Se trata trabajadoras de Tamse que prestaban el servicio en Córdoba. Fueron cesanteadas tras el paro de choferes que duró 10 días. Reclaman respuestas por parte de UTA y de la Municipalidad.
Desde las primeras horas de este viernes, conductoras de trolebuses que fueron despedidas tras el paro del servicio de transporte de la Ciudad de Córdoba realizan un acampe frente al Palacio 6 de Julio. Dos de ella, iniciaron una huelga de hambre en reclamo por las cesantías.
En ese sentido, Viviana Gómez, una de las conductoras presentes en la manifestación, sostuvo a LA NUEVA MAÑANA: «Estamos sin trabajo hace un mes y medio. No considero que estemos despedidas porque la conciliación fue dictada por la Provincia y esa es una responsabilidad de Nación».
Asimismo, Viviana manifestó que «hay intereses políticos de por medio porque estamos en plena campaña electoral y el trabajador queda relegado». Además, agregó: «En esta disputa de intereses los empleados somos los únicos rehenes».
Al ser consultada en relación al accionar de UTA, la conductora cesanteada indicó que «el gremio sólo está interesado en el desafuero de los delegados». «Nos piden firmar nuestra disconformidad en relación a los compañeros que nos representan. Recién en ese momento comenzarían a negociar nuestra situación», advirtió.
En tanto, dos trabajadoras despedidas realizan una huelga de hambre que se extenderá hasta ser recibidas por el intendente de la Ciudad, Ramón Mestre, quien en este momento se encuentra en un período de receso laboral. «Las chicas tienen familias que se quedaron sin el pan en la mesa. Pedimos que Mestre regrese de sus vacaciones y que nos brinde una solución razonable», agregó otra de las presentes.
«El Ministerio de Trabajo duerme mientras Mestre está en plena campaña. Estamos solos porque el gremio de UTA sólo quiere la cabeza de los delegados», concluyó Viviana.
Cabe recordar que autoridades de Fetap y representantes de la Municipalidad aseguraron en las últimas semanas que «no se dará marcha atrás con los despidos realizados bajo la vigencia de la conciliación obligatoria dictada por la cartera de Trabajo».