¿Informal o Precario? En los últimos días se produjo cierto revuelo mediático por la difusión de un informe de la OIT y otro informe de la UCA sobre la llamada «informalidad laboral» en la Argentina. La publicación de cifras cercanas al 50% causó -según el Ministro de Trabajo- zozobra. Más allá de las intenciones espurias […]
¿Informal o Precario?
En los últimos días se produjo cierto revuelo mediático por la difusión de un informe de la OIT y otro informe de la UCA sobre la llamada «informalidad laboral» en la Argentina. La publicación de cifras cercanas al 50% causó -según el Ministro de Trabajo- zozobra. Más allá de las intenciones espurias y la liviandad conceptual de los grandes medios, el problema existe y no es nuevo. Las estadísticas están disponibles hace años y reflejan un fenómeno global: la desaparición del paradigma del trabajo asalariado como modus vivendi predominante de los sectores populares urbanos.
Para comprender mejor el tema es necesario hacer algunas aclaraciones. Las estadísticas de informalidad lo que reflejan es la falta de inscripción en los registros oficiales de un determinado porcentaje de trabajadores que ronda entre el 40 y el 50 por ciento según quien la mida. El trabajo informal o «no registrado» se divide en dos grandes categorías:
1. El trabajo dependiente (comúnmente conocido como trabajo en negro) tanto de empresas formales como de empresas informales;
2. El trabajo independiente, sea individual (cuentapropismo) o colectivo (cooperativas y otras formas de trabajo asociativo).
Sin embargo, esta categoría expresa tan sólo uno de los aspectos del problema, no es ni el principal ni el más extendido. Cuando se habla de informalidad estamos contemplando el encuadramiento del trabajador dentro de las formas institucionalizadas de trabajo y -en particular- la cotización de aportes a la seguridad social (ANSES y otras cajas). El concepto de informalidad no nos habla ni de salario, ni de derechos, ni de condiciones reales de trabajo.
El fenómeno laboral más extendido en el marco de la globalización neoliberal no es la informalidad sino la precarización del trabajo. La precarización no se circunscribe al sector informal. Existe una enorme cantidad de trabajadores dependientes registrados o parcialmente registrados (formales) en situación de precariedad. Los municipales y los textiles son tal vez los ejemplos extremos. Sus salarios son inferiores al mínimo vital y móvil; sus condiciones laborales, deplorables.
Cuando se habla de trabajo precario no se analizan sistemas registrales sino condiciones reales de labor, ingresos, derechos. ¿Quién fija la regla de la precariedad? La OIT establece una regla que podría plantearse como un piso innegociable de derechos para todos los trabajadores. La denomina trabajo decente y abarca al menos los siguientes aspectos: a) respeto a los derechos laborales; b) ingresos adecuados y protección social para la familia; c) seguridad e higiene laboral d) diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación.
El concepto de precariedad laboral explica mejor la situación de los trabajadores en la Argentina y el mundo que el de informalidad porque nos habla de la conculcación de derechos. En nuestro país, sin ninguna duda, más del 50% de los trabajadores -formales o informales, independientes o asalariados- están en situación de precariedad. Y aún así, la Argentina tiene uno de los mejores indicadores de América Latina!
Los trabajadores excluidos y la economía popular
Existe, además, un núcleo duro de la precariedad: los trabajadores excluidos. Para encontrarlo hay que salir del «centro» del sistema económico e ir a las periferias, meterse adentro de las villas, en los basurales, en la ferias a cielo abierto, en los talleres clandestinos, entre los cartoneros, en los vagones del tren, entre los paños de los manteros, en las paradas de los motoqueros, en los montes santiagueños, en las fábricas recuperadas, en las cuadrillas de los programas sociales.
Se trata no solo de trabajo informal y precario sino también de una forma de precariedad e informalidad que no es susceptible de ser superada sin un cambio radical en la orientación del Estado. Nuestros compañeros no están en negro, sus procesos de trabajo no se van a regularizar con moratorias, sus problemas no se pueden abordar desde la lógica del sector privado. ¿Por qué? Porque estos trabajadores se encuentran en un sector económico emergente que el Estado se niega a reconocer: la economía popular.
Nosotros definimos la economía popular como el conjunto de actividades económicas, unidades productivas y oficios de subsistencia que desarrollan los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora como alternativa a la insuficiente oferta de empleo asalariado. Estos procesos tienen como característica común que los «medios de trabajo» (herramientas, maquinaria, mercancías, instalaciones o espacios de venta) están al alcance de los sectores populares, fundamentalmente porque han sido descartados por el Capital como instrumentos de acumulación o porque el pueblo pobre los ha conquistado en la lucha.
Así, nuestros medios de producción pueden llegar a ser grandes fábricas abandonadas por sus patrones o importantes extensiones de tierra fértil recuperada, aunque en general se trata de carretas, pequeños talleres, vehículos desvencijados, pequeñas parcelas y muy especialmente, del espacio público.
La forma laboral típica que asume el sector popular de la economía es el denominado trabajo independiente. Se trata de actividades por cuenta propia en las que no existe relación laboral de dependencia porque no hay patrón, pero sí existe una fuerte dependencia económica del Estado, la política y el mercado. Debido a esta fuerte vulnerabildiad socioeconómica, sería ridículo decir que nuestros compañeros son «autónomos» asimilándolos a un abogado en su estudio, un psicólogo en su consultorio o un diseñador freelance frente a su Mac. Los cartoneros, los vendedores ambulantes, los motoqueros, los feriantes, los campesinos son algunos ejemplos de actividades por cuenta propia de mera subsistencia que se pretende encuadrar como trabajo autónomo.
Otra forma extendida de laburo en el sector popular de la economía es el trabajo dependiente en empresas informales altamente precarias. Se trata de pequeñas unidades productivas que ni por asomo podrían formalizarse conforme a los estándares laborales, tributarios y hasta bromatológicos del sector privado. Un kiosquito de barrio, un galpón cartonero, un taller familiar, en general «propiedad» de personas de la misma condición social de sus dependientes, muchas veces vecinos. En este segmento existen niveles de estratificación y -podría decirse- explotación inaceptables pero que no pueden ser abordados como meros problemas de policía del trabajo ni asimilarse al «trabajo en negro».
Una «tercera modalidad» que va creciendo dentro de la economía popular es el asociativismo. No se trata de ese «cooperativismo blanco» del Banco Credicoop ni las utopías de la «economía social» sino de algo bien distinto: son organizaciones productivas del pueblo pobre que asumen formas que no siempre concuerdan con los cánones «democráticos» ni los estándares administrativos del cooperativismo tradicional. Gracias a la intervención de una militancia popular verdaderamente comprometida, estas unidades productivas se multiplican y se perfeccionan tanto en los aspectos técnicos como en las formas cada vez más comunitarias de cohesión interna.
El universo de los trabajadores de la economía popular queda así circunscrito a los trabajadores que desarrollan actividades laborales -individual o colectivamente- dentro del sector popular de la economía, ello con independencia de la forma jurídica o la modalidad relacional que adopte su actividad. Este verdadero gremio de los excluidos y su sindicato más representativo (la CTEP) deben ser reconocido urgentemente por el Estado si se pretende superar esa gran injusticia contemporánea: la precariedad laboral extrema; y su expresión institucional: la informalidad.
Una hoja de ruta para la superación de la «informalidad»
Nosotros sostenemos que el primer derecho de un trabajador es el derecho a organizarse. No entendemos la integración social como un proceso lineal donde un sujeto activo (el Estado, la «sociedad») subsume a un sujeto pasivo («los excluidos») dentro de sus estructuras sino como un proceso dialéctico en el que las contradicciones sociales se resuelven en una síntesis superadora a partir del desarrollo de los conflictos mediante la lucha, la negociación y el acuerdo. Esto implica el reconocimiento del otro, de la contraparte, en este caso, de nuestros compañeros como sujeto social, de sus luchas como legítimas y de sus organizaciones sectoriales como interlocutores. Eso es el empoderamiento del que tanto se habla últimamente.
Desde las organizaciones populares que -encabezados por el movimiento piquetero- hemos sostenido sin herramienta institucional alguna las reivindicaciones laborales de los excluidos -este «núcleo duro de la precarización»- hicimos un enorme fuerzo en pos de la unidad. Dejemos de lado diferencias políticas, personales, ideológicas, identitarias para constituir un organismo gremial de masas. El Estado, en cambio, no puede asumir este desafío, tal vez porque es más fácil conducir a este sector social desde la atomización organizativa e invisibilizando su representación gremial diluyéndola en una multiplicidad de representaciones político-sociales.
Algunos críticos de nuestra propuesta dentro del Estado y el movimiento obrero señalan que el reconocimiento de un sindicato de estas características implica institucionalizar la precarización laboral, que será utilizado por las patronales para flexibilizar a los trabajadores dependientes y que en definitiva si la economía marcha bien el sector «popular» o informal tenderá a desaparecer, hipótesis que la evolución socioeconómica mundial parece descartar.
Para responder a este planteo, es necesario recordar que los primeros sindicatos también fueron de trabajadores informales porque, precisamente, se crearon para regular relaciones laborales que en su momento se regían por una supuesta «libertad contractual» entre obreros y patrones. Además, visibilizar y darle voz a un sector no implica en lo más mínimo legitimar las injusticias que padece. Por último, se debe destacar que nuestro propio estatuto sindical establece que ningún convenio que se firme puede ir en detrimento de la Ley de Contrato de Trabajo ni los Convenios Colectivos vigentes. Como bien saben los técnicos del ministerio, los derechos de los trabajadores en relación de dependencia son irrenunciables e indisponibles por lo que ese supuesto resquemor al caracter flexibilizador de nuestra propuesta no tiene ningún fundamento jurídico rea.
El reconocimiento gremial de la CTEP como sindicato no es solamente un deber del Estado Argentino en el marco de la normativa de la OIT y de la posición de la delegación nacional en la 103 Conferencia Internacional del Trabajo (en la que, dicho sea de paso, una cartonera afiliada a la CTEP se lució con su exposición), sino que además permitiría discutir en un ámbito paritario legítimo los problemas del sector que tanto barullo han generado y encauzar la «conflictividad social» que preocupa al poder político por carriles constructivos. El reconocimiento de los «informales» como trabajadores y la institucionalización de su sindicato es la única forma de superar la informalidad.
En ese marco, la CTEP impulsa una serie de propuestas que -de alguna manera- dan respuesta a los planteamientos que dieron origen a los debates de esta semana. Entre otros temas podemos enumerar:
• Universalización de la Seguridad Social: la ANSES debería garantizar a los trabajadores de la economía popular el acceso a los subsistemas de la seguridad social como aportes previsionales, obra social, riesgos del trabajo y asignaciones familiares; y a las licencias básicas de maternidad y enfermedad mediante un Régimen Especial de Contribuciones para Trabajadores de la Economía Popular a partir de los aportes de los sectores empresarios que se benefician con el trabajo de nuestros compañeros y del propio estado que reconoce el rol social y la dimensión subjetiva del trabajo.
• Regularización de Unidades Productivas Populares: el desarrollo de un esquema progresivo para la formalización de las empresas informales. Esto no implica pretender hacer encajar la realidad de los sectores pobres en los esquemas del mercado sino, por el contrario, encontrar creativamente regulaciones y normativas que permitan dignificar las condiciones de producción y trabajo del sector popular.
• Complemento de Ingreso: el desarrollo de una política masiva de complemento de ingreso vinculada a las actividades y oficios populares para que ningún trabajador esté por debajo del mínimo vital y móvil.
• Diseño de una política única, coordinada y coherente de trabajo comunitario remunerado: la participación protagónica de los trabajadores de la economía popular en el diseño, implementación y control de los programas sociales con contraprestación laboral puede ayudar a reducir la fragmentariedad, feudalización e incoherencia en el manejo de los valiosos programas de ingreso social con trabajo que implementa el gobierno nacional.
Para finalizar quiero dejar sentada una posición que no es mía sino de todos los trabajadores y militantes sociales que impulsamos la institucionalización y agremiación de los trabajadores de la economía popular: no se trata aquí del reconocimiento a una agrupación sino de la integración de todo un sector social excluido, proceso que en la Argentina conocimos durante el gobierno de Perón con la irrupción de los trabajadores. La creación de un sindicato democrático y reconocido de los descamisados del presente, a los nuevos cabecitas, es condición necesaria y el primer paso para superar la informalidad y, sobre todo, la precarización laboral.
Juan Grabois – Secretario de Formación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)
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