Altas autoridades económicas de Argentina buscan en Estados Unidos llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permita una renegociación de la deuda externa, estirando los plazos de pago mediante un acuerdo de facilidades extendidas, ya que no existe la menor posibilidad de afrontar las obligaciones contraídas irresponsablemente por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Ese acuerdo, que tendría un límite de diez años de conformidad con las prácticas habituales del Fondo, tampoco supone una solución, ya que la Argentina no está en condiciones de pagar las sumas adeudadas con los intereses que se irán acumulando, a lo que se suma las sobretasas adeudadas por la magnitud de los fondos que fueran comprometidos, señalan los analistas.
Acordar ahora, supone aceptar las condicionalidades y ajustes habituales del FMI, y la situación en la que hoy se encuentra la mayoría del pueblo no permite ajustes, que significarían incrementar los ya insoportables índices de pobreza e indigencia, y no resulta creíble que el organismo acuerde plazos sin las contraprestaciones habituales, que son parte de cualquier negociación, y de las cuales la Argentina tiene una larga y conocida historia, añaden.
La pregunta que se hacen muchos es para quienes gobierna esta administración supuestamente peronista, supuestamente progresista, ya que los principales beneficiados por sus políticas han sido los grupos agroexportadores, a quienes apoyan desde la presidencia y los ministerios económicos (Economía y Producción), además de la presidencia del Banco Central. El actual gobierno se ha subordinado al poder económico y ahora también al FMI.
Ahora el gobierno, en lugar de frenar la estampida de precios, anuncia que ajustará el tipo de cambio para desacelerar la inflación, lo que significará una gran devaluación.
Diciembre es el mes en el que las fuerzas mayoritarias del sistema político argentino –las del gobierno de Alberto Fernández y la de la oposición neoliberal- se aprestan a consensuar las bases de una nueva gobernabilidad, acordando con el FMI .
Y como en los peores años de la hegemonía neoliberal, cualquier alternativa es tachada como irresponsable por los factores de poder y el posibilismo del siglo XXI. ¿Es cierto que no se puede hacer otra cosa más que entregar la soberanía y apostar al ajuste? , señala el analista Alejandro Bercovich en “¿Y si no le pagamos al Fondo?”, publicado en la revista Crisis.
El programa que delinearon en privado el ministro ¿argentino? de Economía Martín Guzmán y la titular del FMI Kristalina Georgieva establece un mapa de reducción del déficit fiscal, una restricción creciente a la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, y una meta de reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, lo cual a lo largo de la historia se alcanzó siempre con devaluaciones en el mercado oficial: es ortodoxia pura y dura, aun cuando se administre en dosis no letales.
La refinanciación, a juicio de Guzmán, abre un espacio para que el país se estabilice, pero el FMI tiene en claro que el plan no es de crecimiento sino de estabilización y aplicarlo llevaría a sabiendas a un menor crecimiento y a constreñir las perspectivas de una redistribución del ingreso que compense la crisis producida por el gobirno neoliberal anterior –cuyas políticas parece seguir esta administración- y la pandemia.
Los analistas coinciden en que el problema es que la deuda es de tal magnitud que Argentina no está en condiciones de reunir lo necesario para pagarla en los plazos que exige el Fondo en ningún escenario.
Todos son conscientes que, cuando venza el plazo de gracia de cuatro años y medio que ofrece el Fondo, el país no estará en condiciones de afrontar la corriente de pagos de entre 12 y 16 mil millones de dólares anuales que requerirá la confluencia de vencimientos de los títulos canjeados a los bonistas privados en 2020 y las cuotas del salvataje fallido de Donald Trump a Mauricio Macri.
A la Corte Internacional de Justicia
A través de un documento en el que se analizan las violaciones que cometió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 55 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, Soberanxs le propuso al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que antes de sellar cualquier tipo de solicite a la Asamblea General de la ONU que pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo, las responsabilidades y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados.
Soberanxs es un espacio político peronista, que conducen el exvicepresidente y exministro de Economía Amado Boudou, la exembajadora Alicia Castro y el exvicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto, que señaló que sería la primera vez en la historia que se cuestiona al FMI en una instancia internacional, imprescindible para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus
Desde Soberanxs aseguran que “el Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo. Además, el FMI no cumplió con las normas contenidas en su Convenio Constitutivo, violando las disposiciones contenidas en los artículos 1°, Sección 5, Artículo V, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1”, añaden.
El FMI ya anunció que en dos semanas se abocará al análisis de la forma en que se gestó esa fabulosa entrega de dinero a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados.
El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política. Los términos constituyeron una farsa, porque el gobierno neoliberal de Juntos por el Cambio ya estaba en rojo y los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle en un año antes.
“La evaluación ex-post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después que se completa un acuerdo excepcional”, señaló un comunicado del Fondo. Lo de “excepcional” es por los 57 mil millones de dólares que se acordaron en el préstamo a la Argentina, de los que se recibieron 44 mil millones. Según informó el FMI, en la semana del 20 de diciembre, el Directorio Ejecutivo analizará el trámite antes de discutir con Argentina el nuevo programa de vencimientos.
Asimismo, la deuda externa privada con el exterior supera los 80 mil millones de dólares. Más de 33.400 millones, es deuda con empresas del exterior del mismo grupo. Equivale al 75% de la deuda con el FMI. Los pagos al exterior de estas firmas, ¿no es parte del problema de la escasez de divisas? ¿Nadie investiga su legitimidad?, pregunta el analista Raúl Dellatorre.
Los dólares prestados sirvieron para una megafuga de capitales. Siete millones de personas físicas y jurídicas compraron en esos años de la gestión de Cambiemos la suma de 86.200 millones de dólares, pero los 100 mayores compradores adquirieron 24.679 millones de dólares en ese lapso, pero jamás el Banco Central informó cuáles eran esos compradores-fugadores seriales beneficiados por una deuda que debe pagar todo el pueblo argentino..
El Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sabiendo fehacientemente quienes fueron los grandes compradores de dólares de ese período, afirmó en noviembre último que para poder pagar hay que solicitarle al FMI quince años de plazo y no los 10 años que implica la injerencia del FMI en las cuentas y en la soberanía fiscal, monetaria y comercial.
Y solicita ese plazo porque no pagan la deuda los que compraron los dólares y los fugaron, la pagan los asalariados, los jubilados y pensionados, los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo, etc. percibiendo menores ingresos, señala Horacio Rovelli.
El argumento oficial
El argumento oficial argentino ante el Fondo ha sido, a lo largo de estos largos meses de negociaciones, que en la medida que el país alcance un excedente comercial holgado, estará recién en condiciones de destinar una parte del mismo al pago de una deuda mal heredada.
De esa proyección, y del cumplimiento previo de los objetivos de crecimiento y desarrollo con inclusión social, que deberían aparecer como sucesión del actual proceso de recuperación, dependerán los años de «gracia» o espera que reclamará Argentina para empezar a cancelar el capital adeudado.
Voceros oficiales dibujan una meta optimista de exportaciones por 100 mil millones de dólares a alcanzar en pocos años, partiendo de los 73.000 millones con los que cerraría este año, imaginando el aporte de varios proyectos energéticos en marcha o listos para arrancar (Vaca Muerta, hidrógeno verde, venta de electricidad a países limítrofes con problemas de autoabastecimiento), minero industriales (con el desarrollo de la cadena del litio a la cabeza) y economía del conocimiento principalmente.
Además, proyectan que la agroexportación seguirá rindiendo frutos tanto en volumen como en valores, ya que imaginan un horizonte de varios años de altos precios para las materias primas y alimentos.
Colofón
Argentina no tiene un problema de restricción externa clásico. No es que necesite que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho, en lo que va de este siglo, hasta octubre 2021, el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) fue de 200.192 millones de dólares, una suma significativa en cualquier lugar del mundo.
Desde la izquierda se insiste en que el actual gobierno se ha subordinado al poder económico y ahora también al FMI. El gobierno de Alberto Fernández con el pretexto de impulsar las ventas al exterior para conseguir los dólares suficientes para pagar la deuda y sus intereses, propicia dos leyes claves, señala el economista Horacio Rovelli.
Una, el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que “consensuó” con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita. Sus principales cámaras que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales), que declaran haber ingresado en los primeros 11 meses del año 2021, 30 mil 129 millones de dólares por la venta de 95 millones de toneladas de granos y derivados.
Y el otro proyecto es peor, le confiere a las empresas hidrocarburíferas una vigencia por 20 (veinte) años de estabilidad tributaria e incentivos y tratamientos diferenciales en lo tributario, arancelario y cambiario, cuando el complejo petrolero, está en manos de trasnacionales asociadas a las grandes empresas nacionales, que conectan las cinco cuencas que existen en el país y se apropian de la renta de nuestro subsuelo.
El problema real es que la suma obtenida por un brutal ajuste externo en base a maximizar las exportaciones y a reducir el consumo de alimentos y energía, se fuga casi en su totalidad: no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país.
“Pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener una propia marina mercante, recuperar los puertos y el Río Paraná, o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero”, indica Rovelli.
Claudio della Croce. Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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