El periodista tiene hasta el 18 de mayo para apelar la decisión ante al ministerio del Interior británico. La justicia estadounidense quiere juzgarlo por la filtración de documentos clasificados que revelaron violaciones a los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán.
La justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010. Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel.
Rechazando en marzo el permiso para apelar solicitado por los abogados del periodista australiano, coordinados a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema británica dictó que el caso fuera trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra ante cualquier caso de extradición. Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles el juez Paul Goldspring durante una vista de apenas siete minutos en el tribunal de Magistrados de Westminster.
La defensa de Assange tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar sus alegaciones a Patel, con la esperanza de que se oponga a la entrega. Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.
«No extraditar a Assange»
Varias decenas de simpatizantes se manifestaron a las puertas del tribunal británico con pancartas que pedían «No extraditar a Assange». Al término de la breve vista en la Corte de Westminster, la esposa del periodista, Stella Moris, pidió a la multitud reunida a las puertas del juzgado «seguir luchando por su liberación».
Vestido con campera y corbata, Assange solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento y durante la sesión pareció formar un corazón con sus manos, posiblemente dirigido a su pareja. El periodista de 50 años apareció por videoconferencia desde la cárcel londinense de Belmarsh. Allí está recluido desde su detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirara la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.
El fundador de WikiLeaks se refugió en la delegación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.
Un ataque contra la libertad de prensa
La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano de 50 años por la difusión en el sitio WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700 mil documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron violaciones a los derechos humanos cometidas en las guerras de Irak y Afganistán. Entre esos documentos figuraba un video que mostraba civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, abatidos por los disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa. El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar. Pero WikiLeaks argumenta que tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.
La causa contra Assange
Assange está preso en el Reino Unido desde abril de 2019. En enero de 2021, la justicia británica falló a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense. Pero en diciembre de ese mismo año, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.
Además garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal. Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con la que se casó en Belmarsh el mes pasado, estas garantías no son creíbles.
Moris insistió este miércoles en que «hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera». El primer ministro «Boris Johnson y Priti Patel no pueden entregar a Julian a un país que conspiró para asesinarlo. Ellos pueden detener esta pesadilla hoy mismo y devolver a Julian con su familia», dijo la abogada, quien advirtió que el artículo 4 del Tratado de extradición británico-estadounidense «prohíbe las entregas por delitos de carácter político».
Por su parte Carlos Poveda, miembro del equipo legal internacional de Assange, reconoció que «el tiempo se está agotando» para impedir la extradición de su defendido a Estados Unidos. «Estamos luchando en todos los países donde tenemos causas de Julian. Si no, estaríamos derrotados», manifestó el abogado ecuatoriano al tiempo que advirtió que «hay una agilidad en el proceso legal, no es que sea inusitada, pero se van agotando recursos«.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/416385-julian-assange-la-justicia-britanica-emitio-la-orden-formal-