Las tres movilizaciones y los paros de la semana pasada, más los que se avecinan la próxima y hasta el 24 de marzo, junto con el rebrote inflacionario, el incremento de las percepciones negativas sobre el futuro y el descrédito sobre la honestidad presidencial marcan el peor momento en sus quince meses. Ante el desgaste […]
Las tres movilizaciones y los paros de la semana pasada, más los que se avecinan la próxima y hasta el 24 de marzo, junto con el rebrote inflacionario, el incremento de las percepciones negativas sobre el futuro y el descrédito sobre la honestidad presidencial marcan el peor momento en sus quince meses. Ante el desgaste y el clima social que desbordó a la CGT, el gobierno muestra los dientes y endurece posiciones.
Lunes 6, docentes; martes 7, centrales sindicales; miércoles 8, mujeres. La semana más intensa de los últimos años transcurrió con multitudes en las calles (cerca de un millón de personas según los organizadores) y casi sin incidentes, salvo unos forcejeos y empujones al terminar el acto de la CGT y una cacería de mujeres lanzada desde los gobiernos nacional y porteño dos horas después de la desconcentración. Los opinadores seriales del establishment gráfico, radial y televisivo compararon el primer episodio con los crímenes de la Triple A en 1974 y con la quema del cajón de Herminio Iglesias en 1983, ejemplos de la incurable barbarie peronista, y se gastaron todos los adjetivos para denigrar a las pibas que no quisieron callarse su opinión sobre el rol que asignan a la Iglesia Católica en la situación desmedrada que padecen. El segundo paro de género en dos años coincidió esta vez con el día internacional de la mujer trabajadora e, igual que en octubre de 2016, con las idas y vueltas de la CGT que no termina de fijar fecha para el primer paro general bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos. Uno de los posters anónimos que convocaron decía «Putas como Eva/Locas como las Madres/ Yeguas como Cristina/ Negras como Milagro/ Y con los ovarios que le faltan a la CGT». Y entre las consignas repetidas con más entusiasmo en la calle, una decía «Pusimos fecha/ La puta que los paró» y otra «Sí-se-puede/hacerle un paro a Macrì». El gobierno y los medios que lo apoyan buscan minimizar el impacto que los paralizó de asombro.
Descontrol programado
A escobazos
Una pobre quema de papeles en la vereda fue convertido por los comentaristas en un atentado a la Catedral, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, justificó la acción policial contra lo que llamó «violencia brutal» de las chicas. Nada dijo de la agresión a quemarropa contra una de ellas con balas de caucho, ni sobre la decisión de no detenerla para evitar que quedara registro de sus heridas, y muy poco sobre la presencia junto con la policía del militante del partido neonazi del fuhrer de Balvanera Alejandro Biondini, Ignacio Montagut, el hombre joven que exhibió una bandera del Vaticano frente a las mujeres que gritaban por el aborto libre y gratuito frente a la Catedral, lo que provocó su reacción e inició los pequeños incidentes. Montagut se autodefine como «Amigo de la Gorra», teoría que demostró el miércoles. Además trabaja con el manager de redes oficial Yamil Santoro y ambos son dirigentes del partido de Patricia Bullrich, Unión por la Libertad. Las palabras de D’Alessandro son graves porque defendió la presencia de policías de civil encargados de marcar manifestantes para detenerlos horas después y a centenares de metros de distancia, con el pretexto de «proteger la integridad física de los terceros», lo cual es un contrasentido. Dos de las chicas detenidas en forma violenta son colaboradoras de este diario y estaban trabajando. Tampoco nada prueba que el resto haya tenido alguna relación con la reyerta frente a la sede confesional. Según D’Alessandro los policías se atuvieron a la ley «que tuvo el consenso mayoritario de la Legislatura porteña por su contenido moderno de derechos humanos». D’Alessandro se burla de sus cándidos oyentes o no conoce la ley 5688 que cita, del Sistema Integral de Seguridad Pública, porque en forma taxativa prohíbe en caso de manifestaciones la actuación de policías de civil y también de uniforme sin la placa identificatoria (artículo 100). Esto coincide con la Orden del Día 184 de la Policía Federal y con la Resolución 210 del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 2011, que no fue derogada. Es decir que cualquiera sea el cuerpo policial actuante, lo hizo al margen de la legalidad vigente, lo cual no se subsana con las opiniones de los funcionarios ante la prensa, sólo útiles para medir el desconocimiento de casi todo que les aqueja o su impavidez para mentir. Ya antes de la concentración, la policía había operado en forma injustificable contra cuatro chicas hostigadas por una patota de Cristo Rey a las que persiguieron durante varias cuadras acusándolas de pintar consignas sobre la marcha. Ellas fueron detenidas por supuesto daño y atentado, no se sabe a qué ni a quién, y ellos siguieron camino muy sueltos. Lo único claro fue la adhesión política al descontrol represivo. La confusión imperante era tal que recién al día siguiente fue posible reconstruir en parte la cadena de responsabilidades. Actuaron la nueva Policía de la Ciudad (tanto grupos provenientes de la ex Policía Federal cuanto de la ex Policía Metropolitana) y algunos de lo que queda de la Policía Federal, cuya presencia en la Ciudad no se explica. En las planillas con nombres de detenidos, la policía se refiere a sí misma como Metropolitana en algunos casos y como ex PFA en otros. El caos irremediable se verificó en la conferencia de prensa (por desgracia sin control de alcoholemia) en la que Patricia Bullrich asumió haber impartido las órdenes, aunque el operativo lo coordinó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A esto se sumó el vacío judicial, acentuado por el traspaso y la unificación de fueros. Ni en la web de la justicia ni en el teléfono 0800 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad era posible determinar cuáles eran la fiscalía y el juzgado de turno para tramitar la libertad de las detenidas. Fuera de horario (y todo ocurrió bien entrada la noche), sólo el comisario podía hablar con la fiscalía y el juzgado de turno. Tampoco estaba abierto el juzgado de turno de habeas corpus, cuya titular tardó tanto en resolver que se le anticipó el juez de menores, porque según se dice pero tampoco consta, había alguien de menos de 18 años que atrajo la competencia del resto. Una vez concedida la libertad, no se efectiviza hasta que se certifica el domicilio y llega el médico legista. Como además las trasladaron de una comisaría a otra, se duplicaron la certificación y la revisión médica, lo cual duplicó el tiempo de privación de la libertad.
Aún así, fue imposible disimular que el movimiento de mujeres, travestis y trans, heterogéneo y sin jefas, iniciador del fenómeno del #NiunaMenos en Buenos Aires en 2015, ya se generalizó a 41 naciones del mundo. En ninguna de ellas se llegó a las 200.000 personas que participaron de las concentraciones en 60 ciudades argentinas. Para encontrar antecedentes hay que remontarse hasta la década de 1940, con las patas de los obreros industriales en las fuentes del poder o a la de 1970, a partir de la cual los organismos defensores de los derechos humanos fueron un condicionante insoslayable. El paro fue transversal a todas las fuerzas políticas, e incluso mujeres dirigentes de la Alianza Cambiemos publicaron su adhesión, como la diputada de PRO Silvia Lospennato, quien resumió su acompañamiento en la jerarquización del Consejo Nacional de la Mujer y en la igualdad de derechos laborales. En su libro «Mujer, sexualidad, internet y política», el consultor Jaime Durán Barba declara la muerte de las ideologías y los relatos totalizadores como motivación de «los nuevos electores latinoamericanos». No obstante el 8M incluyó una extensa serie de reivindicaciones que lo constituyó en un rotundo enfrentamiento con las políticas oficiales. Una represión tan violenta como innecesaria prueba que esa lectura fue compartida por el gobierno.
La primera
Maurizio Macrì y Peña Braun en el mejor de los mundos
Qué estamos inventando
El lunes frente al Ministerio de Educación, los manifestantes que estaban más cerca del triunviro Carlos Acuña reclamaron que pusiera fecha al anunciado paro general. El canto se extendió al conjunto de los docentes y de los demás trabajadores que los acompañaban. Incómodo, el orador asintió: «Mañana la CGT va a anunciar la fecha del paro», dijo. El día siguiente, mientras las columnas iban poblando el acto gigantesco frente al Ministerio de la Producción, el dirigente del sindicato de Panaderos, Abel Frutos, quien estaba a cargo de la seguridad de la concentración, reprochó lo sucedido el lunes a colegas de la Central de Trabajadores Argentinos.
-Al que intente corrernos con el paro hoy lo llevamos a trompadas hasta la 9 de Julio. Que vayan a la CGT a discutir la fecha -advirtió con simpatía.
Le respondieron que la consigna surgió de afiliados a gremios que forman parte de la CGT, como los maestros particulares de Sadop, los técnicos de AMET o los docentes de la provincia de Buenos Aires y la Nación unidos en Udocba y UDA, a los que luego se sumaron con entusiasmo los del Suteba bonaerense y la Cetera nacional, que son la columna vertebral de la CTA, y los de la Federación de Educadores Bonaerenses, que integra Docentes Argentinos Confederados, DAC y no forma parte de ninguna central. Esta incomprensión del clima social no era privativa de Frutos. Cuando el Segundo Triunvirato comenzó a percibirlo, decidió adelantar una hora la iniciación del acto, por temor a que se le escapara de las manos, cosa que de todos modos no pudo impedir. Las posteriores acusaciones a la CTA, al kirchnerismo, a la izquierda o a ciertos intendentes sólo desahogan un reflejo maccarthysta en cuya realidad no creen ni quienes las propagan. Esos grupos estaban a centenares de metros del palco y gracias a la desorganización general ni siquiera sabían lo que pasaba, salvo aquellos que consultaban sus teléfonos de bolsillo, porque no había equipos reproductores de sonido que lo difundieran. En los días previos Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri se inclinaban por realizar la movilización, que calculaban entre 10 y 15.000 personas, pero no convocar al paro. Coincidía con ellos Rodolfo Daer, hermano del triunviro Héctor y ex secretario general de la CGT, según cuyo análisis marxista «no hay un nivel de conciencia popular suficiente». El metalúrgico Francisco Gutiérrez, al tanto de la intensidad del conflicto docente por la decisión oficial de suprimir la paritaria nacional y colocar un techo del 18 por ciento y en cuotas a la bonaerense, les advirtió del mar de fondo que se incubaba, por lo cual ese cálculo sobre la magnitud del acto le parecía ridícula. Se podrá discutir como siempre, cuántos centenares de miles asistieron, pero aún la estimación más modesta decuplica lo que imaginaba el Segundo Triunvirato, que no padeció una agresión física sino una exigencia acuciante de pararle la mano a un gobierno que no reconoce límite si no se lo imponen.
Desgaste y pelea
El desgaste oficial no perdona ningún aspecto. La economía ha dejado de caer con el vértigo del año anterior, pero tampoco se recupera en forma perceptible mientras todas las mediciones indican que han crecido la pobreza y sobre todo la indigencia. Hasta el maquillador Indec oficial midió 2,5 por ciento de aumento del IPC en febrero, de modo que Macrì podría decir que la inflación bajó al doble. Al mismo tiempo cayeron la imagen del presidente y de la gobernadora bonaerense María E. Vidal y las expectativas sobre el futuro de la situación económica y recuperó consistencia la desazón por los problemas de seguridad. De la mano de los negocios personales del presidente con el Correo y con la línea aérea MacAir, que forzaron un apresurado retroceso, se instalaron con una fuerza inédita dos certidumbres paralelas: que el actual es el gobierno de los ricos y que no está en condiciones de predicar honestidad y transparencia. Es como si se hubiera disipado el hechizo que durante un tiempo hizo olvidar quién era y de dónde venía el hombre de negocios dudosos con el Estado Maurizio Macrì. La duda que acucia a su gobierno es si esto tiene regreso o es un plano inclinado que sólo podrá acentuarse. La resistencia social a las políticas oficiales, que retrasó y complicó su ejecución, tampoco se atenuará ahora.
En cualquier caso, es ostensible con el caso de los docentes y el de los metrodelegados que el gobierno no piensa asistir impasible a la respuesta colectiva a sus políticas. La forma en que se produjo el fallo de la sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (por el voto de la jueza Graciela González al que adhirieron sus colegas Miguel Angel Maza y Miguel Angel Pirolo, considerados entre los más reaccionarios del fuero), es reveladora. Ante la concesión de la personería a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, en diciembre de 2015, la UTA apeló a la Cámara. Al mismo tiempo los supervisores reclamaron por su inclusión en la nueva entidad. Los metrodelegados les dieron la razón porque nunca habían pretendido representarlos, pero la Cámara devolvió el expediente al Ministerio de Trabajo para que se pronunciara sobre ese detalle antes de resolver la apelación de la UTA, que reivindicaba la representación del conjunto. El ministro Jorge Triacca se lo quedó durante todo el año 2016, recién lo devolvió en febrero y la Cámara lo resolvió en el record de diez días. La UTA es el gremio clave para el éxito de un paro general, porque la falta de transporte colectivo es la justificación para el ausentismo de los demás trabajadores que impide a las empresas descontarles el día, una práctica histórica del patronato a la que ahora adhiere con entusiasmo el Estado. Pero además, los metrodelegados son uno de los sindicatos más combativos y quebrarlos, igual que a los docentes, es un objetivo estratégico para un gobierno que no sólo se niega a devolver en 2017 algunos de los 7 a 12 puntos de participación en el ingreso que perdieron las distintas categorías de trabajadores en el comienzo de la Revolución de la Alegría, sino que está decidido a incrementar esa pérdida. Con una inflación que ya se advierte que no bajará del 25 por ciento y podría acercarse al 30, la insistencia en paritarias por debajo del 20 por ciento es batir un tambor de guerra. Lo mismo puede decirse de la promoción del juicio político a los camaristas que convalidaron los acuerdos salariales de la Asociación Bancaria, muy por encima de la pauta oficial, y de las tremendas amenazas de matar a un hijo o un nieto del sindicalista docente Roberto Baradel, que coinciden en forma puntual con las instancias de la negociación paritaria docente en dos tramos de 2016 y por tercera vez ahora. Al mismo tiempo el aparato oficial de desinformación se arrojó al cuello del sindicalista, en un intento desesperado de deslegitimación basado en mentiras directas sobre la vida y las calificaciones del imponente Roby, como figura contrapuesta al Hada Buena. Lejos de aislarlo, estos golpes arteros reforzaron la solidaridad entre los seis gremios docentes, que nunca antes se habían mostrado tan unidos. Esto se demostrará en las dos próximas semanas, con nuevos paros y movilizaciones como la Marcha Federal Educativa, junto con actividades de solidaridad de intelectuales, investigadores científicos y estudiantes, que culminarán el 24 de marzo con otra megaconcentación en la Plaza de Mayo y alrededores. Pasado mañana un plenario reunificador de las dos CTA fijará fecha para el paro general sin esperar una decisión del Segundo Triunvirato de la CGT, que ya no tiene espacio para otra cosa. «Vendieron dos veces el levantamiento del mismo paro. No podía salirles bien», concluye un conocedor de las entretelas del Segundo Triunvirato.