Cada día que pasa parece el más tenso del largo conflicto entre Argentina y Uruguay. Impera la irracionalidad. Si los puentes están cortados no se dialoga, dice el presidente Vázquez, y si no se cortan, dicen los entrerrianos, su voz no se escucha. La Cumbre Iberoamericana era una oportunidad para acortar la distancia entre los […]
Cada día que pasa parece el más tenso del largo conflicto entre Argentina y Uruguay. Impera la irracionalidad. Si los puentes están cortados no se dialoga, dice el presidente Vázquez, y si no se cortan, dicen los entrerrianos, su voz no se escucha. La Cumbre Iberoamericana era una oportunidad para acortar la distancia entre los dos países, pero una vez más la esperanza fue lo último que se perdió.
La celebración en Montevideo de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya inauguración está prevista para hoy, viernes, agudizó la tensión entre Argentina y Uruguay.
El conflicto entre los dos vecinos por la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos llegó así a su clímax e incluso dio lugar a sospechas sobre los verdaderos motivos de algunas actitudes de las autoridades de terceros países.
En este sentido, era previsible que el presidente argentino redujera en todo lo posible su presencia en Montevideo, y que por uno de sus voceros dejara deslizar al diario La Nación (de ayer, jueves) que «si fuera sólo por Tabaré, Kirchner faltaría a la cumbre. Va por España», dijo la fuente, en alusión a la reunión en agenda con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Era igualmente previsible que el mandatario uruguayo despejara de plano cualquier posible inicio de negociación con su par argentino: «Con puentes cortados no hay diálogo», afirmó el miércoles 1.
En cambio, es particularmente llamativa la inasistencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, motivada -según se explicó oficialmente- por el cansancio ante la reciente campaña electoral que el 29 de octubre le permitió lograr su reelección.
La realización de la cumbre no fue, por supuesto, la causa directa del agravamiento de la tirantez entre los dos países, pero sí una causa indirecta, en la medida en que era una oportunidad para que cada uno de los actores -no sólo los dos gobiernos sino también la Asamblea de Ciudadanos Ambientalistas de Gualeguaychú- tuviese un ámbito donde amplificar la difusión de sus respectivos reclamos.
La presencia en Montevideo de los 22 jefes de Estado y de gobierno -y en especial de los presidentes de Brasil y España- permitía a Uruguay alentar expectativas con respecto a posibles gestiones informales que contribuyesen a convencer a Néstor Kirchner de la necesidad de acatar las decisiones ya adoptadas por la Corte Internacional de Justicia y por el Tribunal de Solución de Controversias del MERCOSUR.
Por esas mismas razones, al gobierno argentino le convenía evitar que el conflicto fuera tema de conversación durante la cumbre, ni siquiera en los pasillos del hotel Radisson.
Pra obol, Brasil
Al presidente Lula -que además en este semestre ocupa la presidencia pro témpore del MERCOSUR- se le ha reprochado lavarse las manos en este conflicto, alegando que se trata de un asunto exclusivamente bilateral.
Ese juicio, que algunas autoridades del gobierno uruguayo plantean en voz baja y pidiendo que no se las cite, es formulado abiertamente por dirigentes de la oposición, como el senador blanco y ex canciller Sergio Abreu, quien dijo que Argentina actúa con prepotencia y Brasil con indiferencia y agregó, fulminante: «Me preocupa mucho el gobierno argentino, pero hago mucho más responsable a la República Federativa del Brasil» (radio El Espectador, miércoles 1).
La explicación que a lo largo de este conflicto han reiterado funcionarios de Itamaraty es que ningún gobierno puede mediar en un conflicto entre otros dos países, a menos que ambos se lo pidan, y que ni Argentina ni Uruguay le han pedido a Brasil que lo hiciera.
La presencia en Montevideo del vicecanciller Samuel Pinheiro Guimaraes, la semana pasada, y las reuniones que mantuvo con los ministros Danilo Astori, José Mujica y Reinaldo Gargano, y con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, permitieron alentar la expectativa de que el gobierno de Lula, que seguramente iba a ser reelecto pocos días después, intentaría finalmente acercar a las partes enfrentadas por las plantas de celulosa, en aras de la unidad regional.
Sin embargo, Pinheiro se limitó a escuchar los planteos de Uruguay con respecto al MERCOSUR, pero en especial los relativos a la reducción de aranceles y otros de carácter económico.
Fue, eso sí, portador de una carta del canciller Gargano a su par Celso Amorim, en la que se pide que el incumplimiento de Argentina de lo resuelto por unanimidad en el Tribunal de Controversias del MERCOSUR sea incluido en el orden del día de la reunión del Consejo del Mercado Común, el máximo órgano del bloque regional, a celebrarse en Brasilia los días 13 y 14 de diciembre, oportunidad en la que Lula cederá la presidencia pro témpore al presidente paraguayo, Nicolás Duarte.
Según se pudo saber, no es seguro ni mucho menos que la solicitud uruguaya sea aceptada; lo más probable sería que el propio órgano máximo del MERCOSUR, integrado por los presidentes, resuelva si el tema se incluye en la agenda. Si así fuera, las perspectivas no son muy alentadoras para Uruguay: las decisiones a ese nivel se adoptan por consenso y seguramente Argentina se opondría al mismo.
El muro de Merlín
El domingo 29 de octubre la Asamblea de Ciudadanos Ambientalistas de Gualeguaychú votó «prácticamente por unanimidad que el corte vuelve a ser la herramienta de protesta».
La resolución prevé además levantar «un muro simbólico que se construirá a partir de un bloque llevado por cada persona que participe del corte y donde se podrán escribir mensajes, colocar grafitis y demás».
Ese muro, que tiene mucho de mágico, de escenografía, será derribado en su momento por los propios ambientalistas, según declararon a la prensa algunos de sus dirigentes. Sin embargo, el comunicado señala que posiblemente, «de no mediar respuesta alguna sobre la erradicación de las pasteras de la cuenca, se convierta en el primer muro ambientalista de la historia».
Los asambleístas fundan su derecho en los siguientes términos: «Nos avalan numerosos artículos de la Constitución, pero -y además- nos respalda el derecho a la vida, que es superior a cualquier otro derecho, porque sin vida nada existe». Y aclaran, finalmente: «No somos delincuentes por defender lo que es mejor para la naturaleza, la vida y por ende para nosotros y las próximas generaciones».
El muro, que tendrá seis metros de ancho y atravesará la ruta 136, fue diseñado por arquitectos. La idea, aprobada por aclamación en la asamblea, fue propuesta por un médico, Adolfo Weinberg, quien se apresuró a aclarar: «Este muro no quiere decir que querramos dividir los dos pueblos; es un llamado de atención más para mostrar la realidad que estamos viviendo» (Radio Máxima, Gualeguaychú, martes 31).
El gobierno uruguayo, por boca del vicepresidente Rodolfo Nin, comparó el muro de Gualeguaychú con el de Berlín.
Y en la misma sintonía, el editorial principal del diario El Observador (martes 31), sostuvo, bajo el título «Gravedad con ribete ridículo»: «El proyecto se parece más al muro de Berlín que a los que dividen a palestinos e israelíes o a mexicanos y estadounidenses. El objetivo de estos dos últimos es evitar que entren terroristas o inmigrantes ilegales y narcotraficantes. El de Berlín, en cambio, fue construido por los comunistas para evitar que sus compatriotas salieran hacia el sector occidental, lo cual lo asemeja al proyecto del doctor Weimberg ya que busca impedir que sus compatriotas salgan del país hacia los centros turísticos uruguayos».
Pero el muro y los cortes no fueron las únicas medidas votadas por los asambleístas de Gualeguaychú. También se aprobó el envío de sendas cartas a los presidentes Kirchner y Vázquez.
En la dirigida a la Casa Rosada trasmiten «la desesperación con que vive la comunidad de Gualeguaychú el sostenido avance en la construcción de la pastera de la empresa Botnia y las continuas provocaciones que recibimos por parte del gobierno uruguayo autorizando unilateralmente nuevas concesiones a la empresa, que significan renovadas transgresiones al Estatuto del río Uruguay».
Afirman también que «la comunidad intuye que el Banco Mundial está decidido a otorgar los créditos de cualquier manera. Nos sentimos realmente humillados frente a un nuevo informe que de nuevo no tiene absolutamente nada, ya que es casi una copia de los anteriores».
Sostienen que «todas las muestras de buena voluntad y de acercamiento han sido argentinas; Uruguay sólo ha respondido con traiciones, retaceando información requerida e incumpliendo lo acordado».
Por eso, dicen, «volvemos a instarlo a renovar el diálogo con su par uruguayo sin dilación alguna y en forma pública, para dilucidar el fondo de la cuestión. Si el problema es la creación de empleos, sabemos que existen caminos que podrían solucionar este tema.
Por el contrario, si el asunto reside en los vergonzosos acuerdos firmados por el ex presidente Batlle, creemos que sólo a través del diálogo y del consenso podremos solucionar esta controversia, sacando a la luz las ‘verdaderas’ motivaciones del conflicto.
En el caso de que aun así no tuviéramos resultados deseados declare a Uruguay ‘país agresor'». Agregan que pretenden que «su intención sea llegar a una solución que se base en la verdad y no en un mero arreglo de compromiso para paliar la situación, que en poco tiempo podría derivar en un no deseado escenario de violencia con impredecibles e irreparables secuelas».
En la carta dirigida al presidente Vázquez, los asambleístas afirman que les llama «mucho la atención» que «reniegue de los principios que sustentó antes de llegar a la primera magistratura».
Agregan que «no puede ignorar que su país violó el Tratado del río Uruguay como tampoco ignora las nefastas consecuencias que empresas como Ence y Botnia producen en el medio ambiente, para lo cual le bastaría con prestar atención a lo expresado por su propia Universidad de la República y por numerosas entidades de su país, por no mencionarle las abundantes aseveraciones de científicos de todo el mundo».
Piden también al presidente «y todos sus funcionarios que dejen de mentir a su pueblo y al nuestro y dejen de hacer falsas promesas a sabiendas de que lo que traerán estas empresas son maldades para los ciudadanos comunes y perjuicios graves para el medio ambiente».
La Presidencia devolvió la carta a sus remitentes por considerarla improcedente.
El lunes 30, la Asamblea Popular Ambiental de Colón (apac) decidió también cortar la ruta 135, poco antes del acceso al puente internacional José Artigas, que une a esa ciudad con Paysandú.
La apac, una escisión de la organización constituida inicialmente en Colón, entendió que no podía dejar pasar la ocasión de cortar la ruta en los días en que se celebra en Montevideo la Cumbre Iberoamericana.
La capacidad de convocatoria de la apac y el nivel de movilización de la población de Colón son muy inferiores a los de Gualeguaychú y, al cierre de esta edición, BRECHA supo que no es seguro que el corte del puente José Artigas llegue a concretarse durante las 48 horas que durará la Cumbre de Montevideo.
Las cartas a los presidentes y el levantamiento de «un muro que no divide» ilustran el pensamiento de los ciudadanos ambientalistas de Gualeguaychú. ¿Qué piensa, a esta altura, el gobierno argentino? El propio presidente, el gobernador de Entre Ríos, la secretaria de Medio Ambiente y el canciller han pedido a las asambleas ciudadanas que no corten las rutas, señalándoles que esas acciones perjudican los intereses argentinos en los tribunales internacionales.
La explicación oficial es que el gobierno de Kirchner no reprime las movilizaciones populares; sólo trata de disuadirlas.
El embajador en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, fue muy gráfico esta semana, al recordar las dificultades que tuvo el imperio británico para evitar la resistencia pacífica encabezada por Gandhi en India.
En medio de un clima hostil, sus declaraciones fueron manipuladas por algunos medios y el diputado forista Washington Abdala le reclamó al gobierno de Kirchner que lo remueva como una contribución a la solución del conflicto binacional.
El silogismo es perfecto. El gobierno argentino apuesta a la disuasión. Los asambleístas se sienten seguros de que en ningún caso serán reprimidos. Ergo, las decisiones de Argentina en materia de relaciones internacionales no están en manos del gobierno.
Penúltimos recursos
El miércoles 1, en carta dirigida a su par Gargano y entregada personalmente en Buenos Aires al embajador Francisco Bustillo, el canciller argentino Jorge Taiana protestó en términos muy duros por lo que considera una nueva violación del Estatuto del río Uruguay al haberse autorizado a la empresa Botnia, sin consulta al gobierno argentino, a usar casi el doble de agua de lo previsto en el proyecto de la fábrica de celulosa que construye frente a Gualeguaychú.
«Mi gobierno lamenta esta nueva acción unilateral», sostiene Taiana, y afirma que la misma «provoca un agravamiento de una situación de por sí tensa entre ambos países». El canciller argentino recuerda que la Corte de La Haya instó a los dos países a «abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia» y advierte que, en consecuencia, «al conceder el referido permiso, Uruguay actúa de manera incompatible con los requerimientos de la Corte Internacional».
Por su parte, el director de Asuntos Ambientales de la cancillería, Raúl Estrada Oyuela, declaró a la prensa que «el proyecto de la empresa decía que necesitaba 30 millones de metros cúbicos al año; ahora se los autorizó a tomar 60 millones».
A su juicio, esa resolución, adoptada el 12 de setiembre último, «agravará el riesgo ecológico» a partir de un mayor vertido de fósforo y nitrógeno: «Van a llenar el río de algas venenosas», agregó.
Se consultó al respecto a Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien afirmó que la resolución, adoptada por la Dirección de Hidrografía de su cartera con relación al agua del río Uruguay que podrá utilizar Botnia, no constituye un aumento respecto del volumen previsto en el proyecto general, que en su momento fue aprobado por las autoridades uruguayas y cuya aplicación no fue rechazada por la Corte de La Haya, en su fallo del 13 de julio último.
Agregó que, como es habitual, este tipo de habilitaciones se otorgan en forma gradual, a medida que avanza la construcción del proyecto, y son absolutamente normales siempre que estén, como en este caso, dentro del máximo previsto originalmente.
Dijo también que la resolución fue oportunamente comunicada a la Comisión Administradora del Río Uruguay (caru). Fue precisamente a través de la delegación argentina ante este organismo que el canciller Taiana y el presidente Kirchner tuvieron noticia del asunto.
Según Rossi, nada se ocultó ni nada había para ocultar: la Corte de La Haya, si bien no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio planteado por Argentina, no hizo lugar a la solicitud del país demandante de suspender preventivamente las obras, de modo que no puede alegarse que hay un incumplimiento del fallo por parte de Uruguay al habilitar una medida necesaria para la construcción de las mismas y prevista en el proyecto original.
Rossi aseguró asimismo que el volumen de agua que las autoridades uruguayas autorizaron a usar a la empresa finlandesa no causará, según coinciden todos los estudios ambientales efectuados hasta hoy, daño alguno al ambiente ni supondrá ningún trastorno a la navegabilidad de las aguas.
Mientras tanto, la semana entrante una delegación argentina intentará nuevamente persuadir al Banco Mundial (bm) de que se abstenga de aprobar el préstamo solicitado por Botnia para la construcción de su planta.
La misión está encabezada por la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti y, según trascendió, teniendo en cuenta que la Corporación Financiera Internacional ya elevó al bm un informe técnico según el cual se descarta que el funcionamiento de las plantas genere contaminación, los argumentos se centrarán en la inconveniencia de financiar un proyecto que ha dado lugar a un conflicto bilateral de enormes proporciones.
La ong Redes Amigos de la Tierra consideró que los cortes son «absolutamente inconvenientes» (véase BRECHA, 27-X-06). Señaló, entre otras cosas, que «desvían la atención de los aspectos principales en torno a los cuales los ambientalistas debemos seguir trabajando». Dijo asimismo que contribuyen a «chovinismos absurdos y mezquinos nacionalismos inconducentes». Y sostuvo que la lucha «debe girar en torno a denunciar la falta de garantías y debilidad de los controles públicos» y «debatir los efectos ambientales que tienen estas industrias».
A 325 quilómetros de Gualeguaychú y a muy pocas cuadras de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, los ambientalistas uruguayos pusieron un toque de racionalidad.
Veto argentino
En realidad, la medida más dura del conflicto fue la adoptada por Argentina a mediados de octubre, cuando de hecho vetó la prácticamente asegurada elección de Uruguay como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Este órgano está integrado por representantes de 15 países: cinco con carácter permanente -Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China- y los otros diez duran dos años en sus funciones y cinco de ellos se renuevan cada año. Antes del 31 de diciembre debía renovarse el cargo actualmente ocupado por Argentina, uno de los dos representantes de América Latina.
Para reemplazarlo inicialmente se postularon Guatemala -impulsada por Estados Unidos- y Venezuela. Al cabo de 47 votaciones ninguno de los dos países había logrado, a fin de octubre, la mayoría especial de dos tercios de votos de la Asamblea General requerida por la Carta de la ONU, por lo que -de acuerdo con la tradición en esta materia- ambos renunciaron a sus candidaturas y propusieron la postulación de Panamá como candidato único del bloque regional.
La elección se inició el 16 de octubre y pocos días después, cuando se habían celebrado más de veinte votaciones en las que si bien Guatemala llevaba una ventaja estaba lejos de alcanzar la mayoría exigida, surgió con fuerza la posibilidad de que Uruguay fuera el candidato de consenso.
Fue una iniciativa planteada por Perú, contó rápidamente con el respaldo de Chile -que también era un candidato alternativo- y obtuvo el visto bueno de Estados Unidos y la aceptación de Guatemala y Venezuela.
Sin embargo, este último país consideró oportuno recabar previamente la opinión del MERCOSUR y consultó a Lula, su presidente pro témpore. El presidente brasileño vio con muy buenos ojos la propuesta pero, al pedir la opinión de Kirchner, obtuvo una cerrada negativa.
La noticia, que llegó desde Argentina, fue confirmada por fuentes del gobierno uruguayo que pidieron reserva de su identidad. La opinión del MERCOSUR no era formalmente necesaria, pero el gobierno de Venezuela la consideró políticamente conveniente, habida cuenta de su reciente ingreso al bloque y de la situación que podía generarse a raíz del conflicto entre Argentina y Uruguay.
El veto argentino no habría sido un acto de puro capricho: ocupar un cargo en el Consejo de Seguridad «es una posición de prestigio, nos da un poder político que aumenta nuestro poder negociador en los asuntos en los que tenemos interés», como ha sostenido Felipe Paolillo, profesor de derecho internacional y ex embajador uruguayo ante la ONU (radio El Espectador, 19 de octubre).