Las consideraciones que podamos hacer en torno al nuevo escenario mediático en nuestro país, desbordan los márgenes formales del tema específico y motivo de esta nota. Las medidas impulsadas por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno de Mauricio Macri liberan el proceso de concentración de los grupos mediáticos oligopólicos, que la ley […]
Las consideraciones que podamos hacer en torno al nuevo escenario mediático en nuestro país, desbordan los márgenes formales del tema específico y motivo de esta nota. Las medidas impulsadas por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno de Mauricio Macri liberan el proceso de concentración de los grupos mediáticos oligopólicos, que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) limitaba en su letra, pero no en la práctica.
Siempre es beneficioso sortear el análisis que pretende ceñirse a la «última foto», un imperativo para comprender sobre que contexto se asentó esta nueva dinámica que vino a alterar una ley democrática (promulgada en 2009), lugar donde se sintetizaron y decantaron las grandes luchas iniciadas y de gran significación tras la apertura democrática iniciada en 1983.
Las estructuras mediáticas en nuestro país y en el mundo están asociadas a los modelos de desarrollo y expansión locales que no escapan, a su vez, a la dinámica económica mundial, realidad de la que son parte y soporte logístico también en lo ideológico. Un tema, por cierto, que ha sido motivo de numerosos y extensos análisis y que está en el centro del debate a la hora de explicar la importancia de los medios de comunicación, son sus campañas de desacreditación y su participación directa o indirecta en los denominados golpes de estado suaves o la creación de falsas crisis. Latinoamérica hoy, tras algo más de una década de Gobiernos Democráticos con programas más inclusivos u otros de corte más radical, está siendo jaqueada por políticas mediáticas de ese tenor con grados de virulencia, a veces, extremas.
Claro está, que a estas realidades se suman otros factores, como la política y la economía, para explicar, a su vez, los límites del modelo comunicacional, su potencialidad y grado de realización respecto al horizonte liberador que se enuncia desde los escalones de la política y la promulgación de leyes.
A la luz de estos escenarios propios y próximos es pertinente interrogarse en torno a la capacidad de cualquier proyecto político- que se defina democrático e inclusivo- para liderar la hegemonía cultural y derrotar al adversario. Y a la vez integrar a los sectores sociales que se ubican históricamente en los márgenes y los espacios del consenso en torno a determinadas acciones políticas de un proyecto de mayor envergadura, en forma pendulante. Más aún, yendo a la médula: ¿En dónde está (o estuvo) el límite que no logra ser vulnerado para mantener incluidos a todos los sectores que conforman potencialmente esa fuerza social diversa y plural con capacidad para sostener las iniciativas de los programas que se adopten? Como por ejemplo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Este aspecto que merece ser profundizado, nos orienta mejor a buscar las causas de la distancia que se fue ensanchando entre el deseo y la realidad. ¿Es sólo un problema de voluntad política? Dice García Linera, vicepresidente de Bolivia: «…La voluntad ayuda a mover. La voluntad y la esperanza son los principios que mencionaba Hegel siempre para poder cambiar el mundo. Pero eso tiene un límite. Puede haber un año de voluntad, dos años de esperanza, tres años de voluntad, cuatro años de sacrificio. Pero si ese sacrificio, esa voluntad, no vienen acompañados de resultados prácticos, la voluntad también se cansa. El sacrificio también tiene límites. Es una obligación de los gobiernos progresistas y revolucionarios tener la capacidad de crear un régimen económico sostenible, redistributivo, generador de riqueza, generador de igualdad. No es un tema menor. La sociedad no se mueve perpetuamente. No hay el ascenso perpetuo de la sociedad en sus movilizaciones. No. La sociedad se mueve por ciclos: ciclos de ascenso, estabilización, descenso. Ascenso, estabilización, descenso. Y entre una cima y la otra pueden pasar meses, pueden pasar años, o pueden pasar décadas. Y entre una cima y la otra tiene que haber un régimen de estabilidad económica, de crecimiento económico y de redistribución. Cuando estábamos en la oposición no pensábamos estos temas. Bastaba criticar a los neoliberales, denunciar su incapacidad, denunciar la corrupción y el robo. En gobierno, tenemos la obligación de pensar la gestión. Tenemos que mostrar que los regímenes progresistas y revolucionarios no solamente somos más democráticos, sino también económicamente más creativos, más igualitarios y redistributivos de la riqueza.»
Y este marco de análisis también es pertinente si pretendemos entender cuándo y cómo comenzaron a gestarse las condiciones que le allanaron, entre otros factores, el camino a posiciones conservadoras, frente a la demora de achicar la distancia entre lo que preveía la ley y la realidad que es el tema que nos ocupa , pero que explica , además, otras dimensiones de la realidad de nuestro país.
Porque la batalla por la disputa del sentido encarada por variados sujetos sociales en el marco de una sociedad desigual, con diferentes grados de realización de un derecho, como es el derecho a la comunicación- y a la vez condicionada por una minoría concentradora de gran incidencia política y económica- debe contar con condiciones materiales para llevar adelante semejante cometido, entre otros aspectos no menos importantes. Las situaciones de nula implementación legal, y flexibilización normativa a la hora de su aplicación permiten pensar que las instancias legislativas tienen escaso peso a la hora de sostener o definir las prioridades políticas frente a un modelo económico que en su esencia vive intactos los problemas estructurales, de carácter económico, que se arrastran desde el terrorismo de estado.
Si bien, el orden de prioridades no parece ser solamente un asunto de la administración sino, a su vez, de consensos legislativos que no se mantienen en el tiempo, o no con la actividad suficiente, alrededor del objetivo común de proteger el derecho a la comunicación que es el tema que nos ocupa. El mal desempeño regulatorio del Estado redobla la vulnerabilidad de las comunidades y grupos sociales, que dependen de sus desiguales capacidades de organización y resistencia para enfrentar los problemas que se desprenden de la inequitativa distribución de la riqueza.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en 2009, ha sido modificada apenas asumió el nuevo gobierno en medio de un conjunto de medidas que parecen entroncarse al conocido modelo neoliberal que signó la década del 90 en nuestro país. Y cuyos efectos negativos comprometieron la vida de las mayorías sociales. Sin embargo, cabe decir que la norma nunca logró aplicarse durante los seis años de su plena vigencia. Y su demora en convertir la letra en realidad no puede explicarse únicamente como resultado de la posición dominante de un grupo empresarial que actuó tanto en el plano judicial como político en defensa de sus intereses económicos contra la regulación que proponía la LSCA. No es menor, pero tampoco explica por qué no se aplicaron otros aspectos de la ley de carácter estratégico.
No hay democracia informativa sin democracia económica
Es un concepto que no puede reducirse a una mera consigna y que explica la perspectiva en que estarán centradas las consideraciones que se formulan sobre el tema: No hay democracia informativa sin democracia económica es la brújula que nos debería orientar para comprender de qué escenario venimos y dónde estamos o por qué estamos dónde estamos.
Más allá de la implementación de la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales, promulgada en 2009 y la de Argentina Digital, que dio a luz en el 2014 y los DNU del Gobierno de Mauricio Macri (2016) que modifica el espíritu de las leyes anteriores y sus organismos de aplicación, persistieron y persisten realidades que hubiera sido estratégico atender y resolver, rompiendo el corsé en el que se inscribió la disputa Gobierno ( de Cristina Kirchner) versus Clarín (uno de los principales oligopolios mediáticos, aunque no el único) clausurando la evolución y la aplicación concreta de la norma hacia un arco social más amplio y dinámico ya legitimado y ahora «legalizado» sólo en la letra de la norma bajo la denominación de Tercer Sector en la LSCA. Unarco social, donde diversos sujetos sociales organizados sustentan con serias dificultades materiales (recursos económicos y técnicos) proyectos e iniciativas de comunicación social como otra opción a la construcción de verdades, invisibilizadas o manipuladas por las estructuras empresariales mediáticas. Los medios comunitarios, alternativos o populares, claros protagonistas en la lucha contra las políticas neoliberales que caracterizaron la década del 90, actores fundamentales en la lucha por la democracia informativa, se encuentran tras años de batallar sostenidamente, más débiles en su capacidad de desarrollo y corren el riesgo, a la luz de las medidas económicas generales adoptadas y las especificas destinadas al campo mediático, a ser excluidos dentro del modelo comunicacional que se propone la actual gestión. Una disputa en la cual estos medios, reconocidos sólo en el papel continúan sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice su lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro o supeditados a la incertidumbre que significa depender de la publicidad oficial. Lo que implica, en la actualidad, la recreación de un escenario plagado de obstáculos con dificultades para recomponer la hegemonía cultural que dé respuestas a los nuevos embates y modificaciones de carácter económico y político introducidos por la actual gestión a favor de los sectores empresariales mediáticos dominantes.
La articulación de esta realidad, junto a otros factores, comprometió críticamente la hegemonía cultural lograda tras los debates y la herencia de reclamos históricos en torno a la necesidad de democratizar la comunicación, descuidando paralelamente a sectores sociales, culturales y políticos, a pesar de su protagonismo e involucramiento histórico en el tema.
Por otro lado, la transferencia de recursos extraordinarios -vía publicidad oficial- a determinados grupos empresariales privados, que se conformaron como arco comunicacional defensivo frente al discurso de los denominados «medios hegemónicos», no constituyó garantía alguna ni del derecho a la comunicación en un sentido integral ni el sostenimiento de un proyecto empresario sólido y responsable. Esta guardia pretoriana supeditó su expansión y sostenimiento únicamente a los recursos estatales, totalmente descuidados respecto a su viabilidad futura. De hecho, los principales conflictos gremiales, políticos y judiciales se centran en los grupos empresarios periodísticos privados que tras la demora (o la quita) del beneficio extraordinario de la pauta oficial o estatal argumentan, ahora, la inviabilidad de sus empresas.
El previsible reacomodamiento de los sectores empresarios vinculados políticamente con el gobierno anterior que se declaran hoy «insolventes» o al borde de la quiebra, utilizan como variable de ajuste a los trabajadores de prensa. Como tampoco podríamos dejar de decir cómo esas patronales amparadas en recursos extraordinarios del Estado, utilizaron anteriormente a sus trabajadores para un cometido más estratégico y funcional a sus intereses, debilitar a la organización sindical que agrupa a periodistas y comunicadores sociales de Capital y Gran Buenos Aires, la UTPBA. Esa «armonía social», el mito de Perón, entre patrones y trabajadores, entró en contradicción por el propio peso de la realidad ante el inocultable antagonismo entre ambos sectores, aunque tácticamente tuvieran coincidencias en su aspiración final. (1)
La conjunción de todas estas variables se convierten en un obstáculo que afecta indudablemente la calidad del debate público y la lógica del proceso político que se desea defender frente a un proyecto conservador que ahora da vuelta las claves del modelo distributivo anterior, aun considerando sus limitaciones y algunos de sus actores quiénes no parecían jugar en el denominado campo «nacional y popular». Aun habiendo sido considerados parte de esa burguesía nacional sostenida por el mentado Capitalismo Nacional invocado por la gestión anterior. «Lo que nos remite al mito que nació con el primer peronismo, fruto directo del pensamiento de Juan Domingo Perón sobre la «armonía social», basado en la idea de «empresario nacional». Se trataría de un burgués de nuevo tipo, no necesariamente comprometido con los sectores populares, pero sí consciente de la posibilidad de una relación ganar-ganar en el marco del crecimiento del mercado interno y la producción nacional; factores ambos asociados a los gobiernos «nacional y populares»…Cuando se discute el pensamiento económico heterodoxo, el sustrato ideológico del desarrollo, se dejan normalmente de lado estas cuestiones de clases sociales que, en realidad, representan un problema tan grave como la mismísima restricción externa. Mejor dicho, ambos problema se explican conjuntamente.» (2)
«El kirchnerismo define, reformula y construye, durante su primer año de gobierno, una sintaxis capitalista después de una crisis capitalista. En otras palabras, cómo logra marcar un efecto de frontera con la Argentina de los noventa sin abandonar en lo sustancial -incluso más, adhiriendo al sistema capitalista que la ha caracterizado y cuya consecuencia más evidente ha sido la crisis de 2001- …El discurso kirchnerista, centrando su programa en el concepto de «viabilidad», absuelve al capitalismo en tanto capitalismo por tres razones: porque concibe la crisis del capitalismo nacional como el resultado de una mala administración, porque hace del capitalismo una naturaleza humana, y porque recupera una memoria del Estado de bienestar del peronismo clásico, que hace las veces de ejemplo nacional de la combinación exitosa entre capitalismo y buena vida.» (3) Esta somera caracterización nos introduce quizás a una de las razones por las que, en la necesidad de conformar un arco mediático a fin que contrarrestara a los grupos dominantes (otrora beneficiados por la misma gestión que, luego, lo enfrentó), se omitiera la dinámica característica de estos grupos que, por un lado, utilizan al Estado y, por el otro, anteponen intereses inherentes a la clase a la que pertenecen. No hay posibilidad en el capitalismo de que el mito de «armonía social» funcione. Ni en el terreno de los medios de comunicación ni en otras instancias en tiempos relativamente prolongados.
Como sabemos, la política no está sustentada sólo en voluntades y deseos, debe tener resultados concretos. Y si además consideramos el aspecto estratégico de la comunicación para el desarrollo de las sociedades, podemos deducir que las omisiones u errores cometidos tienen un costo muy alto para el conjunto social. Aunque consideremos que en algunos tramos de los períodos mencionados se ha tenido la hegemonía política, es decir, se ha logrado administrar y gestionar organismos del Estado que, en el tema que nos ocupa, tenían la responsabilidad de aplicar la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales sancionada en el 2009; Por otro lado, no se crearon con solidez las bases materiales, desde las políticas distributivas que caracterizaron al gobierno kirchnerista en otros sectores, para consolidar el aporte incuestionable a la hegemonía cultural con una mayor distribución de recursos orientados a los sectores más vulnerables del espectro comunicacional argentino. Plantearse la necesaria distribución de la riqueza como condición impostergable para que el conjunto social ejerza con plenitud el derecho a la comunicación, a recibir, distribuir y producir contenidos, constituye la plataforma previa necesaria para la democracia informativa. Ni ayer, ni hoy ni mañana esta afirmación debe interpretarse como una consigna: «NO HAY DEMOCRACIA INFORMATIVA SIN DEMOCRACIA ECONOMICA». Esto pone la discusión en la esencia del sistema, donde se inscriben los modos de gestión, producción y distribución de contenidos de los medios de comunicación, insertos en el complejo entramado del escenario cultural-económico- tecnológico y político a escala global, donde la información deviene en el principal patrón de acumulación.
Todo esto que acabo de describir muy sucintamente habla de cómo el capital se impone a las leyes, las trasgrede y las pulveriza. Este es un caso más. Y de como el actual gobierno de perfil noventista (es decir, neoliberal) formalizó con decretos inconstitucionales lo que ya se daba en la práctica, esto es la continuidad de empresas mediáticas concentradoras y oligopólicas sin que se modificara un ápice esta realidad. También nos habla de cómo se puede dilapidar el capital político de un gobierno a manos de empresarios que fueron vistos como aliados tácticos, cuando en realidad, como el escorpión, su naturaleza los convierte en el veneno del futuro, aunque el Estado los beneficie con el objetivo de garantizar su confrontación con los grupos dominantes y a favor de «democratizar la información», aspiración que está muy lejos de los propósitos reales de estos sectores, como es verificable a la luz de los resultados.
Así y todo, la nueva administración ve en las modificaciones que introdujo a la LSCA una pieza clave para sostener su alianza con el bloque de poder que beneficia, y del que forma parte.
Entonces, vuelve la mula al trigo. No hay democracia informativa sin democracia económica, lo que significa que en esta frase no hay una gota de ingenuidad. Va al hueso del problema. ¿Y ahora? ¿Quiénes tendrán los recursos para luchar organizadamente contra la apropiación de la palabra? Los otrora aliados tácticos del gobierno anterior se dedican a tirar trabajadores por la borda, se declaran en quiebra, o argumentan que sus empresas son inviables. Los actuales grupos mediáticos aliados de este gobierno se desarrollan tecnológicamente, aplican la convergencia, también reduciendo puestos de trabajo, produciendo contenidos para la ocasión política que los beneficia y extendiéndose a otras áreas para la explotación comercial como es la telefonía móvil y el sistema de cable. ¿Y los restantes medios? ¿TENDRÁN POR DESTINO QUEDAR EN LOS ARRABALES DE LA RESISTENCIA MEDIATICA? En las creencias sociales acerca del Estado, muchos avances pueden evaporarse porque no se asientan en cambios profundos en el sentido común. Los cambios económicos y políticos sólo pueden ser perdurables cuando se enraízan en profundas transformaciones culturales. Por otro lado, una verdadera política de libre mercado y contra los sistemas de protección social sólo es viable si se establecen las condiciones culturales necesarias para llevarla adelante, esto explica por un lado la «crisis de la hegemonía cultural» que le allana el camino a programas conservadores como alternancia a un gobierno que aun estando muy lejos de radicalizarse, integra a su programa políticas distributivas, interpelando la agenda neoliberal, pero sin abandonar su sustancia estructural. Aun así, distintos estudios detectan un cambio en los hábitos y actitudes de los argentinos. Actualmente el consumo de medios en la Argentina tiende a adoptar la forma de un consumo más crítico, menos ingenuo sobre los que emiten y más realista a la hora de analizar los intereses que están en juego.
La medida de la confrontación en la dimensión del poder mediático
El horizonte emancipador de un proyecto político, económico y social debe inexorablemente aplicar sus «reglas emancipadoras» al campo de la comunicación, abarcando a todos los actores de ese escenario y a todos los factores que confluyen en él. No podemos descontextualizar los análisis que hagamos del escenario comunicacional disociándolos de la naturaleza del sistema económico y de los modelos en los que siguen diseñando políticas sobre capas geológicas que nos siguen condicionando. La batalla es integral y debe darse en todos los planos. Las leyes deben, además, ser sostenidas por una fuerza social con capacidad para hacerlas cumplir, lo que nos habla, a su vez, del estado en el que se encuentran las fuerzas dentro del denominado campo popular para generar condiciones y hacer valer sus objetivos respecto al poder mediático que es parte del poder real económico. Por si solas, las normas, las leyes, quedan supeditadas a una lucha desigual contra los factores de poder del capital donde se ubican, por cierto, como dije, los medios de comunicación y otros, no menos importantes dispositivos culturales que le imponen un sentido a las mayorías sociales. La batalla en el campo de las ideas requiere de mucha fortaleza ideológica, política, pero también es necesario acceder a recursos que le den sustento económico y respalden la pelea en la dimensión que está realmente planteada, aquí en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo.
Notas:
1 http://utpba.org/noticia/
http://utpba.org/noticia/no-
http://utpba.org/noticia/ni-
2 http://www.pagina12.com.ar/
3 Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1990-2010) Lic. Mariano Dagatti UBA / CONICET [email protected]
Lidia Fagale, Secretaria General de Utpba
Artículo impreso en Tesis 11: http://www.tesis11.org.ar
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.