Desde la década pasada, en provincias del centro y el norte argentinos, organizaciones campesinas intentan hacer frente a la amenaza de desalojo de sus tierras y a las dificultades para continuar con su producción. Identificados con los movimientos campesinos del resto de Latinoamérica, comienzan a plantear también una reforma agraria integral y un modelo agrícola alternativo.
Hasta hace dos décadas, las tierras en las que viven y trabajan los pequeños productores agrarios de Argentina -que producen para autoconsumo y para el mercado interno local- eran consideradas marginales. Sin embargo, con los cambios climáticos de los últimos años, particularmente en el régimen de lluvias, estas tierras de bajo valor productivo se revalorizaron. Además, en la década del 90, el gobierno de Carlos Menem implementó una serie de políticas que cambiaron el modelo agrario imperante y convirtieron esas tierras en apetecibles. «A partir de 1991, por un decreto de necesidad y urgencia, se cambian todos los arreglos institucionales que habían permitido, durante el siglo XX, esta coexistencia entre la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria», sostiene la investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires Norma Giarraca en una entrevista publicada por la revista Desafíos Urbanos. Los arreglos institucionales que permitían esta coexistencia eran la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. A partir de la desregulación de 1991, los pequeños productores quedaron enfrentados a los grandes productores y a las grandes empresas agroindustriales.
Modelo sojero
Por otra parte, en 1996 Argentina autorizó la experimentación y cultivo masivo de organismos genéticamente modificados, con lo que empresas como Cargill o Monsanto expandieron la producción y la comercialización de semillas transgénicas.
De este modo, se inició el avance de la frontera agropecuaria y la agricultura a gran escala llegó más allá de la pampa húmeda. El predominio del monocultivo de soja transgénica a gran escala otorgó al modelo el nombre de «sojero». La soja ocupa hoy el 55 por ciento del área sembrada, y su exportación, junto con los derivados, genera casi el 30 por ciento de las divisas del país por ventas al exterior. A causa de la «fiebre de la soja» en esos campos en los que el valor de la hectárea no superaba los 100 pesos, ahora se cotiza hasta a 4 mil. «La frontera agropecuaria se abre y corre hacia el norte de la provincia, no sólo topando ilegalmente montes y bosques nativos, sino también desalojando y aplastando a campesinos. La llegada de la soja al noreste provincial ha puesto en jaque a las familias campesinas, ya que el encierre de los campos, la matanza de animales, la fragmentación de comunidades, las fumigaciones y demás fenómenos desconocidos años atrás impiden el desarrollo normal de un estilo de vida genuino que se ha quedado con pocas alternativas de subsistencia», denuncia la Unión Campesina del Noreste de Córdoba (Ucan).
La expansión de este modelo agroexportador está destruyendo el patrimonio ambiental e incrementando la pobreza. El avance del monocultivo es precedido por el desmonte de bosque nativo. Los cultivos transgénicos implican también el uso indiscriminado de herbicidas, tóxicos para otras plantaciones, animales y seres humanos. Los problemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales incluyen desde la inequidad en la distribución del agua de riego que favorece a los grandes productores hasta la contaminación y la falta de agua porque no se realizan las obras de infraestructura necesarias para obtenerla. Esta situación se agrava con el avance de la frontera agrícola con concentración de tierras (y agua), desmontes y perforaciones.
El boom sojero es fuente de nuevas y grandes riquezas para algunos, y causa de pobreza y desarraigo para muchos. Los empresarios agroganaderos -en muchos casos, con el apoyo de policías, jueces de paz, fiscales y funcionarios- entran a los campos y presionan a los campesinos para que los abandonen, mostrando títulos a veces obtenidos en remates de dudosa legalidad. La mayoría de los pequeños productores agrarios tienen una tenencia precaria de la tierra: pocos son propietarios, algunos son arrendatarios y muchos, la gran mayoría, poseedores.
Concentración de la tierra
Según el Código Civil argentino, quien puede demostrar la tenencia pública, pacífica e ininterrumpida por más de 20 años es considerado propietario de la tierra. Sin embargo, este derecho es prácticamente inalcanzable para la mayoría de la población por los altos costos del juicio de usucapión, de los honorarios de los abogados y del plano de mensura del terreno. «La única forma de obtener escritura ha sido siempre la usurpación, pero eso tiene un costo de 10 mil pesos. Por eso, desde que se corre la frontera agrícola, hay muchísimos empresarios que están yendo incluso con boletos de compraventa y algunos papeles a desalojar campesinos», señala Rubén Santillán, de la Asociación de Pequeños Productores del Norte Cordobés (Apenoc).
Los que se resisten al desalojo suelen ser procesados judicialmente como usurpadores. Pablo Toranzo, de la Unión Campesina de Traslasierra (Ucatras), relata: «Tenemos varios casos judicializados de resistencia al desalojo, pero también hay muchos desalojos silenciosos que se están produciendo desde hace tiempo: viene gente de afuera esgrimiendo títulos y la gente, que desconoce sus derechos, termina desalojando el campo sin violencia».
Muchos de los campesinos forzados a abandonar sus campos, sin posibilidades de producción para asegurar su subsistencia, se emplean como peones rurales o bien emigran a las ciudades. «Al no poder vivir sin agua deben exiliarse a las ciudades a vivir en villas. Es un ciclo que se repite cada vez más impune», dice Marcelo Besana, de Ucatras. El problema no sólo es que se termina con la cultura agrícola de las familias de la zona y se cercena su autonomía, sino que además el sistema laboral rural es altamente injusto. Los grandes emprendimientos agrarios tienen un alto nivel de tecnificación, por lo que requieren escasa mano de obra. Además, el trabajo rural se realiza en condiciones precarias, sin seguros sociales, de accidentes de trabajo, de vida ni de salud, en extensas jornadas de diez horas, en climas adversos y con bajos salarios. Santillán asegura que en las parcelas «hay un sistema de esclavitud terrible. Un jornal se paga entre diez y 12 pesos el día, se los lleva a los cosecheros a las 6 de la mañana y se los trae a las 8 de la noche. No se puede salir y no hay un árbol siquiera para que uno pueda guarecerse en la sombra».
Un nuevo sujeto político
Tras el retorno a la democracia, y con los fondos provenientes de préstamos de organismos internacionales de crédito destinados a programas para sectores rurales en América Latina, los pequeños productores comenzaron a organizarse. En la década pasada, frente a la imposición del modelo neoliberal en el campo, se consolidaron las actuales organizaciones argentinas. Su principal demanda es el respeto a la posesión de la tierra. Besana sintetiza: «Tierra y agua para producir y poder vivir son los dos ejes de reclamo básicos del Movimiento Campesino de Córdoba porque son las bases de la vida campesina. ‘La tierra de la que vivimos, de la que comemos, la que comió a nuestros ancestros y nos comerá a nosotros cuando seamos tierra, para poder darle de comer a nuestros hijos’, dijo algún viejo sabio del monte de acá atrás de la sierra». También buscan alternativas para garantizar la provisión de agua potable. Belén Agnelli, de Apenoc, relata: «En una zona donde estás preparado culturalmente para producir agricultura, al sacarte uno de los recursos importantes como es el agua, te inhabilitan para hacer lo que siempre supiste hacer. Distinto es en la zona de secano donde nunca llegó el riego, hay cultura de ganadería, hay otra forma de producir y otra relación con el agua a partir de eso. Pero en las zonas que siempre han basado su producción en el doble recurso, la tierra y el agua, sacándoles ese recurso los obligaron prácticamente a dejar de ser productores, a dejar de ser campesinos».
Las organizaciones campesinas prevén que estos conflictos se incrementarán al tiempo que se reducirán las posibilidades de subsistencia de los pequeños productores si se llega a imponer el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (alca). Aseguran que este acuerdo implicaría una continuación y profundización de las políticas neoliberales implementadas en Argentina durante la década pasada. «En los noventa el alca estuvo presente, aunque faltó que se legitimara en papel. La privatización del sector agropecuario y la entrada de la soja transgénica sin discusión, fueron las puntadas iniciales. Con el alca, las zonas que ya están deterioradas, como el noroeste provincial, se terminarían de destruir. Creemos que el alca va a seguir atentando contra la vida como se ha hecho en estas últimas décadas: usurpando tierras, produciendo semillas transgénicas, destruyendo el monte nativo. Además, con el alca se fortalecerá la producción exportable, y menos el consumo interno», sostiene Juan Herrero, de Apenoc.
Además de las reivindicaciones ante las consecuencias del modelo agroexportador y de las acciones para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, los movimientos campesinos de Argentina comienzan a plantear una reforma agraria integral y un modelo alternativo para el agro. «Mientras no haya una política agraria, el mercado va a ser el que siga decidiendo por dónde seguir, y la tensión entre el avance empresario y la defensa campesina se va a agravar. El Estado es el principal culpable por omisión o por ceder a los lobbies de las grandes corporaciones», sostiene Besana. «Hoy el Estado no tiene políticas sociales para el campo con las que pueda garantizar desde la distribución del agua hasta el crédito o subsidio a los pequeños productores para que puedan seguir existiendo, produciendo y manteniendo a sus familias en el campo. Se sigue adelante con este modelo: los desmontes, la concentración de la tierra y la expulsión de poseedores», dice a su vez Santillán. Y agrega: «Hasta que no haya una conciencia de Estado que tenga en cuenta a los pequeños productores se va a seguir luchando. Esa es la consigna que tienen todos los cumpas en el campo hoy por hoy».
* En 1990, ante los intentos de desplazar de sus tierras a los productores, se creó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, la provincia con mayor cantidad de población rural del país y donde primero se organizó el sector. En Córdoba, en 1999 se creó la Apenoc, mientras que dos años después surgieron la Unión de Campesinos de Traslasierra y la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba, la Ucan y la Organización de Campesinos y Artesanos de Pampa de Achala, que conforman el Movimiento Campesino de Córdoba. En la Mesa Nacional de Productores Familiares de la Argentina participan también la Red Puna de Jujuy, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, el Movimiento Campesino de Formosa, Federación de Asociaciones y Cooperativas de Productores Familiares de Corrientes y el Movimiento Agrario de Misiones, entre otros.
Enviado por Correspondencia de Prensa. Suscripciones, Ernesto Herrera: [email protected]
