plan del ministerio de Ciencia de la Nación de estudiar temas estratégicos.

En este caso, de hecho, el proyecto tiene el apoyo financiero y logístico de la cartera científica, que lo aprobó en septiembre del año pasado tras la presentación de representantes de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS) de la UNSAM Rubén Quintana y Patricia Kandus, que centraron su mirada en la degradación de los humedales del país.Una problemática de Jujuy entre la extracción minera y el cuidado de los humedales.

La potestad de hacer uso discrecional de las tierras para destinarlas a actividades extractivas, sobre todo el litio, es uno de los puntos principales de la Reforma Constitucional Exprés que aprobó la Legislatura jujeña y que desencadenó gran cantidad de cortes de ruta que hasta hoy se mantienen.

Pero no pudieron terminar el encuentro. «La reunión de trabajo fue interrumpida debido a que en la casa de une colega de Jujuy se presentó la policía (4 individuos uniformados) preguntando si se encontraba su compañere y entregando una notificación para presentarse de manera inmediata en el juzgado», describe Kandus.

Se lo acusaba por “haber estado reunido con otras personas en la vía pública” el 20 de junio, día de la aprobación de la reforma, y posterior represión. Desde ese día se sucedieron distintos episodios de persecución, medio centenar de detenciones injustificadas, camionetas sin identificación «levantando» gente.

«No pudimos seguir trabajando –acota la investigadora–. Después de 40 años del regreso de la democracia en nuestro país no podemos naturalizar la vuelta a la represión, no podemos mirar a otro lado cuando se está aceptando que en una de nuestras provincias el autoritarismo y la violencia se instalen como modo de gobierno, poniendo en juego la integridad y la vida misma de las personas, privilegiando intereses sectoriales».

Llama la atención que en los últimos días el ataque de fuerzas policiales se haya centrado en el sector universitario, algo que vienen denunciando autoridades nacionales educativas.

El 10 de julio, Morales amenazó por TV con expropiar la sede de la UBA en Tilcara porque «son los que incentivan los cortes», aunque de fondo lo que quiere es que le entreguen el manejo del sitio arqueológico Pucará de Tilcara, un lugar estratégico para el turismo y los recursos naturales que desde hace años depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Este jueves se sumó el ingreso al domicilio de un investigador.

Dos días después, la policía provincial violentó la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. «Estábamos en la reunión del Consejo Superior cuando vimos a la policía, en un lugar donde estábamos discutiendo justamente aspectos vinculados a estas prácticas policiales», cuenta Daniel Roisinblit, secretario del gremio docente Adiunju. «Estaban sin identificación», añade.

Ante su insistencia, uno de ellos le dijo que habían recibido órdenes de la Brigada para apersonarse. «Querían saber si íbamos a cortar una calle. Fue una acción intimidatoria». En la sesión se encontraba presente Iván Blacutt, detenido al día siguiente. Ante el repudio generalizado, el gobernador salió luego en sus redes a despegarse del hecho y a indicar que los responsables serían investigados. Nadie dijo aún qué autoridad les dio la orden de ingresar.

La campaña nacional de Gerardo Morales acumula escraches

Para gran parte de la opinión pública, la violenta represión estatal desatada en Jujuy entre el 17 al 20 de junio pasado fungió para convencer a ciertos espacios ortodoxos de la alianza Juntos por el Cambio, especialmente a sus halcones, sobre la necesaria inclusión de Gerardo Morales en un rol protagónico para el armado de las listas con vistas a las próximas elecciones.

Su ingreso como pre candidato a vicepresidente acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, no es casual, fue confirmado solo tres días después de los sucesos trágicos ocurridos en inmediaciones de la Legislatura. La responsabilidad del gobernador jujeño en la sanción anti protocolar de la reforma constitucional, además del mega operativo policial que avanzó indiscriminadamente tanto sobre manifestantes violentos como pacíficos con mano de hierro, cosecharon elogios en el ala más dura de la coalición opositora. 

Como consecuencia emprendería una gira por Argentina aún más intensa de lo que ya tenía habituado al electorado, desentendiéndose en gran medida de la crisis salarial y el avasallamiento sobre los Derechos Humanos que padecen trabajadores, organizaciones sociales, comunidades originarias y ciudadanos sin bandería política

Lejos de la provincia que debe gobernar hasta el 10/12, Morales se refugia en la campaña mientras ordena a su “militancia fiel”, impedir que la mala prensa se extienda a otras jurisdicciones. Sin embargo, el blindaje mediático del que supo gozar ya fue ampliamente vulnerado, millones de argentinos vieron lo ocurrido en Jujuy gracias a la presencia de medios nacionales, manifestantes que hoy repudian cada vez con más énfasis sus visitas proselitistas. 

San Luis, Mar del Plata, Salta, Mendoza y Catamarca, ya le hicieron sentir el rigor de los errores cometidos por tamaña falta de diplomacia. En los últimos 70 días el dirigente norteño efectuó no menos de 40 viajes como puede verificarse en sus redes sociales, visitando una docena de provincias, incluyendo CABA, con fines netamente electorales, aunque los episodios de repudio ciudadano iniciaron luego de los hechos de violencia estatal harto conocidos.

Tanto en Villa Mercedes como en San Francisco del Monte de Oro (San Luis), Morales fue insultado por manifestantes que llevaban banderas wiphala, carteles que pedían la liberación de presos, y cantaban “Morales, basura, vos sos la dictadura”.

Desde el Concejo Deliberante de San Luis también se emitió una declaración de repudio “por el abuso del uso de las fuerzas de seguridad llevada a cabo en la provincia de Jujuy por el gobernador Gerardo Morales contra manifestantes que se expresan en contra de las reformas de la Constitución provincial, atentando contra los principios fundamentales de Derechos Humanos y la Democracia”.

El líder radical e integrante de la fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta llegó a Mar del Plata donde realizó una serie de actividades de campaña que cerraban con una cena en inmediaciones del Hospital Regional.

“Viva la rebelión del pueblo jujeño”, rezaba uno de los carteles de quienes se acercaron allí para rechazar la presencia del gobernador -como Votamos Luchar– en solidaridad con las movilizaciones que se dan en la provincia del norte contra una reforma constitucional que incluye artículos que avanzan contra el derecho a la protesta y, también, contra los derechos de comunidades originarias.

Según informaron medios locales de Mendoza, más de 200 personas se concentraron frente a la sede de la Unión Cívica Radical para repudiar la visita del mandatario jujeño.

Agrupaciones de izquierda, feministas, asambleas por el agua, el Comité de Estudiantes por Jujuy y Autoconvocados, incluso pudo verse precandidatos a diputados nacionales de partidos de izquierda en la manifestación.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores lo declaró informalmente persona no grata y acusó: “Viene a dar cátedra de cómo reprimir al pueblo”.

El gobernador jujeño también vivió una tensa conferencia en un conocido hotel de la vecina provincia de Salta, al punto que debió cambiar el sitio original del mitin radical por la presencia de manifestantes. Incluso debió abandonar una conferencia de prensa con excusas improcedentes cuando los periodistas locales consultaron sobre cuestiones relativas a las comunidades originarias de Jujuy.

Mientras tanto a las afueras del edificio un grupo de manifestantes se apersonó luego de enterarse que el mandatario había cambiado su agenda.

Finalmente debió salir a las apuradas para evitar a miembros de organizaciones de DD HH y comunidades originarias que venían manifestando el repudio por su estancia en Salta desde un primer momento.

Desde que fue confirmada la visita de Gerardo Morales de Catamarca, diferentes espacios políticos se expresaron en rechazo incluyendo funcionarios justicialistas, agrupaciones de izquierda y organismos de DD HH.

Un importante contingente se dirigió a la sede local de la UCR, pero un doble cordón policial impidió el acercamiento al edificio.

A su llegada el gobernador jujeño se había encontrado con simpatizantes que lo rodearon, pero en una actitud provocadora señaló a la distancia a los manifestantes y según medios catamarqueños pronunció: “Violentos atrás, el pueblo quiere paz”.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Prensa Obrera, El Submarino Jujuy, Jujuy al Momento, Argentina en Red, Tiempo Ar, Télam.

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