En la mañana del 12 de junio el enfermero Héctor Ortiz logró esquivar al personal de seguridad y en los pasillos del Hospital Durand, su hospital, logró acercarse al jefe de Gobierno. “Tenemos problemas de insumos y de enfermeros. ¿Cuándo podemos juntarnos?”, lo interrogó. Larreta, de espaldas, eligió el silencio y apuró el paso hasta perderse por los pasillos.
Dos semanas más tarde, la advertencia ya era tragedia: su compañero Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría, en edad de riesgo y a quien habían obligado a seguir trabajando, fallecía de coronavirus. A los pocos días, el propio Héctor daba positivo al test de Covid-19.
Desde entonces, los contagios en el hospital crecieron exponencialmente hasta llegar casi al 20 % del personal. “Desde que comenzó la pandemia, sobre 1.800 trabajadores del Durand hay 350 contagiados”, asegura Ortiz, que además de enfermero es delegado gremial. Un porcentaje similar se replica en el resto de los efectores de salud de la Ciudad de Buenos Aires: sobre 37.000 trabajadores de la salud, 7.246 tienen o tuvieron Covid-19.
Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis
El personal del sector salud convocó a una jornada de protesta el jueves 1° de octubre a las 10:00 en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar y reclamar mejores condiciones laborales, salariales y para repudiar la represión policial sufrida por enfermeros y enfermeras el Día de la Sanidad.
Los enfermeros que están en la primera línea de lucha en la pandemia, denunciaron agresión policial frente a la Legislatura el 21 de septiembre pasado, cuando a través de una jornada nacional de lucha reclamaban el reconocimiento de la carrera profesional de salud. Varias trabajadoras enfermeras resultaron heridas, cuando buscaban entregar un petitorio.
Entre los puntos más importantes que llevaran a la Legislatura se encuentran:
– Pase a la carrera profesional de Salud
– Recomposición Salarial
– Bono de Emergencia
– CyMAT y Comités de Crisis
– Pase a planta permanente
Durante toda la semana en distintos Hospitales de la Ciudad se vienen manifestando trabajadores y trabajadoras para exigirle al Jefe de Gobierno el cumplimiento de los derechos más básicos, en el marco de una campaña de visibilización en distintos puntos de CABA bajo la consigna: ¨Esenciales invisibles a Larreta¨.
Mientras se profundiza el impacto sobre la salud de los trabajadores, estos se movilizan en reclamo de salarios y condiciones laborales. Los contagiados son más de 38.000 y el número de fallecidos supera los 160.
En Rio Negro las Asociaciones de Profesionales y Técnicos de los Hospitales de Bariloche, Viedma y General Roca realizaron el lunes medidas de fuerza y movilizaciones en reclamo de recomposición salarial y rechazo a las sumas en negro.
En Chubut comenzó otra semana de reclamos y movilizaciones por salarios atrasados. El martes SISAP-FESPROSA movilizó a la Legislatura en Rawson exigiendo el compromiso de los representantes para dar una salida a la crisis.
El jueves 1° de octubre Fesprosa, en conjunto con ATE, SITOS y la CTA-A, participará de la movilización del Congreso a la Legislatura de la Ciudad junto al colectivo de Enfermería de CABA rechazando la represión y reclamando la jerarquización profesional.
A nivel nacional Fesprosa ha insistido en que se convoque a una mesa paritaria del sector salud. La presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, dijo al respecto: “Los trabajadores estamos pagando un enorme precio en enfermedad y en vidas. Frente a ello, el reconocimiento del Estado es como mucho insuficiente. Amén del bono -que es un paliativo-, necesitamos un horizonte claro de jerarquización y desprecarización laboral. Esta no parece ser una preocupación de los ministros de Salud ni del Cofesa, que sigue abocado al manejo vertical de la pandemia siendo muy pocas las jurisdicciones que le dan el lugar que les corresponde a los trabajadores de salud”.
En Santa Fe, Siprus Fesprosa anuncia que los monotributistas (que no han recibido ofertas de recomposición de sus ingresos) comenzarán con retención de tareas a partir del 1° de octubre. En Catamarca, Aprosca Fesprosa movilizó el miércoles 30 por aumento salarial al ministerio de Salud. En tanto, UTS Fesprosa Córdoba junto a otras regionales de la Federación participarán el 1° de Octubre de las movilizaciones de Enfermería.
Los trabajadores de la salud de Salta padecen las consecuencias de estar en la primera línea de batalla en esta pandemia: el 30% se encuentra afectado por el COVID-19. La cifra la confirmó el gobernador, Gustavo Sáez.
No obstante, de acuerdo a gremios que representan a los empleados de la salud, no anunció «medidas concretas que tiendan a contrarrestar la crisis sanitaria». En este sentido, comentaron que falta «mayor presupuesto no solamente para equipar los hospitales con el material necesario, sino también para contratar mayor personal».
Cabe destacar que, en el último reporte diario, las autoridades provinciales confirmaron 239 nuevos contagios, y tres fallecidos. El total de víctimas fatales en la provincia, según informó la Dirección de Epidemiología del ministerio de Salud local, alcanzó las 296 muertes, y la cifra de casos positivos ascendió a 11.415 hasta el momento.
En la tarde del domingo falleció René Aramayo del Ingenio Tabacal, un azucarero que trabajaba en el ingenio salteño hace más de 30 años. Son siete los siete por Covid-19 en el marco de la crisis sanitaria en curso.
Además, hace dos meses, el azucarero Juan Cancino, que se desempeñó en la empresa durante 21 años, falleció en su lugar de trabajo luego de meses de jornadas de trabajo extenuantes de 12 horas.
Las condiciones de precarización son parte de una política de estas empresas, avaladas por todos los gobiernos de turno, para maximizar la ganancia a costa de los salarios, las condiciones de trabajo y la propia vida de las y los trabajadores.
En el marco del aumento de contagios y muertes por covid-19 en el Ingenio, desde el Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal (STA) denunciaron penalmente a la patronal por la “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa (arts. 202 y 203 del Código Penal)”.
“La empresa omite entregar información relevante sobre la existencia del contagio entre los trabajadores para evitar, por ejemplo, que un determinado número de ellos puedan licenciarse por cuarentena o aislamiento”, remarca.
Según el secretario adjunto del STA, Claudio Colque, los médicos laborales Yarade y Torres «les decían a los trabajadores que iban a verlos que no tenían nada, que tenían un resfrío y que volvieran a trabajar».
Así, entre los más de 1.100 trabajadores del ingenio de capitales estadounidenses, son por lo menos 120 los trabajadores contagiados y 7 las víctimas fatales.
Por las provincias
Los sindicatos de la salud, viales, legislativos y docentes de Chubut -entre otros- realizan medidas de fuerza, con distintas modalidades que van desde la retención de servicios por 48 horas hasta el paro por tiempo indeterminado, en protesta por el atraso en el pago de los sueldos de julio y agosto. La administración del gobernador Mariano Arcioni tampoco abonó aún el medio aguinaldo.
De todos los gremios estatales, el que más tiempo lleva con medidas de fuerza es el docente que cumplió el viernes pasado la décima semana de paro por tiempo indeterminado, bajo la modalidad virtual.
«Estamos de paro y así seguiremos hasta que haya respuestas porque no solo no nos pagan, sino que encima pretenden que nos hagamos cargo del pago de los servicios de internet y de la tecnología propia que tenemos que utilizar para desarrollar las clases virtuales. Es realmente una vergüenza», dijo el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman.
El jueves 17 de setiembre se presentó en la Legislatura mendocina una propuesta de Ley de Educación por parte de la DGE encabezada por Enrique Thomas. Este proyecto inconsulto y presentado en el contexto de pandemia, de espaldas a la comunidad educativa, no es más que otra expresión de las medidas regresivas del gobierno de Cambia Mendoza.
Se trata de un Proyecto de ley que introduce unareforma pedagógicaque vulnera el acceso a la educación;reforma presupuestariaque restringe los recursos del Estado y presenta la educación como un servicio y abre la cartera a negociados empresariales de la virtualidad; unareforma laboralque explícitamente establece la reforma del Estatuto Docente acorde a la bimodalidad y precariza los salarios por productividad y cercena la estabilidad laboral; unareforma represivaque reglamenta el ciberpatrullaje, la persecución y el señalamiento que atenta contra la libertad de expresión. Una reforma ejemplificadora que hace efectivo los avances de disciplinamiento y pauperización de las garantías públicas.
La propuesta se presenta con las paritarias cerradas desde comienzos del 2020 y con la educación en contexto de emergencia sostenida con la conectividad e insumos tecnológicos garantizados por docentes y las familias del estudiantado.
En menos de 24 horas de presentada la propuesta, el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación levantaron su voz con #RechazoAlProyectoDeLeyDeEducaciónProvincial.
Desde el comienzo de la semana pasada, en cada escuela se ha discutido esta ley quedando claro que no se acepta y que se repudia de manera unánime. En los departamentos más alejados de la ciudad se han realizado caravanazos de rechazo al proyecto.
Este martes 29, cinco kilómetros de autos, bicicletas, motos y compañeros/as a pie desbordaron el centro de Mendoza. En simultáneo, en el Sur, en el Valle de Uco y en Alta Montaña, otros miles más salieron a la calle.
El miércoles 30 habrá un nuevo Caravanazo en el Parque Central a las 16:00 con la consigna #NoAEstaLeyDeEducación
En la provincia de Misiones tuvo lugar un muy importante conflicto docente, centralmente por cuestiones salariales. Tras semanas de movilizaciones masivas, cortes de ruta y grandes asambleas, lograron un acuerdo con el gobierno de Oscar Herrera Ahuad, con el que lograron una recomposición de un salario que venía muy golpeado.
La última semana ha sido la más difícil desde el inicio de la pandemia en la provincia de Córdoba. Se multiplican los casos en la mayoría de las localidades de la provincia, el miércoles se reportaron 1.431 casos en 98 ciudades y pueblos, mientras la capital llegó a los 10.000 casos. También hubo 11 fallecimientos.
Desde el gobierno se insiste en apelar a la responsabilidad individual que es en las reuniones familiares y sociales donde más se producen los contagios. Toda una línea para encubrir lo que viene sucediendo y han denunciado distintos trabajadoras y trabajadores. Se multiplican los focos de contagios en los lugares de trabajo, sucede en empresas estatales, multinacionales y grandes comercios.
En el caso de la Empresa de Energía, EPEC, el propio sindicato denunció que se están produciendo contagios en las guardias y buscan verificar que se cumplan los protocolos exigidos. Trabajadores de algunas dependencias afirman que los casos se cuentan de a decenas.
En la industria automotriz la situación es extendida. Lejos de haberse reconvertido se siguen produciendo autos y autopartes. En el caso de FIAT hay 82 contagiados de COVID. Para reemplazar a los trabajadores se hizo volver a la línea de producción a trabajadores que estaban en calidad y áreas administrativas. La producción es full time aprovechando la licuación de los salarios por la escalada del dólar. En tanto en Renault hay 20 contagiados. IVECO tiene 3 contagios confirmados, pero hay al menos 20 trabajadores aislados. En Volkswagen serían cuatro los contagios. Lejos de estar en crisis, tanto Renault como Volkswagen anunciaron el aumento de su producción.
En la metalúrgica Valeo había dos contagiados. También sucede en concesionarias como AutoHouse, donde hay cuatro casos confirmados y varios equipos aislados a la espera del resultado de los hisopados.
En la alimentación se sabe de Oblita, que produce galletitas, obleas y cubanitos, donde cerraron un turno por la cantidad de contagios y corre riesgo que cierre el otro turno. En Porta, se sabe de 5 contagios hasta el momento.
General Cabrera y General Deheza, están ubicadas sobre la ruta 158, a sólo seis kilómetros una de otra. Entre las dos localidades tienen más de 550 casos. La tasa de duplicación de contagios es de 12,8 días en la primera y 7,7 en Deheza. En esas localidades se han detectado casos en Química Norte, donde se hacen productos de limpieza, cuenta con 12 trabajadores y hasta ahora ha registrado 3 casos de COVID-19.
En la empresa más grande de la zona, y una de las más importantes de la provincia, Aceitera General Deheza, son al menos 15 casos registrados. En tanto en PRODEMAN, en General Cabrera van 12 casos registrados y en ManiAgro, ubicada en Carnerillo son 8 casos hasta ahora. Las últimas tres son empresas maniseras y que cuentan con altísima tecnología, insumos y recursos para evitar este escenario de propagación.
En el caso del supermercado Mariano Max se sabe que hay contagios tanto en los salones como en los negocios que hay dentro de los predios. Se licenció a decenas de personas por contactos estrechos con trabajadores.
Esta semana se conoció que el desempleo en Córdoba llega a más del 19%, registros que no se veían desde el año 2002.
María De Matteis, delegada los trabajadores de Textilana, denunció que la fábrica textil de Mar del Plata, que produce para la tradicional marca Mauro Sergio, funciona con protocolos obsoletos, que la higiene es insuficiente, que impiden el ingreso a delegados y que despidieron a dos empleados por cumplir con los 15 días de aislamiento tras tener contacto con un caso positivo.
La Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) lanzó un paro por 72 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, entre el miércoles y viernes de la semana pasada. “Con alta circulación del virus en los ambientes laborales y gran cantidad de empleados afectados a las tareas esenciales, la falta de una recomposición salarial deteriora las condiciones de dignidad y se potencia la tensión social”, expresaron desde el gremio en un comunicado.
En el mismo resaltan que “la paritaria municipal transita sin la responsabilidad social de quienes conducen a las administraciones locales. Los intendentes de todos los partidos políticos se alinean con el gobernador mientras los trabajadores municipales y comunales arrastran un congelamiento salarial, con asignaciones familiares insignificantes y una absoluta desprotección frente a la pandemia”.
Festram ya denunció a intendentes que no respetan los protocolos, exponiendo a personas mayores y con comorbilidades en los ámbitos laborales y organizando marchas anti cuarentena que priorizan los valores económicos y políticos, sobre la salud de los trabajadores.
Asimismo, señalan que siguen sin funcionar los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en la mayoría de los municipios y comunas, y esto es ante la inacción del Ministerio de Trabajo y la pérdida de los trabajadores de la protección del Covid-19 como enfermedad laboral.
En este contexto, indican que “se pretenden establecer políticas salariales que perjudican a los sectores más vulnerables. Y el principal insumo, que es el recurso humano de lucha contra la pandemia, en municipios y comunas tiene salarios congelados desde diciembre de 2019 y se insiste en pagar sumas fijas no remunerativas, dejando sin aportes a los jubilados y pensionados, e incluso desconociendo a los trabajadores y trabajadoras contratadas, eventuales e informales, al margen de la política salarial”.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) de Santa Fe denunció que el psicólogo y Secretario General del gremio fue detenido arbitrariamente en un desproporcionado operativo y trasladado esposado 200 kilómetros, de la capital provincial a la Comisaría Quinta de la ciudad de Rosario, como parte de un amedrentamiento contra su persona ordenado por el fiscal Matías Broggi.
El domingo 13, “la policía actuó como si el psicólogo Leandro Goldsack fuera un delincuente, arribando a su domicilio con tres móviles policiales y 20 oficiales uniformados y armados, allanando su casa particular y reteniendo su teléfono celular”, denunciaron desde SIPRUS, para luego trasladarlo esposado a la ciudad de Rosario para ser alojado en una comisaría “con el pretexto de que en la ciudad de Santa Fe no había lugar”.
El “motivo” de la detención fue que Goldsack no colaboró en los términos que pretendía el fiscal en una causa en la que está involucrada una persona que atendió tres años antes.
Desde SIPRUS señalaron con preocupación que se trató de un “mensaje intimidatorio y disciplinador” del fiscal.
“Nos preocupa el tenor aleccionador de las actuaciones realizadas enviando un claro mensaje intimidatorio y disciplinador al resto de les profesionales que desempeñan sus funciones tanto en el ámbito público como en el privado y que siempre han estado al servicio de la comunidad y más aún en este escenario de pandemia”, expresaron.
Hasta la semana pasada el personal esencial del transporte público de Rosario ha terminado de cobrar sólo el 50% del sueldo de julio, el aguinaldo y el 40% de agosto. Habían recibido el compromiso del gobierno nacional de pagar el 60% del sueldo de agosto y otra cuota en septiembre.
Desde principios de año las y los colectiveros vienen peleando por la defensa de sus salarios, en el medio de la extorsión de los empresarios del transporte por recibir más subsidios. Municipalidad y Provincia han depositado su parte, pero el principal deudor es el gobierno nacional, que no mandó la segunda cuota de fondos del Fondo Compensador del Transporte.
En las últimas semanas se conoció la amenaza de la empresa El Cacique de retirarse de la concesión para el 30 de octubre ante la dificultad de cubrir los costos, exigen que se pague por kilómetro recorrido y piden un fondo extraordinario. Hay 500 trabajadores y sus familias en peligro de quedarse en la calle.
El jueves falleció Jorge Rossi, dirigente jubilado de AMSAFE Villa Constitución, por una afección respiratoria. Había denunciado la falta de atención en los centros de salud tras reclamar durante días que se lo tratara. ‘No hay camas’ fue la única respuesta. Esta tragedia manifiesta la situación crítica del sistema sanitario de Villa Constitución, que pese a los anuncios del gobernador Perotti y el intendente Berti, se encuentra totalmente colapsado.
En los centros de salud de toda la provincia faltan materiales, y la cantidad de camas de internación ya no alcanza a cubrir la demanda por la situación del coronavirus. Pero, mientras la infección aumenta el ritmo de contagios, en la fábrica Acindar siguen circulando miles de trabajadores sin que la patronal tome ninguna medida sanitaria.
El lunes 14, trabajadores de las empresas de transporte de pasajeros Unión Bus, San Jorge y El Urbano de Jujuy iniciaban una jornada de lucha en reclamo de sus salarios adeudados y fueron reprimidos con gases y balas de goma por la policía provincial. Varios choferes resultaron heridos.
La trabajadora del Hospital Castro Rendón de Neuquén y referente de la Secretaría de las Mujeres de ese nosocomio, Julieta Katcoff, declaró: “estamos en una situación sumamente compleja de los sistemas de salud a nivel nacional y el sistema de salud de Neuquén no es la excepción a lo que viene pasando en el resto del país”. Detalló que “la semana pasada copó todos los medios de comunicación la situación sanitaria de la provincia vecina de Río Negro, en donde se llegó al punto límite de empezar a elaborar protocolos en función de los escasos recursos que se tienen, y en ese sentido la provincia de Neuquén no es la excepción, sino que por el contrario muchos de los pacientes de la provincia vecina terminan siendo derivados para la atención en la provincia de Neuquén”.
“Más allá de que las autoridades, tanto el gobernador como la ministra o los directores de zona de los distintos hospitales, afirmen que el colapso del sistema de salud aún no llegó, la realidad es que no pueden obviar que los servicios comienzan a resentirse, que se encuentran estresados y que la organización sanitaria que se preveía en un primer momento de esta pandemia es un desastre”, subrayó, y agregó: “hoy por hoy ya se habla del 90% de la disponibilidad de las camas de terapia intensiva o con asistencias respiratorias mecánicas ocupadas, hablamos de una provincia donde en el último mes se triplicó la ocupación de las camas, sobre todo por esta circulación comunitaria que hoy tenemos en algunas localidades de la provincia, pero también se incrementaron muchísimos los casos ambulatorios, aquellas personas que en este momento están cursando la enfermedad en sus domicilios y también las internaciones con cuadros moderados que serían en los espacios como el espacio Duam o en salas generales o intermedia”.
La trabajadora de salud sostuvo que “la totalidad de los casos activos es cerca de 2.000 y la realidad es que aunque en los últimos días el gobernador Gutiérrez se ha dedicado a hacer muchos anuncios sobre la compra de respiradores, sobre la habilitación de nuevos espacios para la internación o con el ingreso de personal al sistema de salud, la realidad esque cuando hablamos del déficit del sistema de salud, hablamos no solamente de la falta de camas o de aparatología, sino también y fundamentalmente, de la necesidad de incorporar personal especializado, que es un déficit que hay en todo el sistema de salud a nivel nacional”.
Por otra parte, la trabajadora de salud también contó: “hoy a 6 meses de iniciada esta crisis sanitaria, o de profundización de esta crisis sanitaria en realidad, lo que vemos por parte del gobierno son dos cuestiones: por un lado perseguir, hostigar y amenazar, incluso iniciar procesos sumariales a trabajadores de la salud que se han puesto a la cabeza de denuncias sobre cuáles son las condiciones en las que se está trabajando, como ocurrió con 3 enfermeros del hospital de Centenario, con un compañero delegado de choferes en el hospital Castro Rendón, con los compañeros y compañeras tercerizadas que además en el marco de esta pandemia son los que están trabajando en una absoluta precariedad, no solo sin garantías a sus derechos laborales sino también a sus condiciones concretas de trabajo, sin elementos de protección personal que les garanticen la empresa ni el hospital y, por otro lado, y hacia la población, intentando profundizar un discurso de responsabilidad individual en donde cada uno tiene que cuidarse sin ningún tipo de asunción en la responsabilidad que le compete como gobierno a la hora de garantizar derechos mínimos, como es el derecho al acceso a la salud, y lo que uno escucha permanentemente de parte del gobierno provincial son medidas que tienen que ver con la sanción, con las multas. Por un lado, vemos este tipo de sanciones que se despliegan sobre la población en general y, por otro lado, vimos la fiesta del Chapelco en donde un grupo de abogados, funcionarios del Poder judicial, se mofaron de las medidas de distanciamiento social, entonces lo que hay es un fuerte componente de clase a la hora de tomar medidas que pretendan de alguna manera paliar esta situación sanitaria”.
Estatales
Se conoció el resultado de la reunión que mantuvieron UPCN y ATE con funcionarios del Gobierno por la paritaria estatal: un magro 7% de aumento en octubre y una nueva mesa negociadora en diciembre.
Así el sector estatal acumulará una pérdida del poder adquisitivo del 36% durante el gobierno de Macri y a eso hay que sumarle la inflación estimada en un 32% para este primer año de la gestión de Alberto Fernández. Esta paritaria cierra en línea con los dictámenes del ministro Guzmán para reducir el gasto público, una condición necesaria para avanzar en el acuerdo con el FMI.
Problemáticas estatales como la reincorporación de los despedidos desde la gestión macrista en adelante, la regularización del personal precarizado como los monotributistas y otras contrataciones fraudulentas, brillaron por su ausencia en esta negociación.
El martes sectores opositores y antiburocráticos de ATE se movilizaron a la puerta de la sede Callao del ministerio de Trabajo para expresar el rechazo a la oferta paritaria, que las conducciones sindicales rompan la tregua con el gobierno y en apoyo a las familias de Guernica.
Finalmente, el plenario de delegados generales de todo el país, convocado por el Secretariado Nacional de ATE, dispuso una Jornada nacional de lucha en rechazo de la oferta salarial del 7%.
Será el próximo 6 de octubre y se compondrá de asambleas, desconexiones digitales de quienes realizan teletrabajo, radios abiertas y movilizaciones en distintos puntos del país.
Además,resolvieron el estado de asamblea permanente y la realización de paros en algunos sectores del ámbito público que definirán organismo por organismo.
La Ciudad de Buenos Aires será el epicentro para visibilizar la protesta. «En CABA vamos a hacer una caravana fuerte en la 9 de Julio y después vamos marchar al Congreso», adelantaron desde la conducción nacional del gremio.
Los puntos elegidos son dos. El Obelisco, por un lado, con el objetivo de visibilizar el rechazo y el Congreso, por el otro, para reclamar la aprobación del impuesto a las grandes fortunas.
Trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) realizaron el martes y miércoles pasado un paro de 48 horas en el marco de las negociaciones paritarias entre sindicatos y el Estado nacional. Advierten que los salarios de la mayoría del personal del organismo están por debajo del salario promedio en el Estado.
Los trabajadores y trabajadoras afirman que en esta situación también se encuentran los científicos, que son quienes cobran los sueldos más altos del organismo, pero que aun contando doctorados, postdoctorados y publicaciones internacionales inician sus tareas como investigadores asistentes con salarios que se ubican prácticamente en la línea de la pobreza (49.500 pesos).
Señalan además que, a pesar del significativo incremento en los estipendios para becarios en febrero pasado, el de un becario doctoral está actualmente por debajo de la línea de pobreza; y que, en los escalafones de administrativos y personal de apoyo, el escenario es aún más preocupante.
A esta situación se suma que el Proyecto de presupuesto para 2021 prevé un recorte de recursos financieros al Conicet en términos reales, lo que consolida un cuadro de verdadera emergencia en el organismo.
En cuanto a la negociación paritaria advierten que será muy dura ya que para evitar profundizar la pérdida de poder adquisitivo de los y las estatales durante el último año la propuesta salarial debería superar el 45% de inflación registrado desde los últimos incrementos en agosto de 2019.
Incluso, pidieron un 75% de aumento para recomponer las pérdidas del 2019 y del 2020, y reiteraron su reclamo de contar con un Convenio colectivo sectorial y paritarias propias.
Mientras tanto, Conicet seguirá siendo la mejor institución gubernamental de Ciencia y Tecnología de Latinoamérica (según el Ranking SCImago 2020, que incluye a los organismos de gobierno de América Latina dedicados a la investigación), pero con los trabajadores y trabajadoras peor pagos de la región.
La Asamblea de Trabajadores ATE Conicet Córdoba y Autoconvocadxs Conicet realizaron una jornada de protesta y paro provincial el martes 22 y miércoles 23 de septiembre para exigir una recomposición salarial. De 11:00 a 12:00 hubo un tuitazo #RecomposiciónsalarialCONICET; mientras que a las 14:30 se hizo un cartelazo en la Ciudad Universitaria de la capital cordobesa.
La CONADU Histórica aprobó una medida de fuerza de 24 horas para el lunes 28 de septiembre, que consistió en un apagón virtual, con desconexión y acciones de visibilización, ante el deterioro salarial de los docentes universitarios y la falta de reconocimiento de gastos por la virtualidad educativa.
Más de 100 delegadxs de las distintas Asociaciones de Base se reunieron en el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) en el que resolvieron convocar a la docencia universitaria y preuniversitaria a un Paro Nacional de actividades en reclamo de una urgente recomposición salarial, el reconocimiento de gastos ocasionados por la enseñanza virtual desde los hogares, la estabilidad de las y los docentes interinos y contratados, en defensa de las obras sociales universitarias y por mayor presupuesto para las Universidades Públicas.
“Desde el inicio de la pandemia en marzo, hace ya más de 6 meses, la docencia cargó sobre sus hombros la continuidad de la enseñanza a más de un millón setecientos mil estudiantes, desde nuestras casas, con nuestras familias en aislamiento y con nuestras propias herramientas tecnológicas y recursos económicos, mientras las Universidades se mantienen cerradas desde entonces.
Hoy, ya en el segundo cuatrimestre y habiendo tomado exámenes de manera virtual, continuamos enseñando con un enorme esfuerzo, que implica la sobrecarga de trabajo que se produce en la enseñanza virtual o remota, y un aumento de gastos en conectividad y herramientas, que no es suficientemente reconocido ni por las autoridades universitarias ni por el ministerio de Educación de la Nación”, expresaron a través de un comunicado.
Explican que la paritaria salarial venció a fines de junio, por lo que exigen en forma urgente una recomposición de los salarios para compensar al menos la pérdida del poder adquisitivo ante el avance inflacionario.
Reclaman al Consejo de Rectorxs el pago en reconocimiento de gastos que ya se aprobó en las Universidades de Patagonia Austral y Luján para todas las universidades nacionales, como así también la estabilidad laboral con el ingreso a carrera docente de los docentes interinos y contratados y el pago de salarios a docentes ah honorem y adscriptos.
Paritarias
Pese a los difundidos anuncios de acuerdo entre la patronal y la Federación de Empleados de Comercio, la ausencia a la hora de la firma del acta por parte de los representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hizo que la esperada actualización salarial quede suspendida. Producto de ello, el gremio que conduce Armando Cavalieri insinuó la concreción de un paro, abortado de inmediato ante la conciliación obligatoria interpuesta por el Ministerio de Trabajo.
Para mayo, Cavalieri firmó un acuerdo con las Cámaras patronales de reducción en un 25% del salario de los empleados suspendidos por las restricciones de la cuarentena.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que lidera Héctor Laplace, y la Cámara Argentina de Moliendas de Minerales y Materiales Afines (Cammyma) acordaron el pago de un 83 % del total del salario bruto para el personal que cumple tareas habituales en los establecimientos o de forma remota desde sus hogares.
Los trabajadores que por estar inactivos parcial o totalmente los establecimientos y deban permanecer en sus hogares o residencias sin realizar tareas a distancia cobrarán el 76,5 % del haber no remunerativo.
Claudio «Chiqui» Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), firmó con el gremio de Entidades Deportivas (Utedyc) un entendimiento marco para suspender al personal de los clubes.
El pacto, con duración trimestral, contemplaba una reducción progresiva de los haberes de los trabajadores suspendidos por los clubes de abril a junio.
Según lo firmado, los trabajadores cobraron el 100% de sus salarios de abril, el 80% de los salarios netos del mes de mayo, mientras que en el mes de junio percibieron el 75% de sus haberes netos.
El presidente de la Unión de Expendedores de Nafta y Afines, Juan Carlos Basílico, reconoció que, a causa de la pandemia, se acordó de hecho con todos los sectores que participan de las negociaciones salariales, postergar la decisión hasta que se comience a recuperar la actividad.
El gremio de mecánicos que lidera Ricardo Pignanelli, y que sostiene desde hace más de una década una metodología de recomposición salarial trimestral, también enfrió sus negociaciones.
Este año la zafra del limón apenas duró dos meses en Tucumán. Unos 35.000 trabajadores de las cosechas y los empaques están siendo arrojados al desempleo estacional con un plan interzafra de 5.000 pesos mensuales, la mitad de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y ni siquiera es universal porque solamente se accede a estos planes cuando se cumplen al menos tres meses de zafra en el año. Hasta el año pasado y durante los últimos cuatro años, el Plan Interzafra apenas llegaba a los 2.300 pesos.
Esta situación es la que impulsó a un grupo de trabajadores y trabajadoras de los empaques del citrus a organizar en agosto una movilización a la seccional de la UATRE primero y a la Casa de Gobierno posteriormente, para reclamar por un incremento en los planes interzafra por un monto de 17.000 pesos mensuales «no para vivir, porque esa plata no alcanza, apenas para subsistir».
Los trabajadores también denunciaron que están sin cobertura médica, ya que a los trabajadores temporarios las patronales dejan de aportar y el sindicato interrumpe la prestación de la Obra social cuando termina la zafra.
A pesar de que el citrus y el azúcar son las principales industrias de la provincia y nuclean a decenas de miles de trabajadores temporarios, el gobierno de Manzur sostiene un régimen de trabajo que habilita a las patronales a todo tipo de injurias.
Recordemos que importantes empresas como Citrusvil o San Miguel, cuyos dueños se ubican entre las familias más ricas del país, tienen cataratas de denuncias por trabajo informal y explotación de cosecheros en condiciones infrahumanas.
El repudio a la conducción de la UATRE Tucumán, en manos de Ricardo «Remache» Ferreyra, se hizo sentir en esta movilización organizada desde los empaques de Tafí Viejo, donde meses atrás expulsaron a una delegación del gremio denunciando coimas y un fraude electoral durante los comicios sindicales del año pasado.
Una vez llegados a la Casa de Gobierno un grupo de trabajadores fue recibido por la secretaría de la Gobernación, quienes manifestaron haber «escuchado» el reclamo y se comprometieron a «analizarlo». Al finalizar la marcha, los trabajadores anunciaron que de no obtener respuesta favorable convocarían a una nueva movilización.
“Somos miles de trabajadores en las cosechas y empaques del limón de Tucumán. Además de fortalecer esta lucha sumando a otros sectores, es fundamental exigirles a los delegados de la Uatre de cada uno de los empaques que siguen funcionando y a la conducción del gremio que convoque medidas de fuerza en toda la provincia, por el aumento que estamos pidiendo de los planes interzafra, que sean universales y por la restitución de la Obra social durante todo el año», sostuvo Julio, trabajador de empaque del citrus.
Trabajo doméstico
Según un estudio de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, se trata de un sector económico estratégico pero invisibilizado.
Nueve de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que significan en promedio 6,4 horas diarias.
Además, el informe intenta aportar cuánto costarían al sistema productivo, si estas actividades estuvieran remuneradas. El aporte de estas actividades daría un total de $3.027.433 de millones al año: esto equivale a dos veces más el tamaño del sector de Transportes y Comunicaciones o cuatro veces mayor al sector de la Construcción.
“Al analizar los valores de TDCNR por tipo de tarea, se ve que los Quehaceres Domésticos son los que mayor peso tienen (60%), seguido del Cuidado de Personas (32,8%) y Apoyo Escolar (7,3%)”, detalla la medición. Estos valores se vieron incrementados durante la pandemia, ya que hay una mayor demanda de estas actividades al estar permanentemente en el hogar. Las mujeres deben atender el mantenimiento del mismo, sumado a que deben dar apoyo educativo a sus hijes y además, cuidar de los adultos mayores. “El peso del TDCNR se amplía mientras la mayoría de las actividades se contraen”, explica el informe respecto a las demás actividades económicas.
El informe arrojó que el 80% de los/as trabajadores/as domésticos/as a nivel mundial son mujeres. El 90% no tiene acceso a la seguridad social y más de la mitad trabaja sin límites de horario: en las zonas rurales de los países de bajos ingresos, las mujeres dedican hasta 14 horas diarias a las tareas domésticas. Por otro lado, en todo el mundo, el 42% de las mujeres no pueden conseguir un trabajo formal ya que deben realizar las tareas anteriormente mencionadas. Esto queda en desigualdad con los hombres, ya que ellos representan un 6% en dicha problemática laboral.
Día del trabajo doméstico
El 22 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Una fecha para visibilizar las tareas que realizan mayoritariamente mujeres y niñas de forma no remunerada.
Según los últimos registros del ministerio de Trabajo, en los primeros 4 meses de este año el personal doméstico registrado se redujo de 497.700 a 477.000, lo que se traduce en 20.700 empleos registrados menos.
De acuerdo al DNU 297/20, durante la cuarentena, todas las trabajadoras de casas particulares, estén registradas o no, tienen derecho a no ir a trabajar y a cobrar su salario habitual completo. Las esenciales son las cuidadoras de personas mayores o enfermas solas o las niñeras de los niños de trabajadores esenciales. La salvedad es que estén dentro de los grupos de riesgo o tengan niños a cargo.
Pese a los decretos y resoluciones oficiales que obligan a los empleadores a pagar los salarios habituales si, por las medidas de aislamiento, no pueden realizar las tareas, muchas no están percibiendo esos ingresos o fueron cesanteadas, en especial las que se desempeñan en la informalidad. En otros casos, se condiciona el pago del jornal o del salario a que trabajen, violando las disposiciones oficiales de la cuarentena.
Por otra parte, los empleadores de personal doméstico quedaron excluidos del ATP y hay arreglos informales que dejan a las trabajadoras en manos de las posibilidades económicas y la calidad humana de sus empleadores.
El personal doméstico tiene derecho a cobrar el bono de $ 10.000 (IFE), que no es deducible del salario que le corresponde, y la AUH si tiene hijos menores a cargo.
Las trabajadoras de casas particulares se movilizaron el 2 de septiembre frente al Ministerio de Trabajo, ubicado en la Avenida Callao al 100 de la Ciudad de Buenos Aires, y en todas las sedes de las carteras laborales del país. Exigieron, entre otros reclamos, aumento salarial de emergencia del 100%, la efectiva prohibición de despidos y medidas que terminen con el abuso y maltrato laboral, además de la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas.
Esta acción fue resuelta en un plenario virtual con trabajadoras de casas particulares de CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
María del Carmen Díaz, vocera de la agrupación Trabajadoras de casas particulares en lucha, afirmó: “A lo largo de la cuarentena fuimos un sector especialmente afectado por la situación anterior en la que trabajábamos que se agravó aún más: fuimos obligadas a ir trabajar sin medidas de protección sanitaria, se nos recortó el salario, se consideró el IFE como parte del pago, sufrimos discriminación o directamente fuimos despedidas sin ningún tipo de indemnización. Para el pequeño sector que trabaja en blanco hubo solo una recomposición de dos cuotas de 5% cuando el costo de vida se incrementó mucho más. A este trabajo se le suma además la total precariedad de las mujeres migrantes, que coloca a las trabajadoras en un nivel todavía mayor de súper explotación. Ahora, con la habilitación de la tarea en diferentes lugares del país, no hay protocolos para nuestra protección”.
En tanto, Amanda Martin, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y legisladora electa, agregó: “Es urgente el reconocimiento de todas las trabajadoras de casas particulares, un aumento salarial de emergencia del 100%, la efectiva prohibición de despidos y medidas que terminen con el abuso y maltrato laboral, la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas, un seguro de $30.000 para todas las desocupadas y la atención en salud integral para todas las trabajadoras y sus familias. La diputada nacional del FIT Romina Del Plá presentó un Proyecto de ley que prevé estas necesidades. El Convenio de 2013 no garantiza sus derechos laborales, exigimos la puesta en pie de un Convenio colectivo de trabajo que otorgue plenos derechos y erradique la discriminación legal que hoy sufrimos como trabajadoras”.
Gastronómicos
El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, reclamó la reactivación urgente del sector para evitar una caída aún mayor de los puestos de trabajo.
El líder gremial dio declaraciones en el marco de la movilización impulsada por la UTHGRA y las Cámaras empresarias para exigir al presidente Alberto Fernández la reapertura de la actividad en todo el país.
Acompañado por el co-secretario general de la CGT, Carlos Acuña, y miembros de Comisión directiva de Gastronómicos, Barrionuevo destacó la situación de “incertidumbre” y “padecimiento” que transitan empleados y empresarios del sector porque “todavía no sabemos cuándo termina esto”.
“Hoy hay más de 500.000 trabajadores que convergen en el turismo, la gastronomía y la hotelería que padecemos y entramos en una desesperación total después de cinco meses sin trabajar”, explicó.
Al describir los problemas del sector, alertó sobre el presente de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angustura, entre otras ciudades turísticas, donde “está todo paralizado y con muchas necesidades, queremos que el gobierno le preste más atención”.
De acuerdo a los datos recabados por la 2da. Encuesta de Impacto del Covid-19 en el Sector Hotelero Gastronómico realizada por Invecq Consultora Económica los primeros días de julio, la caída de la actividad en hotelería en junio fue de 94,9%. Las empresas hoteleras prevén el cierre de continuar la situación actual que alcanza el 75%, solo el 23% de los empresarios hoteleros abonó el total de los salarios de junio y el 21% pagó o pagará el aguinaldo totalmente.
Los despidos en el sector hotelero ya se cuentan por decenas de miles. Se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero y de febrero a mayo cerraron 3.870 empresas. El informe proyecta que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales. Dejando entrever que dejarían a 160.00 trabajadores precarizados sin sustento alguno.
Así lo advirtió la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que aseguró que la situación actual de la actividad «es la más grave que haya sufrido la hotelería y la gastronomía en la historia, porque llevamos ya más de 120 días sin facturación».
El sector hotelero gastronómico tenía, a fines del año pasado, 50.000 empresas en actividad, con más de 650.000 empleados.
En Neuquén fueron despedidos 1.300 trabajadores gastronómicos y 300 bares cerraron sus puertas en Rosario.
Los despidos y cierres pasan para los miles de trabajadores gastronómicos que no tienen trabajo registrado. Las empresas violan el DNU presidencial, y aun así el sindicato encabezado por Luis Barrionuevo decide marchar con las cámaras empresarias en vez de tomar medidas a favor de defender los derechos de los trabajadores.
Fuentes: Télam, Anred, Red Eco Alternativo, APU, Infogremiales, Clarín, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Periódico El Roble, argentina.indymedia, Prensa Fesprosa