El Gobierno nacional aprovechó la Conferencia que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA) al comenzar la semana pasada para plantear la necesidad de rediscutir los Convenios Colectivos de Trabajo como condición para que finalmente se produzca la lluvia de inversiones, la reactivación de la economía y el aumento del empleo. La propuesta recibió el apoyo […]
El Gobierno nacional aprovechó la Conferencia que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA) al comenzar la semana pasada para plantear la necesidad de rediscutir los Convenios Colectivos de Trabajo como condición para que finalmente se produzca la lluvia de inversiones, la reactivación de la economía y el aumento del empleo. La propuesta recibió el apoyo entusiasta de los organizadores.
Sin embargo, en el Ejecutivo salieron el jueves a congelar la revisión de los Convenios colectivos de trabajo anunciada por Mauricio Macri. Explicaron que no hay una iniciativa firme para renegociar los convenios sino que se trató de una respuesta política a la marcha que la CGT llevó a cabo al Congreso junto con organizaciones sociales.
En tanto, el Ministerio de Trabajo sí avanzará sobre el análisis de convenios puntuales, como el del sector energético y el de la construcción, en el ámbito abierto de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo.
Los funcionarios consultados admitieron que, más allá de aquella movilización que la central obrera encaró a media máquina, a Macri y su equipo les preocupa la alianza entre los sindicatos peronistas y los grupos piqueteros.
La columna vertebral del macrismo
De todos modos, el Gobierno anudó el miércoles sendos acuerdos para garantizarse -o apuntalar- un fin de año sin sobresaltos en el frente sociolaboral. El entendimiento incluyó un «pacto antidespidos» hasta marzo entre la CGT y las principales cámaras empresariales, como segundo capítulo de la mesa de diálogo que ya había dado como primer fruto sepultar la reapertura de las paritarias a cambio de un bono de $ 2.000 de base en el sector privado, que más de la mitad de las empresas asegura que no podrá pagar, según una encuesta de Sel Consultores sobre la base de 680 entrevistas efectivas a gerentes y responsables de Pymes y grandes empresas.
El compromiso de limitar los despidos será de cumplimiento voluntario por parte de las principales cámaras empresarias, representadas por el G6 (Unión Industrial, Comercio, Construcción, Bolsa, Bancos y Sociedad Rural). Al respecto, el vicepresidente primero de la UIA y titular de la Confederación de Cámaras de la industria alimenticia (Copal), Daniel Funes de Rioja, reconoció que el pacto es inocuo. Una cosa son las leyes y otra el amor que inspira las prácticas budistas del Presidente Macri.
Además, un día antes, el Gobierno nacional transfirió a los gremios $ 1.784 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) en el marco de la compensación a las obras sociales por las prestaciones de alto costo.
El gesto del Poder Ejecutivo con la CGT no es menor, ya que el manejo del dinero del FSR fue uno de las principales temas del enfrentamiento entre la central obrera y el kirchnerismo durante los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández.
La paz social nunca es gratis
Mientras tanto, el acuerdo entre el gobierno nacional y los movimientos sociales se firmó formalmente en el Congreso. Las autoridades de Cambiemos en el Parlamento plasmaron en un acta las medidas para paliar la emergencia social, sumaron más organizaciones sociales al acuerdo y se comprometieron a aprobarla antes de fin de año. «Vamos a tener un diciembre tranquilo», señaló el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, destacó en la misma línea que «sin duda será un fin de año en paz», uno de los objetivos que se planteó el macrismo ante la crisis social generada por su política económica.
Además participaron referentes de las agrupaciones que se sumaron al acuerdo: MP La Dignidad, MTE, Los Pibes, OLP, Mocase VC, Garganta Poderosa, Oktubres, Movimiento Villero Alberto Balestrini, y MTD Aníbal Verón, entre otras.
El acta acuerdo firmada establece la elaboración de un nuevo Proyecto de ley que declarará la Emergencia social a partir de la promulgación de la ley y se mantendrá hasta diciembre de 2019. El nuevo proyecto será tratado en sesión extraordinaria el próximo 6 de diciembre.
Los puntos acordados comprometen cerca de treinta mil millones de pesos para los próximos tres años, en diciembre próximo el aumento de los ingresos para cooperativistas a cuatro mil pesos, un aguinaldo de 2.030 pesos, un bono para los hogares beneficiarios de la Asignación Universal por mil pesos más 250 pesos por cada niño de la familia y un incremento de fondos para comedores comunitarios de casi el 60 %. Se creará un Consejo para discutir el Salario Social Complementario y un registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, institucionalizando a los sectores marginados y sus representantes.
«Va a haber un diciembre tranquilo» porque «las fiestas están cubiertas, ya que en el programa ‘Argentina Trabaja’, que está más localizado sobre las villas del conurbano, los compañeros van a recibir en diciembre cerca de diez mil pesos», pronosticó Emilio Pérsico comenzando a disipar la nube del conflicto que se avecinaba si no se llegaba a un acuerdo. Pérsico agregó que «esto implica movimiento y recursos para las fiestas y que todos los argentinos tengan un pan, un pollo y una sidra para festejar». Del reclamo por 1.000.000 de puestos de trabajo solo quedó el número de canastas navideñas.
Por su parte, Stanley coincidió con el dirigente peronista, al apuntar que «sin duda será un fin de año en paz. Todos somos responsables y queremos un diciembre en paz». La funcionaria macrista destacó que «hoy por hoy todos estamos de acuerdo en que diciembre no debería ser un mes conflictivo» y dejó un mensaje de advertencia al señalar que así quedará «expuesto aquél que quiera abusar políticamente de diciembre para generar una situación de conflicto».
No obstante, el Polo Obrero rechazó el acta y anuncia que este jueves 1º de diciembre se movilizará en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Chaco, Mendoza, Misiones, Formosa, Mar del Plata e impulsará decenas de piquetes en todo el país.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que «La paz social firmada por la CCC, Barrios de Pie y la CTEP con el gobierno, a cambio de menos de $ 700 por mes para el millón de desocupados que ellos mismos mencionan, favorece a la política de ajuste y crecimiento de la pobreza. No es solo por la miseria de los montos, sino porque siguiendo el camino de la CGT, este «triunvirato» aliado al Papa que no fue elegido por nadie, acuerda con el gobierno ajustador abandonar cualquier tipo de reclamo de los sectores más empobrecidos y se convierte en una garantía en favor del macrismo, que está pensando en las elecciones 2017. Esta cooptación, a cambio de acceder personalmente a la montaña de plata de las obras públicas que llevan adelante los cooperativistas, es opuesta a la política que debemos llevar adelante las organizaciones de lucha, en defensa de los desocupados y trabajadores.»
Llamamos a todas las organizaciones y a los militantes honestos de todas las corrientes piqueteras a jugar un papel independiente en la situación política y enfrentar el ajuste en unidad con los trabajadores.», cerró Belliboni.
También el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a todas los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones independientes y de lucha del movimiento obrero, organizaciones sociales, estudiantiles y de la lucha de la mujer a realizar una reunión el Miércoles 30 a las 17:00 en la cooperativa Hotel Bauen. La finalidad de esta reunión es la necesidad de organizar colectivamente una gran movilización a la Plaza de Mayo el día 20 de diciembre.
«Entendemos que esta política de contención encarada por el Estado y las cúpulas sindicales, pretenden evitar que el movimiento obrero salga a la pelea por sus reivindicaciones. En este sentido, entendemos necesario que el clasismo y las organizaciones obreras recuperadas por sus trabajadores sean la punta de lanza de la lucha de todo el movimiento obrero. Entendemos que tenemos esta responsabilidad frente a miles de trabajadores que quieren salir a la calle a pelear por sus reivindicaciones», señala en la convocatoria a 15 años de la rebelión popular en la Argentina.
A pesar de «la tregua» continúan las suspensiones y despidos
Los dueños del laboratorio fotográfico Triángulo Color de Rosario decidieron cerrar las puertas de sus tres sucursales sin previo aviso y así dejaron en la calle a 36 empleados.
Los trabajadores de Guilford (Comodoro Rivadavia), llevan ya dos meses de lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Este grupo empresario, con plantas en Comodoro Rivadavia, San Luis y Mercedes, está dejando 280 familias en la calle.
La empresa Bahco Argentina propuso suspender a los 200 empleados que trabajan en la planta de Santo Tomé (Santa Fe) como consecuencia de la caída de las ventas en el mercado interno, en el marco del concurso preventivo de crisis que presentó en los últimos días en el Ministerio de Trabajo provincial.
Hace un mes sigue la toma del local de comidas «La Lechería» en el microcentro porteño en reclamo de las indemnizaciones adeudadas por el cierre.
Avenida.com, que pertenece al Ministro de Modernización porteño, Andy Freire, despidió a 120 trabajadores.
En La Rioja, la empresa Hilados efectivizó 130 despidos que había anunciado a principios de mes.
La Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel-CTA) anunció que en el conflicto suscitado con Telefónica de Argentina S.A. que ha durado 63 días de lucha, muchos despedidos han sido reincorporados acorde a lo votado en asamblea.
La semana pasada habían marchado por el microcentro porteño por la reincorporación de 86 despedidos. Al respecto el secretario General de la UETTel-CTA y Secretario Gremial de la CTA Autónoma bonaerense, Jorge Castro, explicó: «El conflicto se inició cuando la empresa subsidiaria Chick S.A. envió una notificación a los trabajadores diciendo que Telefónica de Argentina ya no le enviaba más tareas, en ese marco nos notifican que estamos todos despedidos y empezamos un proceso de salir a la calle a pelear por la fuente de trabajo».
El Ministerio de Trabajo de la Nación otorgó una conciliación obligatoria que los trabajadores cumplieron a rajatabla, según el dirigente telefónico: «Atravesamos muchas audiencias pero no pudimos llegar a ponernos de acuerdo, porque la empresa solo ofrece retiros voluntarios con indemnizaciones y nosotros estamos defendiendo el trabajo de cada uno de los compañeros. La verdad es que hablan de cifras de mucha plata, pero nosotros queremos sostener la estabilidad laboral, sin confrontar con algún compañero que quiera dejar su trabajo».
También siguen los reclamos salariales
Tras un largo conflicto sectorial, los trabajadores bancarios lograron una recomposición salarial con suma fija, más porcentual para el mes de diciembre, además de cerrar un preacuerdo para el año 2017.
En la negociación paritaria, la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo acordó un bono de fin de año no remunerativo para el mes de diciembre, que va desde los 8.000 a los 12.000 pesos, según la escala salarial.
Además alcanzaron un 4% de incremento salarial a partir del 1º de enero y una suma remunerativa compensatoria que se abonará el 5 de enero, que va entre los 7.000 y 7.630 pesos, según la escala remunerativa.
Asimismo, los bancarios tendrán un anticipo mensual en enero, febrero, marzo y abril que se integrará con una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionará un 10% de aumento en todas las remuneraciones.
En la segunda quincena de marzo se reabrirán las paritarias para cerrar el acuerdo definitivo para el resto del 2017.
ATE bonaerense paró y protestó frente a la sede del Ministerio de Economía provincial, en rechazo a la oferta formulada por la gestión de María Eugenia Vidal y en reclamo de una «urgente recomposición de los salarios».
En ese marco, el dirigente de ATE bonaerense Oscar Sánchez aseguró que la adhesión a la medida de fuerza era «muy alta» debido «al descontento generalizado que hay de todos los compañeros estatales de la provincia de Buenos Aires».
ATE rechazó el martes pasado la oferta de aumento salarial del gobierno bonaerense para este último trimestre que, anualizada, llegaba al orden del 35 %.
En tanto, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, adelantó que «la semana próxima» la gestión bonaerense realizará una oferta final a los trabajadores en el marco de las negociaciones.
También los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) hicieron un paro por 48 horas el miércoles y jueves en demanda de la reapertura de las negociaciones paritarias con el gobierno de María Eugenia Vidal, para superar el aumento salarial del 32,5 % otorgado en el mes de mayo.
El secretario general del Sindicato de trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Guillermo Imbrogn, señaló que los trabajadores de la Impositiva se movilizaron el miércoles frente a la sede central del organismo «para reclamar por una reducción salarial que afecta a más de 16.000 empleados».
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS-FESPROSA), realizó el pasado lunes asambleas, debates y consultas en toda la provincia de Santa Fe, en los que se ratificó la Jornada Provincial de lucha dispuesta para los días miércoles y jueves de la semana pasada. «La negativa a reabrir la paritaria salarial, expresada por el gobierno en la reunión del día viernes, y el anuncio de una suma fija, generó el rechazo mayoritario de los trabajadores. Se suma también la continuidad de cesantías en el nodo Reconquista», contó la Presidenta Provincial del SIPRUS, María Fernanda Boriotti. El jueves, hubo marcha a Santa Fe.
El SiPreBA volvió a expresar que la paritaria del 24,9% anual, firmada por un gremio vaciado, la Utpba, cuyos afiliados se pasan día tras día al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, es insuficiente y reclamó a la Cámara de empresarios de medios, AEDBA, la inmediata rediscusión de dicho magro porcentaje.
La manifestación frente a la cámara patronal que consistió en una olla popular, contó además con la participación de trabajadores de Prensa Escrita de medios como Página 12, Perfil, Clarín, Télam, Ámbito Financiero, Revista Veintitrés, así como de trabajadorxs de Radio América, Radio Nacional, Telefé y la TV Pública, entre otros.
Con un 77% de adhesión se cumplió el miércoles 23 de noviembre el paro de 24 horas que AGMER (docentes entrerrianos) convocó en reclamo de recomposición salarial y exigiendo el pago de un doble medio aguinaldo en diciembre.
El martes se realizó una Jornada Nacional en Defensa de la Ciencia y la Universidad para protestar contra el recorte presupuestario en ambos ámbitos. La medida fue convocada por distintas gremiales estudiantiles, como la FUBA, la FULP y la FUC, Centros de estudiantes de todo el país, Gremiales docentes como CONADU y CONADU Histórica, ATE-Conicet y Científicos autoconvocados, entre otros. Se realizó entre las 12:00 y las 14:00 un cese de actividades en los distintos institutos, universidades y laboratorios.
Ganancias: se mantiene el impuesto al trabajo
Ni Mauricio Macri ni Sergio Massa cumplirán con su promesa de campaña de eliminar el Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia.
La llamada «cuarta categoría» pasó de representar el 1% del PBI en 1999 al 3,21 % en la actualidad. Abarca a 1.400.000 trabajadores más 400.000 jubilados. En los ’90 solo impactaba en el personal jerárquico. Actualmente el aumento de la importancia de la recaudación se explica en un 68% por el mayor pago por parte de los trabajadores.
Lejos de las promesas de campaña, en el proyecto oficial más trabajadores, jubilados y autónomos van a estar alcanzados por el impuesto. En tanto, los que ya pagan tendrán el año próximo un alivio poco significativo (5%). Tampoco actualiza el Monotributo.
El proyecto presentado por el Frente Renovador tampoco elimina el impuesto, aunque los ajustes y deducciones son más generosos para los contribuyentes y la pérdida de recaudación aparejada se prevé compensarla con la creación de una serie de nuevos impuestos (a los plazos fijos, Lebac, al juego, a las utilidades obtenidas por el dólar futuro, etc.).
Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, declaró que no apoyarán ninguno de los dos y planea «ir a trabajar con los legisladores para que escuchen nuestras preocupaciones» (sic). Daer y Acuña, los otros dos integrantes del triunvirato, son legisladores por el Frente Renovador.
Elecciones en los gremios
El 24 de noviembre se realizaron las elecciones internas de Ademys. Los afiliados decidieron por mayoría reafirmar la conducción del Frente Multicolor (con el 71,7% de los votos) por un nuevo período de tres años.
De un total de 1.109 votos, el Frente Multicolor obtuvo 793 y el Frente de Unidad Docente 313.
De acuerdo con los resultados, Jorge Adaro seguirá siendo el Secretario general del sindicato y, según lo establecido por el sistema D´Hont, el Consejo Directivo estará conformado por 11 miembros del Frente Multicolor y 4 del Frente de Unidad Docente.
El Congreso de FESPROSA mostró una vez más que un nuevo modelo sindical es posible. La contundencia de la votación fue el resultado del esfuerzo realizado para incluir a todas las corrientes de opinión y todas las regionales. De los 100 delegados que representan a los 30.000 afiliados de 22 regionales, participaron 89. La lista 1 Naranja obtuvo 87 votos.
Pese a la actitud claramente antisindical de la empresa (Grupo Olmos) y con gran participación en Revista Veintitrés eligieron Comisión Interna con la presencia solidaria de dirigentes sindicales y compañeros de otros medios.
Al enemigo ni justicia
El mismo día que el Gobierno nacional informó a las Naciones Unidas que la dirigente social Milagro Sala continuará detenida, la justicia jujeña liberó a cuatro militantes de la Tupac Amaru, entre los que se encuentra Raúl Noro, el esposo de Sala.
En tanto, la justicia contravencional de Jujuy suspendió el comienzo del juicio contra la dirigente social, bajo el argumento de permitir que se incorporen nuevas pruebas a la causa.
Sobre la suspensión, Ariel Ruarte, uno de los abogados defensores de Sala, expresó su sorpresa y afirmó que «el juez sabía que la prueba (pedida por la acusación) no se había incorporado y que podría ser un inconveniente. Es todo rarísimo».
Por su parte, Milagro Sala recibió la visita de varios dirigentes de organismos de Derechos Humanos, entre los que se encontraba la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. «Yo voy a salir por el mundo a hablar de Milagro Sala, voy a pregonar lo que está pasando en nuestro país», prometió, acompañada de Hugo Yasky, Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti, entre otros.
También la visitó una delegación del Parlasur el sábado, para transmitirle el apoyo institucional a la resolución del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU que pidió su inmediata libertad.
En paralelo, en la sede de la Tupac Amaru, un plenario de Comités por la libertad de Sala lanzó la campaña «Por una Navidad sin presos políticos».
El Sindicato de Azucareros en Ingenio Ledesma convocó a una movilización el miércoles 30 de noviembre, en Buenos Aires. Si bien tuvieron logros salariales y mejoras en cuanto a las condiciones de trabajo, los últimos acontecimientos de violencia con la policía se han vuelto cotidianos y una práctica «normal».
Además, días atrás el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de la Provincia, ordenó a Rafael Vargas, Secretario General del sindicato, prestar servicios comunitarios no remunerados por el término de 18 meses, a causa de una Denuncia Penal Formulada por la Empresa LEDESMA S.A.A.I.
De esta manera la «justicia» de la Provincia, siempre con un guiño amistoso a los planteamientos de la Empresa Ledesma, criminaliza al líder sindical, por haber ejecutado el derecho de huelga y ser una figura inflexible ante las arbitrariedades y menosprecio del gigante azucarero a sus trabajadores.
La semana anterior trabajadores de los hospitales bonaerenses convocados a una reunión para discutir la reincorporación de despedidos y la precarización de miles de trabajadoras, fueron recibidos y golpeados por la Infantería, al intentar ingresar a una entrevista acordada con el Subsecretario de Administración y Gestión, Gustavo Reija.
La Corte Suprema ordenó sacar de sus puestos de trabajo a cuatro empleadas de Lotería Nacional que habían sido reincorporadas a principio de noviembre gracias a un fallo de la Cámara Laboral.
«La estabilidad del empleado público en sentido propio, excluye en principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso y su violación trae la nulidad de la medida y la consiguiente reincorporación», había dicho la Corte en mayo del 2007. Corrían otros tiempos políticos.
Un par buenas
La misma Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 15 años de prisión a José Pedraza por el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra. El fallo de la Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas de Pedraza y de otros once condenados por el homicidio de Ferreyra y las severas lesiones causadas a Elsa Rodríguez por el grupo agresor que respondía a Pedraza, hasta entonces titular de la Unión Ferroviaria, el mayor sindicato ferroviario.
La Corte también ratificó las condenas impuestas a Juan Carlos Fernández y Cristian Favale, entre otros acusados por el ataque con armas de fuego perpetrado en el barrio porteño de Barracas a manifestantes que reclamaban la efectivización de los trabajadores del Ferrocarril Roca que tenían contratos precarios tercerizados.
Se postergó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad
Una masiva respuesta de los trabajadores judiciales, abogados y jueces, en categórico rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad, se consumó el martes 22/11 en el Acto convocado por el conjunto de organizaciones sindicales representativas de los trabajadores judiciales y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A pocas horas de esa movilización, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se admitió que no estaban dadas las condiciones para el traspaso y postergó su proyecto.
«La realidad señala, más allá de los discursos, que el gobierno le dejó a los empresarios una zona liberada para despedir. Y es en ese contexto que se explica el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, bajo la ambición de tener, para ese programa político, a una Justicia controlada», expresó Matías Cremonte, presidente de la AAL y uno de los oradores del acto, en el que participaron dirigentes de la CGT, las dos CTA, la UEJN y los delegados de la Comisión Interna del fuero del Trabajo.
Ya adhirieron a la Multisectorial la Confederación General del Trabajo (CGT); CTA Autónoma; CTA de los Trabajadores; Asociación de Abogados Laboralistas (AAL); Federación Judicial Argentina (FJA); Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas; Federación de Trabajadores de la Industria (FETIA); Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro; Asociación Trabajadores del Estado (ATE); Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros); Federación Obrera Regional Argentina (FORA-AIT); Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines; Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).
Paralelamente, los empleados del Poder Judicial del fuero nacional anunciaron un paro de 48 horas miércoles y jueves en rechazo a la medida.
«Lo que hay en juego acá es un proyecto de flexibilidad laboral», señaló Martín Mascolo, Secretario Gremial de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. «El traspaso se aceleró hace una semana por parte del gobierno y vamos camino a tener el conflicto gremial más importante de los últimos 20 años».
En materia de justicia laboral, hay 80 juzgados, de los que se pretende trasladar 30 a la Ciudad. «El resto quedarán residuales, o sea que desaparecerán. Mientras tanto, esos 50 juzgados absorberán las causas de los otros 30, que ingresarán limpios de causas a la órbita porteña, lo cual traerá una enorme saturación. Entran 150 causas por mes a cada juzgado, hay que repartirse más trabajo y quedaremos menos salas para seguir atendiendo los futuros reclamos», señaló Mascolo.
A lo que se suma otra cuestión: 34 de los 80 juzgados no tienen Juez titular. O sea que hay jueces titulares de los restantes juzgados que subrogan en los vacantes, con lo que se demoran las sentencias. Mascolo apuntó que «los 30 juzgados del fuero laboral que pasarán a la Ciudad están todos vacantes. O sea que encima veremos un reparto de cargos de jueces, sabemos el color político que gobierna la Capital, que es el mismo que ahora está en la Nación».
Con todo, el mayor temor es el posible desguace. Para Mascolo, «el fuero laboral sirve para equilibrar al empleador con el empleado. Macri mismo lo advirtió hace poco, diciendo que le gustaría mayor equidad en la justicia laboral. Lo dice porque en la justicia laboral se ampara a los trabajadores. Quieren usar esto como punta de lanza para luego promover una reforma laboral. Sin la red de protección que significa este fuero, irían por lo otro, sin ninguna duda».
Fuentes: La Capital, www.soeail.com, www.sipreba.org, www.ambito.com, Resumen Latinoamericano, www.infogremiales.com.ar, Clarín, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo, www.infonews.com, agenciacta.org y Página 12.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.