Pueblos originarios de 17 provincias se reunieron en Buenos Aires en una Cumbre Indígena. Debatieron sobre la situación de las provincias y a nivel nacional. Elaboraron un documento con denuncias y propuestas, pero no fueron recibidos por el Gobierno. Derechos humanos, extractivismo y cuatro meses de acampe indígena en el centro porteño. El afiche color […]
Pueblos originarios de 17 provincias se reunieron en Buenos Aires en una Cumbre Indígena. Debatieron sobre la situación de las provincias y a nivel nacional. Elaboraron un documento con denuncias y propuestas, pero no fueron recibidos por el Gobierno. Derechos humanos, extractivismo y cuatro meses de acampe indígena en el centro porteño.
El afiche color naranja, colgado en la pared de entrada, es pequeño. No más de un metro de largo y 50 centímetros de ancho. Está escrito con fibra negra. «Cumbre indígena. Qopiwini (Pueblos Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé)». Es un reflejo de un encuentro hecho con muy pocos recursos, donde se movilizó a más de cien delegados indígenas de 17 provincias. Durante tres días se reunieron en Buenos Aires, debatieron y consensuaron un documento. Marcharon hasta Casa de Gobierno, pero no fueron recibidos por ningún funcionario. «Cobardes», denunció Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, a los funcionarios que se negaron a recibir a los indígenas. El documento del encuentro indígena afirma: «Argentina sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable (…) Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas».
Formosa en Buenos Aires
Los cuatro pueblos originarios de Formosa acampan en Avenida de Mayo y 9 de Julio desde el 14 de febrero. La lista de reclamos incluye demandas tan antiguas como básicas: agua, salud, educación, respecto al territorio comunitario, fin de las represiones y cumplimiento a los derechos indígenas (entre ellos, la obligación de consultarlos ante cada acción que pudiera afectarlos, vigente en legislación local e internacional de derechos humanos).
El paso previo había sido la conformación de una organización provincial, en enero pasado, llamada Qopiwini Lafwetes (palabra wichí que significa «raíz que crece»), integrada por 46 comunidades de los cuatro pueblos indígenas. «Llevo tiempo, pero es uno de los los mayores logros poder estar todos los hermanos juntos», explicó Israel Alegre, histórico referente de la comunidad Namqom (en las afueras de la capital formoseña).
Obras inconsultas e intromisión de punteros políticos en la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), más la ausencia de diálogo con la Provincia, motivaron a Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad a acampar en el centro porteño, donde ya había estado entre diciembre de 2010 y abril de 2011.
De inmediato llegaron los primeros qom de Potae Napocna Navogoh. Y, de manera paulatina, se sumaron decenas de comunidad de Formosa. El 10 de marzo realizaron una extensa marcha a los tres poderes del Estado. Responsabilizaron a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo por la situación de los pueblos originarios. «Nos sacan los territorios a los indígenas para dárselos a las multinacionales», resumió Díaz.
Exigieron audiencia con los tres poderes. Ninguno respondió.
Sobrevinieron cortes en la 9 de Julio (día de por medio, durante las tardes). Cumplió el objetivo de visibilizarlo ante la prensa porteña, pero el Gobierno no tendió ningún puente de diálogo.
Luego de cumplir los dos meses de acampe, y ante la falta de respuesta, Qopiwini convocó a un encuentro de comunidad en Buenos Aires. La llamo «Primera Cumbre de Pueblos Indígenas de Argentina».
Cumbre
Durante tres días (27, 28 y 29 de mayo) se reunieron en Casa Nazareth, en la reconocida Iglesia Santa Cruz (espacio de referencia de los derechos humanos y resistencia frente a la dictadura cívico-militar). Estuvieron presentes más de cien delegados y autoridades de 25 pueblos indígenas, de 17 provincias (Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, entre otras). Se conformaron grupos de realizaron panoramas de situación por cada tema, desde lo local hasta lo provincial y nacional, con estrategias de acción y propuestas. Algunos de los tópicos fueron el modelo extractivo y sus consecuencias, el territorio, modelo agropecuario, energía nuclear, gasoductos que atraviesan territorios indígenas, acceso y reservas de agua, judicialización, legislación y cumplimiento de derechos, entre otros.
La calle Carlos Calvo al 3100 tiene un extenso paredón, un portón de rejas, un pequeño hall y una puerta doble de madera. No hay banner costoso ni cártel luminoso. Sí se deja ver un afiche tipo escolar, color naranja, y escrito a mano indica que es la sede del encuentro indígena. Ya adentro, una mesa donde inscribirse, indígenas que reciben con indicaciones de la cumbre y una credencial indentificatoria.
El salón es amplio. Unos 30 metros de largo por quince de ancho. Las jornadas ya comenzaron. Hay una decena de grupos en ronda. La mitad dentro del salón. El resto afuera, en un jardín con pérgolas y árboles añejos.
La comunidad mapuche Wirkalew vive en el pueblo Sauzal Bonito (cerca de Añelo, Neuquén) desde el Siglo XIX. Siempre sufrió y enfrentó los intentos de despojos, pero recrudecieron el último año. «Hace 200 años que vivimos en la misma tierra y ahora estamos pasando malos momentos. Nos están haciendo la guerra todos los días, no han sacado tierras, nos acorralan los animales y no tenemos para alimentarlos. La tierra y los animales son todo lo que tenemos», explica Ana Wirkalew, que junto a sus nueve hermanos, hijos, sobrinos y nietos conforman la comunidad.
Denuncia al intendente Vicente Zenón Sandoval, que junto a grupos de choque avanza sobre las tierras mapuches. De las 6.000 hectáreas que la comunidad reivindica como propias, sólo les quedan 2.000. «El Intendente quiere sacarnos todo. Nos amenazó con arma, dijo que nos iba a matar», advierte.
Exigen que Nación y Provincia tomen medidas urgentes. Las dos primeras: que le entreguen la personería jurídica que los inscribe como comunidad indígena y que se aplique el relevamiento catastral de la Ley Nacional 26160. Tercer paso: el título de propiedad comunitario.
Ana Wirkalew nunca había participado de un encuentro con tantos pueblos indígenas, de variadas provincias. «Es bueno encontrarse con hermanos que atraviesan situaciones similares. Y es bueno porque estos espacios nos reafirman nuestros derechos y nos dan fuerza para la lucha», afirma.
En el otro extremo del país, en Laguna Yema (departamento de Bermejo, Formosa), vive Jorge Palomo, de 32 años y vocero de su comunidad wichí. «Al empresario y al gobernante sólo le interesa nuestros territorios para sacar las riquezas. No le importa la contaminación, si enfermamos o morimos. No les importamos», afirma y explica que por eso acampan en Buenos Aires, y por ese convocaron a la cumbre: «A todos los hermanos indígenas nos está pasando los mismo. Tenemos muchas leyes, pero no se cumplen».
Palomo enumera reclamos. Falta de la salud, de educación, agua, electricidad, pero ante todo hay una demanda: territorio.
Criminalización
Las comunidades mapuches Winkul Newen y Wiñoy Folil, en cercanías de Zapala (Neuquén), resisten desde hace una década la avanzada de empresas petroleras. En diciembre de 2012 se produjo un nuevo intento de desalojo (para que ingrese la petrolera Apache, de Estados Unidos). No se respetaron ninguna de las leyes nacionales que prohíben desalojos indígenas. La comunidad resistió. Momento de tensión. Piedras que volaron. Y fue herida en el rostro la oficial de justicia Verónica Pelayes. La causa llega a juicio, luego de las vacaciones de invierno, bajo la carátula de «tentativa de homicidio», con penas de hasta 15 años de cárcel.
«En Neuquén hay más de 200 mapuches judicializados. Y nuestra causa fue muy politizada por el Gobierno, las petroleras y los grandes estancieros. Quieren una condena para que ninguna otra comunidad defienda su territorio», alerta Mauricio Rain, uno de los denunciados (los otros dos son Relmú Ñamku y Martín Maliqueo). Dato extra: debajo de ambas comunidades está la formación petrolera Vaca Muerta.
Rain afirma que una constante visible en la Cumbre es que no se respetan los derechos indígenas, los mayores conflictos están donde hay recursos naturales y presencia de empresas (agropecuarias, petroleras, mineras) y, otro punto en común, el poder político y el Poder Judicial suelen actuar junto a las empresas. «El principal reclamo es al gobierno nacional. No podemos seguir viviendo así», remarca Rain.
Documento
Luego de dos días de debates y consensos, el viernes 29 se difundió el documento final. «Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados «recursos naturales» (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural», describe.
Y enumeran once puntos: durante décadas se han intentado diálogos con los gobiernos nacionales pero no fueron correspondidos; durante los últimos diez años hubo una decenas de indígenas asesinados y «hay represión, intimidación y una plan sistemático de judicializar la resistencia»; el gobierno «continua violando con total impunidad» las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de derechos humanos; denuncian al extractivismo como un factor fundamental en la avanzada territorial; solicitan la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios; denuncian que en Argentina se llevan a cabo «reiteradas violaciones a los derechos humanos» y advierten: «Estamos dispuestos a seguir luchando protegiendo a nuestras tierras y territorios».
Al final del documento precisan tres exigencias. La derogación de la Ley Antiterrorista (aprobada en 2011), el desprocesamiento de las autoridades indígenas y que la Presidenta reciba a los cuatro pueblos originarios de Formosa nucleados en Qopiwini Lafwetes (el 14 de junio cumplieron cuatro meses de acampe). «¡Nunca más una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la Madre Tierra!», finaliza el documento de la Cumbre Indígena.
Derechos humanos
El viernes 29 de mayo por la mañana, último día del encuentro indígena, marcharon hasta Casa de Gobierno para entregar el documento final. No les permitieron pasar la reja, sólo habilitaban el ingreso a Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia -Serpaj-) y a Pablo Pimentel (Asamblea Permanente de Derechos Humanos -APDH- de La Matanza). Ambos advirtieron que sólo entrarían si también ingresaban los referentes indígenas.
Finalmente ingresó una pequeña comitiva. Pidieron ser recibidos por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, o por el ministro del Interior, Florencio Randazzo (que había sido el interlocutor durante el conflicto qom de 2010-2011). Comenzó un deambular entre despachos oficiales, sin respuestas, largas esperas, policías que seguían de cerca, más esperas. Fueron más de tres horas de lo que consideraron un «maltrato más».
Salieron sin respuesta. Esperaron nuevamente frente a la reja de Casa de Gobierno. Llegaban secretarios de los funcionarios, prometían que iban a ser recibidos y se iban. A los treinta minutos se repetía la escena, pero con otro secretario de Jefatura de Gabinete. Siempre reja de por medio.
Fueron otras dos horas de espera (cinco en total desde que llegaron a Casa Rosada). Y nadie recibió a los pueblos indígenas ni el documento con reclamos puntuales.
Félix Díaz explicó que la última propuesta consistía en, reja mediante, entregar el documento de la Cumbre a un policía y que éste lo llevaba a mesa de entradas. «Es muy doloroso que nos traten de esta manera. Hace cinco años que entregamos documentos y no hay soluciones. No queremos conflicto, queremos diálogo pero no nos quieren escuchar», acusó Díaz, y responsabilizó a la Presidenta por no querer recibir a los pueblos originarios. «Provoca dolor esta situación. Nos están matando en las provincias y también frente a la Casa Rosada», afirmó Félix Díaz.
Pérez Esquivel emitió un documento que describió la situación. «Derechos de los Pueblos Originarios. ¿Realidad o el cuento K de nunca acabar?», es el título. Recordó los tres meses de acampe en la Avenida 9 de Julio y detalló el destrato en Casa de Gobierno. «La actitud de silencio y burla de Aníbal Fernández y Florencio Randazzo fue un acto de cobardía, que niega la realidad, sin dialogar y sin buscar soluciones justas. Actúan con falta de ética política, escondiéndose de los pueblos indígenas y de los organismos de derechos humanos que los acompañaban. Triste conducta de los que pretenden dirigir el país. El discurso de democracia y derechos humanos de algunos no pasa de las rejas de la Casa Rosada», denunció el Premio Nobel de la Paz.
Recordó que los pueblos originarios llevan largos años de lucha para que se respeten sus derechos y no se los despoje de sus territorios, puntualiza el incumplimiento de leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y lamenta que siempre chocan con la burocracia y la «falta de voluntad política de los gobiernos de turno».
Pérez Esquivel puntualizó en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: «Señala que la base fundamental de su Gobierno son los derechos humanos, y la realidad muestra que hay graves violaciones de los mismos, dañando a los pueblos indígenas, como a los pobladores en zonas afectadas por la mega-minería, los hidrocarburos, los monocultivos y agrotóxicos».