El miércoles pasado Donald Trump se comunicó con Mauricio Macri para apoyar la agenda económica (léase ajuste). Se mostró preocupado por conocer detalles del panorama electoral y la opinión de Macri sobre Venezuela. El llamado coincidió con la llegada de una nueva misión del FMI. Fue un día que los elogios norteamericanos llovieron sobre Macri: […]
El miércoles pasado Donald Trump se comunicó con Mauricio Macri para apoyar la agenda económica (léase ajuste). Se mostró preocupado por conocer detalles del panorama electoral y la opinión de Macri sobre Venezuela. El llamado coincidió con la llegada de una nueva misión del FMI.
Fue un día que los elogios norteamericanos llovieron sobre Macri: «Es un placer ver cómo la Argentina ha cambiado en estos cuatro años. Veo un país modernizándose, conectado al mundo, que es muy importante. Un país respetado en el mundo. Argentina ha elegido un camino de soluciones reales, verdaderas, soluciones que van a llevar años, pero que van a dar estabilidad al país», afirmó Kimberley Breier, Secretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Días antes el FMI había autorizado al Banco Central a intervenir libremente para evitar una disparada del dólar vendiendo reservas. Fue el tercer cambio tras la renegociación del acuerdo con el FMI: metas de inflación incumplibles, bandas cambiarias rígidas y después flexibilizadas si no borradas y la emisión monetaria cero orientada a frenar un proceso inflacionario que continúa vivito y coleando.
La medida apunta a dotar de fuego al BCRA ante una eventual corrida del dólar previa a las elecciones que impacte sobre los precios y perjudique al candidato oficial de Trump y el FMI. De hecho se salteó el estatuto del organismo que impide a los países miembros utilizar sus préstamos para atender su mercado doméstico y privilegia la libre flotación para asegurar el pago de la deuda externa.
Fue otro salvavidas de Trump a Macri aun contradiciéndolo cuando afirmó que había que habituarse a convivir con la volatilidad cambiaria.
Pero no todos los compromisos con el FMI son maleables. Dujovne sacó de la galera un aumento en la tasa de estadística que grava las importaciones de 0,5% a 2,5% que había permanecido congelada desde hace 20 años. El problema es que la recaudación impositiva no alcanza y debe incrementar los ingresos porque el déficit fiscal cero pactado con el Fondo se aleja. Además evita un nuevo incremento a las retenciones al campo.
Tampoco marchan bien los Precios Esenciales (64 productos que congelan precios durante 6 meses). Héctor Polino, director de Consumidores Libres, destaca que «es un conjunto de productos que no satisfacen las necesidades generales de la población, ya que no incluyen cerdo, pescado, pollo ni verduras. En cuanto a la carne vacuna, existen tres cortes a precios accesibles, pero hay que ir a las bocas de expendio que están lejos de los barrios populares», describe.
«De los 64 productos, hay 44 que favorecen la mala alimentación. Encima arrancaron con un sobreprecio de entre un 5% y un 30%, pensando en un dólar de $ 50/51», detalla.
La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció (Diario Popular del 7/5) que el 49% de los artículos de Precios Esenciales no se encontró en las góndolas de los comercios. En el caso de los expuestos hay falta de stock y escasa visibilidad.
No obstante, la apuesta fuerte es el relanzamiento de los créditos con fondos del Anses para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tasa subsidiada. En menos de dos semanas se superó 1.000.000 de préstamos otorgados. Estas medidas apuntan a la clase media baja que votó contra el kirchnerismo en 2017 cuando el gobierno entregó más de 3.000.000 de créditos de este tipo. Las medidas se completan con la postergación de tarifas en servicios públicos.
¿Paro general de la CGT?
En lo que podría leerse como un intento de neutralizar una escalada de la conflictividad sindical, el Gobierno dispuso el viernes último el desembolso de $ 2.100 millones para las Obras sociales sindicales a través de la resolución 2019-373.
La demora en el pago de los reintegros por parte de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) es uno de los motivos principales por los que la CGT convocó de urgencia a su Consejo Directivo para este martes, cuando podría definir la fecha de un nuevo paro general.
Un día antes, la cúpula de la CGT recibió en la sede de la Uocra a los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cargo de la auditoría de las cuentas del país.
Según Sergio Palazzo, dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores y secretario General de La Bancaria, la reunión con el FMI: «No tiene sentido. El FMI no negocia, impone condiciones. Busca flexibilizar al máximo el mundo laboral disminuyendo costos para las empresas bajo el pretexto de mejorar la competitividad. La política del FMI implica una transferencia de poder a los grupos económicos concentrados».
También Pablo Moyano se delimitó con fuerza y disparó: «¿Qué carajo tienen que ir a hablar con el Fondo? Ni en pedo me junto con el FMI».
Paritarias
En la reunión con la Federación Industrial de Productos Alimenticios y Afines, el sindicato de la Alimentación propuso para 2019 acuerdos trimestrales, con cláusula de revisión más un ajuste extra para compensar la pérdida que tuvieron en 2018 de 13,5%. Similar al que firmó la UOCRA y los docentes bonaerenses. Los acuerdos cerrados hasta el momento han sido todos anuales, en torno al 28% con cláusulas de revisión.
Los 13.000 afiliados en los 80 hospitales bonaerenses y sus centros de salud, más los hospitales municipales y el Hospital Posadas, que integran la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), realizarán esta semana, los días miércoles 15 y jueves 16 de mayo, un paro de 48 horas a la gobernadora María Eugenia Vidal «en reclamo de convocatoria paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo, a partir del incumplimiento del Gobierno al acuerdo alcanzado en noviembre pasado que comprometía el llamado a la discusión paritaria antes de finalizar el año 2018 y que no fue realizado, y a la vez, habiendo transcurrido más de cuatro meses de 2019, la falta de negociación pone a los profesionales de la salud en una situación de discriminación respecto al resto de los estatales».
«Esto es así debido a que, de los cuatro grandes sectores estatales en la provincia, los docentes ya tuvieron el desarrollo de su paritaria, con acuerdo desde hace unas semanas; los estatales de la Ley 10.430 padecen la negociación llevada a cabo por sus gremios mayoritarios (UPCN y FEGEPPBA), con un aumento salarial del 20 % para todo el año y que se encuentra vigente pese a los reclamos de la inmensa mayoría de los trabajadores enrolados en esa ley; mientras tanto, los judiciales han sido convocados en la semana que pasó, con una propuesta que no fue satisfactoria y que provoca continuidad del conflicto; y en nuestro caso, en el que hay conversaciones informales con funcionarios del Ministerio de Economía que nos han dado a entender que no estarían dispuestos a formular propuestas que sean dignas de ser valoradas», revelaron desde la CICOP, mediante un comunicado.
Lxs empleadxs de la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo de lxs migrantes, decidieron realizar un paro de 48 horas el miércoles y jueves próximos. Durante las jornadas se realizarán mesas de información para el público, mesas asamblearias para discutir los pasos a seguir, recorridos por toda la Sede Central a fin de llevar el reclamo de un sueldo digno a cada rincón y una olla popular el 16 a la que asistirán las organizaciones migrantes y demás Juntas Internas de ATE Capital.
En el anfiteatro Eva Perón del Consejo Directivo Nacional de ATE se realizó un Plenario de delegadxs de la CABA y de provincia de Buenos Aires, para organizar cómo se concretará el Paro y Movilización del 15 de mayo en la zona metropolitana. La medida, que fue aprobada por el 64º Congreso Nacional Ordinario del gremio, en Tucumán, se propone generar las condiciones para darle continuidad al Paro Nacional del 30 de abril y al plan de lucha que este año ATE inauguró el 13 de febrero.
Así, junto a la CTA Autónoma, el gremio reclamará por la apertura de paritarias y por un aumento del 65%, que compense el derrumbe salarial que golpea a lxs trabajadores estatales desde que asumió Mauricio Macri, y que se agudizó en 2018, a partir de la profundización de las políticas de ajuste y saqueo que selló la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Asimismo, exigirá la reincorporación inmediata de todos lxs despedidos, le dirá basta a los despidos y a la persecución a lxs que luchan.
Las principales resoluciones fueron, entre otras, concentración en la Casa de la Provincia (Av. Callao 237) para movilizar a la Secretaría de Modernización (Av. Roque Sáenz Peña 511) donde se realizará el acto central. De allí, acompañar la manifestación convocada por la Junta interna de ATE INDEC, frente a ese organismo, a la espera de los índices de inflación de abril. Y al día siguiente, acompañar desde ATE Nacional y desde todos los sectores a la movilización convocada por la comunidad universitaria y científico- tecnológica (CONICET, CNEA, trabajadores universitarixs) que será a las 17:00, del Congreso al Palacio Pizzurno.
CONADU Histórica convoca al Plenario de Secretarías Generales para este martes 14 de mayo, a las 11:00, frente al Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires, para anunciar el paro por 48 horas que realizarán los días 16 y 17 de mayo, ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno al reclamo salarial.
Tras un nuevo fracaso en las negociaciones paritarias, el conjunto de las organizaciones sindicales portuarias nucleadas en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA), comenzó a las 17:00 del jueves un cese total de actividades para el personal que presta servicios en todas las terminales del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida de fuerza impactó en Buenos Aires Container Terminal Services S.A.; Terminal 4 S.A. y Terminales Río De La Plata S.A. y se extenderá hasta el martes 14 a las 12:00.
«La medida de paro fue resuelta con carácter urgente y dada la actitud asumida por los representantes de dichas empresas que, pese a los innumerables reclamos formulados, continúan desconociendo el compromiso asumido en el marco del Acuerdo Paritario celebrado en fecha 28 de agosto de 2018, ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Producción; del Ministerio de Transporte y de la Administración General de Puertos», sostuvo la FeMPINRA que encabeza el titular de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid.
La Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate del 9 de mayo de 2019, definió parar por 24 horas el viernes 10 y parar dos horas por turno desde el sábado 11 de mayo la planta nuclear de Atucha, por el incumplimiento en el pago del artículo 37 del CCT 51/05 «E». Señalan que «este accionar empresarial produce una pérdida más que considerable e importante en el poder adquisitivo de los salarios de todos los trabajadores».
Los trabajadores de la mina El Aguilar, en Jujuy, se declararon en huelga por 24 horas. Denuncian que la multinacional Glencore lleva a cabo una restructuración y que somete a sus empleados a trabajar en pésimas condiciones de salud y seguridad. Los mineros exigen la renuncia de los gerentes «en resguardo de los trabajadores y sus familias».
Trabajadores de enfermería realizaron el lunes una marcha de velas en la Av. Corrientes a fin de manifestar y hacer visible el flagelo de la precarización, flexibilización que padecen como trabajadores de salud y en rechazo del Acta 3/19 firmada por Larreta y por el pase a la carrera profesional de los tres niveles de formación.
El salario (de bolsillo) como mínimo debería ser de casi $ 44.570 estimó la Junta Interna de Ate Indec para marzo de 2019. Es el gasto que tuvo un hogar constituido por una pareja adulta con dos hijos menores de 6 y 9 años. Se compone de una canasta alimentaria mínima por $ 14.350,40 y otra de bienes y consumos mínimos por $ 30.219,50.
Vaca Muerta: crónica de una muerte anunciada
En los últimos 15 meses, ocho trabajadores del sector petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. También ocurrieron accidentes ambientales. Según datos de la subsecretaria de Ambiente de la provincia, ente 2015 y 2018 se produjeron 3.368 accidentes en el sector de los hidrocarburos, de los cuales el 48 % (1.637 casos) ocurrió entre 2017 y 2018. En el período que va de enero a octubre del año pasado se registraron 934 incidentes.
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por el senador nacional del MPN, Guillermo Pereyra, convalidó la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo impulsada por el Gobierno nacional y las operadoras. El presidente Mauricio Macri prometió en su momento que las adendas traerían «más inversiones» y la creación de «medio millón de puestos de trabajo», solo en Vaca Muerta. Pereyra, por su parte, le garantizó la «paz social» al firmar un nuevo acuerdo que le impidiera a los trabajadores realizar huelgas, con el objetivo de proteger la «seguridad jurídica».
Según el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, que depende la Secretaría de Trabajo (es decir son datos oficiales), entre diciembre de 2015 y el mismo período de 2017, se destruyeron en esa provincia 2.437 puestos de trabajo directos del sector de los hidrocarburos. Luego fueron recontratados 1.400 trabajadores pero flexibilizados.
«En Vaca Muerta ocurre un proceso de pauperización bestial de las condiciones objetivas de trabajo. Macri inauguró ese Convenio Colectivo entre 2016 y 2017 como el caso testigo para el resto de las ramas de la industria y si lo comparás con el resto de las actividades, hay cosas atroces: cuadrillas incompletas que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento. Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un accidente anunciado», sostuvo el director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo e investigador del Conicet, Hernán Palermo.
El domingo de la semana pasada, Cristian Baeza, un joven de 34 años, cayó a un tanque de combustible de la empresa Pecom (Grupo Pérez Companc), que prestaba servicios para Tecpetrol, la firma del Grupo Techint. Su compañero, Maximiliano Zappia (24), intentó rescatarlo pero ambos murieron.
Transcurridos estos hechos Pereyra ensayó una autocrítica y el viernes pasado, luego de una asamblea, su gremio decidió frenar las operaciones en Pecom hasta que se garanticen las medidas de seguridad. A través de un comunicado, el gremio señaló que «parar la planta de Tecpetrol no es una medida de fuerza sino de una revisión de la seguridad en la actividad».
El paro del sindicato petrolero comenzó este lunes e incluye la inspección sindical a las instalaciones de la empresa Tectopetrol. Además, reclaman la reducción de la jornada 10 por 5 y la eliminación de los campamentos a campo abierto y de los recorredores de los pozos. De acuerdo a lo informado por Mundo Gremial, las inspecciones continuarán por el resto de la cuenca.
César Poo (46) falleció el 4 de febrero de 2018, en Agua Salada, a pocos kilómetros de Catriel, cuando realizaba tareas en un equipo de perforación. El operario era parte del equipo de la empresa contratista Ensign, que brindaba servicios para la firma Tecpetrol.
Julio César Sánchez (37) murió el 22 de mayo del año pasado aplastado por una piedra cuando llevaba a cabo trabajos para el área El Mangrullo, como operario de la firma UGA, tercerizada por Pampa Energía.
En julio de 2018 perdió la vida Daniel Torres (26), luego de permanecer internado con severas quemaduras; realizaba trabajos para la firma Omega, en Añelo. Y en agosto murió Miguel Ángel Chocala Fernández (35), empleado de la empresa Nabors (Yacimiento de El Chañar).
Mauricio Segura (35) ingresó a trabajar por primera vez en el sector petrolero en agosto de 2018. Desde el punto de vista de la fría estadística, fue uno de los trabajadores que se incorporó al sector luego de los 2.400 despidos en la provincia, flexibilización mediante. Tres meses después murió.
Según Santiago Nogueira, diputado neuquino por Libres del Sur, «Estas muertes son muy difíciles de disociarlas de la carrera alocada por reducir los costos de la actividad. La mayoría de los accidentes se produjeron entre los días 10 y 12 del régimen laboral de 14×7 (se trabaja dos semanas de corrido y se descansa una), que son los momentos en los cuales el trabajador está con menos atención, cansado, ya preocupado de volver a su hogar. Y esto tiene que ver con la adenda firmada para los no convencionales».
La adenda al Convenio colectivo del sector incluyó la disminución de la cantidad de trabajadores por pozo y cuadrillas, las multitareas, una expresa limitación para realizar medidas de fuerza; se modificaron también las restricciones para trabajar en el montaje de torres cuando ocurrieran fuertes ráfagas de viento (hasta 60 kilómetros por hora). Al momento de firmarlo, las empresas petroleras estimaron un recorte del 40 % en sus «costos laborales».
Al respecto, el diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, solicitó informes al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de Neuquén sobre las inspecciones y controles efectuados en el yacimiento Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, donde ya murieron ocho operarios en los últimos meses.
Asimismo, señaló que Fortín de Piedra es el yacimiento estrella de Vaca Muerta, donde la empresa de Paolo Rocca hizo ganancias extraordinarias recibiendo miles de millones de pesos en subsidios del Estado por medio de la Resolución 46 del Ministerio de Energía.
«No podemos permitir más muertes obreras. Nuestras vidas valen más que sus ganancias», concluyó Godoy.
Entre otros puntos, el proyecto presentado solicita que el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de Neuquén detalle los controles que realizó en el último año sobre las condiciones de trabajo del yacimiento Fortín de Piedra, y que adjunte documentación que respalde la información.
Asesinatos laborales: «Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan»
Brian trabajaba en una papelera. Sandra y Rubén trabajaban en una escuela. Martín trabajaba en el cableado eléctrico del ferrocarril. Nahuel, Cristian, Néstor, Rodrigo, Luciano, Jonatan, Carlos, Rodrigo y Salvador trabajaban en altamar. Todos trabajadores que perdieron la vida por el simple hecho de ir a ganarse el pan de cada día. Sus nombres integran la lista de los 375 asesinatos laborales que se produjeron en la Argentina entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. La realidad que se desprende de esa cifra es invisible para la mayoría de la sociedad: en el país muere una persona cada 20 horas por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Por eso se habla de asesinatos y no de accidentes laborales.
Para darle visibilidad a esta problemática, en diciembre pasado se presentó en Buenos Aires el primer «Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina», elaborado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Allí confluyen familiares de víctimas, el Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas y diversas Comisiones internas y representantes gremiales «combativos» (delegados de la Línea 60 de colectivos, trabajadores del neumático pertenecientes al SUTNA, la Junta Interna de ATE en el INTA, Municipales de Avellaneda, docentes de SUTEBA Tigre, ferroviarios y bancarios, entre otros).
Son todas muertes evitables provocadas por falta de medidas de seguridad por parte de las empresas o los organismos empleadores. Luego está la ausencia del Estado, tanto en el control como en la sanción a través de la Justicia. El tercer agravante es el rol de las burocracias sindicales, que actúan en complicidad con las patronales y el Estado al no levantar la voz cada vez que se pierde una vida en el trabajo.
El informe fue elaborado a partir de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y un relevamiento propio de testimonios directos y fuentes periodísticas. De las 375 muertes registradas en 12 meses (octubre 2017-septiembre 2018), el documento menciona que «la amplia mayoría de los/las trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)». Además, «se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios», con casos extremos en los que «su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte».
Tomando en cuenta las ramas de actividad, los asesinatos laborales contabilizados corresponden a: Transporte (20%), Construcción (18%), Industria (12%), Agropecuaria (11%), Comercio (11%), Administración pública (10%), Servicios financieros (5%), Servicios (5%), Pesca (3%), Electricidad (2%), Minería (2%) y Otros (1%).
Desde BAL remarcaron especialmente que la información suministrada es parcial: solo se computaron los llamados «accidentes en el trabajo» (si se contemplaran los «accidentes in itinere» -en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar- las cifras serían más abultadas) y solo se tomó en cuenta a la población con trabajo registrado (excluyendo a, por lo menos, un tercio de la clase trabajadora que cumple tareas de modo informal). En este laberinto de grises hay que agregar que muchas empresas y organismos tercerizan sus tareas (restringiendo derechos laborales) y que «sólo el 45,2% de los trabajadores formales encuestados» por la SRT manifestaron estar cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
El informe también señala que «es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP)» en el país, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las EP tienen una incidencia mucho mayor que los «accidentes» en los decesos. Puesto en perspectiva, el drama de los asesinatos laborales parece todavía mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.
Ingenio San Isidro
A principios de 2018, la multinacional conocida como Grupo Gloria decidió sin previo aviso y unilateralmente cerrar el Ingenio San Isidro ubicado en la localidad de Campo Santo, a 50 kilómetros de la capital de la provincia de Salta.
Con esa medida brutal, dejaron en la calle a los 730 trabajadores del ingenio azucarero más antiguo del país, fundado en 1760. Inmediatamente, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), con su secretario general a la cabeza, salieron a las calles de ciudades y rutas salteñas exigiendo la reapertura del polo productivo más importante de la región.
Marchas multitudinarias de los despedidos en Salta, con la solidaridad y apoyo de centrales sindicales, sindicatos, agrupamientos políticos, movimientos sociales de trabajadores informales y desocupados, estudiantes, pequeños y medianos empresarios y productores rurales, organismos defensores de los Derechos Humanos, entre otros sectores, se realizaron continuamente, al tiempo que el SOEASI elevaba propuestas a las autoridades provinciales, tanto legislativas como ejecutivas, para evitar el cierre, pero ninguna de ellas tuvo una respuesta positiva para reincorporar a los despedidos defendiendo así el sustento de miles de familias que en forma directa e indirecta resultaron afectados por patronales inescrupulosas. Fueron meses de luchas y esfuerzos cotidianos y, al mismo tiempo, de llamados a la reflexión y el diálogo para resolver el grave problema social. Finalmente, un grupo de empresarios tucumanos se hizo cargo del Ingenio San Isidro y dejó afuera a casi 600 trabajadores.
Por otra parte, Mariano Cuenca, Secretario General del SOEASI, denunció que «no satisfechos con haber producido un enorme daño social en 2018, los depredadores hoy encabezados por Ruiz y Rocchia Ferro lanzaron en las últimas semanas un nuevo zarpazo: mediante amenazas verbales oficiosas de desempleo inmediato, un texto elaborado por los propios Ruiz, Rocchia Ferro y sus allegados, comenzó a circular en manos de quienes actualmente son sus empleados. El contenido de ese texto, transformado en telegrama o carta documento, promueve la desafiliación de los trabajadores al SOEASI. Eso implica lisa y llanamente la desaparición legal y efectiva del sindicato cuya Comisión Directiva fue elegida por sus afiliados en 2017 y tiene mandato para representarlos hasta el 2021».
«En mi condición de ex empleado de la firma Prosal SA comunico mi renuncia en forma revocable e indeclinable como afiliado a la entidad gremial, en consecuencia intimo a que se abstenga en lo sucesivo de promover en mi nombre y representación medidas o acciones legales que pudieran corresponderme y de solicitar la retención de la cuota sindical ante mi actual empleadora». Es el texto que recibieron los empleados de Ingenio San Isidro (Salta), por parte de la patronal, para que abandonen el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI).
Cuenca anunció que «esta conducta antisindical será denunciada no solamente en la justicia argentina, sino también en la ciudad de Ginebra, Suiza, sede de la Organización Internacional del Trabajo».
Nuevos despidos
El lunes se llevó a cabo una movilización multitudinaria con antorchas, en respaldo a la continuidad de la fábrica cementera de Loma Negra, en la localidad de Barker, donde el pueblo, con apoyo de dirigentes tandilenses, acompañó a los trabajadores que debieron retomar el turno laboral.
El día anterior: «Siendo las 00:00 del 12 de mayo, arrancó la conciliación obligatoria e hicieron su entrada parte de los muchachos del turno noche. Como era de esperar, a dos de los seis chicos de los contratos a plazo fijo, no les permitieron entrar a trabajar, una vez más no acatan la conciliación. Mañana se estará haciendo una vez más la denuncia ante el ministerio de Tandil. Por otra parte agradecemos la presencia del intendente Julio César Marini y todo su equipo», testificaron los integrantes del gremio AOMA.
El cura párroco de Barker, los concejales de Benito Juárez y el intendente Julio Marini, brindaron su apoyo a los 330 trabajadores.
Una caravana de antorchas llegó hasta las puertas de la fábrica Loma Negra Barker. Al grito de «unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode», los vecinos volvieron a ratificar la decisión de resistir ante el embate de la firma, cuya decisión de cierre podría convertirse en la desaparición de ambas comunidades (Barker y Villa Cacique).
Volkswagen suspendió 2.800 trabajadores en Pacheco. La decisión de la empresa se debe a la fuerte baja en las ventas y la acumulación de stock. Debido a una exigencia de la casa matriz en Alemania, se estarían evaluando al menos un centenar de despidos en la fábrica.
La crisis sigue golpeando al sector maderero de la provincia de Misiones que la semana pasada registró 18 nuevos despidos. La caída de las exportaciones, la depresión de la obra pública y privada y los altos costos de la producción son algunos de los factores que complican a las pequeñas y medianas empresas.
La empresa ALBA, que produce pinturas, se encuentra en pleno conflicto debido a que ya realizaron 30 despidos en lo que va del año. Por ese motivo y ante la posibilidad de que más trabajadores queden en la calle, los operarios realizan una protesta en la fábrica que se ubica en el partido bonaerense de Escobar.
El reclamo se centra en el kilómetro 37,5 de la Colectora Oeste de la Panamericana en la localidad de Garín luego de que «el lunes 29 de abril se impidiera el ingreso de veinte trabajadores a la empresa multinacional Akzonobel que trabaja en la Argentina con la marca ALBA».
El integrante de la Comisión Interna Gremial, Sergio Aguirre, contó que «estamos reclamando en la puerta de la fábrica con familiares de los despedidos. A esto lo hacemos también desde la Comisión Interna en apoyo desde adentro».
El sindicato de Alimentación declaró su alerta por la estrategia global de Arcor que prioriza enfocarse en el mercado externo en detrimento del consumo y el empleo locales. Señalan que podrían llegar más despidos luego de los 140 de La Campagnola.
La firma Viabaires despidió al 50% de los operarios (23 trabajadores) que estaban a cargo de la repavimentación de las rutas 188 y 35, en La Pampa. El detonante para tomar esa decisión habría sido el recorte presupuestario nacional destinado a la obra pública.
Con el sostenimiento de las posturas de la parte empresarial y obrera, la reunión encabezada por el Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Julio Genesini, no arrojó avances por la veintena de despidos en Electrolux. Por su parte, al mediodía y tras la revelación de que la acusación de la UOM sobre la presunta responsabilidad de los despedidos en la muerte de un delegado de otra empresa era una falacia, el sindicato realizó una conferencia de prensa.
El 29 de abril una veintena de trabajadores fueron despedidos de la fábrica del sudoeste rosarino, el mismo día que la patronal presentaba un procedimiento preventivo de crisis. La primera medida fue un acampe frente a la planta, que derivó en requisas policiales y el intento de judicializar a los manifestantes. El pasado martes, el juez Hernán Postma desestimó la vía penal y reconoció como tal el conflicto laboral. Tras ello la Unión Obrera Metalúrgica organizó una embestida con trabajadores de la fábrica y de otras plantas para ingresar mercadería a pie, lo que terminó en muerte, agresiones y denuncias infundadas.
Con la aplicación del nuevo sistema de peajes inteligentes «Autopistas sin barreras», destinado a hacer más rápidos los ingresos y egresos de la Capital, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe reubicar a más de 500 trabajadores que se desempeñaban en las cabinas de peaje u otros puestos laborales de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), en base al acuerdo alcanzado por el Gobierno porteño con AUSA y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).
Según una encuesta de la organización empresaria Vistage Argentina, más de la mitad de las compañías ya prevé un recorte de personal por el agravamiento de la crisis económica que se acelera con la profundización y asentamiento de la recesión, la inestabilidad del tipo de cambio, la presión inflacionaria y la caída del consumo.
En los autoservicios (entre ellos, los chinos y los comercios que tienen menos de 400 metros cuadrados), las ventas cayeron 12,1% en promedio el mes pasado, dejando el acumulado del año con una variación negativa del 10,7%.
Según las cifras laborales del último cuatrimestre de 2018, que difundió recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el único sector laboral del país que registra crecimiento es el de los cuentapropistas informales y los trabajadores en negro. Paralelamente crece la desocupación y caen los empleos registrados en blanco.
Según estas estimaciones, existen 7,6 millones de personas que llevan adelante trabajos no registrados o trabajan en la informalidad. El informe del Indec sobre el cuarto trimestre traza una evolución del mercado laboral desde 2016, que confirma la creación de 547.000 puestos laborales, de los que apenas 49.000 fueron en el sector registrado, mientras que 228.000 fueron para trabajadores en negro y otros 270.000 para cuentapropistas (más de la mitad de ellos no registrados).
Así, la desocupación creció hasta alcanzar al 9,1% de la población activa urbana, 1.750.000 desocupados. Se trata de 350.000 desocupados más que en igual periodo de 2016, 250.000 sólo en el último año.
Sobre 20.903.000 puestos de trabajo estimados a nivel nacional (superior al número de ocupados ya que hay muchas personas con más de un trabajo), 10.696.000 son ocupados por asalariados formales (privados y públicos), otros 4.981.000 por asalariados no registrados y finalmente unos 5.227.000 por cuentapropistas. Apenas la mitad (51,2%) de los puestos laborales está cubierta por trabajadores por asalariados registrados.
Desglosando por rubros laborales, se puede ver que el mayor nivel de informalidad se concentra entre el personal doméstico (1.214.000 puestos de trabajo no registrados), el comercio (684.000), construcción (678.000), agricultura y ganadería (644.000), servicios sociales y salud privados (285.000) y hoteles y restaurantes (221.000). Los rubros construcción, personal doméstico y agricultura y ganadería tienen más puestos asalariados en negro que registrados.
Criminalización de la protesta social
El jueves pasado en Plaza Congreso y bajo una fuerte lluvia se sintió un grito unánime: ¡Libertad ya a Daniel Ruiz! Alrededor de 500 personas escucharon con atención cada discurso y cantaron con fuerza por la libertad de Ruiz y la unidad de los trabajadores. Desde el palco se leyó una carta escrita en el penal de Marcos Paz donde Daniel está prisionero hace 8 meses.
Familiares de choferes de la línea Este de La Plata y de los petroleros de Las Heras estuvieron presentes y dieron un saludo en solidaridad. El acto tuvo un destaque en solidaridad con Sebastián Romero, obrero compañero de Daniel Ruiz que está siendo perseguido por haber participado del 18D. Desde el palco se anunció que se redoblará la campaña y se impulsarán acciones comunes en diferentes puntos del país.
Con la consigna «No queremos más violencia, ¡queremos trabajar!», diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras cooperativistas se concentraron en la avenida Fernández de la Cruz 1651, en el barrio porteño del Bajo Flores, para luego movilizar en repudio a la agresión física y verbal que una cuadrilla de recolección de residuos de la Villa 1.11.14 del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) recibió de parte de Estela Tirado, conocida puntera del PRO en la zona. «Quiso desplazarnos y quedarse con nuestros puestos de trabajo», denunciaron las organizaciones, que convocaron a movilizar a «organizaciones sociales y actores sociales que trabajan en las villas de la Ciudad enfrentando estas prácticas a diario».
Festival de apoyo a la gestión obrera en Madygraf
Fue el domingo 12 de mayo y reunió más de 2.500 personas, bajo el lema de coordinar y luchar «contra el ajuste, los despidos y los tarifazos». Contó con recorridos por la fábrica que gestionan los trabajadores, un recital de cumbia con Mala Fama y La Delio Valdez, palabras de sus organizadores y saludos desde el escenario.
Mala Fama cerró el festival. Se solidarizó con el control obrero y con Madygraf. En la voz de su cantante llamó a apoyar con todo esta experiencia e hizo una reivindicación de «los humildes, los trabajadores» contra «los empresarios». Con sus clásicos «La marca de la gorra», «Guampa chata», «Made in Argentina» y «Soy Mala Fama», el grupo de cumbia hizo reír y bailar a los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los docentes y los vecinos presentes.
En el cierre, Martín Di Rocco, trabajador de Madygraf, tomó la palabra y agradeció a todos por participar de este festival. «Desde 2014 es un gran esfuerzo llevar adelante esta inmensa fábrica pero no estamos solos. Estamos con todos ustedes, con las bandas que hoy vinieron. La organización de los trabajadores junto con las mujeres, los estudiantes es clave. Gracias a ustedes y a mis compañeros», les dijo a los presentes el obrero gráfico cerrando la jornada en medio de los aplausos.
Fuentes: Revista Cítrica, ACTA, Resumen Latinoamericano, Diario Popular, La Nación, Clarín, Página 12, La Izquierda Diario, marcha.org.ar, Anred, APU, argentina.indymedia, Infogremiales, InfoCielo, Canal Abierto.
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