La absolución concedida a Carlos Menem y otros 17 acusados en la escandalosa causa relacionada al tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador a principios de la década de 1990 indica lo desacreditada que está la justicia en este país. Dos de tres magistrados de la Cámara actuante coincidieron en que no había elementos […]
La absolución concedida a Carlos Menem y otros 17 acusados en la escandalosa causa relacionada al tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador a principios de la década de 1990 indica lo desacreditada que está la justicia en este país.
Dos de tres magistrados de la Cámara actuante coincidieron en que no había elementos suficientes para condenar a los imputados. El voluminoso expediente contiene, entre otras cosas, los decretos secretos firmados por Menem y varios de sus ministros que autorizan la venta de armamentos a esos dos países.
En el caso del primero, había un embargo de armas dispuesto por la ONU -organismo al que la Argentina pertenece y cuyas disposiciones está obligado a cumplir- en el marco de la sangrienta guerra de los Balcanes, y en el segundo, aparte de tratarse de dos pueblos hermanos, nuestro país era garante de la paz entre ambos.
No es redundante recordar que para que esos armamentos viajaran a Europa hubo que embarcarlos en secreto, en una operación absolutamente ilegal; tampoco es posible olvidar que los obuses enviados a Croacia eran piezas que estaban en uso por el Ejército Argentino y que fueron «puestas a nuevo» en la Fábrica Militar de Río Tercero, que voló por los aires en noviembre de 1995, siniestro que dejó 7 muertos y daños millonarios y que la Justicia aún no terminó de investigar.
Respecto de los fusiles FAL que fueron enviados a Ecuador, se comprobó que incluían unidades deterioradas e imposibles de usar. Además, se recurrió al artilugio de hacer una triangulación vía Panamá. No solamente se engañó al adquirente (Ecuador) sino qué se involucró maliciosamente a un tercer país que, como los otros dos, está ligado al nuestro por lazos históricos y culturales.
Toda una trama siniestra y tramposa que fueron dejando al descubierto los detalles trascendidos a medida que se iba engrosando el expediente. Los fundamentos del dictamen se conocerán recién los primeros días de noviembre, de modo que hasta ese entonces la sociedad no podrá enterarse de cómo hicieron los jueces para absolver a los acusados de perpetrar tan tremenda conjura.
De cómo explican un contrabando sin contrabandista o cómo justifican los decretos, resoluciones y documentos que sirvieron para concretar esos actos delictivos. ¿Es que no hubo delito, ni dinero, ni daños, ni conductas engañosas, ni efectos colaterales, ni suicidios sospechosos, ni un helicóptero caído en el campo de Polo en Buenos Aires, ni la voladura de Río Tercero?
Únicamente una administración de justicia desacreditada (1) puede llevar a buen puerto lo que a la mayoría de los argentinos nos parece una muestra más de la impunidad que rodea a ciertos estamentos del poder.
Del poder, en este caso, que fue; pero que sigue siendo y aparentemente continuará siendo. Resta esperar que la ya anticipada apelación permita descorrer, aunque sea parcialmente, los velos que mantienen ocultos los pormenores del caso más flagrante de corrupción institucional de las últimas dos décadas.
Nota:
(1) Hace mucho que no se publican las encuestas sobre la imagen de las instituciones ante la sociedad, pero recordamos que hasta las últimas conocidas la Justicia se encontraba en un nivel muy bajo de imagen, cerca de sindicalistas y políticos.
Fuente original: Hoy Día Córdoba