Tras dos años de denuncias aisladas y de una labor constante de la sociedad civil para hacer visible la trata de personas, el Estado argentino anuncia una política para prevenirla, asistir a las víctimas y sancionar a los responsables de este delito. En el marco del Seminario Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas, celebrado […]
Tras dos años de denuncias aisladas y de una labor constante de la sociedad civil para hacer visible la trata de personas, el Estado argentino anuncia una política para prevenirla, asistir a las víctimas y sancionar a los responsables de este delito.
En el marco del Seminario Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas, celebrado este martes en Buenos Aires con funcionarios, legisladores, organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas, se puso a debate un proyecto integral que busca frenar este delito convertido en una nueva forma de esclavitud.
El proyecto prevé crear una secretaría de Estado dependiente de la Presidencia que coordine las acciones contra la trata en todo el país, elaborar un programa de prevención y asistencia a las víctimas e incorporar al Código Penal condenas mayores y más específicas para los delitos vinculados.
Cada año, hombres, mujeres, niños y niñas, la mayoría de ellos pobres y procedentes de países en desarrollo, son reclutados bajo promesas de empleo o atrapados por otros medios para ser utilizados en redes de explotación laboral, sexual, de servidumbre doméstica, prácticas similares a la esclavitud, adopciones ilegales o extracción de órganos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe había en 2005 alrededor de 1,32 millones de víctimas de trabajo forzoso, de las cuales 118.000 estaban en redes de explotación sexual. La mitad eran menores de 18 años.
Susana Trimarco, madre de una joven secuestrada en 2002, dijo a IPS que la propuesta de una política específica es un aliento para su búsqueda.
Trimarco, presente en el seminario, logró probar que su hija Marita Verón, de 24 años, cayó en una red de explotación sexual. Desde el secuestro, su madre consiguió testimonios de otras adolescentes y jóvenes víctimas de la trata que la vieron en distintos sitios de cautiverio en varias provincias del país. Aunque no pudo hallarla, su labor y la de otros agentes privados permitieron rescatar a 94 personas.
«Tras distintas investigaciones encontramos argentinas, brasileñas, paraguayas, dominicanas. En cada provincia hay dos o tres chicas desaparecidas. Entonces hacemos inteligencia con los familiares, intercambiamos datos, teléfonos, lugares de prostitución, y una vez que tenemos pistas ciertas vamos al fiscal», explicó.
Esta forma no institucional de búsqueda, motivada por el interés de los familiares y no siempre con resultados positivos, podría contar ahora con un fuerte respaldo gubernamental.
El proyecto también prevé campañas de difusión sobre las formas de captación en medios de comunicación, escuelas y universidades.
Con el respaldo de diferentes partidos políticos, la legisladora Stella Maris Córdoba, del oficialista Frente para la Victoria, presentó la iniciativa de crear una secretaría específica, elaborar un programa de prevención y fijar penas a la medida de estos delitos.
Si bien Argentina firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente de Mujeres y Niños, no tiene una ley taxativa sobre estos delitos, dijo la legisladora.
«Los compromisos de nuestro país no están siendo honrados. Tenemos un vacío legal», remarcó Córdoba. «Necesitamos un Estado fuerte, que se articule con organizaciones no gubernamentales, que capacite a funcionarios para prevenir en zonas expuestas a la captación, y que coordine acciones en los diferentes distritos», abundó.
«Hasta el momento, la trata no era vista como un problema estructural, sino como una serie de casos aislados», y esta falencia obedece a la naturaleza del delito, que requiere la acción de fuerzas de seguridad y de oficinas de los ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Interior y Relaciones Exteriores.
La psicoanalista Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra la Violencia, del Ministerio del Interior, explicó que su área trabaja junto con los legisladores para impulsar esta norma que contará con el respaldo del gobierno nacional, aseguró. «Este es un compromiso del Estado», afirmó en el encuentro.
«No sólo necesitamos una ley que federalice este delito, sino también un programa que nos ayude a aumentar el conocimiento sobre el problema, porque la indiferencia genera complicidad de la sociedad no sólo con los tratantes, sino con los usuarios de los servicios que se generan mediante la trata», remarcó.
El director del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Christopher Hernández Roy, celebró la iniciativa. «Lamentablemente, en el hemisferio pocos países tienen leyes específicas», con excepción de Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana.
«Los tratantes aprovechan la falta de ley, de conocimiento y coordinación y hacen un negocio de bajo riesgo y altamente rentable», alertó Hernández Roy. De los 35 estados miembros de la OEA, sólo 23 firmaron y ratificaron la Convención de las Naciones Unidas, seis sólo la suscribieron y otros seis ni siquiera se adhirieron, recordó.
Luis Bogado, asesor de la representación regional de la Organización Internacional para las Migraciones para el Cono Sur americano, también señaló que muy pocos países de la región tienen normas específicas contra la trata.
«A menudo, la respuesta estatal es restringir la migración en lugar de identificar a las víctimas del delito de trata», explicó.