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¿Quién tiene la ofensiva?

Un gobierno que se repite

Fuentes: Rebelión

¿Cómo se mide el desgaste de un gobierno? Para el oficialismo la respuesta es simple: Los encuestólogos. Se trata de tomar una muestra lo más amplia posible de población (1500-2000 personas), separando el universo de la muestra por los ingresos de los sectores consultados; la distribución geográfica de la toma y finalmente el análisis de […]

¿Cómo se mide el desgaste de un gobierno? Para el oficialismo la respuesta es simple: Los encuestólogos.

Se trata de tomar una muestra lo más amplia posible de población (1500-2000 personas), separando el universo de la muestra por los ingresos de los sectores consultados; la distribución geográfica de la toma y finalmente el análisis de los resultados; tratando de ser lo más indulgente posible con los contratistas de la encuesta. Si por ejemplo, las opiniones favorables al gobierno alcanzan un promedio superior al 50%, se publica. Si el apoyo fuera de un 40%, o menor, hablamos de un desgaste natural de la función del gobierno. Si hablamos de un apoyo que apenas llega al 23%, estamos frente a una caída significativa, casi catastrófica, de adhesión ciudadana para un gobierno con apenas 6 meses de gestión, y entonces, no se publica.

Otro elemento que ayudaría a medir el desgaste gubernamental es evaluar el nivel de conflictividad social. Según este supuesto, a mayor conflictividad mayor desgaste. Sin embargo, hay algunas razones que valen para relativizar esta forma de medición. Y es que en una sociedad dividida en clases, los gobiernos se enfrentan todo el tiempo a conflictos, fundamentalmente con los sectores oprimidos, pero también a disputas entre fracciones con poder. El valor de una buena política gubernamental no está sólo en evitar los conflictos, sino en resolverlos favorablemente a favor de los intereses más generales del régimen y de los sectores a los que responde la camarilla gubernamental; es decir, no es la existencia del conflicto en sí mismo lo que pesa para evaluar el desgaste político de un gobierno, sino los resultados del conflicto y las tácticas que se pongan en juego para llegar a esos resultados. En este punto hay que detenerse.

Frente al conflicto agrario el kirchnerismo ensaya una salida, reproduciendo mecanismos que ya ha puesto en funcionamiento en otras oportunidades; necesitado de reordenar el frente interno, en particular -y el frente burgués en general- se refugia en la promesa de repartir dinero que no tiene.

«Lo recaudado por el incremento de las retenciones será destinado a la construcción de escuelas y 30 hospitales, rutas y caminos rurales, viviendas y obras de saneamiento ambiental».

A esta promesa de reparto de fondos, que la presidenta bautizó como «distribución de la riqueza», le sigue la decisión unilateral de cerrar de las negociaciones con la «puta oligarquía» de los piquetes de la abundancia en medio de una situación anárquica que cubre todo el territorio nacional, donde se vienen realizando un conjunto de cortes de rutas que amenazan con transformar en un caos la vida de los argentinos en los próximos días. Estos piquetes pro oficialistas, no son censurados por el kirchnerismo con la misma vara que medía los piquetes chacareros, ni delatados por la presidenta de «Madres» como una «asociación ilícita terrorista», todo lo contrario: la presencia de los transportistas de las cámaras patronales en las rutas es comprendida por el ministro Randazo, quien se declara solidario con aquellos que hace 90 días que no trabajan.

Dos actos y una misma política

Si con la televisiva suelta de leche en las rutas, el gobierno buscó la excusa que le permitiera meter a los «pobres» en la agenda de discusión con los agrarios, con el acto del lunes 9 de junio en casa de gobierno, y la promesa de reparto de 1500 millones de dólares, intentó conmover a las indisciplinadas tropas kirchneristas y a los «ricos» industrialistas y banqueros para que se sumen al redil oficialista.

Es que el gobierno de Cristina Kirchner necesita resolver urgentemente un conjunto de temas conflictivos y las protestas agrarias lo mantienen paralizado.

Están pendientes: el tema energético, la escalada inflacionaria, el reclamo de las petroleras por las tarifas, los vencimientos de la deuda, el desangre de reservas para mantener el dólar a raya, y todo esto hace menester la firma de un pacto que rearme al frente patronal para el, a esta altura, mítico bicentenario.

El acto del lunes 9 de junio, que la presidenta Cristina-Kirchner convocó por cadena nacional, es el intentó más serio, realizado hasta ahora por el gobierno, para retomar una ofensiva política, que no sólo se ha llevado la mitad del mandato presidencial hasta el momento, sino que ha producido el mayor desgaste de un gobierno en tan poco tiempo desde la vuelta de la democracia.

Retomar la ofensiva política reordenando el frente patronal, es el único sentido que tuvo la convocatoria de la presidenta.

Cuando el kirchnerismo sienta en la primera fila del Salón Blanco a los más conspicuos representantes de la burguesía industrial y banquera nacional (y multinacional), junto a los entusiastas militantes de la reconquistada JP kirchnerista -que contienen la emoción cuando cantan «combatiendo al capital», intentando retener en la sesera el porque son «nac & pop»- aspira a demostrar el blindaje que los hombres con mayor poder del país le brindan a su gobierno. Una demostración soberbia sobre quien la tiene más larga.

Entre los presentes estaban: el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi; el empresario petrolero, Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy; Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa; Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000; Juan Carlos Lascurain, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Juan Carlos Sacco, secretario de la UIA; Carlos Heller, presidente de la Asociación de Bancos.

Fueron de la partida también, no podía ser de otro modo cuando se habla de plata para obras públicas, los constructores Aldo Roggio y Gregorio Chodos.

No estuvieron los trabajadores del Posadas o los representantes de hospitales públicos que se caen a pedazos y están en lucha en todo el país pero nadie los extrañó. Lo que importaba es que la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico («curetas» de la salud) se pronunciara a favor del mensaje presidencial, al que definieron como una brillante pieza oratoria portadora «una gran sensibilidad por la problemática social».

Hubo otros preocupados por la «problemática social», tal el caso de Luis Morales, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas que declaró exaltado: «Fue un discurso claro, contundente. Si había alguna duda respecto de dónde iban a ir las retenciones, este acto terminó por aclarar las cosas». Morales es el responsable del lockout patronal, que junto a la CATAC, ha tapado las rutas del país, cruzando camiones de norte a sur, que amenazan con fomentar un desabastecimiento generalizado a favor del kirchnerismo.

No faltaron, por supuesto, las espadas mas jacobinas del restaurador Néstor.

«Esto profundiza el modelo de redistribución», cantaban a coro, el piquetero Emilio Pérsico, Luis D’Elía, Hugo Yasky, Estela de Carlotto y tutticuanti tuviera un micrófono cerca para dar muestras de adhesión al oficialismo. Hugo Moyano, por su parte, lamentaba que no fueran sus camiones los que estuvieran en la ruta, sobre todo después de que Néstor, en la última reunión del PJ, le otorgó el titulo de «boludo» por querer dialogar con el campo.

Estaban casi todos, no hay que olvidar que la promesa está en el reparto que va administrar el inefable Julio De Vido.

Ni llorar, ni reír… comprender?

El heterogéneo aluvión de convocados a Casa de Gobierno por el kirchnerismo son una muestra de cualquier cosa menos de solidez política. Los diarios recogen que las muestras de apoyo empresarial, después del acto, fueron frías y que el acuerdo del bicentenario sigue sin fecha para poder firmarse. Es que el oficialismo apuesta a la maniobra como única realidad; pero empresarios y banqueros comienzan a desconfiar sobre la salud económica y política de un gobierno que abre un frente de batalla a cada paso.

El pedido de comprensión que realiza el oficialismo raspa la desesperación y el único recurso al que el gobierno puede apelar es al viejo y conocido reparto. Es un gobierno que se repite.

Los gobernadores e intendentes salen a la disputa por el reparto de fondos sin que los asista la misma convicción de meses atrás, esto porque el kirchnerismo ha declarado cerrado un conflicto que aun sigue vigente y que amenaza con profundizarse en los próximos días.

Al enfriamiento de la economía y al insaciable afán recaudatorio del gobierno nacional, que mediante programas centralizados como el de «financiamiento ordenado», está vaciando las arcas provinciales se le suman las incipientes movilizaciones populares que, como en la Quiaca, condujeron a una violenta represión. De generalizarse está situación no hay fondos que alcancen y la gendarmería recibirá la orden de bajar de las rutas a los pueblos y ciudades del interior para poner las cosas en caja.

Los gobernadores, los industriales, los comerciantes y banqueros ven con preocupación la paraplejia oficial que ya lleva 90 días -la mitad del gobierno de Cristina- en el que se han dilapidado 3.000 millones dólares de las reservas en medio de la «pulseada» entre el Banco Central y el «mercado».

«El arqueo de reservas da ahora algo más de US$ 47.000 millones, aunque el Banco Central debe unos US$ 23.000 millones que corresponden a Letras y Notas del Banco Central (Lebac y Nobac), así como pases, que fueron emitidos precisamente para comprar divisas» (La Nación).

Al enfriamiento de la economía se le suma el enfriamiento del clima y esto pone sobre el tapete nuevamente el déficit energético; hay desabastecimiento de combustibles y un incremento generalizado de precios que repercuten en los costos de producción, con lo cual, cualquier acuerdo de precios futuros está en crisis antes de ponerse en discusión. Los subsidios, con los que el oficialismo viene compensando a los empresarios de distintos rubros, se han vuelto insuficientes y las empresas demandan una rediscusión de los mismos. El gobierno responde con un incremento de los impuestos que avecina una rebelión «industrialista» en provincia de Buenos Aires. Comprender, que «el Gobierno y el campo están en orden. Feliz Día de la Bandera» no le va resultando tan fácil a los aliados del Kirchnerismo

«El problema son los ingresos, brutos»

En provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, se apresta a hacer votar una ley que aumente la recaudación de ingresos brutos. Esta pulseada no es tan popular como la del «campo» pero ha hecho sonar las mismas alarmas que anteceden a una rebelión fiscal.

«El proyecto original contemplaba un alza del 3 al 4% en los comercios y la imposición de un 1% a varios rubros de la industria y el agro, que hoy están exceptuados. La recaudación prevista para este año en el presupuesto provincial es de $ 10.606 millones, y con la reforma se prevé que ingresen otros $ 3000 millones» (La Nación).

Scioli espera con esto compensar el déficit fiscal que en la provincia ronda los 5500 millones.

«Según algunos entendidos, esa imposición podría desatar en la industria una revuelta similar a la que desencadenaron las retenciones en el campo.

En rigor, las empresas industriales, sobre todo las pymes, ya están al borde de la convulsión, con independencia de lo que haga Scioli. Lo saben los dirigentes de la UIA, que miran con estupor cómo crece el mal humor en las asambleas seccionales, donde la concurrencia ya es tan numerosa como en lo peor de la crisis» (Mercado).

Repetir, repetirse, repetir

El kirchnerismo tiene una verdadera compulsión por la repetición. Con el convencimiento intimo de que la caja arregla todos los problemas, su única política pasa por el ofrecimiento de una corrupción voluntaria a los diversos sectores en pugna. El entrañable arreglo, hoy titulado borocotización.

Cristina-Kirchner persevera en esta repetición aunque su política esté destinada a un fracaso continuo, lo cual, nos coloca en el corazón mismo de la cuestión que dio lugar a esta nota.

¿Cómo medimos el desgaste de un gobierno?

Simplemente observando las sucesivas repeticiones de una política destinada al fracaso de la cual no se pueden desembarazar.