Tercer Malón de la Paz cumplió cuatro meses de permanencia frente a la Corte Suprema

“El tercer Malón de la Paz también está en defensa del agua, del territorio, de los derechos de soberanía de los pueblos”, agregó.

“Aguantamos cuatro meses dejando todo allá en nuestra provincia, nuestros hogares, los estudios, los trabajos, romper lo rutinario para salir a luchar, por nuestros derechos, por nuestro territorio”.

Además, señaló que en la lucha de los pueblos “queda reflejado el valor de la vida, el amor por la Pachamama que tienen nuestros ancestros y que nos fueron inculcando a nosotros”.

Otra de las integrantes de la agrupación agradeció y felicitó a las personas que permanecen en el acampe como también a los que estuvieron en distintas permanencias pacíficas en Jujuy.

“Resistimos ya cuatro meses, después de la discriminación, el racismo que sufrimos por diferentes personas. Estamos aquí hace cuatro meses, en medio de la lluvia, el barro, el sol, frío y calor”, concluyó.

Elegir el agua, elegir la vida

Por Andrea Arrigoni

La tarde es fría y sopla el viento. La plaza de Tribunales en el corazón de la ciudad capital de Argentina está rodeada, por un lado, por el enorme edificio que contiene quizás lo más rancio del poder judicial; por el otro, un teatro reconocido internacionalmente al que llaman “Colón”, me pregunto cuándo vamos a cambiar su nombre por algo o alguien que tenga algo que ver con el arte o la cultura, pero no con la cultura de la dominación.

En los extremos hay unos estacionamientos para autos, subterráneos, carísimos y de mala calidad que, por supuesto, no permiten que se usen sus baños públicamente, aunque ellos estén haciendo dinero con un espacio que es público, como las plazas. Es absurdo e inhumano, pero en el mundo del revés las mujeres ancianas y niñas no pueden usar esos baños y el negocio de vaya a saber quién sí puede usufructuar todo nuestro espacio, porque al fin así es la capital del país, esta plaza es de todxs y no de Larreta y sus secuaces. Sin embargo, se arrogan hasta el derecho de permitir poner gacebos para unos y para otros no. Tribunales, Colón y racismo son palabras que hacen juego.

En el centro de la plaza los colores, los sonidos, el olor a la sopa en marcha, llena de vida la acartonada postal de ciudad cosmopolita que habitualmente tiene el lugar. Los diálogos se multiplican, las broncas, los sueños, los colores de las wipalas. Y la música, siempre la música… que a pesar de todo suena en los cuerpos y dan calor. Cultura que brota, que abriga. No se trata de romanticismo, llevan días a la intemperie y sus demandas no han sido escuchadas ni por el Poder Ejecutivo, ni Judicial ni Legislativo. Tienen pedidos concretos y demandas por Derechos Humanos básicos afectados. En estos próximos días avanza una comisión de “diálogo intercultural” con organismos de Derechos Humanos internacionales y nacionales para intervenir en la protección de la vida de las comunidades, de trabajadoras y trabajadores que vienen enfrentando los atropellos del poder económico y político. 

Nimia tiene 23 años, estudia Enfermería y también le interesa la gastronomía de su región. Su voz es pausada y sus palabras tienen una fuerza que hacía rato no escuchaba. Con mucha paciencia me explica de geografías y peligros.

– Nos querés contar cuál comunidad integrás y cómo viene esta lucha?

-Yo vengo del pueblo de Atacama, de la comunidad de Susques. Esta lucha es bastante dura, es muy compleja desde que salimos de la provincia de Jujuy en pedido de justicia. En pedido de que se nos respete nuestros derechos, ya que Morales con esta reforma constitucional que armó, viola los tratados internacionales, el art. 169 de la OIT.

Sentimos que nos quieren eliminar, borrar de la Argentina, para explotar nuestras tierras, para sacar nuestras riquezas. Sacan dinero con esto… pero para ellos, porque ni siquiera se trata de que lo compartan con el resto de Argentina. Eso es lo más doloroso, esta reforma nos amenaza porque nos podemos quedar sin lugar donde vivir, es decir, sin existencia.

-Nos querés ubicar en el mapa de Jujuy dónde queda Susques y qué relación tiene con la minería del litio?

Susques queda yendo por la ruta 52, casi llegando al límite de Chile. Ahí están explotando litio en el Salar de Olaroz. Con esa explotación nosotros vemos todos los días cómo cada vez hay menos agua. Ya no hay pasto para el ganado, tenemos que comprar agua para consumir, porque el agua tiene ahora arsénico, que nos hace mal. La explotación del litio nos afectó de muchas formas. Porque tiran muchos químicos a la tierra, químicos que penetran y contaminan el agua. Tiran bombas para que no llueva, porque los piletones donde se concentra la sal no tienen que derramarse. Entonces tiran bombas para que no llueva, eso y los miles de litros de agua que utilizan por segundo hacen que nos estemos quedando sin agua.

-¿Ya hay vegas secas?

-Sí, ya están secas las vegas. En verano yo estaba acostumbrada a ver una vega verde, por más que es seco el clima. Y ahora nada, está todo seco. El flujo del río disminuyó bastante, ríos que medían diez metros de ancho, ahora miden un metro. Los animales se mueren cuando ingresan al lugar donde están explotando la minería, entran en busca de agua, no la encuentran y consumen cualquier agua que está por ahí derramada, con lo cual se enferman y mueren. Y todo por unas miserables regalías que las comunidades no ven, que la provincia en general no ve.

Gerardo Morales trabaja todo a su favor en términos personales, quizás con eso que saca puso las plantas de canabis en Perico, al sur de Jujuy, donde le sacó la tierra a la gente, para que lo maneje el hijo.

La empresa de Paneles solares de Cauchari (1) es otro ejemplo. Morales la llevó a Susques diciendo que íbamos a ser los primeros beneficiarios, sin embargo, hoy pagamos boletas de 50.000 pesos de luz. Supuestamente íbamos a ser los primeros beneficiarios y nada.

También exigimos que Morales deje de vender nuestras tierras, porque ahora toda la Puna, no solo en el Salar de Olaroz, sino que hay en varias partes que están empezando a armar las empresas para explotar. También otros políticos como Rivarola, que usa el nombre de otras personas para evadir impuestos, tiene como 100 camiones y se fue a hacer su depósito en Jama para guardar sus camiones.

-¿Por Jama es por dónde sacan el litio, el cruce a Chile? Y ¿quién controla eso?

-Sí. Nadie controla, además con la Reforma también modificó el Tribunal de Cuentas. Morales hace lo que quiere, con respecto a la salud, a las cuentas, a la justicia. Nada lo detiene. Hasta llegó a dar la orden en Salud para que no atiendan en los hospitales a los pueblos originarios.

Se dice que las importantes cantidades de litio que sacan en una sola semana, sin embargo, figuran distribuidas en todo el año. No hay controles de qué es y cuánto lo que están sacando.

– ¿Cómo relacionas esta lucha con la identidad o cosmovisión andina?

– Tiene mucho que ver, porque nosotros tenemos mucho respeto por la tierra, ella tiene vida para nosotros, porque gracias a ella tenemos alimentos, de ahí sacamos la fruta, la verdura, no entiendo por qué ellos tienen tanta ambición de querer destrozar eso, de a dónde vamos a sacar alimentos. Quisiéramos que las demás provincias se unan a esta lucha y parar a los políticos, y que nos dejen de usar como sus muñecos, que nos manejan de un lado a otro lado. Mientras ellos son los únicos beneficiados.

-En Salinas Grandes, desde hace años vienen luchando contra el extractivismo. ¿Qué fue lo que crees que hizo la unión esta vez y que salieran todas las comunidades?

-Creo que lo que provocó la unión fue la reforma sin consultarnos, por un lado. Y, por otro lado, la tremenda represión, tan brutal, que mandó a los hermanos en Purmamarca, y todas las amenazas que hoy en día seguimos teniendo. Tenemos miedo de volver, porque sabemos que podemos desaparecer. No nos podemos ir sin nuestros derechos.

-En particular a vos, que sos tan joven, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de unirte al Tercer Malón y estar aquí reclamando?

Por el agua. Yo especialmente por el agua tomé esta decisión de unirme al Tercer Malón. Veo como cada vez está todo seco, veo a nivel mundial como es la escasez del agua, por eso no logro entender esta ambición de ellos por querer acabar con todo eso. Es como si ya hubieran encontrado otro planeta para vivir y nos quieran dejar explotando a todos acá.  Por eso me uní a esta lucha, porque además con esta reforma, de alguna manera nos volvemos esclavos, porque no tenemos derecho a un trabajo digno, a una salud digna, no tenemos derecho a pedir justicia. Todo eso me une a esta lucha del Tercer Malón. Espero que hacia delante sigamos unidos, para que nos respeten.

Fuente: Contrahegemonía

Esquila sostenible de vicuñas amenazada por la fiebre del litio

La comunidad Quebraleña Kolla, que vive en la Puna jujeña, realiza la esquila sustentable de vicuñas como actividad productiva. Ariel, el actual comunero, cuenta sobre esta producción respetuosa con los animales y el ambiente.

Esta comunidad fue de las tantas que se levantó y peleó contra la Reforma Constitucional en Jujuy, que le otorga mayores beneficios a las grandes empresas y multinacionales que saquean los territorios, y pretende criminalizar a quienes se resisten.

¿Para ustedes qué importancia tiene la esquila de vicuñas?

Es una actividad sustentable que eligió la comunidad para poder generar ingresos a la misma y poder destinar esos ingresos al crecimiento de nuestro pueblo. Es muy importante porque nos permite aprovechar los beneficios que se pueden recibir de la venta de la fibra y a la vez realizamos la conservación de la especie.

¿Qué relación tiene la forma de hacerla con la preservación del animal?

La vicuña es una especie muy valorada por su fibra que es la más fina del mundo, por lo que cuidarla es de suma importancia para nosotros, y el método que utilizamos es el de captura por aguada, buscamos no estresarlas, ni lastimarlas ya que son animales muy sensibles.

¿Cuántas familias se dedican a la actividad?

En esta actividad estamos trabajando todos los miembros de la comunidad, y los beneficios que de la actividad surgen también tiene destino en la comunidad, ya sea para mejora de instituciones propias y/o infraestructura de la misma.

¿El Estado y gobiernos en la provincia y a nivel nacional apoyan la actividad? ¿Cuál es la agenda pendiente?

Para estas actividades se debe contar con la fiscalización de técnicos de biodiversidad dependientes del gobierno provincial, hay mucho para mejorar en ciertos aspectos, pero también es significativo el avance que han tenido las comunidades que esquilan en la provincia, ya que solo en Jujuy y Catamarca se realizan estos proyectos con diferencias muy marcadas.

¿Qué importancia tiene el agua asociada a la actividad y a la vida de ustedes?

El agua es importante para toda actividad humana, en este caso nosotros usamos pozos de agua naturales donde se acercan a beber agua las vicuñas y es en ese momento que las guiamos a un predio para luego poder esquilarlas. Como todos sabemos sin agua no hay vida.

¿Ven peligrar la actividad con el avance de emprendimientos extractivos?

Ante el avance de emprendimientos extractivos, como la minería de litio en este caso, creemos que nos perjudica notablemente la ejecución de este proyecto por lo que a su vez también modifica nuestro plan de vida como comunidad. El extractivismo en cualquier lugar donde se acentúe perjudica directamente a la población local y precisamente esa población local es la más perjudicada a nivel ambiental, económico y social.

Recambio de Gobernador

Ante la asunción del ex ministro de Hacienda, Carlos Sadir, al cargo de Gobernador el bloque de diputados del PTS-FITU dio su opinión.

Al respecto, el diputado Gastón Remy sostuvo que “En el mensaje de asunción, Carlos Sadir, habló que en el país hay un gran descalabro. Tomó las palabras de Milei que son usadas para justificar políticas de ajuste y de schock contras las mayorías. Cuando Milei se refiere al Estado, está señalando a los trabajadores, a los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable. El golpe que pretenden dar es a toda la clase trabajadora, públicos privados, pero también a los pequeños comerciantes con tarifazos, precios por las nubes y recesión.”

La diputada Natalia Morales se refirió a las palabras de Sadir respecto a una mayor conflictividad en la provincia. “Con estas palabras el nuevo Gobernador nos está adelantando que el ajuste vuelve a ser contra los de abajo. Por eso, necesitamos organizar la resistencia del conjunto del pueblo trabajador, la juventud y las mujeres. Es por eso que llamamos a que los gremios convoquen a una asamblea de trabajadores y comunidades originarias de toda la provincia. Y allí podamos darle fuerza a la pelea por el aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, mes a mes según la inflación como ante los tarifazos avanzar en la estatización de Ejesa (Empresa jujeña de Energía) bajo control de trabajadores y usuarios, entre otras medidas.”

Miguel López, diputado del ramal, denunció que es mentira que no hay plata como dice el gobierno. “Lo que ocultan es que la plata la tienen las grandes patronales azucareras, exportadores de tabaco y mineras. A estos sectores le dan todo tipo de beneficios fiscales como hace el gobierno de la provincia, además de la devaluación del gobierno nacional. Hay que afectar sus intereses para que la salida no sea que otra vez la crisis la paguemos los trabajadores”, finalizó.

El Estado nacional reconoció que Milagro Sala no tuvo garantías para un juicio justo

Por Laura Vales

El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, planteó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado argentino violó el derecho a la integridad personal, así como el derecho a la libertad de Milagro Sala, y que no resguardó las garantías que la dirigente de la Tupac Amaru debió tener para defenderse de las acusaciones penales por las que fue condenada. Así lo sostuvo en un escrito que presentó ante la CIDH, en el marco de un expediente que analiza lo actuado en los dos casos contra Sala que tienen condena firme. En uno, Sala fue acusada de amenazas por una discusión que tuvo con la policía, que se demoraba en devolver la mercadería que le había incautado a una vendedora de bombachas; la amenaza fue considerada probada sólo por lo que declaró la policía. En cuanto a la segunda condena, por supuestamente integrar una asociación ilícita que se quedaba con dinero de beneficiarios de planes sociales, Pietragalla informó que la Justicia no le garantizó a Sala el derecho a la defensa, ya que la acusación que le hicieron resultó imprecisa y fue cambiando a medida que el juicio avanzaba. “Naturalmente que esta incertidumbre repercutió negativamente en el ejercicio de su defensa”, indicó el secretario, que remarcó que la dirigente “no pudo ejercer los medios de defensa” garantizados “a toda persona acusada de un delito”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió este expediente a raíz de una denuncia iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), luego de la confirmación de las condenas a Sala en los casos conocidos como de «las bombachas» y de «los pibes villeros».

En el primer caso, lo que se señala como principal falta es que la Justicia actuó con escasez de pruebas. La denuncia fue por amenazas, iniciada por dos policías de la comisaría 56ª de San Salvador de Jujuy, quienes aseguraron que Sala los amenazó en una discusión telefónica en la que, dijeron, les dijo que le pondría “una bomba” a la comisaría. El motivo de la conversación, como se dijo, fue que la policía se demoraba en devolverle a una vendedora ambulante unas bombachas que le había incautado. La fiscalía, a su vez, cargó las tintas en que la Tupac Amaru era una organización “violenta” y verticalista.

Sala fue absuelta en primera instancia por aplicación del principio de la duda, pero más tarde la Cámara de Casación revocó ese fallo absolutorio y la condenó.

Los camaristas de Casación -señaló en su análisis Pietragalla- otorgaron «mayor preponderancia a los dichos de los oficiales considerados víctimas, señalando que era innecesario confirmar sus relatos mediante otros medios de prueba por no existir indicios de mendacidad”. La Cámara además tomó como importante el “contexto histórico” -es decir usó el mismo argumento del fiscal que catalogó de violenta a la Tupac Amaru para construir su acusación- y juzgó que esos elementos le “daban verosimilitud” a los supuestos dichos de Milagro Sala sobre la colocación de una bomba.

En conclusión -una inferencia de este diario y no dichos de Pietragalla- la condena, floja de papeles, se apuntaló en prejuicios de clase.

Prisión preventiva

La causa «pibes villeros» fue una de las utilizadas en Jujuy para mantener a Sala privada de su libertad de manera indefinida, en una tortuosa situación que afectó su salud psicológica y física. Desde que la referente fue detenida hasta que el caso tuvo una condena firme pasaron más de seis años, en los que le correspondía el derecho de esperar el resultado del juicio en libertad.

Sin embargo -y el hecho es reseñado en la presentación de Pietragalla- la Justicia la mantuvo encerrada con prisión preventiva, con el argumento de existía un riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Recién en diciembre de 2018, luego de tres años de detención, varias idas y vueltas, y una difícil batalla judicial, accedería a la prisión domiciliaria.

En esta acusación, Sala afrontó cargos de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión. El caso se abrió con nueve personas que denunciaron que fueron obligadas a facturar por obras que no se realizaron para entregar lo cobrado a la Tupac Amaru.

“Milagro Sala fue objeto de una acusación imprecisa y cambiante”, plantea el escrito que la Secretaría de Derechos Humanos presentó ante la CIDH. La fiscalía no identificó con claridad de qué hechos la acusaba, luego cambió la acusación, agregó nuevos hechos “de contexto”. “Esto afectó sensiblemente el derecho a la defensa de Sala”, agrega la presentación.

Por ejemplo, inicialmente la acusación fue que la Tupac Amaru fue una organización que se formó para defraudar al Estado. Así, los defensores reunieron pruebas para demostrar que la organización tenía un objeto lícito, pero estas pruebas fueron rechazadas “por sobreabundantes” por el tribunal oral. Al mismo tiempo, mientras se realizaban las audiencias, la acusación giró hacia otro argumento: que la asociación ilícita que habría encabezado Sala surgió después, como un desprendimiento de la Tupac Amaru. La fiscalía también agregó nuevos hechos “de contexto” que -según se lee en la presentación- “apuntaban a caracterizar peyorativamente el liderazgo de Milagro Sala”. En su sentencia, el tribunal no los tomó como un simple “contexto”, sino como «pauta valorativa de las conductas que se trajeron a juicio y que se consideraron típicas, antijurídicas y culpables».

En el mismo sentido, la fiscalía acusó a Sala de ser la jefa de una asociación ilícita que «usaba cooperativas como fachada para apoderarse del dinero y no aplicarlo al fin legalmente asignado». Esto obligó a sus abogados a hacer un relevamiento de las obras que tuvo a su cargo la Tupac Amaru y peritar su ejecución. El tribunal rechazó esa prueba por considerarla «sobreabundante». Sin embargo, luego condenó a la dirigente considerando probado que las obras no se habían hecho. La sentencia dice, textualmente, que «no hay constancia de que las obras hayan sido ejecutadas».

“En resumidas cuentas -dice Pietragalla- los cambios afectaron aspectos centrales de la imputación y sorprendieron a la defensa, que no tuvo oportunidad procesal útil para contrarrestarlos”. El secretario dio la razón a los abogados de Milagro Sala en cuanto a que la defensa “no pudo ejercer con amplitud los medios de defensa que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le garantiza a toda persona acusada de un delito». Y concluyó que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos previstos por esa convención, en perjuicio de Milagro Sala.

Familias de Tilcara resisten un desalojo

Por Mariana Mamami

El 4 de diciembre hubo una audiencia por un recurso de la abogada de cuatro familias, que plantea que el desalojo es ilegal. El gobierno jujeño pretende instalar un centro comercial en el predio que estas familias adquirieron a Ferrocarriles Argentinos. 

Un grupo de familias, la mayoría integrada por mujeres y niños recibió una orden de desalojo dada por la justicia provincial a instancias del gobierno de Jujuy, que pretende instalar un centro comercial como parte de los atractivos para turistas que visiten la Quebrada de Humahuaca y paseen en el Tren Solar, la gran promesa de Gerardo Morales que se inauguraría recién en marzo próximo, cuando ya no será gobernador. 

La obra del Tren Solar viene avanzando de manera lenta, pero se encuentra ya en etapas finales y como muestra de ello, llegaron los vagones adquiridos en China, con lo que genera expectativas para el turismo; pero también mucho dolor para las familias de Tilcara que viven hace 34 años en el barrio Radio Estación y ahora afrontan la decisión gubernamental de desalojarlas de sus viviendas. A cambio, el gobierno les ofrece instalarlas en módulos habitacionales de 3×3, con baño, pero sin servicios. 

Es así que el miércoles 29 de noviembre el barrio Radio Estación, a la vera de la ruta nacional 9, fue sitiado por un fuerte operativo policial con más de 250 efectivos más fuerzas de Infantería, que vallaron el sector y comenzaron a desalojar a las familias, a quienes el gobierno provincial acusó penalmente de “ocupar el predio para lucrar”. El juez de Control Gustavo Ortiz dio la orden de desalojo, pero un recurso de la abogada Alejandra Cejas, que asiste a tres familias, logró frenar esta medida por el momento.

Cejas sostiene que estas familias, descendientes de trabajadores del ferrocarril, adquirieron los terrenos. Por otra parte, se trata de territorio nacional, por lo que tampoco podría la provincia adjudicarse potestad sobre ellos y, además, sostuvo la abogada, no se hizo un juicio para demostrar que haya habido una usurpación. La discusión seguirá el próximo 4 de diciembre, para cuando se convocó a una audiencia. 

Sin embargo, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, recordó ayer que “existe una orden de desalojo de las viviendas ubicadas en la vía ferroviaria, situación por la que venimos trabajando hace una semana, conversando con la gente y coordinando el traslado”. El funcionario resaltó que “el gobierno de la provincia ofrece una opción habitacional en terrenos muy cerca de las vías para que puedan reubicarse”, serían los módulos. Y destacó que de esta forma avanzaron “bastante y un 95% de las vías fueron recuperadas”. Inicialmente en el barrio residían 19 familias, pero algunas aceptaron firmar un convenio y ser reubicadas por el Ejecutivo jujeño. 

En la tarde del miércoles maquinarias de Vialidad Provincial demolieron cuatro viviendas cercanas a las vías. Ante la presión, sus ocupantes abandonaron sus casas y fueron a los módulos. En cambio, Susana Gutiérrez, que vive con sus hijos, se encadenó en su vivienda, que colinda con la parrillada del actual intendente Ricardo Romero, quien no será desalojado.

La mayoría de las familias conminadas a abandonar sus viviendas son encabezadas por mujeres, que cuentan con la documentación de adquisición de las tierras, mientras que otras tienen permisos precarios, ya que eran familiares de ex ferroviarios. 

“No me voy, señor fiscal”

El operativo policial del miércoles sitió a vecinas y vecinos de Radio Estación, a tal punto que la policía no permitía el ingreso ni egreso del predio. En el operativo estuvieron el ministro de Seguridad y el fiscal Fernando Alancay, ante quien clamó una mujer, integrante de la familia Chiriguay: “Soy madre soltera, con mi hija no puedo entender por qué son tan inhumanos. Les dije que nos vamos, pero necesitamos tiempo”.

Contó que es docente y “tengo que hacer de albañil para sostener a mi hija porque a nadie le importa”. “No me digan de convenio porque para eso había que pagar abogado. Mi hija no firmó, porque apenas tiene plata para solventar la enfermedad, no tenía para pagar abogado. Por no tener 15.000 pesos la dejaron afuera, esa es la impotencia que tengo. Sé que los que están en el poder no va a ser eternos, en algún momento van a caer y se van a acordar de las lágrimas que me han hecho derramar a mí, a mi hija, a mi nieta que están encerradas en esa casa”, le transmitió al fiscal. 

En la casa de las que pretendían desalojarlas se encontraban tres niñas de 4, 6 y 8 años. “No me voy a ir de acá, señor fiscal, ármeme una causa como le hizo a todos los demás. No me voy a ir hasta que me lleve la última piedra porque para mí eso fue un sacrificio. Usted tendrá casa, trabajo. Mi hija no tiene nada, la llevan a un lugar donde no tiene seguridad”, dijo refiriéndose a los módulos. 

Los 11 módulos están ubicados en un terreno expropiado cerca del Centro de Jubilados en Tilcara. “Los módulos son de 3 x 3 metros, un baño y sin servicio. El gobierno lo que hizo fue instalar agua a una sola casa, el personal de Agua Potable nos dijo que es para la foto. A las otras casas les llenaron el tanque y no están conectadas a la red. Algunos se fueron a vivir y tienen sus cosas a la intemperie porque son diminutas”, describió una vecina.

Por otra parte, Pablo Civetta, titular del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana de la provincia, dijo en declaraciones a Radio Nacional que “son 16 entre familias y negocios que deben salir de la Estación, algunos firmaron (el convenio) y otros no. Los que firmaron tienen un lote del plan Mejor Vivir y los que no firmaron siguieron con la opción de la justicia”, y ya cuentan con fallos desfavorables. 

Desalojos sin juicio

La abogada Alejandra Cejas explicó que las familias a quienes se pretende desalojar adquirieron “los bienes de la estación Tilcara después de la privatización de 1992. Tenían la opción de comprar la vivienda como trabajadores por la ley 24.146” que “autorizaba a la empresa Ferrocarriles Argentinos a realizar la venta”.

“Ellos quedaron como propietarios y el estado provincial tenía la obligación de hacer un inventario de los bienes remanentes de los ferrocarriles, la ley prevé 30 años para ello, esa ley venció el año pasado y no hay nueva ley que haya aprobado que el estado provincial se haga cargo, y quedó en manos de la Agencia (de Administración) de Bienes del Estado”, siguió la abogada. Como su nombre lo indica, la AABE administra los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional y como tal quedó a cargo de las propiedades del ferrocarril luego de las privatizaciones del menemismo. “(La provincia de) Jujuy no tiene la titularidad de las tierras por donde pasa el tren, son del Estado nacional”, explicó la abogada.

En este sentido afirmó que es “falsa” la denuncia que realizó Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy – La Quiaca, acusando a las familias de “ocupación del predio Radio Estación para lucrar”. Agregó que familias que viven desde principios de los 90 en ese lugar, “empezaron a sentir la presión por parte de funcionarios y la justicia provincial con denuncias falsas para sacarlos con amenazas y obligarlos a que firmen un convenio para reubicarlos. Sacaron una cautelar de desalojo cuando nunca hubo juicio para determinar si fueron usurpadores o no”, agregó.

Hay otras familias que ingresaron luego de la ley 24.146 y en ese caso obtuvieron permisos precarios otorgados por el ex intendente radical Félix Pérez.

Cejas interpuso “recursos judiciales para frenar el desalojo y el perjuicio de esa cautelar que no es sentencia definitiva porque jamás hubo juicio”. Y anunció que avanzarán “con la imputación al agente fiscal Fernando Alancay y Emiliano Rodríguez como los responsables de la denuncia de usurpación cuando no existió, y esa causa generó el hostigamiento, amenazas a las familias y la persecución penal falsa”. 

Funcionario y fiscal denunciados 

La abogada relató que son cuatro las denuncias penales que pesan contra Alancay y Rodríguez, realizadas por vecinos afectados. “Tengo instrucciones de seguir los casos porque los denunciados son los principales responsables de haber gestado los desalojos para avanzar con negocios en el predio”, afirmó.

Cejas también cuestionó que “Hay un desapego de las normas por parte de las autoridades municipales en todas las estaciones”, en referencia a la situación en cada pueblo quebradeño por donde pasará el Tren Solar.

También cuestionó el crédito de 475 millones de dólares que el BID y la Corporación Andina de Fomento le otorgaron al gobierno de Jujuy para poner en marcha un tren de carga, “no un tranvía como el que están instalando”. “Se violenta la normativa internacional en materia de protección cuando se otorgan créditos de la envergadura que se le dio a Jujuy”, sostuvo. 

La megaobra para reactivar el tren fue anunciada por Morales en 2015. Al principio, iba a ser un tren de carga, pero el proyecto fue modificado. Finalmente, solo será turístico, con la impronta de ser “solar, con baterías de litio”; no llevará carga alguna y su uso está pensado solo para el paseo de Volcán a Humahuaca.

Fuente: Página12

Ataque con balines de plomo

A través de un comunicado, que reproducimos a continuación, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de la provincia detalló los sucesos que derivaron en un ataque con arma de fuego que impactó sobre las manifestantes mientras se desarrollaba la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

EXIGIMOS AL ESTADO LA PERSECUCION A QUIENES ATENTAN CONTRA LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

El 24 de noviembre de 2023, en la multitudinaria marcha convocada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy en el marco del 25N Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, con la consigna NI UN PASO ATRÁS CON NUESTROS DERECHOS, dos compañeras y dos compañeros (tres integrantes de LLanka Maki y una del SEOM) que participaron de la inmensa manifestación recibieron impactos de balines de un arma de gas comprimido, que fue disparada desde algún sector de la Plaza Belgrano.

Tres personas solo tuvieron una pequeña inflamación, y otra, integrante de la organización originaria Llanka Maki, una herida con el balín de plomo incrustado en su brazo izquierdo, por lo que requirió atención hospitalaria.

El martes 28, formulamos la denuncia penal en la comisaría 2da, exigiendo que el Estado individualice con las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno al responsable o los responsables de tal ataque, que no puede permitirse en democracia.

Las mujeres y la ciudadanía toda tienen el derecho constitucional a manifestar, y nadie puede atacar dicho derecho en razón de ideas antidemocráticas, misóginas, racistas y/o fascistas.

Aunque algunos entiendan que la nueva situación política con el nuevo gobierno electo habilita estas acciones violentas, sostenemos que en las elecciones no se votó terminar con la democracia ni habilitar estas acciones antidemocráticas, ni desde el Estado ni desde ningún sector que se arrogue tal derecho. El Estado debe perseguir en forma inmediata a quienes realizan estas acciones intimidatorias, porque no pueden ser toleradas.

Por ello exigimos en forma pública que se tomen las medidas del caso, individualizando y persiguiendo al o a los responsables, allanando y secuestrando los elementos del delito, y solicitamos también en forma pública una inmediata entrevista con el Dr. Lello Sánchez, a cargo del Ministerio Publico de la Acusación.

MULTISECTORIAL DE MUJERES Y DISIDENCIAS DE JUJUY.

Fuentes: Agencia FARCO, Página 12, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Contrahegemonía

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.